El Recargo de Prestaciones en la Doctrina Judicial

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Romero Ródenas, Mª Jose

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ISBN: 9788496721999
EAN: 9788496721999
Editorial: Bomarzo
Fecha de la edición: 04/03/2010
Nº Pág.: 90

Materias:

Derecho / Trabajo y S.Social / SEGURIDAD SOCIAL

En esta obra se aborde un tema ciertamente complejo y que da lugar a una gran conflictividad judicial, cual es el relativo al recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad.

La perspectiva desde la que se afronta el tema objeto de estudio es la relativa a los pronuncamientos del Tribunal Supremo y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia recaídos en materia de recargo de prestaciones, por lo que se trata de una obra eminentemente práctica, que puede servir de ayuda a los operadores jurídicos, al facilitarles, de forma sistematizada, los criterios seguidos por la jurisdicción social en materia de recargo.

I. REGULACIÓN LEGAL, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL RECARGO
1. Antecedentes normativos y regulación vigente
2. Ámbito de aplicación personal del recargo. Su imposición a las Administraciones Públicas.
3. Naturaleza jurídica del recargo
3.1. El recargo como prestación sui generis de la Seguridad Social
3.2. El recargo como sanción administrativa
3.3. Naturaleza mixta o sui generis del recargo
3.4. Naturaleza indemnizatoria del recargo
3.5. Conclusión

II. REQUISITOS PARA LA IMPOSICIÓN DEL RECARGO
1. Existencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional
2. Reconocimiento de una prestación económica por causa del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. Supuesto excepcional del art. 201.3 LGSS.
3. Infracción acreditada de medidas generales o particulares en materia de seguridad y salud laboral.
3.1. Acreditación del incumplimiento empresarial
3.2. Existencia de infracción de medidas generales o particulares en materia de seguridad y salud laboral.
3.3. Manifestaciones de las obligaciones de seguridad y salud laboral cuya infracción puede dar lugar a la imposición del recargo de prestaciones.
3.3.1. Incumplimiento de obligaciones preventivas que han dado lugar a la imposición del recargo de prestaciones.
a) No evitación de los riesgos laborales en su origen
b) Inexistencia de evaluación de riesgos y de planificación de la actividad preventiva.
c) Vigilancia sobre la utilización de los medios de protección y el cumplimiento de las órdenes en materia de seguridad y salud laboral.
d) Vigilancia de la salud de los trabajadores. Los reconocimientos médicos.
3.3.2. Incumplimiento de obligaciones de protección que pueden dar lugar a la imposición del recargo.
a) No proporcionar a los trabajadores medios de protección individual adecuados.
b) Equipos de trabajo inadecuados
c) Falta de información sobre los riesgos del trabajo
d) Falta de formación suficiente y adecuada del trabajador
e) Inexistencia de las necesarias medidas de emergencia
f) No coordinación de las actividades empresariales cuando en un mismo centro desarrollan su actividad trabajadores correspondientes a varias empresas.
4. Relación de causalidad entre la infracción empresarial y el resultado lesivo
4.1. Supuestos de ruptura del nexo de causalidad que dan lugar a la exoneración de responsabilidad empresarial.
4.1.1. Ruptura del nexo causal por actuación del trabajador.
a) Imprudencia temeraria
b) Desobediencia del trabajador a las instrucciones u órdenes recibidas de la empresa.
c) Realización de trabajos por iniciativa propia, no ordenados por la empresa.
4.1.2. Ruptura del nexo causal por la actuación de un tercero
4.1.3. Inexistencia de responsabilidad empresarial cuando se trate de riesgo imprevisible, caso fortuito o fuerza mayor.

III. CUANTÍA DEL RECARGO Y CRITERIOS PARA SU IMPOSICIÓN
1. Órgano competente para cuantificar el porcentaje del recargo.
1.1. Vía administrativa
1.2. Vía judicial
2. Criterios seguidos por los Tribunales para cuantificar el importe del recargo
2.1. Criterios normativos mayoritarios tomados en consideración para calificar la gravedad de la falta conforme al art. 39.3 RD 5/2000.
a) Peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo.
b) Carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a las actividades realizadas.
c) Gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.
d) Número de trabajadores afectados
e) Falta de medidas de protección individual o colectiva adaptadas por el empresario y deficiencia en las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de riesgos.
f) Incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos de la Inspección de Trabajo o de otros funcionaríos públicos con competencias en materia de prevención de riesgos laborales.