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Este Tratado ofrece un estudio sistemático, profundo y actualizado del régimen jurídico básico del sector público y del procedimiento administrativo común, con ocasión del décimo aniversario de la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015. A partir de la experiencia acumulada desde la obra colectiva publicada en 2017, la presente edición no se limita a una mera actualización, sino que replantea el enfoque, amplía el objeto de estudio e integra de forma armónica la normativa básica, la dogmática general y la administración digital.
Esta obra compila y ordena el conocimiento disponible sobre los elementos nucleares del Derecho administrativo básico y común, prestando atención tanto a las categorías conceptuales (potestad administrativa, acto, invalidez, inactividad, indefensión, procedimiento, etc.) como a los problemas prácticos que suscita su aplicación. Incorpora, además de las Leyes 39 y 40/2015, la normativa sobre transparencia y buen gobierno, así como la de subvenciones, ofreciendo una visión integrada de los grandes ámbitos de régimen jurídico básico y de los procedimientos administrativos comunes, tanto el general, como los especiales o singulares.
La obra se estructura en tres tomos: un primer volumen dedicado al encuadre normativo, los principios de actuación, la organización administrativa, la ciudadanía y los medios técnicos y jurídicos auxiliares; un segundo tomo centrado en el procedimiento administrativo común general; y un tercero que aborda la potestad reglamentaria, la transparencia y acceso a la información, la potestad sancionadora, la responsabilidad patrimonial y las subvenciones. Sus capítulos, elaborados por más de 70 especialistas de 38 universidades y entidades, constituyen auténticas monografías de madurez científica, con una cuidada selección de bibliografía y jurisprudencia esencial.
El resultado es un gran esfuerzo colectivo que aspira a ofrecer a todos los operadores jurídicos una herramienta rigurosa, sistemática y útil para interpretar y aplicar con solvencia el Derecho administrativo contemporáneo.
TOMO I
ENCUADRE. PRINCIPIOS. ORGANIZACIÓN. LA CIUDADANÍA. MEDIOS AUXILIARES
Prólogo 85
Francisco López Menudo
Relación de autores 93
Nota preliminar
Alcance y estructura de esta obra 99
Eduardo Gamero Casado
Abreviaturas y acrónimos 105
PRIMERA PARTE:
ENCUADRE, ESTRUCTURA NORMATIVA Y MARCO COMPETENCIAL
Introducción
Encuadre de las Leyes 40/2015 y 39/2015 en el acervo del derecho administrativo
Eduardo Gamero Casado
1. ANTECEDENTES: LA TRADICIÓN ESPAÑOLA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 114
2. La aprobación de las leyes 40/2015 y 39/2015 120
2.1. Microhistoria del procedimiento de aprobación de las Leyes 40/2015 y 39/2015 120
2.2. El cumplimiento de un programa de reformas como objetivo principal de estas leyes y las consecuencias derivadas de su atropellada aprobación 122
3. LOS TRES EJES DE LA REFORMA Y OTRAS NOVEDADES: REALIDAD Y MITO 128
3.1. El afán reordenador de las fuentes del Derecho administrativo y sus limitaciones 128
3.2. El impulso de la administración electrónica 131
3.2.1. Alcance real de los cambios. El principio de preferencia del medio electrónico 131
3.2.2. La omisión de medidas de “enforcement” (cumplimiento); los servicios básicos de administración electrónica 135
3.2.3. La situación actual: de la administración electrónica a la digital 137
3.3. El impulso de la simplificación administrativa 140
3.3.1. Panorámica de la simplificación administrativa en las Leyes 40/2015 y 39/2015: luces y sombras 140
3.2.2. Balance de la situación actual: el principio de simplificación administrativa, el procedimiento administrativo adecuado y la Administración facilitadora 143
3.4. Otras novedades y aportaciones destacables de las Leyes 40/2015 y 39/2015 150
4. LOS VACÍOS Y OMISIONES DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA DE PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO 152
Bibliografía citada 156
Capítulo I
La estructura de la legislación sobre régimen jurídico básico del sector público y procedimiento administrativo común y sus criterios de aplicación (ejercicio de potestades administrativas y encuadre en el sector público)
Eduardo Gamero Casado
1. LOS TÍTULOS COMPETENCIALES DEL ESTADO Y SU ARTICULACIÓN EN LAS LEYES 40/2015 Y 39/2015 165
1.1. Delimitación material de los títulos competenciales derivados del art. 149.1.18ª CE 165
1.2. Esquema de reparto según la materia: la diferente naturaleza jurídica de lo “básico” y lo “común” y su equivalencia funcional 173
1.3. La difícil disección de los títulos competenciales y las consecuencias de su fragmentación en normas diferentes: dos leyes siamesas que generan inseguridad jurídica 183
1.4. Reservas de ley en el régimen jurídico del sector público y el procedimiento administrativo común 187
1.5. Estructura sistemática de la legislación del procedimiento común 189
1.5.1. El contenido de la LPAC: un procedimiento común (general) y sus especialidades en materia de responsabilidad patrimonial y ejercicio de la potestad sancionadora 189
1.5.2. Los procedimientos comunes especiales o singulares establecidos en otras normas: procedimientos tributarios y subvencionales 191
1.5.3. El carácter supletorio de la LPAC en ciertas materias (DA 1ª): la desmembración del procedimiento administrativo común y la frustración del título competencial 200
1.5.4. Cuadro-resumen de la estructura normativa de los procedimiento comunes generales y especiales o singulares 201
1.5.5. Alternativa: familias de procedimientos administrativos según su naturaleza y sistematización de su normativa reguladora 202
2. EL EJERCICIO DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS COMO CRITERIO DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA O COMÚN 207
2.1. Las previsiones normativas respecto de la aplicación de la legislación administrativa básica y común al ejercicio de potestades administrativas por el sector público; cuadro-resumen del ejercicio de potestades por entidades del sector público 207
2.2. Delimitación de la potestad administrativa 214
2.2.1. Las tres manifestaciones del poder jurídico: potestad, poder jurídico acondicional y derecho adquirido 215
2.2.2. Las potestades públicas: concepto y delimitación con las potestades privadas 222
2.2.3. Entrecruzamiento orgánico de las potestades públicas y análisis específico de algunas de ellas. Las potestades públicas originarias 226
2.2.4. Otras potestades públicas distintas de la administrativa 228
2.3. Definición y notas conceptuales de la potestad administrativa 229
2.3.1. Definición de la potestad administrativa 229
2.3.2. Las potestades administrativas son un poder jurídico funcional, reconocido para la satisfacción del interés general 231
2.3.3. Subordinación a la ley. La potestad reglamentaria como potestad administrativa 236
2.3.4. Plena sujeción a control judicial. La tutela judicial efectiva 237
2.3.5. Inconcreción constitucional. Multiformidad 241
2.3.6. La potestad administrativa es un poder unilateral, lo que no implica necesariamente exorbitancia o ejercicio de autoridad 242
A) Unilateralidad (ejecutividad). La autotutela ejecutiva (ejecutoriedad) como potestad administrativa específica 242
B) Qué son prerrogativas, actos de autoridad, imperium o gravamen según la doctrina académica 249
C) Breve referencia a la potestad certifical, de constancia fehaciente y dación de fe pública 252
D) Elenco de funciones que suponen actos de gravamen o ejercicio de prerrogativas exorbitantes. Consecuencias 253
2.3.7. Generalmente, su ejercicio constituye un deber para su titular 255
2.3.8. Su atribución se articula mediante el principio de legalidad 258
2.3.9. Su ejercicio está sujeto a garantías de procedimiento, de distinta intensidad según la potestad que se ejerza. La participación sustantiva en un procedimiento administrativo supone el ejercicio de potestades administrativas 262
2.3.10. Su ejercicio puede corresponder tanto a sujetos públicos como privados. Necesaria distinción entre titularidad y ejercicio de potestades administrativas 265
2.4. El ejercicio de potestades administrativas en la interpretación y aplicación del art. 9.2 TREBEP 274
2.4.1. Interpretación restrictiva (auténtica y doctrinal), de los puestos reservados a funcionarios 274
2.4.2. La jurisprudencia del TJUE 278
2.4.3. La acogida expresa de dicha interpretación en la legislación autonómica y en el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado 281
2.4.4. Funciones que pueden desempeñar los empleados laborales 282
2.4.5. La vacilante jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el art. 9.2 TREBEP 285
A) De AMAYA, EGMASA, VAERSA e IDEA a TRAGSATEC e INECO; y vuelta a empezar 285
B) Síntesis de los criterios del Tribunal Supremo y el verdadero alcance de la hipertrofia del concepto de potestad administrativa: ¿qué son actividades técnicas, de apoyo o auxiliares, especialmente en la instrucción de procedimientos administrativos? 301
2.5. El retorno al Derecho administrativo. El Derecho administrativo como sistema de potestades administrativas 307
2.5.1. El ejercicio de potestades administrativas como criterio de aplicación del Derecho administrativo: el retorno al Derecho administrativo 307
2.5.2. El Derecho administrativo como sistema de potestades administrativas 311
2.5.3. La asimetría Derecho administrativo-Administración pública: la extensión del Derecho administrativo 316
2.5.4. El control judicial de las potestades administrativas 318
3. EL ENCUADRE EN EL SECTOR PÚBLICO COMO CRITERIO DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA: CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO SUBYACENTE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 320
3.1. El concepto de Administración pública subyacente en las Leyes 39 y 40/2015 320
