El Reino unido. Un estado de naciones, una pluralidad de iglesias

Antes de realizar unas reflexiones sobre la obra que tengo el honor de prologar, denominada «El Reino Unido: un Estado de naciones, una pluralidad de Iglesias» deseo indicar que este estudio no es producto de una investigación cualquiera porque la misma parte de unos condicionamientos sociales, políticos y jurídicos extraños a nuestra identidad continental. Por tal motivo otros investigadores, siendo consecuentes con la idea de que hay que empezar por estudiar sólo aquello conocido, hubieran en un principio rechazado el tema por ser algo lejano y, al mismo tiempo, novedoso. Pero el Dr. García Oliva debido a su interés por la realidad británica —algo que demostró en su tesis de licenciatura centrada en los aspectos más sobresalientes de las relaciones entre el Estado y la Iglesia de Inglaterra— decidió emprender esta tarea de envergadura, aún a sabiendas de las dificultades que ella entrañaba. Su estancia durante tres años en el Reino Unido le han permitido conocer la realidad británica, es decir su sociedad, su cultura, su política y sus bases jurídicas. Al escribir este libro Javier demuestra su identidad como europeo occidental. Identidad que se evidencia fundamentalmente en sus posicionamientos jurídicos.
Si hubiera de pronunciarme sobre si nos encontramos frente a una obra de Derecho eclesiástico o de Derecho constitucional me sentiría inclinada por incluirla dentro de la segunda categoría. Esta respuesta podría resultar extraña desde la óptica del ordenamiento jurídico español, pero se justifica no sólo por el hecho de que en el capítulo primero el autor realiza un denso análisis sobre las instituciones británicas, demostrándonos su conocimiento del modelo constitucional del Reino Unido sino, fundamentalmente, porque Javier invita al lector a aproximarse al elemento religioso —factor imprescindible en la disciplina eclesiástica— desde la perspectiva del Derecho Público británico. Aunque como se desprende del contenido de la obra, la Iglesia de Inglaterra ha alcanzado a lo largo de las últimas décadas un innegable grado de autonomía respecto al Estado —por lo que sería impreciso calificarla como una Iglesia estatal— no cabe la menor duda que ésta constituye uno de los elementos integrantes del engranaje constitucional, razón por la cual en el caso de querer comprender la Constitución británica —no escrita—, realizar un estudio en profundidad de la posición jurídica de la Iglesia de Inglaterra se convierte en imprescindible. En mi opinión pues, esta obra pertenece al ámbito del Derecho constitucional, rama del ordenamiento jurídico británico que se encarga, entre otros muchos aspectos, de todo aquello referente a las relaciones entre las Iglesias y el Estado.
Despejada esta duda quiero dirigir mi atención a la personalidad del autor. Creo que la tarea realizada por Javier García Oliva se puede calificar de ambiciosa y rigurosa ya que no sólo se limita al tema referido en el título en sí mismo, sino que además abarca todo aquello que se relaciona con él, esto es, estudia un conjunto de normas y hechos de relevancia que actúan como elementos clarificadores para su comprensión. La claridad opera en esta obra como una autoexigencia y, muy cerca de ella, está la concisión, cualidades presentes que imprimen valor adicional. Javier ha elegido lo necesario, ha trazado los límites del campo temático objeto de la investigación y dentro de él, ha procedido con orden el tratamiento de todas las cuestiones relacionadas. Por otra parte, como era de esperar conociendo al autor desde que era alumno de la Facultad de Derecho de Cádiz, su modo de proceder ha estado presidido por la tenacidad del verdadero investigador que lleva consigo una escrupulosa vigilancia crítica.
Firme defensor de la democracia comprueba como en términos comparativos, el Reino Unido ha precedido a sus socios comunitarios en el afianzamiento de las instituciones democráticas, con independencia de la pervivencia de algunas figuras controvertidas que analiza con agudeza. No se limita a detenerse en lo que ha venido a calificar Grace Davie como la punta del iceberg del modelo de establishment en Inglaterra, sino que ha realizado un estudio en profundidad de la fórmula inglesa, analizando las relaciones entre el Estado y las Iglesias established/disestablished en el conjunto del Reino Unido. Se centra en las dos confesiones established de Inglaterra y Escocia (terminología ésta no unánimemente admitida para la última confesión), así como en sendas Iglesias disestablished en Gales e Irlanda del Norte.
Bajo el término establishment se refiere el autor a aquellas muestras y actitudes derivadas de la oficialidad de una determinada confesión reconocida como tal por los poderes públicos. Realidad que ha tenido lugar en Inglaterra y Escocia con el anglicanismo y el presbiterianismo respectivamente, con unas consecuencias negativas para otras confesiones diferentes. Ahora bien, esta posición ciertamente peculiar de un determinado credo religioso en el Reino Unido ha cambiado significativamente en los últimos tiempos. De la hostilidad hacia otros credos propia de la Reforma realizada por Enrique VIII, se ha pasado a un respeto hacia ellos por la creciente diversidad fideística del país. Respeto, que no se traduce, necesariamente, como sería de esperar en el siglo XXI, en una plena libertad religiosa, sino más bien en un binomio tolerancia-libertad, cuestión que se deduce del texto que prologo.
