Colección: Los diez esenciales de Aranzadi Nº 6
Aborda desde la perspectiva jurídico-laboral el más extraordinario de los mecanismos procesales instituido en nuestro Ordenamiento Jurídico: la revisión de sentencias firmes por el primero de sus motivos: el acceso a documentos decisivos.
Análisis sobre los documentos en el proceso laboral
Valor probatorio de la documentación.
Estudio del carácter decisivo a efectos de suplicación, casación y revisión.
Alberto Novoa Mendoza es Abogado Laboralista y Profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la URJC.
Destinado a todos los operadores del Derecho: abogados laboralistas, Magistrados del Orden Social, Graduados sociales, Letrados de la Administración de Justicia, Autoridades Laborales, SSJJ del INSS y la TGSS. Responsables de Asesoría Jurídica corporativa, de RRLL, RRHH.
El estudio de investigación desplegado aborda desde una estricta perspectiva jurídico-laboral el más extraordinario de los mecanismos procesales instituido en nuestro Ordenamiento Jurídico: la revisión de sentencias firmes. En concreto se centra en el primero de los motivos previstos para la revisión, esto es, el acceso a documentos relevantes de los que no hubiese podido disponer la parte por causa de fuerza mayor o por voluntad de la parte que hubiese resultado beneficiada por la sentencia. La investigación aporta un desarrollo exhaustivo y riguroso de la institución procesal a partir del cual se ofrece una inédita conceptualización y conformación de instituciones procesales laborales de extraordinario valor práctico de carácter trasversal tales como la «decisividad» del documento y el juicio de «decisividad». Estamos ante un auténtico tratado sobre los documentos en el proceso laboral, su valor probatorio y sobre el modo de determinar su carácter decisivo a efectos de suplicación, casación y revisión.
I.El empleo público: introducción
1.¿Qué es lo que distingue al modelo de empleo público en un país?
2.¿Cuál es la complejidad territorial y funcional de la Administración Pública española?
3.¿Existe una “huida” del derecho administrativo hacia el derecho laboral y el derecho mercantil?
4.¿Existen distintos empleados públicos en las Administraciones Públicas?
5.¿Cuál es el sistema de fuentes en el empleo público?
6.¿Es constitucional la existencia de un régimen jurídico laboral en los empleados públicos?
7.¿Cuáles son los puestos de trabajo laborales en las Administraciones Públicas?
8.¿Pueden y deben coexistir personal funcionarial y laboral en los mismos puestos de trabajo?
II.La relación laboral especial de empleo público
9.¿Existe una relación laboral especial de empleo público para el personal laboral de las Administraciones Públicas? ¿Cuál es su ámbito de aplicación?
10.¿Cuáles son los principales problemas que plantea la relación laboral especial de empleo público?
11.¿Cuál es la normativa aplicable a la relación laboral especial de empleo público?
III.El acceso al empleo público laboral
12.¿En qué consiste el principio de igualdad de acceso al empleo público?
13.¿Cuáles son los principios rectores en la selección del personal laboral?
14.¿Cuáles son los requisitos para poder participar en los procesos selectivos?
15.¿Cuáles son los procesos o sistemas selectivos?
16.¿Es subsanable por una Administración Pública el incumplimiento de los principios de “capacidad, mérito y publicidad” en la contratación laboral?
17.¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de la anulación judicial del procedimiento selectivo por incumplimiento del “principio de igualdad de acceso al empleo público”?
18.¿Qué posibilidades de actuación tienen las ETTs en las Administraciones Públicas?
19.¿Qué problemas laborales plantean las reversiones administrativas?
IV.La contratación del personal laboral
20.¿Qué modalidades de contratación laboral se pueden utilizar en las Administraciones Públicas?
21.¿Qué diferencias existen entre la contratación por tiempo indefinido y la contratación de un “fijo-discontinuo”?
22.¿Cuáles son las modalidades de contratación temporal utilizables por las Administraciones Públicas?
23.¿En qué consisten los procesos de estabilización del empleo público temporal?
24.¿Qué otras posibilidades de contratación laboral temporal tienen las Administraciones Públicas?
