El Derecho a Interpretación y a Traducción en los Procesos Penales

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Clara Fernández Carrón

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ISBN: 9788491434030
EAN: 9788491434030
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 31/05/2017
Colección: Derecho Procesal Práctico
Nº Pág.: 224

Materias:

Derecho / Mercantil / PROCEDIMIENTO Y FORMULARIOS
Derecho / Procesal / PROCESO PENAL

Colección: Derecho Procesal Práctico

La presente monografía tiene por objeto el estudio de la configuración legal del derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales tras la reforma operada en nuestro Ordenamiento jurídico en virtud de la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010. Tras ofrecer un breve panorama de los derechos procesales reconocidos a los sospechosos o acusados y proceder posteriormente al examen de la Directiva, se aborda el análisis detenido de la normativa reguladora del derecho a interpretación y a traducción en la LECrim -los nuevos arts. 123 a 127-. La obra se centra finalmente, de forma especial, en la previsión legislativa que posibilita que la interpretación se lleve a cabo por medio de videoconferencia, y las consecuencias que ello conlleva en relación con el derecho de defensa del sospechoso o acusado. Las conclusiones a las que se llega son, desgraciadamente, poco alent37,50adoras: además de las importantes limitaciones a que se encuentran sometidos los derechos a interpretación y traducción, lo que lleva inevitablemente a una reducción de su ámbito de protección, la reforma legislativa, de nuevo ?a coste cero?, articula en nuestro sistema unos derechos cuyo ejercicio real en la práctica no va a resultar nada fácil.

Abreviaturas 11
Introducción 15
Capítulo 1
PANORAMA GENERAL DE LOS DERECHOS PROCESALES DE SOSPECHOSOS Y ACUSADOS EN LOS PROCESOS PENALES 19
Capítulo 2
LA DIRECTIVA 2010/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES
2.1. LÍNEAS GENERALES 39
2.1.1. Ámbito de aplicación subjetivo 41
2.1.2. Ámbito de aplicación objetivo 44
2.1.3. Derechos procesales reconocidos en la DIT 47
2.2. SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN 63
2.3. ALUSIONES AL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN PARA PROPORCIONAR AL SOSPECHOSO O ACUSADO EL DERECHO A INTERPRETACIÓN: EN CONCRETO, LA VIDEOCONFERENCIA 67
Capítulo 3
LA LEY ORGÁNICA 5/2015, DE 27 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES
3.1. CUESTIONES GENERALES 73
3.2. DEL DERECHO A INTERPRETACIÓN 77
3.3. DEL DERECHO A TRADUCCIÓN 97
3.4. GRATUIDAD DE LOS DERECHOS 112
3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DEL TRADUCTOR O INTÉRPRETE JUDICIAL 114
3.5.1. ¿Se pueden considerar los intérpretes y traductores como peritos? 120
3.6. MECANISMOS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN O INTERPRETACIÓN 125
3.7. DE LA RENUNCIA DE LOS DERECHOS A TRADUCCIÓN Y A INTERPRETACIÓN 136
3.8. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN 140
3.9. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO: EL PROBLEMA DE LAS REFORMAS INCOMPLETAS 143
Capítulo 4
LA VIDEOCONFERENCIA Y OTROS MEDIOS DE TELECOMUNICACIÓN
4.1. EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO EQUITATIVO: POSICIÓN DEL TEDH AL RESPECTO 155
4.2. ALUSIONES EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO AL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA Y A OTROS MEDIOS DE TELECOMUNICACIÓN 159
4.2.1. Jurisprudencia de nuestros Tribunales sobre la videoconferencia 169
4.3. EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA O DE CUALQUIER OTRO SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN COMO MEDIO PARA ASISTIR AL SOSPECHOSO O ACUSADO 184
4.3.1. Cuestiones generales 184
4.3.2. Ventajas 189
4.3.3. Inconvenientes 190

Conclusiones finales 199
Bibliografía 205
Jurisprudencia 215