Para lograr un sistema de financiación autonómica que sea estable, como sería de desear, es necesario adaptar su lógica a la estructura política del Estado. Un sistema de financiación como el actual, todavía demasiado dependiente de la hacienda central, no encaja bien con unas comunidades que disponen de una gran autonomía y capacidad de gasto. La disociación entre la capacidad para decidir los gastos (comunidades) y la responsabilidad de obtener los ingresos (hacienda central) da lugar a una presión constante sobre el presupuesto del Estado que es causa de inestabilidad.

Corregir esta situación, cada vez más insostenible dado el creciente peso relativo de las comunidades, requeriría actuar en una doble dirección:

En primer lugar, descentralizando los tributos y pasando a las comunidades autónomas la responsabilidad de obtener sus propios ingresos.

En segundo lugar, la hacienda central debe complementar los recursos de las comunidades autónomas con menor capacidad económica para que, con el mismo esfuerzo fiscal que hacen las otras, puedan prestar a sus ciudadanos un nivel de servicios públicos similar, nivel que debe decidir y garantizar la hacienda central.