Los grandes riesgos creados desde las empresas para bienes jurídicos básicos representan un problema político serio y, en concreto, una cuestión político-criminal de primera magnitud. El medio ambiente es un bien jurídico que sufre los ataques más graves e intensos (sean éstos delictivos o no) a partir de actividades industriales. El Código Penal de 1995 contempla determinadas sanciones para entes colectivos en el artículo 129 y, entre ellas, permite clausurar o intervenir empresas peligrosas para los recursos naturales y el medio ambiente. Desde su entrada en vigor el Ministerio Fiscal viene solicitando en diversos procedimientos alguna de estas dos sanciones que están empezando a ser impuestas por algunos órganos de justicia tal y como se recoge a lo largo de la obra. Esta realidad legislativa y forense tendrá una influencia decisiva en el futuro de la delincuencia medioambiental en nuestro país. La presente monografía, ante la parquedad legislativa, pretende ofrecer una interpretación del Derecho Penal español en este ámbito, aclarar la naturaleza de estas consecuencias gravísimas para las empresas contaminantes y, de acuerdo con ello, determinar los criterios de imputación para que Jueces y Magistrados puedan adoptar legítimamente estas sanciones. Se trata de un estudio sobre el fundamento y los presupuestos para la intervención del Derecho Penal español vigente frente a empresas o entes colectivos de interés tanto para el teórico del Derecho Penal como para aquellos profesionales u operadores jurídicos que desde diversas perspectivas se tengan que acercar a la difícil problemática de la delincuencia relacionada con actividades empresariales. La interpretación de la cláusula general del artículo 129 del Código Penal, que contempla en general determinadas sanciones para empresas y personas jurídicas, supone un importante objeto de análisis de la presente obra.