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La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho Español

La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho Español
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  • ISBN: 9788447023660
  • EAN: 9788447023660
  • Editorial: Civitas
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 290

Materias:

Con este importante libro el Prof. García de Enterría nos introduce en un problema capital planteado por una jurisprudencia, ya numerosa, de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que está reconociendo con una notable liberalidad la posibilidad de obtener indemnizaciones por los perjuicios que para los particulares pueden derivarse de la aplicación de ciertas leyes, tanto del Estado como autonómicas. Aparte de invocar una supuesta tendencia del Derecho comparado, se fundamentó primero como título que justificaba esos pronunciamientos el principio de la protección de la confianza legítima (argumento cuya generalización podría llevar nada menos que a la «petrificación» del ordenamiento jurídico). Se invocó también la garantía explícita que hace el art. 9.3 de la Constitución del «principio de la responsabilidad de los poderes públicos». Se ha intentado construir un supuesto de supernulidad de las leyes declaradas inconstitucionales capaz de romper la fuerza de cosa juzgada de las sentencias firmes que aplicaron dichas leyes y de enervar cualquier género de prescripción de las situaciones surgidas en la aplicación de las mismas. En fin, todo ello supondría reclamar como una competencia de los jueces y Tribunales contencioso-administrativos para decidir si una Ley tiene o no contenido expropiatorio. El análisis depurado de esos supuestos títulos, muchas veces acumulativos, permite al autor fijar con notable seguridad cuestiones esenciales del Derecho Público actual, como, por ejemplo, la significación del principio de responsabilidad de los poderes públicos como constitutivo del mismo régimen democrático, sin que implique en modo alguno una responsabilidad patrimonial; la inexistencia de jurisdicción en los Tribunales contencioso-administrativos para pronunciar sentencias de condena contra el Legislador; el deslinde entre la jurisdicción contenciosoadministrativa y la propia del Tribunal Constitucional, tanto respecto de la calificación de una Ley como materialmente expropiatoria como respecto de las consecuencias derivadas de la declaración de una Ley como inconstitucional. La obra clarifica, pues, cuestiones fundamentales del actual Derecho Público democrático, con una notable brillantez. Pero, a la vez, la obra no duda en entrar en problemas bastante más concretos, de los que puede ser un ejemplo (sólo por sí mismo relevante) la resuelta reconsideración de la expropiación legislativa de las costas y zona marítimo-terrestre llevada a término por la Ley de Costas de 1988, reinterpretando la Sentencia Constitucional 149/1991 y abriendo aquí, justamente, una posibilidad indemnizatoria no tenida en cuenta hasta ahora.
Prólogo

CAPÍTULO I
EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA COMO SUPUESTO TÍTULO JUSTIFICATIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR

I. Planteamiento: la invocación del principio de protección de la confianza por la jurisprudencia y la doctrina como justificación de la responsabilidad por hecho de las Leyes

II. Sólo si el principio de protección de la confianza tuviese rango constitucional podría invocarse su infracción como causa de responsabilidad del Legislador. Seguridad jurídica y protección de la confianza
A) LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO ES FAVORABLE A ESA EXTENSIÓN DEL PRINCIPIO
B) EL PROBLEMA EN EL DERECHO ALEMÁN: NI UN SOLO CASO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL LEGISLADOR

III. El problema en general. La necesaria libertad del Legislador democrático para acomodar el Derecho a las circunstancias cambiantes, Maurer. La inadmisibilidad
de una «petrificación del Derecho»

IV. El caso del Derecho Comunitario. La aplicación del art. 288 CE por el Tribunal de Justicia. La distinción entre actos normativos y no normativos. El criterio de
la inmunidad de las «opciones de política económica» a partir de la Sentencia Bayerische HNL, de 1978. Las «obligaciones de comportamiento de los agentes económicos». Conclusión general. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no determina en absoluto una generalización de la responsabilidad del Legislador

V. La idea de que la situación jurídica existente condiciona la competencia del Legislador es la característica del orden jurídico arcaico. El principio alte, gute Recht
y el postulado de su permanencia; legis innovatio como restauración del viejo y buen Derecho. La idea en la España medieval, en Quevedo, en la Novísima. El caso
inglés: el Parlamento, como juez defensor del old, good Law, hasta 1831. La caracterización de O. Mayer del Derecho Público premoderno como wohlerworbenen
Rechte Staat. La irrupción de las dos Revoluciones democráticas, francesa y americana, y la liberación de un poder legislativo soberano y creador. El Proyecto
girandino de 1793. Jefferson: el Derecho pertenece a cada generación viviente