3.2. La Administración como sujeto creado por el poder público para actuar en el giro o tráfico jurídico y económico. El sector público administrativo y la Administración pública en sentido estricto 325
3.2.1. Alcance del concepto 325
3.2.2. Deslinde entre la Administración y los restantes poderes y sujetos públicos 327
3.2.3. La personalidad jurídica como atributo necesario de la Administración pública 329
3.2.4. Administración pública en sentido amplio o lato (sector público institucional o administrativo) y Administración pública en sentido estricto 331
3.3. El régimen jurídico resultante 332
3.3.1. La Administración pública en sentido estricto se rige por un Derecho estatutario propio. Ha sido creada esencialmente para ejercer potestades administrativas. Personalidad de Derecho Público y de Derecho Privado 332
3.3.2. La Administración en sentido lato (todo el sector público institucional) se rige por el Derecho Administrativo cuando ejerce potestades administrativas, y se somete además —y en su conjunto— a los principios constitucionales que presiden el quehacer de la Administración 334
3.3.3. Acomodación del continente al contenido: libre elección de la forma de personificación, con pleno respeto a la naturaleza de la forma elegida 336
4. SÍNTESIS: EL DERECHO ADMINISTRATIVO COMO SISTEMA DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS; LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EN SENTIDO LATO) COMO ENTIDAD CREADA PARA CANALIZAR LAS RELACIONES DEL SECTOR PÚBLICO CON LA CIUDADANÍA 338
Bibliografía citada 340
SEGUNDA PARTE:
PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DEL SECTOR PÚBLICO
Capítulo II
Los principios constitucionales de funcionamiento de las Administraciones públicas
Marcos Vaquer Caballería
1. EL PRINCIPIALISMO EN EL DERECHO PÚBLICO ACTUAL: USO Y ABUSO 354
2. LA SÍNTESIS ENTRE ESTADO SOCIAL Y ESTADO DE DERECHO EN EL art. 103 DE LA CONSTITUCIÓN 361
3. LA LEGALIDAD, O EL SOMETIMIENTO PLENO A LA LEY Y EL DERECHO 366
4. EL SERVICIO A LOS INTERESES GENERALES 372
5. LA OBJETIVIDAD 383
6. LA EFICACIA EFICIENTE 387
Bibliografía citada 393
Capítulo III
Seguridad jurídica y manifestaciones conexas
Federico A. Castillo Blanco
1. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 397
1.1. El concepto de seguridad jurídica en la Constitución Española 400
1.1.1. La seguridad jurídica: valor o principio constitucional 402
1.1.2. La seguridad jurídica según la Constitución Española y el Tribunal Constitucional 405
1.2. Las manifestaciones del principio de seguridad jurídica: ¿un megaprincipio? 410
2. La buena fe 412
3. LA PROTECCIÓN DE CONFIANZA LEGÍTIMA 418
3.1. Su articulación y recepción por el derecho europeo 421
3.2. Los requisitos para la apreciación de una situación de confianza protegible en el ordenamiento jurídico español: ámbito no normativo 425
3.2.1. Situación protegible y actuación de la Administración pública 427
3.2.2. Actuación del sujeto y situación de éste 430
3.3. Los requisitos para la apreciación de una situación de confianza protegible en el ordenamiento jurídico español: ámbito normativo 432
4. RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS 438
4.1. La retroactividad de las normas jurídicas: Ley y Reglamento 440
4.2. La retroactividad de los actos administrativos 450
5. LA NECESARIA DISTINCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PRINCIPIOS QUE CONFORMAN LA SEGURIDAD JURÍDICA 451
5.1. La problemática planteada por la confianza legítima con relación a otros principios afines 452
5.2. La articulación de los distintos principios integrados en la seguridad jurídica: especial referencia a su delimitación en el ámbito del poder ejecutivo 457
Bibliografía citada 460
Capítulo IV
El principio y el derecho a la buena administración
Juli Ponce Solé
1. INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ ES TAN RELEVANTE LA BUENA ADMINISTRACIÓN HOY EN DÍA? 466
2. EL CONCEPTO DE BUENA ADMINISTRACIÓN: ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE BUENA ADMINISTRACIÓN (Y DE MALA ADMINISTRACIÓN)? 470
2.1. Sentido amplio e impreciso 471
2.2. Sentido estricto o técnico. La diligencia debida o debido cuidado 472
3. LA REGULACIÓN DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN: ¿DÓNDE ESTÁ REGULADA LA BUENA ADMINISTRACIÓN? LA FÓRMULA DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN: EL NIVEL DE DILIGENCIA EXIGIBLE 480
4. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN: PRINCIPIO, DERECHO…Y VALOR 485
5. ¿A QUIÉN SE APLICAN LAS EXIGENCIAS DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN? 488
6. ¿QUIÉN ES EL GUARDIÁN DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN? 489
6.1. El papel de los órganos judiciales y de los órganos de control: la declaración de los defensores del pueblo españoles de 2024 489
6.2. Los límites del control: evitación del sesgo retrospectivo y no imposición de exigencias no previstas por el ordenamiento jurídico 493
7. LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN COMO EJE DE LOS SISTEMAS DE INTEGRIDAD 495
7.1. La necesidad de infraestructuras de integridad y buena administración 495
7.2. El impulso del compliance público 496
7.3. La diferencia entre la buena administración y la transparencia y su relación en la prevención de la mala administración dolosa o culposa 497
7.4. La buena administración y los instrumentos y estrategias para la prevención de la corrupción y la mala administración negligente 499
7.4.1. Una buena función pública es imprescindible para una buena administración 499
7.4.2. Los conflictos de interés y la buena administración 502
7.4.3. Códigos éticos o de conducta y buena administración 503
7.4.4. Los informantes y la buena administración: Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción 503
7.4.5. Los grupos de interés y la buena administración. La huella normativa. El análisis de impacto de la corrupción 505
7.4.6. Revitalización (y aplicación efectiva) de los sistemas de control de calidad y de inspección de los servicios públicos que presta la administración 507
8. FINAL Y REMISIÓN: DIVERSAS EXPRESIONES DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN LAS RELACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES CON LAS PERSONAS Y EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 508
8.1. Buena administración, centralidad de las personas y principio pro homine 508
8.1.1. Derechos sociales, servicios públicos y servicios de interés general 509
8.1.2. Administración digital e inteligencia artificial: la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2025 en relación con el denominado caso BOSCO 511
8.1.3. Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos y buena administración 513
8.2. Procedimiento administrativo, derechos y buena administración 514
8.2.1. Derechos de las personas y de los interesados y buena administración 515
8.2.2. Simplicidad procedimental y chapapote (sludge) administrativo 515
8.2.3. El “derecho al error” 516
8.2.4. Instrucción y buena administración 517
8.2.5. Terminación del procedimiento 519
8.2.6. Motivación 519
8.2.7. Notificaciones administrativas 519
8.2.8. Recursos administrativos y revisión de oficio 519
8.2.9. Buena administración y procedimientos sectoriales 520
8.2.10. Margen de mejora bajo la perspectiva de la buena administración 522
Bibliografía citada 524
Capítulo V
Principios de actuación de las Administraciones Públicas: un análisis desde el nuevo paradigma de la gobernanza robusta
Carles Ramió Matas
Miquel Salvador Serna
1. INTRODUCCIÓN 529
2. SERVICIO EFECTIVO A LOS CIUDADANOS 534
3. SIMPLICIDAD, CLARIDAD Y PROXIMIDAD A LOS CIUDADANOS 536
4. PARTICIPACIÓN, OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 539
5. RACIONALIZACIÓN Y AGILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 544
6. RESPONSABILIDAD POR LA GESTIÓN PÚBLICA 548
7. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN POR OBJETIVOS, CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 551
7.1. Planificación, dirección por objetivos y control de gestión 552
7.2. Evaluación de los resultados de las políticas públicas 557
8. EL ESLABÓN PERDIDO I: GOBERNANZA DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SU EVALUACIÓN 560
9. EL ESLABÓN PERDIDO II: LA DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL COMO INSTRUMENTO CLAVE PARA IMPULSAR ESTOS PRINCIPIOS 567
10. REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN 573
Bibliografía citada 574
Capítulo VI
Principios de intervención de las Administraciones Públicas
Manuela Mora Ruiz
1. CONSIDERACIONES PREVIAS 577
2. INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: LA ARTICULACIÓN DE UN MODELO DE CONTENCIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN 584
2.1. Intervención administrativa y ordenación de derechos y actividades (económicas) al amparo de la libertad como valor estructural 584
2.2. Libertad y proporcionalidad: buena regulación y revisión de los títulos habilitantes en clave de simplificación administrativa 599
2.2.1. El proceso de simplificación administrativa como fundamento diverso de la intervención mínima, proporcionada y necesaria de la Administración 599
2.1.2. Notas esenciales del principio de proporcionalidad aplicado a la actividad administrativa: evolución, tecnificación del principio y proyección sobre la intervención de actividades 606
3. PRINCIPIO DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DEL MERCADO E INTERVENCIÓN DE CARÁCTER MÍNIMO 618
4. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS COMO CONTRAPESO EN LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA 624
4.1. Aspectos generales del principio de precaución respecto del modelo de intervención 625
4.2. Operatividad del principio 629
Bibliografía citada 631
TERCERA PARTE
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
