Nadie duda de que se está produciendo una fuerte expansión en el Derecho penal. Las opiniones divergen acerca de si ello es producto de las necesidades de las sociedades modernas o, por el contrario, efecto de la perversidad estatal. Es cierto, desde luego, que están surgiendo nuevos «intereses» sociales; como lo es también la existencia de nuevos riesgos. Por tanto, hay seguramente un espacio de expansión «razonable». Ahora bien, los ciudadanos viven con una especial angustia, por distintos motivos, la situación de inseguridad. En esa sensación de intensa inseguridad subjetiva, se producen demandas intensificadas de protección que, apoyadas por los movimientos sociales y la izquierda política, apelan al Derecho penal. Y éste responde con una expansión «irrazonable». La integración supranacional, así como las dimensiones económica, social y cultural de la globalización crean, por lo demás, coartadas perfectas para esa expansión irrazonable del Derecho penal.

La expansión conlleva una desnaturalización: la «administrativización» del Derecho penal. El Derecho penal asume la gestión de macroproblemas: se convierte progresivamente en el «Derecho» de la sociedad de riesgos y del Estado de la prevención. Ello, que es criticable, responde sin embargo a tendencias sociales reales a las que es obligado dar alguna respuesta funcional, racionalizando a la vez al máximo lo que está adquiriendo tintes irracionales. A partir de la necesidad de conectar el grado de exigencia de garantías con la gravedad de las consecuencias jurídicas, se propone un modelo de «dos velocidades»: la limitación radical del Derecho penal de la pena de prisión, junto con la admisión de formas más flexible de intervención penal con otras clases de sanciones penales. Se concluye con una referencia a la «tercera velocidad» del Derecho penal: el Derecho penal del enemigo.