Expropiación forzosa: Conceptos, procedimientos y criterios de valoración del justiprecio. 3.ª Edición

Significado de la expropiación forzosa y normativa aplicable
I. Fuentes normativas en materia de expropiación forzosa
II. Antecedentes legislativos de la expropiación forzosa
III. La expropiación forzosa en convenios internacionales
IV. Naturaleza jurídica de la expropiación forzosa
V. Distinción entre las instituciones jurídicas de la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
VI. Concepto y características de la expropiación forzosa (arts. 1 LEF y 1 y 2 REF)
1. Transferencia coactiva de la titularidad del dominio, de un derecho real o de un interés patrimonial legítimo en virtud del ejercicio de una potestad administrativa
2. Sacrificio singularizado de un derecho o interés patrimonial legítimo
3. Amplitud de su objeto
4. Puede afectar a particulares y a otras Administraciones Públicas
5. Debe justificarse la existencia previa de una causa de utilidad pública e interés social
6. Conlleva el pago de una indemnización que compensa la pérdida patrimonial y demás daños y perjuicios
7. La expropiación forzosa debe cumplimentar el procedimiento legalmente establecido
8. El pago del justiprecio legitima a la Administración para poder ocupar el bien o ejercitar el derecho
9. El bien expropiado debe destinarse al fin por el que fue expropiado
10. La expropiación está revestida de una serie de garantías jurisdiccionales, económicas y sustanciales para el expropiado
VII. Diferencias con otras figuras
VIII. Concepto, fines y naturaleza jurídica del justiprecio
IX. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de expropiación forzosa
1. Sentencia 37/1987, de 26 de marzo: Análisis del derecho de propiedad privada y la expropiación forzosa
2. STC 166/1986, de 3 de enero de 1987: Análisis de las garantías de la institución de la expropiación forzosa
3. STC de 11 de septiembre de 2014: Análisis de la excepción a la reversión del suelo cuando se modifica el uso del suelo en virtud de revisión o modificación del planeamiento, si se expropió para la ejecución de una actuación de urbanización
X. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de valoración (STC de 20 de marzo de 1997)
Principios generales (Título I de la LEF)
I. Administraciones que pueden expropiar y la figura de la beneficiaria de la expropiación (arts. 2 LEF y 3 a 5 y 23.2 REF)
II. Administración expropiante
1. Competencia de las comunidades autónomas
2. Competencia de las entidades locales
3. Incompetencia de los organismos autónomos y de la Administración institucional
4. El ejercicio de la potestad expropiatoria tiene su límite en la titularidad de la competencia que la legitima
III. Consecuencias de la falta de la competencia del órgano expropiante: Nulidad de la expropiación
IV. La figura de la beneficiaria de la expropiación
1. Concepto y facultades de la beneficiaria en el expediente expropiatorio
2. ¿A quién corresponde el pago del justiprecio cuando la entidad beneficiaria se declara en concurso de acreedores?
3. En una expropiación por ministerio de la ley de una parcela con destino dotacional universitario, ¿tiene la Universidad la condición de beneficiaria de la expropiación ejecutada por el Ayuntamiento aunque no la hubiere instado?
4. La ausencia de beneficiaria en el expediente expropiatorio determina la nulidad del mismo al generar indefensión
5. ¿Una sociedad mercantil constituida por el Ayuntamiento puede tener la condición de entidad beneficiaria?
6. ¿Tiene legitimación activa para impugnar judicialmente el justiprecio la Administración cuando existe entidad beneficiaria?
V. ¿Con quién se ha de entender el procedimiento expropiatorio? Importancia de los registros públicos (arts. 3 LEF, 3.1, 6, 19.3, 20.4, 49.4 y 62.4 REF, y 313 LH)
VI. Titulares de derechos reales e intereses económicos. Los arrendatarios tienen derecho a expediente propio (art. 4 LEF). ¿La indemnización al arrendatario descuenta el justiprecio del expropiado?
VII. ¿La comunidad de propietarios de una urbanización en régimen de propiedad horizontal tumbada puede considerarse como titular de derechos e intereses económicos afectados por la expropiación y está legitimada para intervenir en el expediente?
