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La defensa del imputado en los juicios penales rápidos

La defensa del imputado en los juicios penales rápidos

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  • ISBN: 9788498363999
  • EAN: 9788498363999
  • Editorial: Comares
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 231

Materias:

Estudios de derecho procesal nº 1

Recientemente se han cumplido cinco años desde la entrada en vigor tanto de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, como también de su complementaria, la Ley Orgánica 8/2002, igualmente de 24 de octubre, que instauraron lo que ya por todos se conoce como juicios rápidos en el orden judicial penal de nuestro país.
Una reforma de nuestro enjuiciamiento criminal cuyas pretensiones se centran en dotar de mayor eficacia al proceso penal, en orden a la investigación y enjuiciamiento de delitos con una comisión frecuente y elevada, intentando superar el colapso y la excesiva duración de los procesos penales y, en definitiva, encuadrada en la política legislativa de dotar a nuestra sociedad de instrumentos de enjuiciamiento respetuosos con la proclamación constitucional del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, recogida en el apartado 2.º del art. 24 de nuestra Constitución española.
Pero debe tenerse en cuenta que no sólo se tiene que atender a la respuesta judicial más o menos inmediata, como signo de la eficacia del proceso penal, sino también al respeto en el seno del mismo del resto de garantías procesales que también reconoce la norma constitucional.
Como indicábamos antes, el que hayan transcurrido ya cinco años desde la entrada en vigor de los juicios rápidos puede entenderse como un tiempo adecuado para que se observen los resultados de dicha reforma y, en definitiva, se aprecie el funcionamiento práctico de este proceso penal que la mayoría de nuestra doctrina procesalista califica como proceso penal especial.
Y es éste uno de los grandes valores de esta obra monográfica sobre los juicios rápidos —entre otras muchas virtudes de la misma— que a petición de su autora, la Dra. Lourdes Melero Bosch, tengo el honor de prologar.
En esta obra, bajo el título de «La defensa del imputado en los juicios penales rápidos», su autora destaca las principales características de este modelo de enjuiciamiento penal, teniendo siempre presente la tensión que genera el binomio garantías procesales (que se enmarcan bajo el derecho de defensa), y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que, como antes se dijo, parece centrar el discurso del legislador en relación con la eficacia de nuestro proceso penal.
Y lo hace, además, prestando especial atención a la fase de investigación de los juicios rápidos, que es donde se producen los grandes cambios en la instrucción de este proceso penal especial. Unos cambios en los que, en aras de obtener una mayor celeridad en la investigación y enjuiciamiento de determinados delitos y faltas, comprometen seriamente el respeto de determinadas garantías del imputado, como así se destaca en las páginas dedicadas al estudio del ejercicio de la defensa y asistencia letradas durante la instrucción; la determinación del imputado por la policía judicial o algunas cuestiones relacionadas con la obtención de fuentes de prueba, o la práctica anticipada de la misma, como lo es la criticable naturaleza documental que se ha otorgado a los informes emitidos por laboratorios oficiales en relación con sustancias estupefacientes.
Además, la autora ha tenido en cuenta las incidencias que se han producido en este modelo de proceso penal con ocasión de la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género, con la que se crean, a través de la correspondiente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los llamados Juzgados de Violencia sobre la Mujer que también tienen atribuidas competencias para la incoación de diligencias urgentes en el marco de los juicios rápidos.
Con este estudio monográfico de la Dra. Melero Bosch, el lector no tiene en sus manos un mero estudio teórico del tema propuesto, pues la autora desciende a la aplicación práctica y a los efectos que, en su aplicación diaria, se vienen produciendo en este modelo de enjuiciamiento criminal.
Además, la autora toma partido, en muchos casos, de manera valiente, en la defensa de sus postulados, lo que hace que esta obra no sólo tenga valor teórico, sino un valor eminentemente práctico para todos los operadores jurídicos que de una u otra manera están vinculados en el ejercicio de sus profesiones al proceso penal, contribuyendo en esta mayor medida al enriquecimiento de la biblioteca procesal penal de nuestra disciplina, lo que ya, de por sí, la hace acreedora de un valor incuestionable.
Creo que en este punto debe terminar la labor del prologuista de una obra como ésta, ya que debe quedar reservado al lector de la misma el descubrir todo lo que la misma aporta, pero no quiero finalizar sin dejar de hacer alguna reflexión personal en relación con la autora de la misma, la Dra. Lourdes Melero Bosch.
Una reflexión que, no podía ser de otra manera, se encuadra en el estado actual de la Universidad, en general, y de los estudios de derecho en particular, ante la incertidumbre que sobre los mismos planea, ahora y en los próximos años en relación con el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, y concretamente dentro del denominado proceso de Bologna, más conocido como proceso de convergencia europea.
Pero frente a esta incertidumbre, pocas cosas nos animan más que la de encontrar personas con vocación universitaria, cuestión harto difícil en estos días. Éste es el caso de la Dra. Melero Bosch, cuya formación jurídica sólida, unida a su juventud, nos permiten afirmar que después de este magnífico libro, nos seguirá obsequiando con nuevas aportaciones jurídicas serias, brillantes y comprometidas, allá donde esté y asuma responsabilidades docentes e investigadoras.
Por todo ello, felicitamos sinceramente a la autora de esta monografía, y le agradecemos el honor que nos hace al pedirnos redactar este prólogo.
ABREVIATURAS .
PRÓLOGO .
INTRODUCCIÓN .