Con el vocablo disestablishment nos describe el proceso mediante el cual tanto la Iglesia en Gales como la de Irlanda dejaron de ser confesiones establihed u oficiales en sus respectivas naciones, produciéndose, como consecuencia, una atenuación significativa de sus vínculos con el Estado. Ahora bien, sería muy simple y no respondería a la verdad, afirmar que la posición jurídica de la Iglesia en Gales y la Iglesia de Irlanda desde el proceso de disestablishment en 1920 y 1870, respectivamente, ha sido idéntica a la de los restantes credos religiosos, como por ejemplo, católicos o metodistas. Pues aún permanecen, tanto en el ordenamiento estatal como en el interno de aquellas confesiones, vestigios de la fórmula existente con anterioridad al proceso de disestablishment. Por esta circunstancia, y constatado el hecho de que la regulación jurídica de ambas confesiones —la Iglesia en Gales y la de Irlanda—, es significativamente diversa de la de los restantes grupos religiosos con implantación en el Reino Unido, me parece de gran acierto y oportunidad haberlas incluido en este trabajo.
Pero Javier quiere más y, emprende también la tarea comparatista. Aunque para ser objetiva, creo necesario señalar que no ha pretendido llevar a cabo un macro estudio de Derecho comparado entre los ordenamientos británico y español, sino que su acercamiento a aquél responde a la inmediata necesidad de afrontar la realidad británica desde la perspectiva de quien se ha formado en el Derecho eclesiástico del Estado español con sus pautas y directrices. Además ha realizado un cotejo sistemático entre las distintas naciones que integran el Reino Unido, opción de gran valía para poder reflexionar sobre el tratamiento que se da legislativamente a temas comunes.
Sumamente interesante resulta la sistemática seguida porque el autor no duda incorporar un primer capítulo dedicado al Reino unido, en el que explica conceptos y relata la realidad jurídica británica, con el objeto de facilitar la comprensión desde la óptica española de su significado y alcance. También en esta línea de comprensión hace alusión, de manera específica, a la composición territorial del Estado, cuyo conocimiento concreto permite alcanzar una visión general del tema que trata. Abordar correctamente este tema exigía por sí mismo una redefinición de los términos utilizados, exigencia que cumple fielmente al explicar las diferencias entre Estado y nación, permitiendo con ello, sin lugar a dudas, hacer entender al lector desde el principio el fin perseguido con el título de la obra. Opta por emplear el término nación para referirse a Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Continúa de este modo la doctrina constitucionalista mayoritaria que las considera como naciones, separándose así de quienes opinan que el Reino Unido es una sola nación. Se detiene en el proceso de devolución competencial, el cual supuso la delegación de poderes por parte del Gobierno central al resto de las naciones del Reino Unido. Finaliza este capítulo con la distribución de poderes en el ordenamiento británico, citando todos y cada uno de los mismos, sus funciones y competencias.
Creo, en fin, que este primer capítulo constituye el núcleo de los demás, ya que resulta esencial para comprender conceptos y situaciones ajenas a la Europa continental y, además, sirve para preparar el camino necesario a fin de despejar las incógnitas que pudieran plantearse a lo largo de la lectura detallada de la obra que presento.
Obviamente mi misión aquí no es reproducir lo dicho por el autor, sin embargo creo oportuno detenerme, aunque sea brevemente, sobre lo que constituye su contenido. Debo decir que Inglaterra ocupa parte importante de la misma. Se realiza una magnífica descripción del escenario inglés a través de una serie de datos constatados fehacientemente y se detiene minuciosamente, consciente de la importancia y trascendencia del tema, en el modelo de establishment, al ser en esta nación británica donde la presencia del mismo ha suscitado mayores y abundantes controversias doctrinales. En referencia a ese aspecto refleja la vivacidad del debate doctrinal sociológico, teológico, histórico, filosófico y, naturalmente, jurídico, que se viene produciendo desde mediados del siglo XX. En su muestra de ese debate se inclina, fundamentalmente, por las doctrinas de Beckford y Davie en relación a la importancia del elemento fideístico en la sociedad actual.
El Dr. García Oliva subraya que el empeño por mantener la fórmula establishment, aun a riesgo de vulnerar la igualdad religiosa, no es una cuestión secundaria, máxime cuando miembros de otros credos religiosos distintos del anglicanismo, o simplemente no creyentes o agnósticos apoyan tal fórmula porque ayuda a los sectores más marginados de nuestra sociedad a tener una voz, y por ello creo que el debate sobre la misma permanecerá abierto en la sociedad inglesa.
