Régimen Jurídico Administrativo de la Videovigilancia Policial de Espacios Públicos

5% dto.

Mª del Pilar Castro López

(0 Comentarios)
Comenta y valora este libro

Libro + E-Book

5% de descuento.

~~50,00 €~~

47,50 €

Sin Stock. Envío en 7/10 días

ISBN: 9788491909132
EAN: 9788491909132
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 18/03/2019
Colección: Monografías
Nº Pág.: 559

Materias:

Derecho / Administrativo / SEGURIDAD PRIVADA Y PÚBLICA

Colección: Monografías

La tensión entre seguridad ciudadana y derechos y libertades es una constante en la actuación de las Fuerzas de Seguridad, tensión que se agudiza con la incorporación de las nuevas tecnologías como medio para dotar de mayor eficacia a la acción policial en la lucha contra la delincuencia, en general, y ante el auge mundial del terrorismo islamista, en particular. El conflicto entre ambos bienes jurídicos es el eje que vertebra el régimen jurídico de la videovigilancia policial de espacios públicos, regulado en nuestro país por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, cuyo análisis exhaustivo centra el objeto de la presente obra. A fin de contextualizar el régimen jurídico interno de esta medida policial, debidamente encuadrado en el marco normativo internacional y europeo sobre la materia, la obra ofrece una exposición del desarrollo de las nuevas tecnologías de la vigilancia, así como de su origen y expansión a nivel mundial, deteniéndose igualmente en el análisis de los derechos fundamentales afectados, principalmente, los derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos personales. Todo ello sin olvidar la proyección del singular modelo policial español en la aplicación del régimen legal de la videovigilancia policial.