LAS ENTIDADES
Capítulo VII
El sector público administrativo
Ricardo Rivero Ortega
1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: EFICACIA, JERARQUÍA, COORDINACIÓN, DESCONCENTRACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN 641
1.1. El principio de eficacia 643
1.2. El principio de jerarquía 644
1.3. El principio de coordinación 646
1.4. El principio de descentralización 649
1.5. El principio de desconcentración 650
2. NOCIONES GENERALES DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL O TERRITORIAL Y ENTIDADES INSTRUMENTALES O ADMINISTRACIONES ESPECIALIZADAS 651
3. TIPOLOGÍA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO (ARTÍCULO 2.1 LRJSP) Y LA CONSIDERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (art. 2.3 LRJSP) 652
4. LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 656
Bibliografía citada 657
Capítulo VIII
El sector público institucional
Encarnación Montoya Martín
1. INTRODUCCIÓN 659
2. LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: UNA LEY TRAMPANTOJO 664
2.1. El objeto. La D. Final Decimocuarta o de la inexactitud de los títulos competenciales que invoca el Estado 665
2.1.1. Doctrina del TC sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, art. 149.1.18 CE 666
2.1.2. Bases y coordinación general de la planificación general de la actividad económica y hacienda pública general, art. 149.1.13 CE 668
2.1.3. Hacienda general y Deuda del Estado, art. 149.1.14 CE 670
2.2. La doctrina del TC sobre las personificaciones instrumentales 671
2.3. Antecedentes: el ámbito subjetivo de aplicación de la LRJPAC de 1992. El concepto de Administración pública como eje vertebrador 676
2.4. El sector público como ámbito subjetivo de aplicación de la LRJSP: una novedad relativa 679
2.4.1. El concepto básico de “sector público institucional”: amplitud e imprecisión 682
2.4.2. Las entidades de derecho privado como parte del sector público institucional: la atribución del ejercicio de potestades administrativas 686
A) Concepto de potestad administrativa 695
B) La jurisprudencia sobre el ejercicio de potestades administrativas por sociedades mercantiles públicas 701
2.5. Régimen de supervisión continua e inscripción en el inventario de entidades del Sector Público estatal autonómico y local como núcleo del régimen básico del sector público institucional 709
3. EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL 713
3.1. Algunas cuestiones a destacar 714
4. EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN CIFRAS 727
5. CONCLUSIONES 731
Bibliografía citada 733
Capítulo IX
Los consorcios administrativos
Francisco Toscano Gil
1. PLANTEAMIENTO 737
2. DOS CUESTIONES PREVIAS ACERCA DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE LOS CONSORCIOS REALIZADA POR LA LRJSP 741
2.1. La aplicación de la LRJSP a los consorcios administrativos 741
2.1.1. Preceptos de carácter básico 742
2.1.2. Excepciones 743
2.2. Valoración del alcance de la reforma del régimen de los consorcios administrativos introducida por la LRJSP 746
3. La naturaleza jurídica del consorcio 749
4. La Composición del consorcio 754
4.1. La integración en el consorcio de entidades del sector público institucional 754
4.2. La integración en el consorcio de entidades privadas no vinculadas al sector público 756
5. Objeto y funcionalidad DEL CONSORCIO 758
6. LAS FUENTES DEL Derecho DEL consorcio 761
6.1. Acerca de la vieja polémica sobre la consideración del consorcio local como entidad local: implicaciones sobre el Derecho por el que se rige el consorcio 761
6.2. Las fuentes del Derecho del consorcio según la LRJSP 764
7. La adscripción DEL CONSORCIO 768
7.1. La adscripción del consorcio a una Administración Pública 768
7.2. Los criterios que determinan a qué Administración se adscribe el consorcio 769
7.3. Las consecuencias jurídicas de la adscripción 772
7.4. Las excepciones al régimen de la adscripción 774
8. EL personal DEL CONSORCIO 775
8.1. Regulación aplicable a todos los consorcios administrativos 775
8.2. Regulación específica de los consorcios locales 777
9. Régimen PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD, CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO Y PATRIMONIAL DEL CONSORCIO 779
10. La Creación del consorcio 781
10.1. Normas aplicables a todos los consorcios administrativos 781
10.2. Normas aplicables solo a los consorcios locales 782
10.3. Normas aplicables solo a los consorcios participados por entidades estatales 784
11. EL Contenido mínimo de LOS estatutos DEL CONSORCIO 785
12. LA ORGANIZACIÓN DEL CONSORCIO: EN PARTICULAR, LA LIMITACIÓN AL NÚMERO DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO LOCAL 786
13. La Separación de LOS miembros DEL CONSORCIO y su extinción 789
13.1. La separación de los miembros del consorcio 790
13.2. La disolución, liquidación y extinción del consorcio 795
13.3. La supervisión de la pervivencia del consorcio 797
14. LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO A LA LRJSP 798
Bibliografía citada 800
SECCIÓN SEGUNDA
RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
Capítulo X
Marco general de las relaciones interadministrativas
Íñigo Sanz Rubiales
1. PRINCIPIOS GENERALES 805
1.1. Introducción: la necesidad de esta regulación 805
1.2. Deslinde: relaciones excluidas de este estudio 807
1.2.1. Las relaciones Administración-administrados 808
1.2.2. Las relaciones de “control” y conflictuales 809
1.2.3. Relaciones convencionales y contractuales 810
1.2.4. Relaciones electrónicas entre Administraciones 810
1.3. Los principios generales de las relaciones entre Administraciones públicas 811
1.4. Un análisis sistemático de los principios aplicables 812
1.4.1. Lealtad institucional 813
1.4.2. Colaboración-cooperación 814
1.4.3. Adecuación al orden de distribución de competencias 815
1.4.4. Coordinación 815
1.4.5. Eficiencia 817
1.4.6. Responsabilidad 819
1.4.7. Solidaridad interterritorial 820
2. DEBER DE COLABORACIÓN Y TÉCNICAS DE ARTICULACIÓN 820
2.1. El deber de colaboración: contenido y alcance 820
2.2. Las denominadas “técnicas de colaboración”: el objeto de la colaboración 824
2.2.1. El suministro de información 825
2.2.2. La colaboración dirigida a facilitar la información a los ciudadanos 826
2.2.3. La creación de una Plataforma Digital de Colaboración interadministrativa 826
2.2.4. El deber de asistencia y auxilio 827
3. TÉCNICAS DE COOPERACIÓN 828
3.1. Cooperación: criterios generales. Las diferencias entre el deber de colaboración y el deber de cooperación 828
3.2. Las técnicas de cooperación 829
3.2.1. Técnicas orgánicas 829
3.2.2. Técnicas funcionales 831
3.2.3. Técnicas residuales: en especial, prestación de servicios y cesión de uso o titularidad de bienes 834
3.3. La formalización de las relaciones de cooperación: acuerdos de órganos de cooperación (remisión en cuanto a los convenios interadministrativos) 835
3.3.1. La conferencia de presidentes 836
3.3.2. Las conferencias sectoriales 837
A) Origen y antecedentes 837
B) Composición. Órganos auxiliares 838
C) Funcionamiento 841
D) Naturaleza jurídica compleja 846
3.3.3. Comisiones bilaterales de cooperación (art. 153) 847
3.3.4. Comisiones territoriales de coordinación (art. 154) 848
3.3.5. Los convenios interadministrativos (remisión) 850
Bibliografía citada 851
Capítulo XI
Relaciones interadministrativas por medios electrónicos. Interoperabilidad
Rubén Martínez Gutiérrez
1. PLANTEAMIENTO GENERAL 855
2. LA INTEROPERABILIDAD COMO NUEVO PRINCIPIO 857
2.1. El concepto de interoperabilidad 857
2.2. La interoperabilidad como nuevo principio jurídico del procedimiento administrativo y del modelo de e-Administración 863
2.3. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Análisis del reglamento 866
2.4. El Reglamento sobre la Europa Interoperable 872
2.4.1. Estructura y contenidos 872
2.4.2. En especial, los espacios controlados de pruebas 874
3. EL INTERCAMBIO DE DATOS Y DOCUMENTOS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 878
3.1. La regulación del intercambio electrónico de datos entre AAPP 878
3.2. Las redes de intercambio de datos entre AAPP. En especial la Red SARA y la Red TESTA 883
3.3. Las utilidades del intercambio electrónico de datos entre AAPP desde la perspectiva de la gestión documental y la presentación de solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones 887
3.4. La incidencia de la protección de datos de carácter personal en la gestión documental interoperable. Especial referencia al acceso automatizado al dato mínimo necesario. Breve referencia al Reglamento General UE de Protección de Datos 889
4. LA REUTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ENTRE AAPP 892
4.1. El significado de la reutilización y transferencia de tecnología 892
4.2. La obligación de transferencia y reutilización de tecnología interoperable y segura 894
4.3. Los Directorios de aplicaciones interoperables y seguras susceptibles de transferencia y reutilización 896
5. PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª DE LA LPAC 897
5.1. La regulación de la DA 2ª de la LPAC 897
5.2. La STC 55/2018, en su interpretación de la DA 2ª de la LPAC 899
Bibliografía citada 900
SECCIÓN TERCERA
LOS ÓRGANOS
Capítulo XII
Los órganos administrativos
Julián Valero Torrijos
1. Perspectiva jurídica de la organización administrativa: algunas premisas conceptuales 905
1.1. La potestad organizatoria y su incidencia sobre el régimen jurídico de los órganos administrativos 905
1.2. Consecuencias jurídicas de la distinción entre órganos, unidades administrativas y puestos de trabajo 906
1.3. El concepto legal de órgano administrativo 909
1.4. ¿Qué ha de entenderse por órgano colegiado? De la discutible regulación legal a la diversidad de criterios doctrinales 911
2. La tipología de órganos colegiados y su proyección sobre el régimen jurídico aplicable 916
