Protección penal de la seguridad en el trabajo

NOTA PRELIMINAR
PRÓLOGO
ABREVIATURAS
INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I ORIGEN Y CONCEPTO
1. Precedentes legislativos
2. Precisiones conceptuales

CAPÍTULO II LEGITIMACIÓN DE LA PROTECCIÓN PENAL DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1. «Sociedad del riesgo», bienes jurídico-penales supraindividuales y «delitos de peligro»
1.1. Tesis minimalista
1.2. Tesis maximalista
1.3. Toma de postura
2. Posiciones doctrinales en torno al bien jurídico-penal protegido en el delito contra la seguridad en el trabajo
2.1. Tesis individualista: vida, integridad física y salud de los trabajadores
2.2. Tesis colectivista: «seguridad en el trabajo»
2.3. Valoración crítica
3. Toma de postura
3.1. Introducción
3.2. Merecimiento de pena: «la seguridad en el trabajo» como un interés jurídico digno de protección penal
3.2.1. Dañosidad social
3.2.2. Referente individual
3.2.3. Consagración constitucional
3.3. Necesidad de pena: eficacia de los mecanismos extra-penales y de la intervención penal en el ámbito de la prevención de riesgos laborales
3.3.1. Introducción
3.3.2. Eficacia de los mecanismos extra-penales en materia de prevención de riesgos laborales
a) Rescisión contractual
b) Reparación civil del daño
c) Sanciones administrativo-laborales
d) Recargo de prestaciones
3.3.3. Eficacia de lege ferenda de la intervención penal en el ámbito de la prevención de riesgos laborales
3.3.4. Eficacia de lege lata de la intervención penal en el ámbito de la prevención de riesgos laborales
3.4. Toma en consideración de los principios político-criminales de intervención mínima, subsidiariedad y fragmentariedad en la protección penal de la seguridad en el trabajo

CAPÍTULO III CONFIGURACIÓN DEL DELITO CONTRA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO COMO UNA LEY PENAL EN BLANCO: «INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES»
1. Desarrollo tecnológico, ley penal en blanco y protección penal de bienes jurídico-penales supraindividuales
2. Delimitación jurídico-penal del concepto «infracción de las normas de prevención de riesgos laborales»
2.1. El bien jurídico-penal protegido como criterio de interpretación del término «infracción de las normas de prevención de riesgos laborales»
2.2. Normativa comunitaria y prevención de riesgos laborales
2.2.1. Introducción
2.2.2. La prevención de riesgos laborales en el marco de los Tratados Constitutivos de la Unión Europea
2.2.3. Incidencia del Derecho comunitario en la protección penal de la seguridad en el trabajo. Especial atención a las Directivas no transpuestas por el Estado español
2.3. Potestad reglamentaria y «creación de espacios de riesgo permitido» por parte de la Administración: su proyección en el marco del delito contra la seguridad en el trabajo
2.4. Negociación colectiva y protección penal de la seguridad en el trabajo
2.5. Normas técnico-jurídicas de industria y protección penal de la seguridad en el trabajo

CAPÍTULO IV RIESGOS LABORALES JURÍDICO-PENALMENTE RELEVANTES
1. Introducción
2. El riesgo permitido como criterio de determinación del riesgo típicamente relevante
2.1. Naturaleza jurídica del riesgo permitido
2.2. Riesgo permitido por adecuación social
2.3. Riesgo permitido por insignificancia
2.4. Riesgo permitido y consentimiento
2.5. Supuestos genuinamente incluidos en el marco del riesgo permitido
2.6. Criterios de determinación del riesgo permitido
2.6.1. Bien jurídico-penal protegido
2.6.2. Utilidad social
2.6.3. Infracción de las normas extra-penales
2.6.4. Principios político-criminales de intervención mínima, subsidiariedad y fragmentariedad
2.7. Riesgo permitido «laboral»
3. El deber extra-penal de seguridad como presupuesto del deber típicamente relevante
3.1. Naturaleza jurídica del deber extra-penal de seguridad
3.2. Fundamento del deber extra-penal de seguridad
3.3. Características del deber extra-penal de seguridad
3.3.1. Generalidad
3.3.2. Dinamicidad
3.3.3. Principalidad
3.3.4. ¿Medios o resultado?
3.4. Contenido del deber extra-penal de seguridad
3.4.1. Introducción
3.4.2. Deber de evaluación (art. 16 LPRL)
3.4.3. Deber de facilitar los equipos de protección individual (art. 17.2. LPRL)
3.4.4. Deber de garantizar la seguridad de las máquinas, herramientas e instalaciones (art. 17.1 LPRL)
3.4.5. Deber de información y formación (arts. 18 y 19 LPRL)
3.4.6. Deber de vigilancia de la salud (art. 22 LPRL)
3.4.7. Deber de paralización de la actividad laboral (art. 21 LPRL)
4. El deber de seguridad típicamente relevante: «no faciliten los medios de seguridad necesarios»
4.1. Introducción
4.2. Contenido típico del derogado art. 348 bis a) ACP
4.3. Alcance jurídico-penal del término «medios»
4.3.1. Posiciones doctrinales
4.3.2. Valoración crítica
4.3.3. Toma de postura
4.4. Relevancia jurídico-penal del incumplimiento de la obligación de exigir la efectiva utilización de los «medios» previamente facilitados
4.5. Valoración político-criminal de la intervención penal en el ámbito de la prevención de riesgos laborales Protección penal de la seguridad en el trabajo

