El compliance desde la perspectiva administrativa: ad intra, mediante su proyección en el interior de la Administración pública, y ad extra, a partir del cumplimiento normativo que debe presidir las relaciones de las empresas con la Administración.

Uno de los indicadores más importantes para medir la prosperidad de una nación se encuentra en la fortaleza de sus instituciones públicas. Una Administración transparente, eficaz, sometida al imperio de la ley y a intensos controles contribuye de forma decidida a mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Y esto, que es cierto en cualquier momento, adquiere una especial relevancia en tiempos de crisis, como la vivida en 2008, o la más reciente como consecuencia del coronavirus.

La presente obra, consciente de la necesidad de mejorar la transparencia y la calidad de las instituciones públicas y de la conveniencia de fomentar la integridad en las empresas, aborda un completo estudio del compliance desde una doble perspectiva: ad intra, esto es la proyección del compliance en el interior de la Administración pública, y ad extra, el estudio de las técnicas de cumplimiento normativo en las relaciones de particulares con la Administración. La primera ofrece al lector una amplia visión de la importancia de la adopción de políticas de cumplimiento dentro del sector público, así como un análisis riguroso de los medios de los que dispone la Administración para mantener la rectitud y la eficiencia en su actuación. La segunda contiene una descripción detallada de los distintos campos de esta rama del Derecho en que el compliance muestra una mayor utilidad a las empresas, prestando especial atención a ámbitos como el derecho sancionador, el derecho de la competencia, la protección de datos, el derecho tributario y la nueva Norma UNE 19602, el derecho ambiental o la contratación pública.

Contiene un análisis profundo y exhaustivo de los sistemas de cumplimiento normativo, y en concreto de toda la normativa vigente y de la doctrina más reciente, que pretende ser de utilidad tanto a las empresas y sus administradores, como al propio sector público.