La responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuyos presupuestos se establecen en el art. 31 bis.1 del Código Penal, ha venido provocando numerosas controversias doctrinales sobre algunos aspectos, como los relacionados con su configuración legal, su naturaleza jurídica, incluso su propia razón de ser, las cuales dificultan una aplicación uniforme y más precisa del sistema que integra dicha responsabilidad penal, llegando a poner en peligro la aplicación a las personas jurídicas de los principios irrenunciables que informan el derecho penal, lo que ha supuesto que la práctica judicial, a día de hoy, todavía adolezca del especial rigor que requiere el tratamiento de cualquier cuestión que se desarrolle en este ámbito. En esta obra se analizan estas cuestiones, tratando de ofrecer respuestas a las mismas con propuestas de mejora al respecto. También se definen conceptos como la «eficacia» en la adopción y ejecución de los programas de compliance penal (fundamental para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal), o la figura, funciones y límites de la responsabilidad del oficial de cumplimiento o compliance officer, estudiando los programas de compliance de forma que nos permitan conseguir con alto grado de probabilidad, llegado el caso, la aplicación de la eximente, teniendo siempre en cuenta que una acertada gestión de los aspectos procesales en lo atinente a la persona jurídica son muy importantes para lograr dicho objetivo. La obra se divide en tres grandes bloques: un primer bloque en el que se analiza el actual sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas desde un punto de vista dogmático, con las principales discusiones doctrinales al respecto; un segundo bloque, en el que predomina una exposición más enfocada en la práctica, dedicado a la adopción y ejecución con eficacia de los programas de compliance y el cumplimiento de otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis del Código Penal, así como al estudio de las principales cuestiones de índole procesal penal en relación con las personas jurídicas; y un tercer bloque en el que se muestra, mediante el análisis de algunas sentencias, la vigente doctrina del Tribunal Supremo y cómo está siendo llevada a cabo la práctica judicial en los procesos penales en los que intervienen las personas jurídicas.