Colección: Estudios Aranzadi

El buen gobierno y la buena administración se juridifican en diversos preceptos concretos y detallados de nuestro ordenamiento jurídico, específicamente, en la vigente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAB), a nivel estatal, asimismo en la correspondiente regulación de las Comunidades Autónomas que la desarrollan, y también en otros sectores del Derecho administrativo con sus respectivas regulaciones. Sin duda, se trata de una regulación administrativa de fuerte componente procesal (decisiones ponderadas, derecho de acceso, publicidad activa, códigos de conducta) , y finalista, que asegure los objetivos de transparencia y buen gobierno, que como tal tiene una gran fuerza expansiva en otras regulaciones, administrativa y en su caso jurídica en general: contratación administrativa; acceso e incompatibilidades en la función pública y del personal laboral de la Administración ; responsabilidad y eficacia en la actuación administrativa y de los servicios públicos; y esta con atención a las nuevas tecnologías, y la subsiguiente protección de datos e intereses personales y empresariales que pudieran resultar afectados.