2.1. La integración del órgano en una Administración Pública 916
2.2. Los intereses presentes en el seno del órgano y su representación 918
2.3. La singularidad de los órganos colegiados de naturaleza política 919
3. La estructura y composición de los órganos colegiados 920
3.1. La Presidencia 920
3.2. La Secretaría 929
4. El funcionamiento de los órganos colegiados. Especial referencia al uso de medios electrónicos 933
4.1. Las reglas esenciales para la formación de la voluntad colegiada y su limitada proyección sobre la validez de las decisiones del órgano 933
4.2. La convocatoria como premisa inexcusable para la válida constitución del órgano 939
4.3. Las condiciones jurídicas y técnicas para la celebración de las sesiones 945
4.4. La adopción de los acuerdos a través de la formulación del voto por parte de los miembros 949
4.5. La documentación de la sesión colegiada 954
Bibliografía citada 958
Capítulo XIII
Las competencias de los órganos administrativos y sus alteraciones
Manuel Izquierdo Carrasco
1. OBJETO, VISIÓN GENERAL Y TÍTULO COMPETENCIAL 962
1.1. Objeto y visión general 962
1.2. Título competencial estatal que fundamenta esta regulación. Crítica 963
2. LA COMPETENCIA: NOCIÓN Y CUESTIONES GENERALES 965
2.1. Concepto 965
2.2. Elementos material, finalista, funcional y temporal de la competencia. El territorio 968
2.3. Con efectos jurídicos ad intra y ad extra 970
2.4. La escasa utilidad de la distinción entre funciones jurídicas y materiales 970
2.5. El instrumento jurídico válido para la atribución de competencias 972
2.5.1. La atribución de competencias concretas al órgano por Ley o reglamento 972
2.5.2. Cláusula legal de atribución de competencia al órgano para los supuestos de atribución genérica de competencias a la Administración 974
2.6. Modelos de reparto en el seno de la estructura administrativa 976
3. LOS PRINCIPIOS DE IRRENUNCIABILIDAD DE LA COMPETENCIA Y DE SU EJERCICIO DIRECTO POR EL TITULAR 977
3.1. El principio de irrenunciabilidad de la titularidad de la competencia 979
3.2. La desconcentración: de principio jurídico organizativo a técnica de alteración de la titularidad de la competencia 981
3.3. El principio de ejercicio directo de la competencia por el órgano que la tiene atribuida 985
4. LA DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE 985
4.1. Los denominados conflictos de atribuciones y la funcionalidad del art. 14 LRJSP 985
4.2. Criterio para distinguir los conflictos de atribuciones de los conflictos de competencia 986
4.3. Actuaciones o facultades que pretenden facilitar la determinación del órgano competente sin que surja una efectiva situación de conflicto 987
4.3.1. Ámbito de aplicación de los apartados 1 y 2 del art. 14 LRJSP 987
4.3.2. La facultad del órgano de remitir las actuaciones al órgano que considere competente 988
A) Análisis del art. 14.1 LRJSP 988
B) Efectos jurídicos de la remisión de actuaciones 991
4.3.3. La silenciada facultad del órgano de requerir a otro su inhibición 992
4.3.4. Las facultades de los interesados 992
4.4. Exclusión que conecta con los presupuestos jurídicos para la existencia de un conflicto 993
5. LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS INTRADMINISTRATIVA: ALTERACIÓN EN EL ÓRGANO QUE EJERCE LA COMPETENCIA, PERO NO EN LA TITULARIDAD 994
5.1. Concepto y clases 994
5.2. Naturaleza jurídica del acuerdo de delegación: acto administrativo versus reglamento 997
5.3. Elementos subjetivos 1000
5.3.1. El órgano delegante 1000
A) La titularidad de la potestad para delegar 1000
B) Naturaleza jurídica de la potestad para delegar 1002
C) ¿Quién puede ser delegante? 1003
5.3.2. El órgano o ente delegado 1004
5.3.3. El órgano que, en su caso, debe aprobar previamente la delegación 1007
5.4. Elementos objetivos 1007
5.4.1. Se delegan competencias, aunque no necesariamente resolutorias 1007
5.4.2. Competencias que no pueden delegarse 1008
5.4.3. En especial, la delegación de la competencia sancionadora 1010
5.4.4. La difícilmente comprensible previsión del art. 9.5, párr. 2º LRJSP 1011
5.5. Elementos formales 1012
5.6. Efectos jurídicos 1014
5.6.1. Efectos jurídicos vinculados con la permanencia de la titularidad en el órgano delegante 1015
5.6.2. Naturaleza temporal de la delegación 1017
5.6.3. Delegación y procedimientos iniciados 1018
5.6.4. Extinción 1019
6. LA AVOCACIÓN: INSTRUMENTO DE ACTIVACIÓN DE UNA COMPETENCIA COMPARTIDA 1020
6.1. Concepto y naturaleza. A vueltas sobre la titularidad de la competencia 1020
6.2. Clases: avocación propia e impropia 1023
6.3. Elementos subjetivos 1024
6.3.1. El órgano avocante: los “órganos superiores” 1025
6.3.2. La potestad para avocar: alcance e iniciativa para su ejercicio 1026
6.3.3. El órgano avocado 1028
6.4. Elementos objetivos 1028
6.5. Elementos formales 1030
6.6. Efectos jurídicos 1031
7. INSTRUMENTOS QUE SUPONEN UNA MODIFICACIÓN EN LAS CIRCUNSTANCIAS MATERIALES DEL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA, PERO SIN CAMBIO EN EL ÓRGANO QUE LA EJERCE 1032
7.1. La delegación de firma 1032
7.1.1. Concepto: su vinculación con el ejercicio verbal de las competencias 1032
7.1.2. Elementos subjetivos 1035
7.1.3. Elementos objetivos 1036
7.1.4. Elementos formales 1038
7.1.5. Efectos jurídicos 1039
7.2. Suplencia 1040
7.2.1. Concepto 1040
7.2.2. Supuestos en los que procede. En especial, la abstención y la recusación 1040
7.2.3. La designación del suplente 1041
7.2.4. Elementos formales 1042
7.2.5. Efectos jurídicos 1043
7.3. La encomienda de gestión 1044
7.3.1. Concepto 1044
7.3.2. Naturaleza jurídica diversa en función del supuesto 1045
7.3.3. Elementos subjetivos 1050
7.3.4. Elementos objetivos 1053
A) Delimitación positiva: actividades de carácter material o técnico y las decisiones interlocutorias. En particular, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el encargo de la tramitación de procedimientos administrativos 1053
B) Delimitación negativa: una interpretación correctora del art. 11.1, párr. 2 1059
C) Necesidad de motivación 1060
7.3.5. Elementos formales 1060
A) Las encomiendas intradministrativas 1060
B) Las encomiendas interadministrativas 1063
7.3.6. Efectos jurídicos 1063
Bibliografía citada 1065
CUARTA PARTE
LA CIUDADANÍA
Capítulo XIV
Actuación de los ciudadanos
Juan Antonio Carrillo Donaire
1. EL INTERESADO, SU CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN 1071
1.1. Alcance general de los conceptos de capacidad, condición de interesado y legitimación en el ámbito del procedimiento administrativo 1071
1.1.1. Capacidad jurídica y capacidad de obrar 1071
1.1.2. El concepto de interesado y su legitimación para el ejercicio de derechos subjetivos e intereses legítimos 1073
1.1.3. En especial, la legitimación para entablar acciones y recursos 1077
1.2. Alcance y régimen jurídico de la representación 1080
1.2.1. La representación en el procedimiento administrativo 1080
1.2.2. Representación y apoderamiento electrónico 1082
1.2.3. Los registros de apoderamientos 1085
2. LOS DEBERES DE COLABORACIÓN Y DE COMPARECENCIA 1090
Bibliografía citada 1093
Capítulo XV
Derecho de acceso a la información pública
Emilio Guichot
1. Panorámica internacional y contexto fundacional de la transparencia en España. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 1097
1.1. El sentido de la transparencia y el acceso a la información 1097
1.2. El panorama internacional 1098
1.3. El contexto fundacional de la transparencia en España 1099
1.4. La competencia para regular la transparencia y el acceso a la información 1101
1.5. Delimitación del objeto de estudio 1103
2. LA NATURALEZA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL DESBORDAMIENTO DE LA BASE COMPETENCIAL EMPLEADA POR EL LEGISLADOR ORDINARIO POR LA DEMANDA SOCIAL DE TRANSPARENCIA: SU PLASMACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A SU CUMPLIMIENTO 1104
2.1. Las posiciones doctrinales 1104
2.2. La opción gubernamental por una ley ordinaria de desarrollo del artículo 105.b) de la Constitución 1105
2.3. Su consideración en la jurisprudencia española 1107
2.4. Toma de posición 1110
2.5. La inconsistencia entre la base competencial elegida por el legislador y el elenco de sujetos obligados 1114
3. TITULARIDAD 1120
4. OBJETO 1120
4.1. Definición positiva 1120
4.2. Definición negativa: las causas de inadmisión 1121
5. Límites 1129
5.1. Aspectos generales 1129
5.1.1. La necesaria existencia de límites 1129
5.1.2. El listado de límites y su abstracción 1130
5.1.3. Posibles excesos o defectos en el listado de límites 1130
5.1.4. El carácter cerrado del listado de límites y el valor de las cláusulas de reserva o confidencialidad previstas en leyes sectoriales 1131
5.1.5. Carácter básico del listado de límites 1138
5.1.6. Los criterios de aplicación de los límites: el test del perjuicio y el test de la ponderación 1139
5.2. Los límites al derecho de acceso y su clasificación 1142
5.2.1. Límites encaminados a la salvaguarda de intereses públicos 1143
5.2.2. Límites dirigidos a garantizar la efectividad o integridad de las actuaciones administrativas y judiciales 1145
5.2.3. Límites relacionados con la protección de derechos e intereses privados 1150
6. El PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO DEL derecho 1157
6.1. Solicitud 1158
6.2. Tramitación 1160
6.3. Resolución. Especial referencia al sentido del silencio 1161
6.4. Formalización del acceso 1165
6.5. Organización 1167
7. GARANTÍA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 1167
8. LA RELACIÓN DE LA LTAIPBG CON OTRAS NORMAS QUE REGULAN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 1172
8.1. Acceso por los interesados a los documentos contenidos en procedimientos en curso 1172
8.2. Regulaciones sectoriales del acceso a determinadas categorías de información 1173
Bibliografía citada 1177
Capítulo XVI
