El silencio administrativo : Análisis constitucional y administrativo

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

1. La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956 y la Ley de Procedimiento administrativo de 1958

2. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

2.1. Innovaciones

2.2. Fuentes de inspiración

3. La Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992

4. La transposición de la Directiva de servicios mediante la Ley 17/2009 y la modificación de la Ley 30/1992

5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de lAs Administraciones públicas

5.1. Dispersión normativa en la regulación del silencio administrativo

5.2. Novedades en la regulación de la obligación de resolver y el silencio administrativo

CAPÍTULO II

BASES CONSTITUCIONALES Y EUROPEAS

1. Bases constitucionales de la obligación de resolver y de las consecuencias de su incumplimiento

1.1. Perspectivas generales de análisis constitucional

1.2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional

1.3. Consideración final

2. Bases europeas de la obligación de resolver y de las consecuencias de su incumplimiento

2.1. El derecho a una buena administración

2.1.1. El derecho a una buena administración como derecho fundamental consagrado en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales

3. El silencio administrativo y el régimen competencial

3.1. Las competencias estatales

3.2. El ejercicio de las competencias estatales derivadas del art. 149.1.18 CE y la regulación del silencio administrativo en las Leyes 30/1992 y 39/2015

3.3. La jurisprudencia constitucional sobre la competencia para establecer la duración del procedimiento y el silencio positivo

3.4. La (des)vinculación del legislador estatal sectorial a las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y a la regulación del procedimiento administrativo común

CAPÍTULO III

LA DINÁMICA DE LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER

1. Introducción

2. Ámbito de aplicación, contenido Y ALCANCE MATERIAL de la obligación de resolver

3. El plazo máximo para resolver y para notificar

4. Duración y cómputo del plazo máximo para resolver y para notificar

5. Ampliación y suspensión del plazo máximo para resolver y para notificar

5.1 Ampliación del plazo máximo de duración del procedimiento

5.2. La suspensión potestativa del transcurso del plazo máximo de duración del procedimiento

5.3. La suspensión preceptiva del plazo máximo de duración del procedimiento

5.4. Incidencia de la ampliación de plazos parciales y de la tramitación de urgencia con respecto al plazo máximo de resolución y notificación

6. Derechos y deberes de información

6.1. La publicación de las relaciones de procedimientos

6.2. La comunicación específica a los interesados del procedimiento

7. Alcance temporal de la obligación de resolver y de notificar (I): el intento de notificación como requisito de validez de la resolución expresa

8. alcance temporal de la obligación de resolver y de notificar (II): Resoluciones y notificaciones tardías

8.1. Silencio positivo y resolución tardía

8.2. Silencio positivo y notificación tardía

8.3. Silencio negativo y resolución tardía

8.4. Silencio negativo y notificación tardía

CAPÍTULO IV

CONTROL Y SANCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER

1. Introducción

2. Reglas que inciden en la relación jurídico-administrativa

3. El control de los ciudadanos-usuarios

4. El control externo del defensor del pueblo y los comisionados autonómicos

5. Responsabilidad disciplinaria

6. Responsabilidad patrimonial

7. Medidas de carácter coercitivo

8. Medidas de carácter procesal

8.1. Acceso a un procedimiento judicial ágil y eficaz

8.2. Tasas judiciales

8.3. Costas procesales

CAPÍTULO V

LA FALTA DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS MEDIANTE SOLICITUD DEL INTERESADO

1. Los supuestos de aplicación del silencio positivo y negativo

1.1. La regla general: el silencio positivo

1.2. Las excepciones: el silencio negativo

1.3. La «contraexcepción»: el doble silencio sucesivo

2. Naturaleza jurídica y efectos del silencio administrativo

2.1. El silencio positivo: ficción de acto administrativo estimatorio

2.2. El silencio negativo: ni ficción, ni presunción, sino mera regla procesal

3. Régimen jurídico del silencio administrativo

3.1. Problemas jurídicos que plantea el silencio negativo

3.2. El régimen jurídico aplicable al acto estimatorio producido por silencio administrativo

CAPÍTULO VI

LA FALTA DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO

1. Introducción

2. Procedimientos susceptibles de producir actos favorables

3. Procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables

3.1. La caducidad como efecto de la inactividad resolutoria

3.2. El ámbito de aplicación de la caducidad

3.3. Los efectos de la caducidad

3.4. La afectación al interés general como pretendida excepción a la declaración de caducidad

CAPÍTULO VII

APOGEO Y CRISIS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO COMO REGLA GENERAL

1. Introducción

2. El ascenso del silencio positivo

2.1. La generalización: la Ley 30/1992

2.2. El reforzamiento: la Ley 4/1999

3. La crisis del silencio positivo

3.1. Crisis en los Tribunales

3.2. Crisis en la legislación sectorial: el reducto del urbanismo

4. La reacción del legislador: el silencio positivo a la deriva

4.1. La transposición de la Directiva de Servicios

4.2. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible

4.3. El Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio

4.4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas

5. Valoración

5.1. La finalidad de la universalización del sentido positivo

5.2. Los valores constitucionales y el silencio positivo

5.3. El derecho de la Unión Europea y el silencio positivo

6. Conclusión

CAPÍTULO VIII

ESPECIALIDADES DE LA INACTIVIDAD RESOLUTORIA EN DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS

1. Procedimientos en los que no se aplica el régimen del silencio

1.1. Inaplicación del régimen del silencio administrativo por inexistencia de obligación de resolver

1.2. Falta de pronunciamiento respecto a actos no finalizadores del procedimiento

2. El acceso a la información pública: disparidad de soluciones

2.1. El acceso a la información pública ambiental

2.2. El acceso a la información pública no ambiental

3. La falta de resolución expresa del recurso de alzada contra una sanción administrativa

3.1. Planteamiento

3.2. La STC 243/2006, de 24 de julio: no hay firmeza ni ejecutividad

3.3. La STC 37/2012, de 19 de marzo: ni firmeza y ejecutividad, ni prescripción de las sanciones administrativas

3.4. La solución legal: el art. 30.3, párrafo tercero, de la Ley 40/2015

4. La falta de resolución del recurso contra las calificaciones registrales

5. El silencio administrativo impropio

CAPÍTULO IX

EL ACCESO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO A LA JURISDICCIÓN

1. Introducción

2. Tres visiones contrapuestas sobre el acceso a la jurisdicción de las desestimaciones presuntas

2.1. La perspectiva tradicional del legislador: «siempre debe existir plazo»

2.2. La perspectiva doctrinal: «sin acto no debe haber plazo»

2.3. La perspectiva de la jurisdicción constitucional: «el plazo existe pero no corre»

3. La reactivación en 1998 de la problemática procesal de la impugnación de las desestimaciones presuntas

3.1. La impugnación de las desestimaciones presuntas de acuerdo con el art. 46.1 LJCA

3.2. El art. 46.1 LJCA en la jurisprudencia del Tribunal Supremo

3.3. La jurisprudencia constitucional posterior a la LJCA de 1998

4. La definitiva superación de una anomalía procesal

4.1. La STC 52/2014, de 10 de abril

4.2. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de 2015

5. Recapitulación y perspectivas de futuro

CAPÍTULO X

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y LAS ACCIONES PROCESALES REGULADAS EN LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

1. Introducción

2. Las acciones procesales reguladas en la LJCA

3. Efectos de las acciones procesales sobre el ámbito de actuación del silencio administrativo

ANEXO NORMATIVO

BIBLIOGRAFÍA CITADA