PRÓLOGO 13

ABREVIATURAS 19

PRESENTACIÓN 21
Capítulo I
LAS TECNOLOGÍAS DE LA VIGILANCIA: ORIGEN, DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL
1. La «sociedad de la información» como «sociedad de la vigilancia» 25
2. El desarrollo tecnológico de la videovigilancia 34
3. La praxis de la videovigilancia como fenómeno mundial: orígenes y evolución 39
3.1. La «cuna» de la videovigilancia: Reino Unido y Estados Unidos 40
3.2. La expansión de la videovigilancia a escala mundial 44
3.3. Orígenes y desarrollo de la praxis de la videovigilancia en España 48
4. El contexto socio-económico, político y teórico de la expansión de la videovigilancia 56
Capítulo II
DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS POR LA VIDEOVIGILANCIA
1. El artículo 18 de la Constitución como sede constitucional del núcleo básico de derechos concernidos por las actividades de videovigilancia: Consideraciones preliminares 74
2. El derecho a la intimidad 78
3. El derecho a la propia imagen 94
4. El derecho al honor 99
5. El derecho a la inviolabilidad del domicilio 104
6. El derecho al secreto de las comunicaciones 114
7. El derecho a la protección de datos personales 124
8. Otros derechos fundamentales concernidos por la actividad de videovigilancia policial 139
Capítulo III
LA REGULACIÓN DE LA VIDEOVIGILANCIA POLICIAL DE ESPACIOS PUBLICOS
1. La regulación de la videovigilancia en el Derecho internacional y comunitario a través de la protección de datos personales: las novedades en el ámbito comunitario 155
1.1. La labor del Consejo de Europa 155
1.2. La labor de la Unión Europea: la incidencia de la Directiva 2016/680, sobre protección de datos personales en los ámbitos policial y de la justician penal 162
2. La regulación de la videovigilancia en la Ley francesa de orientación y programación relativa a la seguridad y su posterior evolución 177
3. La regulación de la videovigilancia policial en España 188
3.1. La insatisfactoria situación inicial de orfandad legislativa 188
3.2. La fundamental incidencia de la Ley Orgánica 4/1997 203
3.3. La fragmentación en el desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997: una consecuencia necesaria del modelo policial español 212
Capítulo IV
EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA VIDEOVIGILANCIA
1. El elemento subjetivo: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habilitados 233
1.1. Las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado 236
1.2. Las funciones de las Policías autonómicas 239
1.3. Las competencias de los Entes locales en materia policial: las Policías locales 245
1.4. Conclusión sobre el elemento subjetivo: la necesidad de coordinación y cooperación policial en relación a la videovigilancia 260
2. El elemento locativo: lugares incluidos y lugares excluidos de la actividad de videovigilancia policial sujeta a la Ley Orgánica 4/1997 266
2.1. Lugares incluidos: el equívoco concepto de lugares públicos abiertos o cerrados 267
2.2. Lugares excluidos: el domicilio como ámbito especialmente prohibido 275
2.3. El supuesto especial de la utilización de videocámaras para la protección de inmuebles 281
3. El elemento teleológico: los fines de la videovigilancia policial 289
3.1. Las finalidades de la Ley Orgánica 4/1997 y los fines de la videovigilancia policial 289
3.2. La protección de la seguridad ciudadana como fin legitimador de la videovigilancia policial 292
3.3. La existencia de un peligro para la seguridad ciudadana como presupuesto fáctico habilitante para la utilización de las videocámaras 302
Capítulo V
RÉGIMEN DE LA AUTORIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS
1. La exigencia general de autorización administrativa 310
1.1. La administrativización del régimen de autorización de las videocámaras 311
1.2. Naturaleza jurídica del acto administrativo de autorización 316
2. Las Comisiones de Videovigilancia 318
2.1. La discutible presidencia judicial de las Comisiones de Videovigilancia 321
2.2. Composición y régimen de funcionamiento de las Comisiones de Videovigilancia 327
2.3. Funciones de las Comisiones de Videovigilancia 340
3. Los principios de utilización de las videocámaras: proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima 347
4. Peculiaridades del régimen de las instalaciones fijas de videocámaras 356
4.1. La competencia para otorgar la autorización de videocámaras fijas 357
4.2. El procedimiento para la autorización de videocámaras fijas 363
4.2.1. Iniciación del procedimiento 364
4.2.2. La instrucción del procedimiento 374
4.2.3. La resolución del procedimiento. Renovación y revocación de autorizaciones 377
5. Peculiaridades del régimen de las videocámaras móviles 384
5.1. El régimen ordinario de utilización de videocámaras móviles 386
5.1.1. La competencia para autorizar el uso de videocámaras móviles 386
5.1.2. El procedimiento para la autorización de videocámaras móviles 392
5.2. Régimen de urgencia de utilización de videocámaras móviles 397
5.3. Utilización simultánea de videocámaras fijas y móviles: un supuesto especialmente controvertido 404
Capítulo VI
RÉGIMEN DEL USO DE LAS GRABACIONES
1. Protección de datos personales y videovigilancia policial 409
1.1. El concepto de tratamiento de imágenes y sonidos en la Ley Orgánica 4/1997 411
1.2. La problemática remisión a la legislación de protección de datos personales 417
2. Los órganos responsables de la custodia y destino de las grabaciones 428
2.1. La indeterminación legal de los órganos responsables 428
2.2. Validez de la remisión normativa para la determinación de los órganos responsables 435
3. El destino de las grabaciones 440
3.1. Supuestos en que las grabaciones pueden ser utilizadas 440
3.2. La destrucción de las grabaciones como regla general 446
3.3. Supuestos de destrucción inmediata de las grabaciones 452
4. Reglas instrumentales para el cumplimiento del régimen del uso de las grabaciones 459
4.1. El deber de secreto 459
4.2. La prohibición de cesión, copia y manipulación de las grabaciones 470
4.3. Régimen sancionador en materia de videovigilancia policial 475
Capítulo VII
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN RELACIÓN A LA VIDEOVIGILANCIA POLICIAL
1. La información como presupuesto necesario para el ejercicio de los derechos de los afectados 488
1.1. El deber de información al público 491
1.2. Registros de instalaciones fijas de videocámaras 496
2. Derechos de acceso y cancelación en relación a las grabaciones 501
2.1. Régimen de ejercicio de los derechos de acceso y cancelación 502
2.2. Límites a los derechos de acceso y cancelación 512
CONCLUSIONES 523

BIBLIOGRAFÍA 533

ANEXO: JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 555