El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015

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Jaime Alonso-Cuevillas Sayrol

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ISBN: 9788416652280
EAN: 9788416652280
Editorial: Atelier Libros
Fecha de la edición: 07/11/2016
Nº Pág.: 400

Materias:

Derecho / Penal / OBRAS GENERALES Y TRATADOS

La ley procesal penal, en la medida en que regula el difícil equilibrio entre la eficacia de la investigación penal y las garantías de los investigados, no es ni puede ser una ley ideológicamente neutra. Esta fuerte carga ideológica, producto del debate entre los partidarios de potenciar la seguridad y los defensores de alzaprimar las libertades individuales, dificulta el necesario consenso en la regulación de una materia tan delicada. Se ha dicho, con razón, que la ley procesal penal es en cierta medida el termómetro de la aplicación práctica del grado de democracia de un país.

Durante los últimos años, el debate político en España no se ha caracterizado precisamente por la obtención de grandes consensos en los temas claves del país. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha sido una excepción. Hasta la fecha se han elaborado ya diversas propuestas para sustituir nuestra vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, por un nuevo Código Procesal Penal acorde con las necesidades procesales derivadas de los tiempos actuales y las consecuentes nuevas formas de criminalidad. Sin embargo, ninguna de dichas propuestas ha conseguido alcanzar el consenso necesario para ver la luz.

Así las cosas, desde hace ya algunos años los sucesivos legisladores han optado por la técnica del parcheo legislativo y las principales reformas legislativas no han ocultado el sesgo del grupo o color político dominante en cada momento. Esta incapacidad de nuestros políticos de poder consensuar los grandes temas que afectan a nuestra sociedad se ha traducido en un sinfín de numerosas reformas parciales de la más que centenaria LECrim.

Esta vorágine ha alcanzado su clímax en el pasado año 2015, durante el cual el legislador español modificó hasta en siete ocasiones nuestra centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta suerte, aún cuando técnicamente no podamos hablar de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sí podemos hablar de un nuevo proceso penal, pues las reformas han sido tantas, tan variadas y tan dispares que el nuevo proceso penal resultante ya no es el que regía antes de la vorágine legislativa.

El presente volumen recoge diversos trabajos elaborados por los más acreditados especialistas en cada materia analizando con visión crítica las reformas operadas en las principales instituciones del proceso penal español. No pretende pues ser una exposición sistemática de la nueva legislación sino ofrecer a los distintos operadores jurídicos las claves para proceder a una útil lectura constitucional necesaria para la correcta interpretación y aplicación de la nueva legislación.

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Las decisiones de los órganos de expertos vinculados a los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el sistema
de las Naciones Unidas: legitimidad y valor jurídico . . . . . . . . . . 21
Rosa Ana Alija Fernández
1. Introducción: una aproximación a la legitimidad de los órganos de expertos
vinculados a los tratados internacionales de derechos humanos en el sistema
de las Naciones Unidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2. Configuración convencional de la labor decisoria de los órganos de
vigilancia de los tratados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1. Examen de informes periódicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2. Examen de comunicaciones o quejas de particulares . . . . . . . . . . . . . 30
2.3. Examen de comunicaciones o quejas interestatales . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.4. Investigaciones de oficio y visitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5. Procedimientos de urgencia y alerta temprana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.6. Remisiones a órganos principales de la ONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Valor jurídico de las decisiones de los órganos de vigilancia de los tratados
de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1. ¿Una labor decisoria con valor jurídico obligatorio? . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2. Valor interpretativo de las decisiones de los órganos de vigilancia
de los tratados de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3. Más que recomendaciones, menos que obligaciones: fundamentos
normativos y potencial incidencia de la práctica sobre la legitimidad
de las decisiones de los órganos de vigilancia de los tratados . . . . . . . 52
4. Legitimidad y valor jurídico de las decisiones adoptadas en el marco de
mecanismos de seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.1. Examen de informes periódicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.2. Investigaciones de oficio y visitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.3. Procedimientos de urgencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5. Legitimidad y valor jurídico de las decisiones adoptadas en el marco de
mecanismos de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.1. Dictámenes a las comunicaciones individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.2. Examen de comunicaciones interestatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6. La aceptación de la labor de los comités por parte de otros órganos
internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.1. Presentación de informes periódicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.2. La respuesta de los órganos principales de la ONU a las remisiones
de violaciones graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.3. La utilización de la jurisprudencia de los comités por tribunales
penales internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Reflexiones sobre la aplicabilidad en España de las opiniones
y decisiones de los órganos de expertos internacionales
especializados en Derechos Económicos, Sociales y Culturales 89
Jordi Bonet Pérez
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. El pluralismo normativo e interpretativo en materia de DESC . . . . . . . . . . . 94
2.1. La diferenciación de la competencia ratione materiae de los órganos
internacionales de expertos y sus consecuencias jurídicas . . . . . . . . . . 95
2.2. La internormatividad en materia de DESC y la responsabilidad del
Estado jurídicamente obligado: el caso español . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.2.1. La incidencia de la coordinación entre el Derecho internacional
y el ordenamiento jurídico interno sobre la efectividad de los
tratados internacionales en materia de DESC . . . . . . . . . . . . . . 105
2.2.2. La relevancia jurídica interna de las decisiones y opiniones de
los órganos de expertos internacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3. La práctica jurisdiccional española y las opiniones y decisiones de los
órganos de expertos internacionales especializados en materia de DESC . . 115
3.1. El alcance de la aplicabilidad de las opiniones y decisiones de los
órganos de expertos internacionales especializados en materia de
DESC ante los tribunales españoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.1.1. La proyección jurisdiccional del CDESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.1.2. La proyección jurisdiccional de la CEACR . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.1.3. La proyección jurisdiccional del CEDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.2. La práctica jurisdiccional española y la resolución de problemas
relacionados con el pluralismo normativo e interpretativo. . . . . . . . . . 127
3.2.1. La aplicabilidad de la regla jurídica de la norma más favorable . . 128
3.2.2. El alcance jurídico obligacional de los tratados internacionales
sobre DESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.2.3. La especificidad de la percepción del alcance obligacional
de la CSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4. Un balance sobre la aplicabilidad de las opiniones y decisiones de los
órganos de expertos internacionales especializados en materia de DESC . . . 140
4.1. Las disfunciones vinculadas a la doble funcionalidad de los tratados
internacionales de derechos humanos en España . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.2. La problemática específica de la aplicabilidad ante los tribunales
españoles de las opiniones y decisiones de los órganos de expertos
internacionales especializados en materia de DESC . . . . . . . . . . . . . . 149
5. Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161