CAPÍTULO I
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS

1.1. Planteamiento .
1.2. Origen legislativo de la Ley 38/2002 y de su complementaria, la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre .
1.3. El ámbito de aplicación del proceso para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos .
1.4. La instrucción reducida al período de guardia como forma de reducción temporal del proceso penal .
1.4.1. La actuación de la policía judicial como presupuesto necesario para la reducción de la fase instructora en los juicios rápidos .
1.4.1.1. La policía judicial como órgano auxiliar de la administración de justicia .
1.4.1.2. La actuación de la policía judicial en los juicios rápidos .
1.4.2. Las diligencias urgentes .
1.5. La preparación del juicio oral en el procedimiento de enjuiciamiento rápido .
1.6. La conformidad en el proceso de enjuiciamiento rápido .
1.7. Juicio oral y sentencia .
1.8. Especial referencia a la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer para la tramitación de los juicios rápidos .
1.9. Recapitulación .


CAPÍTULO II
LA DEFENSA DEL IMPUTADO EN LA INSTRUCCIÓN DE LOS JUICIOS RÁPIDOS

2.1. Planteamiento .
2.2. La garantía constitucional de asistencia letrada en el proceso para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos .
2.2.1. La obligatoriedad de la defensa técnica desde la imputación .
2.2.1.1. El derecho de defensa como derecho de configuración legal .
2.2.1.1.1. Consideraciones generales .
2.2.1.1.2. Los artículos 118 y 520 de la LECrim .
2.2.1.2. La situación anterior a la Ley 38/2002, de 24 de octubre: la renunciabilidad a la asistencia letrada en la fase de instrucción .
2.2.1.3. Configuración legal actual del derecho de defensa técnica en el proceso para el enjuiciamiento rápido .
2.2.1.3.1. Obligatoriedad de la defensa letrada desde la detención .
2.2.1.3.2. Carácter irrenunciable de la defensa técnica del imputado no detenido .
2.2.1.3.2.1. Necesidad de la presencia del abogado defensor en las diligencias urgentes .
2.2.1.3.2.2. Carácter necesario de la defensa técnica en las diligencias policiales .
2.2.1.4. Especial referencia a la posibilidad de renuncia del abogado defensor en los delitos contra la seguridad del tráfico .
2.2.1.5. La obligación de las autoridades en la designación de oficio del abogado defensor como consecuencia de la irrenunciabilidad a la asistencia letrada .
2.2.1.6. Consecuencias de la ausencia del abogado defensor en la fase de investigación del delito .
2.2.2. Entrevista reservada entre el imputado y su abogado defensor .
2.3. Limitación del derecho de defensa por la excesiva reducción de la fase instructora .
2.3.1. Práctica de prueba anticipada durante la rápida fase instructora .
2.3.2. Consecuencias de la práctica de diligencias de investigación tras la expiración del servicio de guardia .
2.4. El delito flagrante como fundamento de la incoación del juicio rápido .
2.5. La irrecurribilidad de los autos dictados por el juez de guardia que determinan el seguimiento del juicio rápido .
2.6. El aumento de las funciones de la policía judicial en la tramitación preprocesal del juicio rápido .
