Colección: Claves Prácticas

Se considera que el empleo del IRPH en lugar del euríbor representa para el consumidor un coste superior de entre 18.000 y 21.000 euros por préstamo hipotecario[1]. El Banco de España, en su Informe de Estabilidad publicado en la primavera de 2019, anuncia que las entidades españolas afrontan un potencial incremento de demandas judiciales por litigios pendientes de resolución, entre otros por aquellos vinculados al uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios. Los bancos de inversión estiman que el impacto potencial para las entidades se encuentra entre los 3.600 millones -como calculó Barclays- o los 44.000 millones en el peor escenario, como adelantó Goldman Sachs.

Esta obra analiza con rigor jurídico el estado de la cuestión sobre las hipotecas con tipo de interés variable referenciadas al índice IRPH, al margen de interpretaciones maximalistas en ocasiones interesadas de las partes interesadas. De esta forma se estudian con detalle el funcionamiento y el régimen jurídico por el que se regía el índice IRPH, así como los distintos pronunciamientos judiciales habidos y, en particular, la reciente Sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020, así como la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 14-12-2017 EDJ 2017/254198 -criticada ya desde los dos votos particulares que incorpora-, haciendo asimismo referencia a cuestiones accesorias pero esenciales en este tipo de reclamaciones, como son los plazos de prescripción y los distintos criterios seguidos para la imposición de las costas judiciales.

Por último, se analiza con detenimiento la tramitación de las reclamaciones extrajudiciales y judiciales en demanda de las cantidades abonadas en aplicación del índice IRPH, incluyendo ejemplos de las pretensiones más habituales incluidas en este tipo de reclamaciones y formularios.

"La línea abierta por la Sentencia del TSJUE de 3-3-2020 ha sido ya seguida por varios Juzgados de Primera Instancia, entre otros los Juzgados de Primera Instancia Nº 4 de Burgos y Nº 6 de Lérida que examinan la transparencia de la cláusula y concluyen que no se informó suficientemente al cliente, no habiendo aportado la entidad prueba suficiente del cumplimiento de su deber de informar con claridad sobre el funcionamiento del índice. Se concluye la necesidad de recalcular los intereses del préstamo al Euribor desde el principio de la vida del préstamo, obligándose a la entidad a la devolución del exceso cobrado más los intereses. Esta nueva línea vendría a desplazar lo resuelto por el Tribunal Supremo en sentencia de 14-12-2017 cuya doctrina habría quedado superada."