25.¿Pueden utilizar los contratos formativos las Administraciones Públicas?
V.El teletrabajo en la Administración Pública
26.¿Es posible el teletrabajo en la Administración Pública?
27.¿Cuál es el régimen jurídico del teletrabajo en la Administración Pública?
28.¿Cuáles son las posibilidades de la negociación colectiva respecto del teletrabajo en la Administración Pública?
VI.La ordenación de la actividad profesional del personal laboral
29.¿Cuál es el sistema de ordenación de la actividad profesional del empleado público laboral?
30.¿En qué consiste la oferta pública de empleo?
31.¿Cuál es la clasificación profesional del personal laboral en las Administraciones Públicas?
32.¿Cómo se proveen los puestos de trabajo y cómo se regula la movilidad del personal laboral?
33.¿Cabe la modificación sustancial de las condiciones de trabajo del empleado público laboral?
34.¿Cómo se regula la carrera profesional y la promoción del personal laboral?
35.¿Cuáles son las situaciones del personal laboral y cómo se regulan las suspensiones contractuales?
VII.Los derechos individuales del personal laboral
36.¿Cuáles son los derechos individuales del personal laboral?
37.¿Cómo está regulado el tiempo de trabajo del personal laboral?
38.¿Cuál es la retribución del personal laboral?
39.¿Cuál es la regulación del derecho a la prevención de riesgos laborales?
VIII.Los deberes del personal laboral
40.¿Cuáles son los deberes del personal laboral de las Administraciones Públicas?
41.¿Cuáles son los “principios éticos”?
42.¿Cuáles son los “principios de conducta”?
IX.El régimen disciplinario
43.¿Dónde está regulado el régimen disciplinario del personal laboral?
44.¿Cuál es el alcance de la responsabilidad disciplinaria del personal laboral?
45.¿Cuáles son los principios de la potestad disciplinaria de la Administración Pública?
46.¿Cuáles son las faltas disciplinarias?
47.¿Cuáles son las sanciones disciplinarias?
48.¿Cuándo prescriben las faltas y sanciones?
49.¿Cuál es el procedimiento disciplinario?
50.¿En qué consisten las medidas provisionales?
X.La extinción del contrato
51.¿Cuáles son las especialidades de la extinción de la relación laboral especial de empleo público?
52.¿Qué peculiaridades tiene la extinción de los contratos de duración determinada?
53.¿Son posibles los despidos disciplinarios y los despidos objetivos improcedentes?
54.¿Son posibles los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y por fuerza mayor?
XI.Los derechos colectivos del personal laboral
55.¿Cuáles son los derechos colectivos del personal laboral?
XII.El derecho de representación ante la Administración
56.¿Cómo está regulada la representación unitaria del personal laboral?
57.¿Cómo está regulada la representación sindical del personal laboral?
XIII.El derecho de negociación colectiva
58.¿Cuál es la normativa reguladora de la negociación colectiva?
59.¿Cuáles son las peculiaridades de la negociación colectiva del personal laboral?
60.¿Cuál es la regulación de los planes de igualdad?
XIV.El derecho al planteamiento de conflictos colectivos
61.¿Caben los procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos colectivos en la relación laboral especial de empleo público?
XV.El derecho de huelga
62.¿Cuál es el régimen jurídico de la huelga?
XVI.El derecho de participación institucional
63.¿Tiene reconocido el personal laboral un derecho de participación institucional?
XVII.El derecho de reunión
64.¿Cómo está regulado el derecho de reunión del personal laboral?
XVIII.Conclusiones críticas
65.¿Cuáles son los principales problemas denunciables en el actual modelo de empleo público laboral?
XIX.Anexo bibliográfico
EPÍLOGO
ANTONIO V. SEMPERE NAVARRO
I.Los Diez Esenciales sobre las Relaciones laborales tras las reformas de 2021/2022
II.El Personal Indefinido No Fijo (PINF)
III.La interinidad (laboral) por vacante tras el RDL 14/2021
IV.La temporalidad en el sector público tras la Ley 20/2021 de 8 diciembre
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