Al objeto de comprender el alcance exacto de los vínculos entre el poder político y la Iglesia de Inglaterra, el autor realiza un breve repaso histórico a fin de explicar el significado de la confesionalidad en esa nación. Para buscar una respuesta a la vieja cuestión de los estrechos vínculos existentes se detiene en la oficialidad de la Iglesia, demostrada, fundamentalmente, por el hecho de que el Soberano es el gobernador supremo de la misma. Algo que el autor admite aunque no comparte. Pero lo que realmente le hace decir que se está ante «un arcaico residuo de la beligerancia anticatólica post-reformista» son las prohibiciones impuestas a la Corona, como la obligación que recae sobre el Monarca, cuando accede al Trono, de declarar que es un leal protestante y que nunca se reconciliarán ni él ni sus sucesores, con la Iglesia de Roma, y la imposibilidad de contraer matrimonio con una persona de religión católica. Prohibiciones que permanecen vigentes desde 1700.
En cualquier caso, tal como apunta el Dr. García Oliva preocupado en toda su investigación por el tema de la discriminación religiosa, si se mantienen las citadas prohibiciones, se deberían aplicar no sólo respecto a los católicos sino también en relación a todas aquellas personas que pertenecen a otras confesiones ya sean de raíz cristiana o no y es más, incluso debería extenderse a los ateos y agnósticos.
Ahora bien, lo cierto es que, a pesar de las críticas que se puedan realizar acerca del obstinado confesionalismo desde la óptica continental, por entenderse que evidencia claramente la injerencia del Poder político en las cuestiones religiosas, tal intervencionismo se puede justificar si se tiene en cuenta que los vínculos entre los poderes público y religioso están fundados en intereses compartidos entre la Iglesia y el Estado, y ninguna de las dos instituciones pretenden desentenderse de dichos intereses. Aspecto que no deja de ser curioso cuando en el resto de Europa impera la separación de ambos poderes, aún existiendo también cuestiones que afectan tanto al Estado como a la Iglesia y que la tradición canónica ha venido a denominar cuestiones mixtas.
Otro rasgo que caracteriza el modelo de establishment de la Iglesia de Inglaterra es el hecho de que determinadas dignidades de la misma sean miembros de pleno derecho en la Cámara de los Lores. Dicha presencia también ha sido objeto de debate en los últimos años, máxime cuando el Gobierno, nos dice el autor, al impulsar la reforma de la Cámara Alta, se comprometió a transformarla en una asamblea democrática y elegida por el pueblo.
En la búsqueda de más elementos fehacientes de los estrechos vínculos ya citados, el Dr. García Oliva bucea en la organización de la Iglesia de Inglaterra dedicándole un apartado significativo en su amplia investigación. Argumenta y asienta sus afirmaciones en textos jurídicos-eclesiales actuales, indicando que aquella no se ha desprendido totalmente de su origen católico. Así las similitudes entre las confesiones anglicana y católica en materia de estructura y organización favorece que determinados sectores en el seno del anglicanismo —los conocidos como anglo-católicos— apuesten por un fortalecimiento de los vínculos con Roma.
El autor realiza un amplio recorrido por la normativa de la Iglesia de Inglaterra, deteniéndose en aquellas normas que considera de mayor relieve y actualidad. Así hace hincapié en el procedimiento a seguir con the measures emanadas del Sínodo General, normas estas que han permitido que dicho órgano se haya consolidado como el verdaderamente legislativo y gubernativo anglicano en contraposición a las autoridades políticas. También con estas normas se pone de manifiesto la subordinación de la Iglesia a los poderes públicos porque, aunque tienen la misma eficacia que una ley parlamentaria, pudiendo enmendar o revocar leyes existentes, deben contar con la aprobación de las Cámaras parlamentarias —la de los Comunes y la de los Lores— y con el beneplácito real. Esta aprobación no consiste en un mero trámite, como podría pensarse, sino que en la realidad el Parlamento desempeña, en muchos casos, una labor activa, que se podría calificar de corte regalista. No sería una exageración afirmar que el Parlamento británico en pleno siglo XXI está aún enteramente legitimado para legislar sobre materias religiosas. Como argumento para justificar este proceder, sólo es posible pensar que la Iglesia de Inglaterra, siendo una confesión established, goza de numerosos y considerables privilegios y que, probablemente, este intervencionismo o intromisión es una lógica contrapartida al respecto.
Después de tratar aquellas Leyes del Parlamento que tienen naturaleza eclesiástica, por la íntima conexión entre el Estado y la Iglesia, se detiene el autor en los cánones y the quasi legislatio. Por otra parte, menciona the Human Rights Act de 1998 y hace patente su interés puesto que su entrada en vigor, lógicamente, ha tenido repercusiones en la organización interna de las confesiones religiosas y, naturalmente, en la relación de éstas con el Estado. Especialmente cautas en este aspecto se han mostrado tanto la Iglesia de Inglaterra como la de Escocia, pues dada su naturaleza pública pueden ser objeto de dicha ley, ya que, según establece la sección 6.ª de the Human Rights Act, quedarán sometidas a dicha ley, tanto las entidades públicas como las instituciones privadas que ejerzan funciones de naturaleza pública.
Esta circunstancia es de relevancia pues como consecuencia de ese sometimiento podría sostenerse que en los próximos años la controversia sobre el alcance exacto del prin