La compatibilidad entre el Estado de Derecho y el Estado social no es una premisa teórica. Tiene unas exigencias insoslayables, que pasan por la obligación para el Estado de crear las condiciones socio-económicas que hagan realidad los derechos fundamentales proclamados en la Constitución.

En el desarrollo concreto del Estado constitucional democrático de nuestros días, parece cada vez más certera la opinión que se inclina por superar la eventual contraposición entre los derechos que son expresión del principio liberal puro, los que son manifestación del principio democrático y los derechos de prestación. Desde esta perspectiva, adquiere importancia el análisis de las concretas técnicas de positivación empleadas, que dan la medida de cada derecho en los textos constitucionales singulares. La posibilidad de contemplar todos y cada uno de los derechos y de los principios rectores a la luz del Estado de Derecho, del principio democrático y del Estado social es lo que los dota de múltiples significaciones y posibles desarrollos, en el marco de su particular tipo normativo. La tarea estriba en descubrir esos distintos niveles de significación de los derechos constitucionales que tienen un contenido social y que han sido positivizados en normas de muy distinta naturaleza: como derechos fundamentales, sean derechos públicos subjetivos o derechos fundamentales prestacionales; como principios rectores o determinaciones de tareas estatales o como posiciones jurídico-prestacionales, que pueden integrar o no el ámbito normativo de un derecho subjetivo constitucional.