El enfoque constitucional de la integración europea ha adquirido un extraordinario protagonismo en los últimos tiempos. El constitucionalismo, como doctrina que sostiene la necesidad de estructurar y limitar el poder político a través del derecho, admite ser realizado por formas distintas, llegado el caso incluso sin lo que normalmente se conoce como una constitución. Ciertamente, poseer un documento escrito, solemne y formalmente calificado como constitución puede tener una enorme trascendencia en muchos sentidos; pero, en definitiva, lo irrenunciable es que el poder político —y la Unión Europea es ya un extraordinario centro de poder político— esté efectivamente estructurado y limitado por el derecho.

Hablar de constitucionalismo equivale a hablar de los problemas jurídico-políticos básicos. Poner en conexión constitucionalismo y Unión Europea permite, así, percatarse de hasta qué punto la integración europea incide sobre esas cuestiones fundamentales de todo ordenamiento, alterando el significado de algunas nociones clave: la soberanía o la ciudadanía, la norma constitucional o el propio Estado, tal como se intenta mostrar en este volumen. La integración europea, además, crea serias lagunas en aspectos cruciales de la organización y el funcionamiento del poder. Baste pensar, a este respecto, en la reciente adopción de una definición común de terrorismo a efectos penales, que obliga a repensar un elemento esencial del constitucionalismo como es el principio de legalidad penal. Es simplemente un ejemplo, pero muy ilustrativo de hasta qué punto la Unión Europea está necesitada de auténtico constitucionalismo.