2.6.1. Determinación del imputado por la policía judicial .
2.6.2. La calificación jurídica de los hechos realizada por la policía judicial .
2.6.3. La citación policial de imputados, testigos y responsables civiles .
2.6.4. La vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley .
2.7. La innecesariedad de ratificar el atestado policial ante el juez de instrucción .
2.8. El valor probatorio de los análisis de sustancias estupefacientes .
2.8.1. La doctrina jurisprudencial sobre el valor probatorio de los informes emitidos por laboratorios oficiales .
2.8.1.1. Requisitos para otorgar valor probatorio a los informes emitidos por laboratorios oficiales sobre sustancias estupefacientes .
2.8.1.2. Naturaleza jurídica de los informes emitidos por laboratorios oficiales .
2.8.1.3. La carga de la prueba .
2.8.2. Carácter de prueba documental de los informes emitidos por laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes .
2.8.3. Los informes emitidos por laboratorios de la policía judicial .
2.8.4. Recapitulación .

CAPÍTULO III
LAS GARANTÍAS PROCESALES EN LA FASE INTERMEDIA DEL JUCIO RÁPIDO

3.1. El plazo para presentar el escrito de defensa en el proceso para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos .
3.2. La conformidad prestada ante el juez de guardia en el proceso de enjuiciamiento rápido de determinados delitos: su posible inconstitucionalidad .
3.2.1. El órgano competente para dictar sentencia de conformidad premiada .
3.2.2. La garantía del juez imparcial .
3.2.2.1. Doctrina jurisprudencial en torno a la imparcialidad objetiva del juez .
3.2.2.2. El control de la conformidad realizado por el juez de instrucción en relación con el principio de imparcialidad judicial .
3.2.2.3. La facultad de individualización de la pena del juez de instrucción .
3.2.2.4. El consentimiento del abogado defensor respecto de la conformidad prestada por el acusado .
3.2.3. La vulneración de otras garantías procesales en la conformidad premiada .
3.2.4. La conformidad premiada del artículo 801 LECrim. y el patteggiamento italiano .
3.2.4.1. Delimitación conceptual del patteggiamento .
3.2.4.2. Efectos premiales de la sentencia de conformidad dictada por el juez de instrucción y del patteggiamento italiano .
3.2.4.3. Implicaciones de la conformidad respecto de las garantías del proceso: reflexión comparativa con respecto a la regulación italiana del patteggiamento .
3.2.4.3.1. Implicaciones en el ejercicio del derecho de defensa .
3.2.4.3.2. El respeto a la garantía de la imparcialidad judicial .
3.2.4.3.3. Restricción de la conformidad premiada al ámbito de los juicios rápidos y principio de igualdad .
3.2.4.3.4. Participación del ofendido por el delito .
3.2.4.4. Eficacia práctica de la conformidad premiada y del patteggiamento .
3.2.5. A modo de conclusión: la conveniencia de trasladar la facultad de dictar sentencia de conformidad premiada al juez de lo penal .
3.3. La transformación de las diligencias urgentes en juicio de faltas con celebración inmediata ante el mismo juez de instrucción .

BIBLIOGRAFÍA

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