Colección: Practicum

Contiene una sistematización de los fundamentos esenciales de la potestad sancionadora pública y de las características de algunos de los sectores en los que las sanciones tienen una mayor pujanza.

- Adaptado a la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo en la aplicación de los respectivos apartados.
- Contiene una referencia a los sectores de mayor implantación como tráfico, laboral y seguridad social y fiscales.

Alberto Palomar Olmeda es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-Administrativo en Madrid

La potestad sancionadora pública ha sufrido una enorme evolución en los últimos años como consecuencia de las exigencias constitucionales y jurisprudenciales que han determinado la aplicación, con matices, al ámbito administrativo de las garantías establecidas para el ámbito penal.

Este proceso se ha traducido en la codificación en las leyes comunes (Ley 39/2015 y 40/2015) de los principios esenciales de la potestad sancionadora, de un lado, y del procedimiento administrativo sancionador, de otro. Este proceso exige la reorientación de muchas normas sancionadora de carácter especial que son, precisamente, las que se han incluido en la Obra