VIII. La intervención del Ministerio Fiscal (art. 5 LEF)
IX. Sobre la posibilidad de que el representante legal del expropiado pueda enajenar sin autorización judicial, siempre que se consigne el justo precio a disposición judicial (art. 6 LEF)
X. Sobre la posibilidad de transmitir el bien o derecho expropiado (arts. 7 LEF y 7 REF)
XI. Sobre la adquisición de la administración del bien libre de cargas y sobre la posibilidad de conservación por el particular de derechos reales sobre el bien expropiado (art. 8 LEF)
Esquema general del expediente expropiatorio ordinario o no urbanístico
I. Procedimiento de urgencia (art. 52 LEF)
II. Procedimiento no de urgencia (arts. 9 a 58 LEF)
III. Duración máxima del procedimiento administrativo expropiatorio de urgencia
Requisito previo de la actuación expropiatoria: Declaración de utilidad pública o interés social del fin público que legitima la actuación expropiatoria (arts. 9 a 14 LEF y 10 a 14 REF)
I. La declaración de utilidad pública o interés social del fin público que legitima la actuación expropiatoria
II. La declaración de utilidad pública o interés social no es un mero requisito formal para la iniciación de la actuación expropiatoria, sino que es su causa legitimadora
III. La declaración de utilidad pública constituye el primer requisito de la actuación expropiatoria
IV. La declaración de utilidad pública o interés social y el acuerdo sobre la concreta necesidad de ocupación de unos determinados bienes y derechos se configuran como requisitos esenciales del procedimiento expropiatorio
V. Existencia de una conexión directa entre el fin (causa expropiandi) y la relación de bienes y derechos afectados (acuerdo de necesidad de ocupación)
VI. Flexibilización del concepto de causa expropiandi, pudiendo el fin ser destinado no solo a un posible destino, sino a varios
VII. La causa expropiandi ha de subsistir durante la tramitación del expediente expropiatorio (SSTS de 9 de mayo y 9 de octubre de 1985 y de 23 de septiembre de 1986)
VIII. Declaración por Ley de la causa expropiandi
IX. Las comunidades autónomas también pueden, en el ejercicio de su poder legislativo y dentro de sus competencias, definir la causa expropiandi
X. Amplia discrecionalidad del legislador, estatal o autonómico, para definir la causa expropiandi
XI. Sobre la posibilidad de que se declare la utilidad pública o interés social en una norma legal, no necesariamente Ley formal
XII. Sobre la posibilidad de que se declare la utilidad pública de unas obras mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado
XIII. Aunque exista una Ley que contenga una declaración genérica de utilidad pública o interés social para una determinada categoría de bienes, luego debe existir un concreto reconocimiento con relación a unas obras determinadas
XIV. La declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación está implícita en los Planes de Obras y Servicios del Estado, comunidades autónomas, provincias y municipios
XV. La causa expropiandi de interés social
XVI. La declaración de utilidad pública contenida en la Ley no requiere ser notificada
XVII. Alcance del acuerdo de utilidad pública: exclusión de los terrenos que no respondan a la causa expropiandi
XVIII. Sobre la posibilidad de un control jurisdiccional de la declaración de utilidad pública
XIX. La anulación del Plan que contenía la declaración de utilidad pública de las obras supone la nulidad de toda la actuación administrativa expropiatoria posterior
XX. Consecuencias de la nulidad del expediente expropiatorio por falta de utilidad pública
XXI. La nulidad de la causa expropiandi implica la nulidad del justiprecio
XXII. La falta de causa expropiandi determina que la Administración incurra en vía de hecho y que lo actuado sea nulo de pleno derecho
XXIII. Imposible convalidación o subsanación de los actos administrativos expropiatorios una vez declarados nulos por sentencia firme
XXIV. ¿La ejecución de nuevas obras implica una alteración de la causa expropiandi?
XXV. En actuaciones urbanísticas de gran extensión se debe de apreciar la causa expropiandi con relación al conjunto de la actuación urbanística y no solo con relación a una concreta parte de esta.
XXVI. La ausencia de declaración de utilidad pública o interés social determina la inexistencia de la causa expropiandi, siendo causa de nulidad de pleno derecho que puede ser alegado por los propietarios-expropiados al impugnar el acuerdo de justiprecio del jurado
XXVII. La desaparición de la declaración de utilidad pública implica la invalidez de lo actuado en el procedimiento expropiatorio, afectando igualmente al justiprecio fijado por acuerdo del jurado
XXVIII. Sobre la vía de hecho en la que incurre la Administración expropiante
Inicio de la actuación expropiatoria: Acuerdo sobre la necesidad concreta de ocupación de bienes o de adquisición de derechos (arts. 15 a 23 LEF y 15 a 24 REF)
I. El acuerdo de necesidad de ocupación de bienes o para la adquisición de derechos
II. Persigue la conciliación de dos principios: La eficacia y la oportunidad de la medida con el sistema de garantías del administrado
III. Diferenciación entre la declaración de utilidad pública e interés social y el acuerdo de necesidad de ocupación. Existencia de una relación directa entre ambas
IV. Trascendencia del acuerdo de necesidad de ocupación
V. Necesidad de ocupación: Nada impide que se haga con posterioridad a la declaración de utilidad pública
VI. El acuerdo de necesidad de ocupación solo es exigible con relación a los bienes y derechos de propiedad privada
