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El Ministerio fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal

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Colección: Studia Albornotiana Nº LXXXIX

La atribución al Ministerio Fiscal de la investigación penal -con independencia de que la anunciada reforma de nuestro proceso penal acoja o no este modelo de instrucción- está en el signo de los tiempos. Más tarde o más temprano se encomendará la dirección de la investigación oficial en el proceso penal al Ministerio Fiscal -pasos que ya se están en nuestro ordenamiento jurídico, y a ellos de dedica el capítulo 1-y de ahí la elaboración de este estudio.
En gran parte de los estados europeos y sudamericanos se está consolidando progresivamente una tendencia legislativa conducente a la configuración del Ministerio Público como órgano director de la investigación oficial en el proceso penal Y de ahí la consideración en este trabajo de los ordenamientos procesales penales alemán, italiano, portugués y chileno, no para proponer la recepción, sin más, de la regulación establecida en esos ordenamientos jurídicos extranjeros, pues ese debate se debe efectuar con referencia a un Estado y a un contexto histórico determinado, sino para conocer cómo se resuelven en ellos los problemas que plantea el modelo de Fiscal investigador y analizar críticamente, con posterioridad, si esas soluciones son admisibles y oportunas en nuestro ordenamiento.
CAPITULO I: DE UN PROCEDIMIENTO PRELIMINAR EXCLUSIVAMENTE JUDICIAL A LA POSIBILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO PRELIMINAR DEL MINISTERIO FISCAL
1. EVOLUCIÓN NORMATIVA INTERNA
1.1. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 8 de abril 1967
1.2. El Anteproyecto de Bases para el Código Procesal Penal de 1967
1.3. La Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, sobre el Enjuicia miento Oral de los Delitos Dolosos, Menos Graves y Flagrantes
1.4 El Proyecto de Ley de regulación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1980 y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, regula dora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
1.5. La STC 145/1988 (Pleno), de 12 de julio; el Anteproyecto de Ley de reformas orgánicas y procesales penales de sept. 1988; la LO 7/1988, de 28 diciembre, de creación de los Juzgados de lo Penal y de modificación diversos preceptos de la LO del Poder Judicial y de la LECrim.; la Ley 38/2002, de 24 octubre, de reforma parcial de la LECrim., sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y faltas, y modificación del procedimiento abreviado; y la LO 8/2002, complementaria de la anterior
1.6. La LO. 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la Competencia y Procedimiento de los Juzgados de Menores, y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de 2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores
1.7. La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
2. INFLUENCIA INSTITUCIONAL, POLÍTICA Y DOCTRINAL
2.1. Memorias anuales de la Fiscalía General del Estado
2.2. El I Congreso de la Unión Progresista de Fiscales
2.3. El Libro Blanco del Ministerio Fiscal
2.4. El Libro Blanco de la Justicia, del Consejo General Poder Judicial
2.5. El Libro Blanco de la Justicia. Proyecto alternativo de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales
2.6. Las propuestas para la reforma de la Justicia del CGPJ
2.7. Las propuestas socialistas para un pacto por la justicia española para el siglo XXI
2.8. El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia
2.9. Los programas electorales de los partidos políticos para las Elecciones Generales del 14 de marzo de 2004
2.10. La doctrina