Derecho de los ciudadanos al uso de las lenguas oficiales en el procedimiento, en especial ante la Administración General del Estado
Alba Nogueira López
1. INTRODUCCIÓN 1181
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONDICIONANTES DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LA LEY 39/2015 1182
2.1. Ámbito de aplicación de los preceptos lingüísticos de la Ley 39/2015 1182
2.2. Ordenamiento interno y compromisos internacionales adquiridos con la ratificación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias 1187
3. LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN LOS PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS ANTE LA AGE EN CCAA BILINGÜES 1194
3.1. Las reglas de preferencia en los usos lingüísticos en los procedimientos ante la AGE 1194
3.2. Los principios aplicables al uso de las lenguas en el ámbito jurídico-público 1203
3.2.1. Principio de no-discriminación 1203
3.2.2. Principio de territorialidad 1207
A) Relaciones entre Comunidades autónomas con una misma lengua oficial 1208
B) Relaciones con la Unión Europea y cooficialidad en los procedimientos administrativos 1210
3.3.3. Principio de Autoorganización 1214
A) Regulación del empleo público para la garantía de los derechos lingüísticos 1215
B) Disposiciones instrumentales para el completo despliegue de los derechos lingüísticos: formularios, impresos, sitios web 1224
4. EFECTOS DE LOS INCUMPLIMIENTOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO 1226
Bibliografía citada 1232
Capítulo XVII
El derecho y el deber de relacionarse por medios electrónicos (art. 14 LPAC). Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados (art. 12 LPAC)
Lorenzo Cotino Hueso
1. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE BAJO NUEVAS PREMISAS EN LA NUEVA LEY. LO ELECTRÓNICO POR DEFECTO 1236
1.1. Aproximación al reconocimiento del derecho y delimitación del alcance del derecho a “comunicarse” “electrónicamente” 1236
1.2. Nuevas premisas en el derecho a comunicarse con la administración 1242
1.2.1. El derecho en general no es a comunicarse presencialmente, sino electrónicamente y a través del “Punto de Acceso General” 1242
1.2.2. El derecho a comunicarse electrónicamente ahora se impone a todas las administraciones, no sólo a la Administración General del Estado 1244
1.2.3. La entrada en vigor de la ley condiciona la efectividad del derecho a la comunicación electrónica 1245
1.3. Lo electrónico por defecto. Ya no es necesario el consentimiento expreso, basta la elección tácita o implícita de la relación electrónica por las personas físicas 1247
1.4. El derecho a elegir y el derecho a cambiar de elección: la intermodalidad 1252
1.5. Se echan en falta algunos derechos vinculados a la relación electrónica 1256
2. LAS EXCEPCIONES AL DERECHO A COMUNICARSE ELECTRÓNICAMENTE. CUÁNDO SE PUEDE OBLIGAR A RELACIONARSE PRESENCIALMENTE 1259
3. LA OBLIGACIÓN DE COMUNICARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN, AHORA CASI POR DEFECTO 1262
3.1. Una vuelta al calcetín que se veía venir: el predominio de la obligación sobre el derecho de interacción electrónica 1262
3.2. La posible imposición de la relación electrónica a personas físicas a través de reglamento y sus escasas garantías 1265
3.3.1. La reserva de norma reglamentaria para establecer la obligación y las cuestionables habilitaciones en blanco 1269
3.3.2. Los escasos límites que fija la ley para que la norma reglamentaria pueda imponer la relación electrónica y su vaciamiento jurisprudencial 1272
3.3.3. Algunas garantías y requisitos que normativamente pueden establecerse para imponer la relación electrónica 1275
3.4. La obligación directa de relacionarse electrónicamente a determinados colectivos 1277
3.5. Las consecuencias del incumplimiento de la obligación de relación electrónica, la subsanación y posibilidades de mejora 1284
4. LA GARANTÍA DE ACCESO A LA E-ADMINISTRACIÓN Y EL DERECHO A SER ASISTIDOS 1289
4.1. La garantía del acceso y el derecho de todos a ser asistidos en el uso de medios electrónicos 1289
4.2. Las posibilidades del desarrollo normativo del derecho de asistencia ante las insuficientes garantías de que la interacción se produzca correctamente y las caídas del servicio 1296
4.3. El derecho de asistencia en los ámbitos concretos señalados por el artículo 12. 2º, las oficinas de asistencia y la identificación o firma por funcionario habilitado 1301
4.4. La cita previa como condición de acceso: límites, garantías y buenas prácticas 1304
Bibliografía citada 1308
QUINTA PARTE
MEDIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS AUXILIARES PARA LA GESTIÓN Y LAS RELACIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS
Capítulo XVIII
Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico general. Identificación y autenticación de los ciudadanos
Ignacio Alamillo Domingo
1. La identificación electrónica 1315
1.1. El Documento Nacional de Identidad electrónico 1317
1.2. La regulación de sistemas de identificación electrónica en el marco de la LPAC. Evolución desde la LAE 1323
1.2.1. La instauración del derecho a los medios de identidad digital en las relaciones con las Administraciones Públicas 1324
1.2.2. La identificación electrónica como condición suficiente para las relaciones con las Administraciones Públicas 1327
1.2.3. Los sistemas de identificación de los interesados 1330
1.3. La interoperabilidad transfronteriza de la identificación electrónica 1337
1.3.1. El concepto de identificación electrónica en el ReIDAS 1343
1.3.2. Los requisitos para la interoperabilidad transfronteriza de los sistemas nacionales de identificación electrónica 1346
1.4. La ampliación del ecosistema de identidad digital de la Unión Europea 1347
1.4.1. La cartera europea de identidad digital 1347
1.4.2. Las declaraciones electrónicas de atributos 1358
1.4.3. La admisión de la cartera europea de identidad digital y de las declaraciones electrónicas de atributos 1360
1.5. El sistema Cl@ve como plataforma de interoperabilidad global para la identificación electrónica 1363
2. La firma y sello electrónicos 1371
2.1. Conceptos de firma y sello electrónicos 1375
2.1.1. La firma y sello electrónicos, en general 1377
A) Evolución del concepto de firma: de la autenticación a la intención de firmar 1377
B) Ampliación del concepto: la aparición del sello electrónico 1381
2.1.2. La firma y sello electrónicos avanzados 1383
2.1.3. La firma y sello electrónicos cualificados 1386
2.2. Los efectos jurídicos sustantivos de la firma y sello electrónicos 1388
2.2.1. El principio de validez general de la firma y sello electrónicos 1388
2.2.2. La eficacia de la firma y sello electrónicos 1391
2.3. La prueba de la firma y sello electrónicos 1398
2.4. Los certificados de firma y sello electrónico 1401
2.5. El régimen de uso de los sistemas de firma y sello electrónico en las relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas 1405
2.5.1. La admisión transfronteriza de firmas y sellos electrónicos 1405
2.5.2. La firma electrónica de los interesados 1407
Bibliografía citada 1412
Capítulo XIX
Identificación y autenticación de las Administraciones Públicas y de su personal
Felio José Bauzá Martorell
1. PLANTEAMIENTO 1415
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1418
2.1. Identificación de la persona jurídica pública 1418
2.1.1. La Administración Pública como tal no es directamente identificable en el tráfico jurídico 1418
2.1.2. Identificación y autenticación 1424
2.1.3. Otros sistemas de identificación y autenticación 1427
2.2. Identificación expresa y presunción de identificación 1429
2.2.1. Suplantación y fraude 1430
2.2.2. Responsabilidad patrimonial por contenidos inexactos 1431
2.3. Publicidad y accesibilidad 1432
3. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1432
3.1. Personal al servicio de las Administraciones Públicas 1433
3.2. Sistemas de identificación 1435
3.2.1. Pluralidad de sistemas de identificación 1435
3.2.2. Carácter indisponible de la identificación electrónica 1436
4. SISTEMAS DE FIRMA PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA 1437
4.1. Sello electrónico 1437
4.2. Código seguro de verificación 1438
5. VALORACIÓN GENERAL 1440
Bibliografía citada 1441
Capítulo XX
Acceso a los servicios y difusión de la información por medios electrónicos
Agustí Cerrillo i Martínez
1. EL ACCESO ELECTRÓNICO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1445
2. EL PORTAL DE INTERNET Y EL PUNTO DE ACCESO GENERAL ELECTRÓNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 1448
3. LA SEDE ELECTRÓNICA 1454
3.1. La titularidad y la gestión de la sede electrónica 1459
3.2. El contenido de la sede electrónica 1460
3.3. Las características de la sede electrónica 1464
3.3.1. La responsabilidad del titular por la integridad, veracidad y actualización 1465
3.3.2. Los principios de la sede electrónica 1467
A) Transparencia y publicidad 1467
B) Responsabilidad 1468
C) Calidad 1468
D) Seguridad 1469
E) Disponibilidad 1469
F) Accesibilidad y usabilidad 1470
G) Neutralidad 1472
H) Interoperabilidad 1473
I) Personalización y proactividad 1474
4. LOS PORTALES ESPECÍFICOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 1474
4.1. El portal de transparencia 1474
4.2. El perfil de contratante 1478
4.3. El portal de datos abiertos y el portal de gobierno abierto 1480
4.4. La ventanilla única 1483
4.5. La carpeta ciudadana 1485
5. LAS PUBLICACIONES OFICIALES ELECTRÓNICAS 1487
6. LOS TABLONES ELECTRÓNICOS 1489
7. EL INTERCAMBIOS ELECTRÓNICOS DE DATOS EN ENTORNOS CERRADOS DE COMUNICACIÓN 1492
8. REFLEXIONES FINALES 1495
Bibliografía citada 1496
Capítulo XXI
Actuación administrativa automatizada, algoritmos e inteligencia artificial en el contexto de la administración digital
Clara I. Velasco Rico
1. INTRODUCCIÓN 1499
1.1. Sobre el proceso de digitalización de la Administración Pública: de la Administración electrónica a la Administración digital y el impulso de la UE 1499
