El pensamiento dominante considera el fuero de los parlamentarios como una mera reliquia histórica, carente de sentido en una sociedad que tiende hacia la profunda igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y ante el Juez. Lo cierto es, sin embargo, que en ocasiones puede constituir un importante instrumento en la búsqueda del justo proceso y, especialmente, de la imparcialidad. La necesidad de distinguir con precisión la responsabilidad política de la penal, evitando que la fuerza de los estados de opinión pudiera transformar en ilícito penal lo que no tiene otra naturaleza que la moral, o política, puede constituir un argumento de peso para mantener en el momento actual la prerrogativa del aforamiento. Es indudable que cualquier tribunal profesional es capaz de depurar con precisión los elementos del delito, sencillamente porque conoce su oficio. El problema es si será capaz de manifestar libremente su «fallo» en los supuestos de intervención combativa de los «medios». Un Juez próximo a los hechos encontrará serias dificultades si quiere mantener su neutralidad en situaciones apasionadas en que los medios de comunicación se manifestaren con rotundidad en un sentido o en otro. Así, lo ocurrido en España en los últimos años en que un significativo sector de la judicatura ha sido utilizado, consciente o inconscientemente, en la lucha partidaria parece confirmar la necesidad de que los Diputados y Senadores, por la repercusión social que su enjuiciamiento produce, tengan su propio «juez natural». Recuperada la lógica y la racionalidad de los comportamientos ciudadanos, el autor coincide en la necesidad de que la prerrogativa del fuero debe ir perdiendo progresivamente toda incidencia real.