CAPÍTULO II: LA INVESTIGACIÓN PENAL POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DERECHO COMPARADO Y EN EL CÓDIGOPROCESAL PENAL MODELO PARA IBEROAMÉRICA
1. LA INVESTIGACIÓN PENAL POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DERECHO COMPARADO
1.1. El caso alemán
1.1.1. El Ministerio Público en Alemania
1.1.2. El procedimiento preparatorio o fase de averiguación
1.1.2.1. La dirección por el Ministerio Público del procedimiento preparatorio o fase de averiguación
1.1.2.2. La intervención jurisdiccional en la fase de investigación
1.1.3. La fase intermedia
1.1.4. Posición procesal y tutela de los derechos del inculpado y del imputado
1.1.5. Posición procesal y tutela de los derechos del ofendido por el delito y del solicitante
1.2. El caso italiano
1.2.1. Breves apuntes sobre el estatuto jurídico del Ministerio Público italiano
1.2.2 La dirección de la investigación preliminar en el proceso penal ordinario por el Ministerio Público
1.2.3. La fase intermedia
1.2.4. La intervención jurisdiccional en a fase de investigación preliminar y en la fase intermedia
1 2.5. Posición procesal y garantías de la persona sujeta a la investigación preliminar
1.2.6. Posición procesal y garantías de la persona ofendida por el delito
1,3. El caso portugués
1.3.1. La instrucción penal en el proceso penal portugués y la Constitución portuguesa
1.3.2. El estatuto del Ministerio Público portugués
1.3.3. La instrucción penal en proceso portugués: inquérito e instruçao
1.3.3.1. El inquérifo
1.3.3.2. La instruçao
1.3.4. Posición procesal y garantías del imputado
1.3.5. Posición procesal y garantías de los acusadores no oficiales
1.4. El caso chileno
1.4.1. El Ministerio Público como director exclusivo de la investigación penal
1 Tutela de las garantías del imputado en la fase de investigación
1.4.3. Tutela de la víctima y de la efectividad de la actuación del querellante
1.4.4. La intervención del Juez de Garantías en la investigación penal
2. LA INVESTIGACIÓN PENAL POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL MODELO PARA IBEROAMÉRICA
2.1. Justificación de la investigación a cargo del Ministerio Público
2.2. Breves apuntes sobre la investigación por el Ministerio Público en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica
2.7.1. Funciones, facultades y deberes del Ministerio Público en el procedimiento preparatorio
2.2.2. La intervención del imputado, del querellante, del actor civil y del tercero civilmente demandado en el procedimiento preparatorio
2.2.3. La intervención jurisdiccional en el procedimiento preparatorio.
El procedimiento intermedio
2.2.3.1. La intervención jurisdiccional en el proced. preparatorio
2.2.3.2. El procedimiento intermedio
CAPÍTULO III
POSIBILIDAD CONSTITUCIONAL DE QUE EL MINISTERIO FISCAL DIRIJA EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR
1. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL. LÍMITES: LA NECESARIA DISTINCIÓN ENTRE EL JUEZ INSTRUCTOR Y EL JUEZ SENTENCIADOR
2. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN FISCAL. LÍMITES y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL
2.1. La constitucionalidad de la investigación fiscal
2.2. Límites constitucionales al procedimiento preliminar del M° Fiscal
2.2.1. Recepción y dirección de la prueba procesal
2.2.1.1. Regla general: Únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos jurisdiccionales penales las practicadas en el juicio oral
2.2.1.2. Primera excepción a la regla general: La práctica anticipada de la prueba
2.2.1.3. Segunda excepción a la regla general: Valor probatorio de las diligencias de investigación practicadas en presencia de un órgano jurisdiccional y con contradicción
2.2.1.4. Doctrina constitucional sobre el valor probatorio de las diligencias de investigación policiales
2.2.1.5. ¿Tercera excepción a la regla general: Valor probatorio de as diligencias de investigación del Ministerio Fiscal?
2.2.1.6. Material de convicción para dictar resoluciones judiciales en a fase de instrucción
2.2.2. Medidas restrictivas de derechos
2.2.2.1. Medidas cautelares personales y reales
A. Medidas cautelares personales
B. Medidas cautelares patrimoniales o reales
2.2.2.2. Medidas restrictivas instrumentales respecto a la obten ción y al examen de las fuentes de prueba
A. Medidas coercitivas sobre objetos en función de las activi dades de investigación y de prueba
B. Medidas coercitivas sobre personas en función de las actividades de investigación y de prueba
2.2.2.3. Medidas restrictivas que tienen por objeto prevenir la comisión de delitos y evitar la continuación y la culminación de la acción delictiva o de sus efectos
A. Medidas preventivas personales
6. Medidas coercitivas dirigidas a impedir la continuación de la acción delictiva o de sus efectos
2.2.2.4. Otras medidas restrictivas
2.2.2.5. Potestad ordinaria para la adopción de medidas restrictivas de derechos
2.2.2.6. Potestad extraordinaria -excepcional- para la adopción de medidas restrictivas de derechos en supuestos de urgencia o necesidad y de flagrancia del delito
2.2.3. Resoluciones sobre la admisibilidad de la acusación
2.2.4. Garantías de los acusadores no oficiales y de los imputados
2.2.4.1. Garantías de los acusadores no oficiales
2.2.4.2. Garantías del imputado
A. La imputación
E. El derecho del imputado a participar en el procedimiento preliminar fiscal y a solicitar la práctica de las diligencias de investigación que estime convenientes para su defensa
2.2.5. La necesar

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