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Libros > Derecho / Administrativo / FUNCION PÚBLICA - SECTOR PÚBLICO > El nuevo régimen jurídico del sector público

El nuevo régimen jurídico del sector público

El nuevo régimen jurídico del sector público
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La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público aspira a convertirse –al igual que su “ley pareja”, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- en uno de los “pilares sobre los que se asentará el Derecho Administrativo español”, según proclama el legislador en el Preámbulo.

La Ley 40/2015 es la primera ley de la “nueva” regulación general de la organización administrativa, porque sustituye el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas establecido en la Ley 30/1992 –derogado, por cierto, por la Ley 39/2015- y también el régimen jurídico del sector público estatal contenido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. La trascendencia jurídica –y también socioeconómica- de la nueva norma reguladora de la estructura organizativa y las relaciones ad intra del sector público español es evidente.

Pero no sólo es organización y funcionamiento interno lo que se establece en la Ley 40/2015. Sorprendentemente, también contiene el “nuevo” régimen jurídico básico de la potestad administrativa más incisiva para los ciudadanos: la potestad sancionadora; eso sí, la Ley 40/2015 lo “compensa” abordando el régimen jurídico-administrativo de la responsabilidad patrimonial del sector público: ambas constituyen materias esenciales del Derecho administrativo que, como acertadamente ha subrayado el prologuista y Catedrático de Derecho administrativo, Luis Cosculluela Montaner, no tienen precisamente “una pura signifi- cación meramente organizativa”.
CAPÍTULO 1. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público.

Pizarro Nevado, Rafael

1. Consideraciones generales

1.1. Por su contenido es una reforma poco ambiciosa

1.2. Una reprobable separación en dos textos legales

1.3. La controvertida atribución de competencia del Estado

2. Objeto de la LRJSP y contenido del Título preliminar

3. Ámbito subjetivo. El concepto de sector público en la LRJSP

3.1. Entes que integran el sector público

3.1.1. Las Administraciones Públicas

3.1.2. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas

3.1.3. Las Universidades públicas

3.2. Tratamiento de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos autonómicos análogos

3.3. Aplicación supletoria a otros entes administrativos

3.3.1. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal

3.3.2. Las Autoridades Portuarias y el Organismo Público Puertos del Estado

3.3.3. Las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social

3.3.4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria

3.3.5. El Centro Nacional de Inteligencia

3.3.6. El Banco de España

4. Los principios de actuación y de funcionamiento del sector público

5. La personalidad jurídica y el carácter vicarial de las Administraciones Públicas

6. Régimen de los órganos administrativos

6.1.Órganos y unidades administrativas

6.2. Atribución de competencias

6.2.1. Conflictos de atribuciones

6.2.2. Desconcentración

6.3. Técnicas de alteración del ejercicio de la competencia

6.3.1. Delegación de competencias

6.3.2. Avocación

6.3.3. Encomienda de gestión

6.3.4. Delegación de firma

6.3.5. Suplencia

6.4. Instrucciones y órdenes de servicio

6.5. Órganos colegiados

6.5.1. Normas aplicables a los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas

6.5.2. Normas aplicables a los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes

6.6. Órganos consultivos

6.7. Abstención y recusación

7. Principios de la potestad sancionadora

7.1. Principio de legalidad

7.2. Principio de tipicidad

7.3. Irretroactividad

7.4. Responsabilidad y culpabilidad

7.4.1. Principios de responsabilidad personal y de culpabilidad

7.4.2. Responsabilidad solidaria y subsidiaria

7.4.3. Otras consecuencias derivadas de la infracción

7.5. Principio de proporcionalidad

7.6. Prescripción de infracciones y sanciones

7.6.1. Prescripción de las infracciones

7.6.2. Prescripción de las sanciones

7.7. Concurrencia de sanciones. Non bis in idem

8. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

8.1. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

8.2. Responsabilidad por actos del Poder Legislativo

8.2.1. Responsabilidad declarada por una norma con rango de ley

8.2.2. Responsabilidad derivada de una ley declarada inconstitucional

8.2.3. Responsabilidad derivada de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea

8.3. Responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia

8.4. Responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional

8.5. Responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos

8.6. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas

8.7. Indemnización

8.8. Responsabilidad de Derecho Privado

8.9. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

9. Funcionamiento electrónico del sector público

9.1. Consideraciones generales

9.2. La sede electrónica

9.3. Portales de internet

9.4. Identificación y firma electrónica de las Administraciones Públicas

9.4.1. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas

9.4.2. La actuación administrativa automatizada

9.4.3. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas

9.4.4. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación

9.4.5. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica

9.5. Archivo electrónico de los documentos

10. Los convenios

10.1. Definición de la figura y objetivos de la reforma

10.2. Sujetos que pueden celebrar convenios

10.3. Objeto y fin de los convenios

10.4. Tipos de convenio

10.5. Contenido mínimo de los convenios

10.6. El control de los requisitos de validez de los convenios

10.6.1. Atención especial a las exigencias derivadas de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas

10.6.2. Trámites preceptivos para la suscripción de convenios

10.7. Eficacia y control del cumplimiento de los convenios

10.8. Extinción de los convenios

10.9. La adaptación de los convenios vigentes



CAPÍTULO 2. La Administración General del Estado

Galán Vioque, Roberto

1. Introducción

2. El tránsito de la Administración central del Estado a la actual Administración General del Estado

2.1. Las primeras transformaciones de la Administración estatal durante la transición política

2.2. Las primeras reformas administrativas en la Administración del Estado tras la culminación del proceso de constitución de las Comunidades Autónomas

2.3. La aprobación de las Leyes del Gobierno y de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado

3. La Administración General del Estado en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

3.1. La posición del Gobierno en la Administración general del Estado: la incompleta integración de la Presidencia del Gobierno dentro de la Administración General del Estado

3.2. La estructura organizativa de la Administración General del Estado

4. La organización central de la Administración General del Estado

4.1. Aspectos generales de la organización de los Departamentos ministeriales

4.2. Los órganos superiores

4.2.1. Los Ministros

4.2.2. Los Secretarios de Estado

4.3. Los órganos directivos

4.3.1. Los Subsecretarios

4.3.2. Los Secretarios generales

4.3.3. Los Secretarios generales técnicos

4.3.4. Los Directores generales

4.3.5. Los Subdirectores generales

5. Organización territorial de la Administración General del Estado

5.1. El mantenimiento de la estructura de la Administración periférica del Estado preexistente por parte de la nueva Ley de Régimen jurídico del Sector Público

5.2. Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas

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