Justicia perversa - Crónica viva de un atropello judicial

Esta es la historia personal de una abogada que descubrió en sus propias carnes el mito de la caverna de Platón, descrito en su libro VII de la su obra República, escrita hacia el año 380 a.C. Hace 24 siglos, nada menos.

El filósofo Platón afirmaba que la gente llega a sentirse cómoda en su ignorancia y podía, incluso, oponerse a los que les intentaban ayudar para que cambiaran.

Explicaba este concepto en forma de diálogo con su hermano Glaucón, al que le pedía que se imaginara a un grupo de prisioneros en una caverna, encadenados de cuello y piernas desde su infancia, forzados a mirar hacia la pared del fondo del lugar.

Detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo y una hoguera por delante de la cual pasan hombres portando todo tipo de objetos. Sus sombras, gracias a la hoguera, se proyectan sobre la pared del fondo.

Es lo único que los encadenados podían ver y la única realidad que podían entender.

Lo que planteaba Platón es ¿qué ocurriría si uno de esos hombres fuera liberado y se le permitiera volverse hacia la luz de la hoguera y ver a aquellas personas y objetos que originaban las sombras?

Esto mismo es lo que le sucedió a la autora de este libro, la abogada Carmen Ibáñez Martínez. Pero no fue un proceso instantáneo sino paulatino. Comenzó el 15 de noviembre de 2007, cuando fue detenida en una macro redada llevada a cabo por la Guardia Civil cuando se encontraba trabajando en el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid; allí se gestionaban los expedientes para la apertura de locales.

El alcalde era el popular Alberto Ruiz Gallardón. Y en el Ministerio del Interior estaba el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Carmen creía, entonces, en unas sombras sobre de un sistema de justicia que proyectaban sobre el muro del fondo de su caverna y que nada tenían que ver con la realidad, como más tarde descubrió en sus propias carnes.

Porque una cosa son los principios constitucionales -las sombras- y otra su aplicación práctica -la realidad-.

Así lo ve describe ella en este libro: "Conoces tus derechos, pero en la práctica no sirven para nada pues todo fueron trabas e inconvenientes".

O: "A partir del momento en que te detienen no eres nadie y, de forma brusca, y hasta sutil, te intentan dirigir hacia donde ellos quieren".

Es lo que relata, en primera persona, en el que cuenta ese descubrimiento. La experiencia de una pesadilla personal que duró diez años.

En la prensa recibió el nombre de "Operación Guateque".

Fue una causa que instruyó el entonces magistrado del Juzgado de Instrucción 32 de Plaza de Castilla, Madrid, Santiago Torres.

El magistrado era lo que se podría definir como un "juez estrella". En su haber constaba el hecho de haber metido en la cárcel en 1999 a Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid. En aquellos momentos, además, instruía causas contra César Alierta, presidente de Telefónica, Francisco Álvarez Cascos, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Fomento, Ramón Calderón, presidente del Real Madrid, imputado por supuestamente falsear una asamblea de socios, Marta Domínguez, acusada de "doping".

"Torres atraía, como un imán, casos con relevancia pública", cuenta Carmen Ibáñez en su libro. "La media de los encarcelamientos de la mayoría de los juzgados de Plaza de Castilla se podía cifrar en 8 o 10 presos. Sin embargo, en esta suerte de agujero negro se multiplicaban por 10".

Ella fue una de esas personas.

Diez años después, en 2017 -la justicia si no es rápida no es justicia es un axioma que nadie parece entender-, un total de 35 personas fueron finalmente juzgadas por los delitos de cohecho, delito continuado falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, tráfico de influencias, prevaricación ambiental y negociaciones prohibidas a funcionarios. Para todos ellos el Ministerio Fiscal pedía un total de 250 años de prisión.

Todos fueron absueltos.

La macrocausa llegó a tener hasta 140 imputados. Una decena entraron en la cárcel, incluyendo a Carmen, que se pasó un mes en prisión preventiva en Soto del Real.

Para quien no la conozca, de Carmen hay que decir que es una mujer con un rigor moral, ético y profesional más allá de cualquier duda. Intachable. Y de aquella experiencia le han quedado profundas cicatrices en su ánimo y en su alma.

