El Código penal de 1995 ha introducido en el ordenamiento jurídico español un conjunto de medidas alternativas a la prisión, como el sistema de días-multa, o el trabajo en beneficio a la comunidad.

La lógica que mueve este libro es tratar ìe dar prioridad a la idea de que las alternativas a la prisión deben servir como instrumento para reducir el uso de ésta y hacer efectivo el principio de "La prisión como último resurso".

Una política criminal reduccionista parte de la premisa de que el Derecho penal (pero en particular la pena de prisión) no es el instrumento principal de cara al objetivo de reducir o contener la criminalidad sino que, al contrario, el mayor nivel de desarrollo y de igualdad social de un país se demuestra por su capacidad de resolver los conflictos sociales con el menor uso de los instrumentos más coactivos.