CAPÍTULO V DETERMINACIÓN DEL TIPO SUBJETIVO EN EL DELITO CONTRA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO: ESPECIAL ATENCIÓN A LA INCRIMINACIÓN DE LA IMPRUDENCIA (ART. 317 CP)
1. Introducción
2. Argumentos «dogmáticos» en contra de la incriminación de la imprudencia en el delito contra la seguridad en el trabajo
2.1. EXCURSO: El dolo como conocimiento del riesgo típico
2.1.1. Su incidencia en la determinación del dolo en los «delitos de peligro»: «dolo de peligro», «dolo eventual de lesión» e «imprudencia consciente»
2.1.2. Su incidencia en la determinación del dolo en el delito contra la seguridad en el trabajo
2.1.3. A modo de conclusión
3. Argumentos político-criminales en contra de la incriminación de la imprudencia en el delito contra la seguridad en el trabajo
4. Limitada eficacia jurídico-penal del error en el ámbito de los delitos contra bienes jurídico-penales supraindividuales: su proyección en el marco del delito contra la seguridad en el trabajo

CAPÍTULO VI DETERMINACIÓN DE LA AUTORÍA EN EL DELITO CONTRA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1. Introducción
2. ¿Su configuración como un delito especial o como un delito consistente en la infracción de un deber extra-penal?
3. Delimitación del concepto «estando legalmente obligados»: ¿el «empresario» como «único» sujeto obligado a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores?
4. Incidencia del mecanismo de la delegación de competencias en la determinación de la autoría en el marco del delito contra la seguridad en el trabajo: la responsabilidad penal de los «servicios de prevención»
4.1. Delegación del control sobre los riesgos laborales y modelos de organización de la actividad preventiva
a) Asunción personal por el empresario
b) Designación de trabajadores de la empresa y creación de un servicio de prevención propio
c) Contratación de un servicio de prevención ajeno
4.2. Responsabilidad penal de los arquitectos técnicos en materia de prevención de riesgos laborales: ¿el arquitecto técnico como «cooperador necesario» del delito contra la seguridad en el trabajo?
5. Determinación de la autoría en el marco de las personas jurídicas: alcance jurídico-penal de la cláusula de «extensión de la autoría» establecida en el art. 318 CP
5.1. Primer inciso del art. 318 CP: su delimitación con respecto a la cláusula general de «extensión de la autoría» contenida
en el art. 31 CP
5.2. Último inciso del art. 318 CP: ¿«extensión de la autoría» a los representantes legales de los trabajadores y a los inspectores de trabajo?
6. Determinación de la autoría en los supuestos de «pluralidad de sujetos»
6.1. Delimitación de la responsabilidad penal en los supuestos de contratas y subcontratas: obligaciones del empresario principal y los contratistas y subcontratistas en materia de prevención de riesgos laborales (art. 24.3 LPRL)
6.2. Delimitación de la responsabilidad penal en relación a los trabajadores cedidos por una ETT a la empresa usuaria: obligaciones de las ETT’s y las empresas usuarias en materia de prevención de riesgos laborales (art. 28 LPRL)

LEGISLACIÓN CITADA
JURISPRUDENCIA CITADA
BIBLIOGRAFÍA CITADA