1.2. Dimensiones y tecnologías de la Administración digital 1509
1.2.1. Algoritmos 1510
1.2.2. Datos y big data 1513
1.2.3. Inteligencia Artificial 1516
2. PANORÁMICA SOBRE LA REGULACIÓN ACTUAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOBRE SU USO POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1521
2.1. Normativa internacional: el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y derechos humanos, democracia y Estado de derecho 1521
2.2. Normativa europea: el Reglamento de Inteligencia Artificial 1525
2.3. Normativa estatal de derecho blando y de derecho positivo 1532
2.3.1. La Carta de Derechos Digitales 1533
2.3.2. Ley 15/2023, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación 1535
3. EL RÉGIMEN COMÚN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA 1540
3.1. La actuación administrativa automatizada: definición de acuerdo con el artículo 41 de la LRJSP y usos actuales 1540
3.2. Inteligencia artificial, discrecionalidad y actuación administrativa automatizada 1546
3.3. Retos que plantean los sistemas de IA en el marco del procedimiento administrativo y su como herramientas de apoyo a la toma de decisiones 1548
3.4. Garantías aplicables tanto a la AAA basada en algoritmos clásicos como en sistemas de IA 1553
3.5. Los principios que rigen la automatización de la actuación administrativa 1556
4. REFLEXIONES FINALES 1559
Bibliografía citada 1561
Capítulo XXII
Los registros electrónicos: el actual régimen jurídico de recepción administrativa de datos y documentos tras la plena entrada en vigor de la LPAC en 2021
María Dolores Rego Blanco
1. INTRODUCCIÓN: LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS POR LA REGULACIÓN DE LA ENTREGA y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1570
2. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA RECEPCIÓN DOCUMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 1573
3. DOS DE ABRIL DE 2021, ENTRADA EN VIGOR DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RECEPCIÓN DOCUMENTAL DE LA LEY 39/2015 1576
4. CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO ELECTRÓNICO PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: PRESTACIÓN OBLIGATORIA Y FUNDAMENTO DE LA GENERALIZACIÓN DE ESTA MODALIDAD DE RECEPCIÓN, CON DESAPARICIÓN DE LA RECEPCIÓN PRESENCIAL 1580
4.1. El elemento objetivo de este servicio 1581
4.1.1. Las notas técnico-jurídicas del servicio prestado a través de los registros electrónicos del art. 16 LPAC 1583
A) Polivalencia u omnicomprensividad en cuanto al tipo documento que sea presentado o recibido en el mismo, y sus límites (art. 16.1 LPAC y art. 37 RAFSPME) 1584
B) Interoperabilidad e interconexión con otros registros (art. 16.4 in fine LPAC) 1585
C) Transparencia de régimen jurídico (art. 16.1. 4º párr. LPAC) 1587
D) Garantía y seguridad en materia de protección de datos de carácter personal (art. 16.1. 3er párr.) 1587
E) Funcionamiento continuado de los registros electrónicos y sujeto a horario estipulado en el resto de lugares habilitados 1588
4.1.2. Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros para la articulación de la obligada recepción electrónica de documentos por las Administraciones Públicas y el derecho del administrado a elegir no relacionarse con la Administración de forma electrónica 1590
4.1.3. Funciones del registro electrónico y funciones de las OARM 1593
A) La recepción de documentos presentados y expedición de recibo omnicomprensivo, como función de carácter básico e ineludible de todo medio de presentación 1593
B) Otras funciones relacionadas con el servicio de recepción documental 1596
4.2. El elemento subjetivo: los Entes del sector público quedan obligados a prestar este servicio 1596
4.3. El elemento formal del deber de prestación: discrecionalidad para prestar el servicio de recepción electrónica de documentos con registro propio o mediante convenio de adhesión con la AGE 1599
4.3.1. El límite jurídico-financiero a la creación de registro electrónico propio para prestar el servicio 1600
4.3.2. El convenio de adhesión al servicio estatal de registro electrónico de documentos como alternativa 1603
5. UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO: EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LA LPAC 1609
5.1. Los lugares habilitados para la presentación de los documentos a las Administraciones Públicas 1609
5.1.1. El registro electrónico de la Administración destinataria, como lugar de “presentación directa” 1611
5.1.2. La “vía indirecta de presentación” de documentos a las Administraciones Públicas 1612
A) La red de lugares alternativos de la vía indirecta de presentación de documentos a las Administraciones Públicas 1612
B) La recuperación del principio de polivalencia de los lugares de presentación de documentos 1628
5.2. El enigmático apartado 8 del art. 16 LPAC sobre regímenes especiales de presentación 1633
5.3. La interrupción del funcionamiento del registro electrónico 1636
Bibliografía citada 1641
Capítulo XXIII
Gestión Documental
Francisco Javier Sanz Larruga
1. PRELIMINAR. EL SISTEMA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO Y LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 1645
2. LOS DOCUMENTOS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: CONCEPTO, CLASES, ELEMENTOS CONFIGURADORES Y VALOR JURÍDICO 1654
2.1. Introducción 1654
2.2. Régimen jurídico de los “documentos electrónicos” y, en particular, el “documento público administrativo” 1657
2.3. Los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo y la reducción de sus cargas administrativas 1667
3. LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS: CONCEPTO, MODALIDADES, VALIDEZ Y EFICACIA 1670
3.1. Introducción 1670
3.2. Las copias de documentos y los derechos de los interesados en un procedimiento administrativo 1671
3.3. Régimen jurídico de las copias auténticas de los documentos 1673
3.3.1. Concepto de copia auténtica 1673
3.3.2. Competencia administrativa para la emisión de copias auténticas 1675
3.3.3. Validez y eficacia de las copias auténticas. Garantías sobre su identidad y contenido 1677
3.3.4. Modalidades de copias auténticas 1679
A) Copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica (art. 27, 3, a) LPAC) 1679
B) Copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico (art. 27, 3, b) LPAC) 1680
C) Copias en soporte papel de documentos electrónicos (art. 27, 3, c) LPAC) 1681
D) Copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte (art. 27, 3, d) 1682
E) Copias auténticas de los documentos aportados por los interesados en un procedimiento (arts. 27, 4 párrafo 2 y 28, 4 LPAC) 1682
4. EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 1684
4.1. Introducción 1684
4.2. Concepto de expediente administrativo electrónico. Funciones y ventajas con respecto al expediente en papel 1685
4.3. Contenido y estructura formal del expediente administrativo electrónico. Exclusiones 1687
4.4. Remisión, puesta a disposición y publicidad del expediente electrónico 1691
4.5. Poder de disposición sobre el expediente electrónico y el régimen de responsabilidades 1693
5. LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 1695
5.1. Introducción 1695
5.2. Delimitación del concepto de archivo, sus funciones y sus clases 1698
5.2.1. El concepto de archivo y su relación con los de registro y documento 1698
5.2.2. Las funciones de los archivos administrativos y el derecho de acceso a la información pública 1700
5.2.3. Clases de archivos. El “archivo electrónico único” 1701
5.3. El archivo administrativo electrónico y la gestión de los documentos administrativos electrónicos 1705
5.3.1. Principio de almacenamiento y conservación de los documentos en formato electrónico 1705
5.3.2. Garantías y medidas de seguridad para el archivo electrónico de los documentos administrativos 1706
5.3.3. Régimen jurídico sobre la conservación y eliminación de los documentos 1710
Bibliografía citada 1715
Capítulo XXIV
Los convenios (arts. 47 ss. LRJSP)
Roberto O. Bustillo Bolado
1. CONCEPTO Y SISTEMA DE FUENTES 1721
1.1. Concepto 1721
1.2. Sistema de fuentes 1725
1.3. El lugar que ocupan en el sistema de fuentes los arts. 47 ss. de la LRJSP 1728
2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 1730
2.1. Por su inclusión o no en el capítulo VI del título I de la LRJSP 1730
2.2. Por la naturaleza de los sujetos intervinientes 1731
2.3. Por la finalidad de colaboración o de composición de intereses en conflicto 1732
2.4. Por la existencia o no de normativa reguladora específica 1735
2.5. Por su ámbito sectorial 1735
3. ELEMENTOS COMUNES DE RÉGIMEN JURÍDICO 1736
4. ALGUNOS REGÍMENES JURÍDICOS ESPECIALES 1737
4.1. Introducción 1737
4.2. Convenios de colaboración incluidos en la LRJSP 1737
4.3. Convenios urbanísticos 1739
4.4. Convenios expropiatorios 1746
5. CONVENIOS Y ACTIVIDAD INFORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN 1748
Bibliografía citada 1752
Capítulo XXV
Seguridad en la utilización de medios electrónicos. El esquema nacional de seguridad
Jorge Fondevila Antolín
1. CONSIDERACIONES INICIALES: UN NUEVO MARCO LEGAL 1758
2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1765
2.1. Examen del Marco Normativo General de la Seguridad de la Información 1765
2.1.1. Examen de la legislación de carácter básico 1765
A) Legislación General 1766
B) Normativa reglamentaria 1769
2.1.2. Alcance de la legislación autonómica general sobre la e-Administración y su seguridad 1774
2.1.3. Normativa propia en el ámbito local 1776
2.1.4. La autorregulación: mejores prácticas de seguridad 1776
2.2. El Esquema Nacional de Seguridad: la incidencia de las previsiones del marco normativo LPACA y LRJSP 1778
2.2.1. El ámbito de aplicación: una importante reconfiguración con relación a la situación anterior 1779
