Colección: Monografías Nº 1321

Enmarca la actividad administrativa del juego y la justificación sobre la forma y el alcance de la intervención administrativa en el control de esta actividad económica.

- Análisis de la actividad económica y poderes públicos en la ordenación del juego
- Exposición de la conformación de la actuación de los poderes públicos
- Completamente actualizada.

Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-Administrativo en Madrid.

La actividad económica es, a veces, limitada por razones de interés público. Concurren valores adicionales que condicionan la actividad económica. Una de estas actividades es, precisamente, la actividad de juego. Liberalizada y admitida plenamente como una actividad económica es, sin embargo, objeto de limitaciones y matizaciones por razón de la población a la que se busca proteger y de los valores que se considera deben predominar sobre la actividad económica.

En este esquema se produce una amplia actividad de limitación para preservar estos valores que lleva al Estado y, en general, a los Poderes Públicos a establecer límites a la propia actividad y, sobre todo, a sus elementos más característicos como son las actividades de publicidad, difusión y conocimiento. Todas ellas han resultado muy mermadas.

La gran paradoja en la conformación del mercado de operadores de juego es que estas limitaciones y este marco, en general, coincide en el tiempo y el espacio con una conformación en la que los Poderes Públicos son, adicionalmente, a su condición de reguladores los principales operadores y agentes de la actividad.