VII. Alcance del acuerdo de necesidad de ocupación: Bienes estrictamente indispensables para el fin o destino público
VIII. Improcedencia de la declaración de necesidad de ocupación: existencia de alternativas posibles y menos gravosas
IX. En caso de ampliaciones de obra
X. Implica el inicio del expediente expropiatorio
XI. En la declaración de la necesidad de ocupación se suceden tres fases: Redacción de la relación de bienes y derechos, información pública y resolución
XII. Omisión de alguno de los bienes o derechos en la relación
XIII. La relación de bienes y derechos facilita a los futuros expropiados su derecho de defensa
XIV. Sobre el trámite de información pública
XV. La nulidad del expediente expropiatorio como consecuencia de la falta de información pública implica que la Administración haya incurrido en vía de hecho y procede la devolución de las fincas y, en caso de no ser posible, al derecho de indemnización al amparo del art. 105 de la Ley de la Jurisdicción
XVI. La apertura del trámite de información pública sobre la relación de bienes y derechos sigue siendo preceptiva, aunque la aprobación del proyecto de la infraestructura lleve implícito el acuerdo de necesidad de ocupación. Su fundamento radica en evitar la indefensión del expropiado
XVII. Un modificado del proyecto que implica incremento de superficie expropiada requiere nuevo trámite de información pública que no se limite a la posible subsanación de errores
XVIII. El acuerdo de necesidad de ocupación se debe notificar a los titulares afectados
XIX. El acuerdo de necesidad de ocupación puede estar implícito en el Plan de Obras o Servicios de una Administración Pública si contiene la relación de bienes y derechos
XX. No se requiere el informe de la Abogacía del Estado previsto en el art. 19.2 REF cuando la relación de bienes y derechos figura en el Plan de Obras
XXI. Los Planes de Urbanismo no contienen de forma implícita la necesidad de ocupación si no consta en los mismos la relación de los propietarios y la descripción de los bienes y derechos
XXII. Declaración de utilidad pública ex lege: Instalaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica. El proyecto ha de incluir la relación de los bienes y derechos expropiados
XXIII. Consecuencias jurídicas en el caso de que se prescinda del acuerdo de necesidad de ocupación
XXIV. Ausencia de la relación de bienes y derechos
XXV. La falta de impugnación autónoma de la relación de bienes y derechos impide que, después en la pieza de justiprecio, se incluyan bienes o derechos nuevos
XXVI. Control jurisdiccional
XXVII. Tratándose de una discrepancia sobre la titularidad de ciertos terrenos, no es aplicable la jurisprudencia sobre la posibilidad de que los tribunales controlen que la superficie tenida en cuenta para el cálculo del justiprecio coincide con la efectivamente expropiada
XXVIII. El acuerdo de necesidad de ocupación es impugnable en vía administrativa (recurso de alzada) y en vía jurisdiccional (recurso contencioso-administrativo)
XXIX. En la impugnación de la declaración de utilidad pública y urgente ocupación no procede analizar cuestiones de propiedad o situación de la edificación
XXX. La extensión del bien que se va a expropiar es un dato fiscalizable
XXXI. La Administración expropiante no goza de discrecionalidad para elegir entre la ocupación temporal y la expropiación total: Necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación
XXXII. El desistimiento de la expropiación
XXXIII. Nulidad radical del procedimiento expropiatorio. Anulación del acuerdo del Ayuntamiento expropiante por la pérdida de cobertura normativa que supuso la declaración de inconstitucionalidad del art. 278 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. Efectos: Retroacción de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes: Principio de igualdad en la aplicación de la ley
XXXIV. La dilación de la Administración en la tramitación del expediente expropiatorio. ¿Es posible la caducidad del expediente expropiatorio?
XXXV. ¿Existe inactividad de la Administración cuando se solicita por el propietario la expropiación y la Administración no inicia la expropiación?
XXXVI. ¿La aprobación del proyecto de ejecución y declaración de concreta utilidad pública de una línea aérea de 20 kv requiere de la aprobación previa de un plan especial de infraestructuras?
XXXVII. Sobre la solicitud de expropiación total por el carácter antieconómico del resto
Procedimiento de urgencia (arts. 52 LEF y 56 a 59 REF)
I. Exposición de los trámites
II. Consideración general
III. Antecedente histórico y su uso generalizado por las Administraciones Públicas
IV. Sobre la naturaleza de este procedimiento. No constituye un procedimiento especial diferente del ordinario
V. Supone la alteración de la regla del previo pago, si bien ello no vulnera la Constitución
VI. La declaración de urgencia puede hacerse en cualquier momento de la tramitación del expediente expropiatorio
VII. La Administración no tiene una facultad discrecional para acordar este procedimiento y exige la concurrencia de circunstancias excepcionales
VIII. Necesidad de motivación de la urgencia del procedimiento expropiatorio
IX. El Incumplimiento del requisito de motivación del acuerdo del Consejo de Ministros declarando la urgente ocupación: Nulidad del acuerdo
X. Existe falta de motivación de la declaración de urgencia cuando se justifica la necesidad de las obras pero no de su ejecución inmediata
XI. La urgencia es un concepto jurídico indeterminado y no admite interpretaciones ana