Colección: Monografías

Los estudios contenidos en la presente obra abordan, desde una perspectiva interdisciplinar, diversos aspectos de la tutela jurídica del patrimonio cultural. Las principales
cuestiones planteadas van desde el encaje de la doble vertiente que se aprecia en la configuración constitucional del patrimonio histórico-artístico español: el mandato que se impone al Estado de preservar el patrimonio histórico-artístico, y el reconocimiento del derecho de acceso a la cultura -cuyo ejercicio efectivo conlleva la intervención de las Comunidades Autónomas- hasta la reflexión crítica sobre los objetivos que perseguía la aprobación de la Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE) en la década de los ochenta, y los que efectivamente se han alcanzado desde su entrada en vigor, para ponderar si es o no necesaria su reforma.

Se otorga peculiar atención al patrimonio cultural subacuático, como régimen especial dentro del patrimonio histórico español, al análisis del devenir legislativo del
patrimonio histórico-artístico en Francia, y sus connotaciones, desde el Antiguo Régimen hasta la aprobación del vigente Código de Patrimonio en el año 2004, y al
Derecho de la UE, mediante el estudio de la primera acción cultural liderada y coordinada por todas las instituciones de la Unión Europea (UE), el Sello de Patrimonio
Europeo (SPE); iniciativa que pretende potenciar el "sentimiento de pertenencia a la UE" de los ciudadanos de los Estados miembros a través del patrimonio cultural común.

Asimismo, se incluye el análisis, desde la perspectiva del derecho español, de la adquisición a non domino de bienes culturales en posesión de instituciones eclesiásticas,
a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo 301/2019, de 28 de abril, y de la relación entre los ordenamientos nacional, confesional y europeo en los supuestos de restitución de bienes culturales de titularidad eclesiástica. La obra finaliza con una amplia reflexión sobre la protección que se otorga al patrimonio cultural
durante los conflictos armados, que tiene su origen en la Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, adoptada en La Haya en
1954, ante la destrucción sin precedentes del patrimonio que se produjo durante la II Guerra Mundial.