VI. El autor más relevante en la postulación de una responsabilidad general del Legislador, Duguit, fue el formulador de la teoría de las situaciones jurídicas generales
y objetivas que excluye cualquier «derecho adquirido » a impedir los cambios normativos. La doctrina y su papel central en el Derecho Público francés.
La recepción de esta tesis en la jurisprudencia constitucional y ordinaria española
A) JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
B) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. NIETO Y LOS DERECHOS
ADQUIRIDOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EL CORRECTO ENCAJE POR ESTA JURISPRUDENCIA DE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS DEL FUNCIONARIADO A PARTIR DE 1984. «¿ANTI-LA FLEURETTE ESPAÑOLA?». EL RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LOS DEVASTADORES EFECTOS ECONÓMICOS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL LEGISLADOR POR ESAS REFORMAS. SALUDABLES EFECTOS DE LA DOCTRINA DUGUITIANA

CAPÍTULO II
EL PRINCIPIO DE «RESPONSABILIDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS» SEGÚN EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR

I. La opinión del Prof. Díez-Picazo sobre la «socialización del riesgo» y la aparición en la jurisprudencia y la doctrina española de un sistema de responsabilidad
patrimonial del Estado Legislador

II. El supuesto respaldo constitucional del art. 9.3. Sentencias del Tribunal Supremo. La rectificación de la Sentencia de 30 de noviembre de 1992: aunque se refiriese
a la responsabilidad del Legislador, es insuficiente para poder decidir sobre su solo texto

III. Doctrina dominante sobre el art. 9.3 como alusivo a la responsabilidad patrimonial. La tesis de este trabajo: el art. 9.3 no se refiere a la responsabilidad patrimonial,
sino a la responsabilidad política, según los orígenes mismos del constitucionalismo occidental. La salida de un régimen político que desconocía, y aun negaba, esa responsabilidad

IV. El tema en los orígenes del moderno constitucionalismo en el siglo XVIII. La consagración del lexema responsabilidad y su significación

V. En concreto, en el constitucionalismo norteamericano

VI. En los orígenes de la Revolución Francesa. El art. 15 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y sus precedentes explícitos

VII. El origen en Locke de la doctrina de la responsabilidad de los gobernantes. Su esencialidad en la doctrina democrática originaria y actual y la justificación de su inclusión en el Título Preliminar de la Constitución

VIII. La tradición de nuestro propio constitucionalismo: la Constitución de Cádiz

IX. El respaldo a esa tesis por otros conceptos constitucionales y por un sector doctrinal cualificado. J. Leguina. M. Beltrán de Felipe. En la Constitución el término
«responsabilidad» se usa siempre y exclusivamente para la responsabilidad política X. Una apreciación somera de los demás argumentos invocados en favor del reconocimiento general de una responsabilidad patrimonial del Estado Legislador. La radical falta de jurisdicción de los Tribunales contenciosoadministrativos para entender de acciones de condena contra el Legislador.
Conclusión

CAPÍTULO III
LA INEXISTENCIA DE JURISDICCIÓN EN LOS TRIBUNALES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS PARA DECIDIR ACCIONES DE CONDENA CONTRA EL LEGISLADOR
I. Cuestión esencial, pero apenas tratada. El argumento formalista inicial (Sentencia TS de 15 de julio de 1987): la petición a la Administración hace que la decisión
de ésta entre en el ámbito jurisdiccional contencioso-administrativo. Crítica del Criterio

II. Las Sentencias condenatorias al pago de indemnizaciones interfieren la potestad legislativa y condicionan directamente su eficacia

III. Las Sentencias que declaran la obligación de indemnizar por hecho de las Leyes son Sentencias de condena que, como todas las de este carácter, sustituyen la voluntad del condenado, aquí del Legislador. Sólo el Tribunal Constitucional ostenta jurisdicción sobre las Leyes, pero esta jurisdicción es puramente declarativa de
anulación de las Leyes, nunca de condena

IV. La configuración constitucional y legal de la jurisdicción contencioso-administrativa no tolera su condición de jurisdicción de condena sobre el Legislador. Art.
106.1 de la Constitución: «control de la legalidad de la actuación administrativa» y de la «potestad reglamentaria »; el art. 103.1 declara el «sometimiento pleno»
de la Administración a la Ley. El «derecho a indemnización » que puede declarar es el relativo al «funcionamiento de los servicios públicos», lo que incluye exclusivamente
a la Administración

V. La corroboración en las Leyes que configuran y delimitan la jurisdicción de los Tribunales contencioso-administrativos
A) LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, ART. 9.4: ENJUICIAR «DISPOSICIONES GENERALES CON RANGO INFERIOR A LA LEY» Y «LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS»
B) LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, ART. 1.1 Y 1.2 Y 3; LOS ACTOS FISCALIZABLES DE LOS ÓRGANOS PARLAMENTARIOS. LA JURISDICCIÓN SOBRE LAS LEYES ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA
C) INCONSISTENCIA DEL TÍTULO DE LA PREVIA RECLAMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN: ÉSTA NO PUEDE SINO DESESTIMAR LA DECISIÓN QUE, DESDE LA PERSPECTIVA ÚNICA SOBRE LA QUE PUEDEN JUZGAR– DE LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, LOS TRIBUNALES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS
SÓLO PUEDEN CONSIDERAR CORRECTA. EL ARGUMENTO DE LA JURISPRUDENCIA DEFRAUDA LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA

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