Es un lugar común que las leyes penales deben ser precisas. Esta exigencia, que se conoce como «principio de taxatividad», está vinculada a la seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley. Pero este principio, aparentemente tan sencillo, plantea una serie de problemas e interrogantes. En primer lugar, acerca de las posibilidades de su satisfacción. ¿Hasta qué punto es deseable que las leyes penales sean precisas? ¿Cuáles son los costes de un excesivo grado de taxatividad? ¿Es posible que la legislación sea precisa, cuando por encima de ella hay una Constitución que consagra, en términos abstractos, un conjunto de derechos y libertades fundamentales que hay que ponderar en cada caso concreto? En segundo lugar, se plantean dudas acerca de los mecanismos para garantizar el principio de taxatividad: ¿cómo debe actuar el Tribunal Constitucional cuando conoce de un asunto en el que se objeta que la ley penal es demasiado imprecisa? ¿Cómo debe colaborar el juez ordinario en la protección del principio de taxatividad? En tercer lugar, se abre un gran interrogante con respecto al valor de la jurisprudencia. ¿Puede admitirse un cierto grado de imprecisión en la ley penal, con la condición de que surja jurisprudencia que vaya concretando su contenido? Si la respuesta es afirmativa, ¿habrá que entender entonces que la jurisprudencia tiene carácter vinculante? Y si lo es, ¿en qué medida se aproxima entonces nuestro sistema jurídico al sistema del precedente, que es propio de los países del common law? Éstos son, a grandes rasgos, los temas que se abordan en este libro, en el que se tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de los Estados Unidos.