La declaración del estado de alarma decretada por el Gobierno para hacer frente a la pandemia ha restringido los derechos básicos de los españoles, empezando por la libertad de circulación por el territorio nacional. Sin embargo, a los tres meses de decretarse, ya se habían producido 1,2 millones de propuestas de sanciones a ciudadanos por burlar las medidas del estado de alarma y 9.000 detenciones por ese mismo motivo. Con todo, el modelo sancionador elegido dista mucho de ser el adecuado en relación con las conductas perseguidas, al haberse optado por la normativa sobre seguridad en detrimento de las leyes sectoriales de carácter sanitario. En esta monografía, se realiza un análisis del sistema sancionador durante la pandemia, así como del delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.