La autora relata su paso por los calabozos de la Comandancia de Tres Cantos de la Guardia Civil, de la "cochiquera con personas", como define a las celdas de los sótanos de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde no es aconsejable ni comer ni beber ni utilizar el servicio, y la prisión de Soto del Real.

Carmen Ibáñez va contando cada fase legal desde dos puntos de vista: Lo que debería haber sido, de acuerdo con la ley, y lo que no fue. Por ejemplo, la ausencia de todo tipo de información a los detenidos en las primeras fases de la investigación, cuando Torres había impuesto el secreto del sumario a la causa.

Como ya se sabe, cuando un juez de Instrucción hace eso solo él y el fiscal tienen acceso a las actuaciones. "Y la prensa", apunta Carmen Ibáñez con una mezcla de escándalo y asombro. Para ella eso fue la constatación de la existencia de una crisis y una degradación del estado de derecho en el que se instrumentalizan causas penales por intereses políticos.

Sin embargo, hay que reconocer que la autora es una mujer justa y recoge en sus páginas los cambios operados -para bien- en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, a día de hoy, benefician a los detenidos.

Como la transposición de la Directiva 2012/13/UE de 22 de mayo, relativa al derecho a la información en los procesos penales y la 2 013/48/UE de 22 de octubre sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales que se materializó en dos reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que concreta de forma detallada la concreción de dichas garantías.

O la sentencia 21/2018 del Tribunal Constitucional de 5 de marzo por la que se reconoce a un detenido la vulneración del derecho a la libertad personal ante la ausencia de información suficiente sobre las razones de la detención y la denegación del acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para valorar su legalidad.

La investigación de la causa tuvo su origen en la denuncia de un testigo protegido, Joaquín Hernández, quien se presentó ante la Policía Judicial de la Guardia Civil con la grabación de una conversación que había realizado a un empresario "de la trama".

Para el abogado de Carmen, Adolfo Prego, exmagistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y ahora en el ejercicio de la abogacía libre, los indicios sobre los que se levantó el caso fueron muy endebles.

"Este proceso tendría que servir de ejemplo de cómo no se debe instruir un sumario", expresó durante su alegato, al final del juicio.

Prego, para quien no lo sepa, es uno de los grandes juristas españoles, especialistas en lo penal. Sus intervenciones tienen una gran contundencia. No defraudó. Hizo una clase magistral sobre la prueba de indicios y la prueba de cargo, necesaria para condenar y enervar la presunción de inocencia.

Al final, el tribunal enjuiciador, compuesto por los magistrados Carmen Compaired, Valentín Javier Sanz Altozano y Gemma Gallego Sánchez, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, no solo absolvieron a todos los acusados, sino que, en su sentencia, atribuyeron "mala fe" nada menos que a la Guardia Civil.

Porque comenzaron las investigaciones sobre la base de una grabación que había sido hecha sin autorización judicial, lo que fue la puerta para invocar la doctrina del fruto del árbol envenenado.

Si la primera prueba obtenida es inválida, contamina el resto, como los pinchazos telefónicos que el magistrado Torres autorizó después y todas las pruebas que se recopilaron más tarde.

El Ministerio Fiscal recurrió la sentencia en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; fue desestimada por un tribunal en el que fue ponente su presidente, Manuel Marchena. En los mismos términos que la Audiencia Nacional.

Torres, por su parte, fue sancionado con 1.000 euros por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por una falta grave del artículo 418.11, que castiga los retrasos injustificados en diligencias previas. Estas. Fue el 11 de septiembre de 2012.

Después dejaría la judicatura.

Al final, es cierto, todo salió bien para Carmen Ibáñez. La historia tiene un final feliz.

Pero en su memoria y en su alma han quedado esas profundas cicatrices a las que me he referido antes y que transforman para siempre a la persona que ha pasado por ese trance.

Su libro es la prueba fehaciente de ello. Un libro que anima, como ciudadanos, a tener espíritu crítico, a dejar de mirar a las sombras que se proyectan contra el muro y a contemplar la realidad en toda crudeza. Para cambiarla.

Porque como ciudadanos -una palabra que tiene un sentido sagrado para mí- de un estado democrático no debemos dar por sentados nuestros derechos, sino que tenemos que defenderlos cada día. Es lo que hace, precisamente, Carmen en su libro. Que lo disfrutes.