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Medidas cautelares y jurisdicción contencioso-administrativa. Problemática y soluciones

Medidas cautelares y jurisdicción contencioso-administrativa. Problemática y soluciones
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Las medidas cautelares que se solicitan en vía contencioso-administrativa, previstas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, son el centro de este trabajo, que también contiene referencias a su aplicación práctica en materias específicas. La mayoría de pleitos contencioso-administrativos se plantean con alguna solicitud de medida cautelar: es preciso saber formular su correcta solicitud, a la vez que conocer los criterios jurisprudenciales empleados al resolver.

Se pretende responder a preguntas como: desestimada una solicitud de medidas provisionales en vía administrativa, ¿se puede impugnar hasta acceder a la vía judicial?; si se solicita una medida cautelarísima ¿cabe pedir subsidiariamente su tramitación por el cauce ordinario?; existiendo medidas cautelares, una vez que se dicta sentencia que, a su vez, es objeto de recurso de apelación o casación, ¿procede solicitar su ejecución?; la dificultad o imposibilidad de prestar garantía ¿es equivalente a la creación de perjuicios de imposible o difícil reparación?

En extranjería, la designación como Abogado y Procurador del turno de oficio ¿habilita para solicitar medidas cautelares en vía judicial?; ¿cabe pedir medidas de signo positivo?. Cuando se trata de contratos públicos, el plazo de carencia a partir de la expedición de facturas o certificaciones, ¿se computa en días naturales o hábiles?; si hubiera sido preciso utilizar contratos como el de factoring, ¿tiene repercusión a la hora del cobro de la cantidad debida?; si el contrato se hubiera cedido a terceros, ¿quién está legitimado para reclamar su cobro?; ¿hay posibilidad de solicitar anatocismo?.

La publicación en un boletín oficial de una sanción impuesta, sin ser firme, ¿se considera un perjuicio irreparable?; si la sanción de suspensión de funciones recae sobre un funcionario en situación de incapacidad temporal, ¿cómo se aplica?.

Cuando se ha obtenido la suspensión del acto tributario recurrido en vía administrativa, ¿es preciso volverla a solicitar al recurrir judicialmente?; la garantía a prestar ¿debe coincidir exactamente con la cantidad reclamada por Hacienda?; suspendida una resolución tributaria, ¿cómo opera el instituto de la prescripción?

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