Nueva Oficina Judicial

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Sepin

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ISBN: 9788492666683
EAN: 9788492666683
Editorial: Sepin
Fecha de la edición: 20/01/2010
Nº Pág.: 128

Materias:

Derecho / Procesal / PROCESO CIVIL

Como hemos anticipado en nuestra parte de Actualidad, la importante modificación que ha supuesto la Oficina Judicial a través de las dos Leyes, Ley 13/2009 y Ley Orgánica 1/2009, ambas de 3 de noviembre, nos ha llevado a cambiar el formato de nuestro Cuaderno y a incluir un especial sobre la Reforma.

La primera de estas reformas se caracteriza por su amplitud. Contiene dieciocho artículos que suponen la modificación de casi una veintena de las principales leyes procesales de nuestro país. Centrándonos en el proceso civil, en su artículo quince, contiene hasta 380 apartados reformadores de otros tantos preceptos y disposiciones de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero. Dicha Reforma entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE. Esto es, el 4 de mayo de 2010, salvo el art. 23.3 de la citada norma rituaria civil (Disposición Final Tercera).

La segunda de las reformas, la Ley Orgánica 1/2009, efectúa una modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La misma está contenida en tres artículos (dividido el primero en veintidós apartados) y se autodenomina como complementaria de la Reforma anterior, véase de la reforma ordinaria, lo que no es del todo cierto ya que el núcleo central de la misma afecta a temas ajenos a las propias necesidades que dimanan de la nueva Oficina Judicial y que vienen referidos al Estatuto de Jueces y Magistrados, la justicia universal y la fijación de competencias de determinados órganos (AP y AN) o la provisión de plazas entre otros muchos. Esta Reforma entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, el 5 de noviembre de 2009 tal y como señala su propia Disposición Final.

Por último, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios (SP/LEG/5754), que modifica tanto leyes sustantivas de la LAU y de la LPH como procesales de la LEC 1/2000 reformando todos los artículos reguladores de los procesos arrendaticios.