2.2.2. Examen específico del ámbito de aplicación del ENS 1779
A) Ámbito subjetivo 1779
B) Ámbito jurídico material 1781
2.3. Desarrollo de las previsiones básicas del ENS en las diferentes Administraciones Públicas 1785
2.3.1. Administración General del Estado 1785
2.3.2. Comunidades Autónomas 1787
2.3.3. Administración Local 1788
3. LAS NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL ENS: EXAMEN DE SU NATURALEZA NORMATIVA Y FUNCIÓN 1788
3.1. Distinción entre Reglamentos y Actos Administrativos 1790
3.1.1. Examen de las posiciones doctrinales 1790
3.1.2. Doctrina Jurisprudencial 1791
3.2. La conflictiva cuestión de la Naturaleza Jurídica de las “Circulares, Instrucciones y Órdenes de Servicios” 1792
3.2.1. Análisis Doctrinal 1793
3.2.2. Doctrina Judicial 1796
A) Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 1797
B) Jurisprudencia del Tribunal Supremo: Doctrina histórica 1798
C) Jurisprudencia del Tribunal Supremo: Doctrina más reciente 1801
3.2.3. Consideraciones Finales 1802
3.3. Examen de la naturaleza jurídica y función de los instrumentos (normativos/técnicos) de desarrollo del ENS 1804
3.3.1. Las guías e instrucciones técnicas de seguridad 1804
A) Las guías de seguridad: examen de su contenido 1808
B) Instrucciones Técnicas de Seguridad: análisis jurídico material 1810
3.3.2. La Política de Seguridad 1816
A) Concepto y contenido material 1816
B) Examen de los instrumentos jurídicos adecuados para su aprobación y desarrollo 1823
C) La exigencia de cumplimiento del ENS y la aprobación de la correspondiente Política de Seguridad por las entidades privadas 1824
D) Consideraciones finales 1826
3.3.3. Las posibilidades de impugnación de los instrumentos de desarrollo del ENS 1828
A) Guías de Seguridad 1828
B) Instrucción Técnica de Seguridad 1830
C) Política de Seguridad 1830
4. BREVES APUNTES SOBRE ALGUNAS POSIBLES INCIDENCIAS DE LA SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 1831
4.1. La Seguridad de la información y la Interoperabilidad: algunas cuestiones conflictivas en la LPACP y LRJSP 1831
4.1.1. La interoperabilidad y Seguridad: Régimen general en la LRJSP 1833
4.1.2. La interoperabilidad y Seguridad: La conflictiva aplicación de la Disposición Adicional segunda de la LPAC 1835
4.2. Los Expedientes administrativos electrónicos y su conformidad a las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad 1838
4.2.1. Las Disfunciones normativas y de implementación de las condiciones técnico-legales esenciales en el expediente administrativo electrónico 1839
4.2.2. Los expedientes administrativos y su conformidad a las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad 1842
4.2.3. El artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y las posibles consecuencias procesales por deficiencias en los expedientes administrativos electrónicos remitidos 1844
4.2.4. La Integración del expediente administrativo en el expediente judicial: Ciberseguridad e Interoperabilidad 1845
A) Marco legal de la Ciberseguridad e Interoperabilidad en el ámbito Judicial 1845
B) La incorporación del expediente administrativo en el judicial: condiciones de seguridad e interoperabilidad 1847
4.3. La Seguridad de la información y sus efectos sobre las aplicaciones o sistemas de información utilizados por las Administraciones Públicas 1850
4.4. La Seguridad de la información en la e-contratación pública 1854
4.4.1. Consideraciones generales 1854
4.4.2. Examen de las novedades sobre la contratación pública incorporadas por el Esquema Nacional de Seguridad. Propuesta de incorporación de la seguridad de la información en los Pliegos de cláusulas reguladoras de los procesos de licitación 1856
A) Las Medidas Generales de tipo organizativo, operacional y de protección: vigentes desde el año 2010 1856
B) Dicho lo anterior es preciso realizar una especial referencia a las especialidades de la contratación de servicios de seguridad 1859
C) La exigencia de cumplimiento del ENS y la aprobación de la correspondiente Política de Seguridad por las entidades privadas 1860
D) La problemática de la certificación de conformidad con el ENS y su acreditación en los Pliegos de prescripciones administrativas o técnicas 1861
4.4.3. Los Efectos derivados del incumplimiento de las previsiones del ENS en la contratación pública 1873
4.5. Seguridad y Responsabilidad Patrimonial de la Administración 1876
Bibliografía citada 1878
TOMO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN GENERAL
PRIMERA PARTE
LA ACTIVIDAD E INACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Capítulo XXVI
Controles administrativos previos y títulos habilitantes
José Carlos Laguna de Paz
1. Introducción 1921
2. Certificación y acreditación 1922
2.1. Su delimitación 1922
2.2. Clases 1923
2.2.1. Certificaciones personales 1923
2.2.2. Certificaciones reales 1923
3. Admisión 1925
3.1. Delimitación 1925
3.2. Efectos 1926
4. Control del ejercicio de actividades 1926
4.1. Comunicación y declaración responsable 1926
4.1.1. El ejercicio de la actividad no se supedita a la previa obtención de un acto administrativo 1926
4.1.2. Consecuencias del inicio inmediato de la actividad y de la ausencia de un acto administrativo declarativo 1928
4.1.3. Eficacia temporal y territorial 1930
4.2. Inscripción registral 1931
4.2.1. Su delimitación 1931
4.2.2. Efectos 1931
4.2.3. Su distinción de las autorizaciones 1932
4.3. Aprobación 1933
4.3.1. Delimitación 1933
4.3.2. Su distinción de la autorización 1934
5. Títulos habilitantes: autorización administrativa 1934
5.1. Delimitación 1934
5.2. Acto de voluntad 1935
5.3. Actividades sujetas a autorización 1935
5.3.1. Riesgos cualificados 1935
A) Necesidad, adecuación y proporcionalidad 1936
B) Libertad de establecimiento y de prestación de servicios 1936
C) Unidad de mercado 1937
D) Actividades en el ámbito local 1938
5.3.2. Limitación del número de operadores 1939
5.3.3. Usos del dominio público 1939
5.4. Naturaleza jurídica 1940
5.4.1. Acto declarativo 1941
5.4.2. La declaración del derecho es constitutiva de efectos jurídicos 1942
5.4.3. No da lugar a una relación especial de sujeción 1944
5.5. Procedimiento 1944
5.5.1. Adjudicación directa 1944
5.5.2. Procedimientos de selección competitiva 1944
5.5.3. Coordinación e integración de autorizaciones 1946
5.5.4. Cambio normativo durante la tramitación del procedimiento 1946
5.6. Eficacia 1947
5.6.1. Condiciones generales de eficacia 1947
5.6.2. Eficacia territorial 1948
5.6.3. Eficacia temporal 1948
5.7. Ejercicio de la actividad 1949
5.7.1. Derecho y, en algunos casos, deber de realizar la actividad 1949
5.7.2. Autorizaciones de funcionamiento: su sujeción a la normativa en cada momento vigente 1950
5.7.3. La Administración no puede dirigir la actividad autorizada 1951
5.8. Transmisibilidad 1952
5.8.1. Condiciones tomadas en cuenta en la adjudicación 1952
5.8.2. Procedimiento de adjudicación 1953
5.9. Revocación 1954
6. Concesiones 1954
Bibliografía citada 1955
Capítulo XXVII
El deber de resolver. Términos y plazos
Humberto Gosálbez Pequeño
1. EL DEBER LEGAL DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EXPRESA EN PLAZO 1959
1.1. El fundamento institucional y la concepción del deber legal de resolver el procedimiento administrativo 1959
1.1.1. ¿Reconocimiento constitucional implícito? 1959
1.1.2. Contenido esencial y ámbito de aplicación 1962
A) El elemento objetivo constitutivo del deber legal de resolver: ¿la resolución administrativa del procedimiento administrativo? 1963
B) Notificación de la resolución expresa 1971
C) Resolución expresa y notificación “en plazo” 1974
1.2. Los plazos máximos de resolución y notificación 1974
1.2.1. Determinación normativa 1974
1.2.2. Cómputo 1975
1.2.3. Publicación y notificación 1978
A) Publicación 1978
B) Notificación 1979
1.2.4. Ampliación del plazo 1981
A) El presupuesto previo: la ampliación de medios —personales y materiales— procedimentales y su fracaso 1982
B) El acuerdo de ampliación del plazo máximo de resolver: requisitos intrínsecos, límites y naturaleza jurídica 1984
1.3. Suspensión del cómputo del plazo 1985
1.3.1. ¿Dos clases de suspensiones? 1985
1.3.2. Suspensión discrecional 1988
A) Los trámites pendientes como causas suspensivas 1988
1.3.3. Suspensión reglada 1998
A) La causa suspensiva exclusiva de los procedimientos impugnatorios interadministrativos 1998
B) La suspensión determinada por la “instrucción complementaria” 1999
C) La cuestión incidental de la recusación 2000
2. TÉRMINOS Y PLAZOS 2001
2.1. La determinación y el cómputo de los plazos administrativos 2001
2.1.1. Los plazos por horas: la innovación 2002
A) La delimitación de las horas como unidades temporales del plazo administrativo 2002
B) La determinación normativa de las horas hábiles 2003
C) El cómputo de las horas hábiles 2004
2.1.2. Los plazos por días 2005
A) ¿Días hábiles o días naturales? 2005
B) La determinación de los días hábiles y los días inhábiles 2006
C) El cómputo administrativo de los días 2008
2.1.3. Los plazos por meses o por años 2010
A) La fecha inicial del plazo 2011
B) La fecha final del plazo 2011
2.1.4. Los plazos de presentación “electrónica” de documentos 2012
2.2. La modificación administrativa de los plazos. En especial, la ampliación de los plazos de los trámites administrativos 2014
2.2.1. La prohibición de ampliación establecida por otra norma administrativa 2015
2.2.2. La tipificación del ius variandi ampliatorio como potestad administrativa discrecional. Requisitos de la potestad ampliadora 2015
A) Requisitos temporales 2016
B) Requisitos sustantivos 2016
C) Requisitos procedimentales y competenciales 2017
Bibliografía citada 2018
Capítulo XXVIII
La inactividad de la Administración en el procedimiento administrativo (arts. 24 y 25, y art. 95 LPAC)
Vicenç Aguado i Cudolà
1. La inactividad de la administración en el procedimiento administrativo: visión general 2023
2. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 2027
2.1. El silencio administrativo como una vulneración del derecho a una resolución expresa e incumplimiento de la obligación de resolver 2027
2.2. El silencio administrativo en los procedimientos iniciados a instancia de persona interesada 2032
2.2.1. Cláusula general a favor del silencio positivo y excepciones 2032
2.2.2. La diversa naturaleza del silencio positivo y negativo 2049
2.2.3. El plazo de impugnación del silencio negativo 2051
2.2.4. La inactividad en la ejecución de actos presuntos firmes 2057
2.3. El silencio administrativo en los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables 2059
2.4. Nulidad y revisión de oficio del silencio administrativo positivo. ¿La confirmación del silencio positivo por sentencia firme impide a la Administración acudir a la vía de la revisión de oficio de actos presuntos?- 2061
3. LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2063
3.1. La caducidad de los procedimientos iniciados a instancia de persona interesada cuando se produzca su paralización por causa imputable a la misma 2063
3.2. La caducidad de los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen 2066
3.2.1. Producción y efectos 2066
3.2.2. ¿Puede iniciarse un nuevo procedimiento cuando previamente se haya producido la caducidad? 2067
3.2.3. ¿Debe cerrarse el procedimiento caducado antes de iniciar uno de nuevo? 2081
3.2.4. La no aplicación de la caducidad cuando la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, en los procedimientos iniciados de oficio 2083
4. VALORACIÓN GENERAL 2084
Bibliografía citada 2085
SEGUNDA PARTE
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
SECCIÓN PRIMERA
CUESTIONES GENERALES Y SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO
Capítulo XXIX
Cuestiones generales del procedimiento administrativo
Diego J. Vera Jurado
1. CONCEPTO Y FUNCIONES BÁSICAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2095
2. CLASES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2100
2.1. Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado 2101
2.2. Procedimiento común y procedimientos propios de las comunidades autónomas 2102
2.3. Procedimientos formalizados y procedimientos no formalizados 2105
3. PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2106
3.1. Principio de igualdad 2107
3.2. Principio de imparcialidad y objetividad 2108
3.3. Principio de oficialidad 2110
3.4. Principio de eficacia 2110
3.5. Principio de prohibición de indefensión de los ciudadanos y de presunción de inocencia 2113
4. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2115
4.1. Cuestiones previas 2115
4.2. Iniciación del procedimiento 2117
4.3. Ordenación e instrucción del procedimiento administrativo 2123
4.3.1. Ordenación del procedimiento administrativo 2123
4.3.2. Instrucción del procedimiento 2124
4.4. Finalización del procedimiento 2128
Bibliografía citada 2134
Capítulo XXX
Responsables del procedimiento. Abstención y recusación
José María Pérez Monguió
1. OBJETO DE ESTUDIO 2139
2. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 2140
2.1. Sujetos responsables 2141
2.2. Identificación 2142
2.3. Deberes de los responsables de los procedimientos 2144
2.4. Responsabilidad 2145
3. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 2146
3.1. La ordenación legal, reserva de ley y reparto competencial 2146
3.2. El deber legal de abstenerse 2150
3.2.1. Prohibición general de abstención de autoridades y funcionarios 2150
3.2.2. Ámbito subjetivo del deber de abstención 2151
3.3. Naturaleza e interpretación de las causas de abstención y recusación 2153
3.4. Causas de abstención y recusación 2159
3.4.1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél 2159
3.4.2. Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado 2161
3.4.3. Relaciones familiares 2169
A) Tener vínculo matrimonial o situación asimilable 2171
B) Parentesco por consanguinidad 2173
C) Parentesco por afinidad 2174
3.4.4. Compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato 2176
3.4.5. Amistad íntima o enemistad manifiesta 2180
A) Amistad íntima 2182
B) Enemistad manifiesta 2185
3.4.6. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate 2188
3.4.7. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado servicios profesionales 2191
3.5. Ejercicio de la abstención 2192
3.6. Ejercicio de la recusación 2198
3.6.1. Planteamiento de la recusación 2199
3.6.2. Tramitación y terminación del incidente 2202
3.7. Efectos del incumplimiento del deber de abstenerse 2204
3.7.1. La relevancia invalidatoria 2204
A) Intervención determinante en el procedimiento genérico de elaboración del acto 2206
B) Intervención determinante en el procedimiento de formación de la voluntad de los órganos colegiados 2207
3.7.2. Consecuencias de la falta de abstención en el acto: Anulación o conservación 2208
3.7.3. Responsabilidad personal 2212
Bibliografía citada 2215
Capítulo XXXI
Los interesados en el procedimiento administrativo
Antonio Alfonso Pérez Andrés
1. CONCEPTO LEGAL DE INTERESADO 2217
2. Los titulares de derechos subjetivos como interesados en el procedimiento 2221
2.1. El alcance de los derechos subjetivos en el Derecho Administrativo y su distinción de los intereses legítimos 2221
2.2. Condición ex lege de interesados para los que ostentan un derecho subjetivo típico 2222
3. Los intereses legítimos 2223
3.1. El interés legítimo frente al mero interés o interés simple 2223
3.2. El interés legítimo también puede acceder a pretensiones de plena jurisdicción 2224
3.2.1. De condena a dictar un acto o a realizar una actuación jurídicamente obligatoria 2225
3.2.2. De cesación o modificación de la actuación material de que se trate 2226
3.2.3. De reconocimiento de daños e indemnización de perjuicios 2226
3.3. El interés legítimo colectivo y la legitimación difusa 2227
3.4. La legitimación difusa en el Derecho Ambiental 2228
3.5. Otros ejemplos de legitimación difusa 2231
3.5.1. La legitimación de asociaciones profesionales 2231
3.5.2. La legitimación difusa de los colegios profesionales 2232
4. La acción popular como forma de legitimación en el procedimiento administrativo 2235
5. PLURALIDAD DE INTERESADOS 2237
6. LA SUCESIÓN EN LA CONDICIÓN DE INTERESADO 2237
Bibliografía citada 2238
Capítulo XXXII
Derechos de los interesados en el procedimiento (art. 53)
Gerardo García Álvarez
1. LOS DERECHOS DEL INTERESADO EN EL CONTEXTO DE UNA REFORMA ORIENTADA A LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2241
2. EJEMPLOS DE PRIMACÍA DE LA EFICIENCIA SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DEL INTERESADO 2244
3. REFUNDICIÓN, RECLASIFICACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 2251
4. INCIDENCIA DE LOS “DERECHOS” GENERALES EN LOS RECONOCIDOS A LOS INTERESADOS 2254
5. ¿Existe un derecho de las personas físicas a la relación por medios no electrónicos con las Administraciones públicas? 2260
6. RELEVANCIA DE LOS DERECHOS DEL INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL DERECHO DE DEFENSA 2263
7. DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PROCEDIMIENTO 2266
7.1. Exclusión del acceso en función de la ponderación de bienes jurídicos protegidos 2267
7.2. Regulación del contenido del expediente administrativo y su relevancia para el derecho de acceso: notas, borradores y documentos en elaboración o inconclusos 2269
8. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS: DIRECTIVA SERVICIOS Y POSIBLE INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 2273
Bibliografía citada 2278
SECCIÓN SEGUNDA
ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Capítulo XXXIII
Iniciación del procedimiento administrativo
María Zambonino Pulito
1. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REGULACIÓN, MODALIDADES Y EFECTOS 2283
1.1. La regulación de la iniciación del procedimiento administrativo en la LPAC 2284
1.2. Clases de iniciación 2286
1.3. Efectos de la iniciación del procedimiento 2288
2. INFORMACIÓN Y ACTUACIONES PREVIAS 2291
3. LA INICIACIÓN DE OFICIO 2295
3.1. El acuerdo de iniciación 2296
3.2. Los presupuestos del acuerdo 2302
3.2.1. El conocimiento de los elementos que justifican la iniciación del procedimiento por parte del órgano competente: el acuerdo adoptado a iniciativa propia 2303
3.2.2. Orden del órgano superior jerárquico 2304
3.2.3. Petición razonada de otro órgano administrativo 2306
3.2.4. Denuncia 2308
4. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A SOLICITUD DEL INTERESADO 2314
4.1. La solicitud. Requisitos y forma 2314
4.1.1. Nombre y apellidos del interesado y su representante 2316
4.1.2. Identificación del medio y lugar a efectos de notificaciones 2316
4.1.3. Hechos, razones y petición 2317
4.1.4. Lugar y fecha 2318
4.1.5. Acreditación de la autenticidad de la voluntad del solicitante 2318
4.1.6. Órgano destinatario 2319
4.1.7. Documentación adicional 2320
4.1.8. Solicitudes conjuntas 2320
4.1.9. Modelos y sistemas de presentación masiva 2320
4.2. La presentación de la solicitud 2322
4.2.1. Formalidades y alcance: interrupción de plazos y momento de iniciación del procedimiento 2322
4.2.2. La acreditación de la presentación: el recibo 2326
4.3. Subsanación y mejora de la solicitud 2327
4.3.1. Objeto: los defectos subsanables 2328
4.3.2. Sustanciación del trámite y efectos de su falta de cumplimentación 2335
4.4. Mejora voluntaria de los términos de la solicitud 2337
Bibliografía citada 2338
Capítulo XXXIV
Reglas generales de ordenación e instrucción de los procedimientos
Isabel González Ríos
1. La ordenación e instrucción del procedimiento 2341
2. EL PRINCIPIO DE OFICIALIDAD 2345
2.1. Impulso de oficio y responsabilidad derivada de su incumplimiento en la LRJPAC 2345
2.2. El impulso de oficio a través de medios electrónicos y la confusa regulación de la responsabilidad en la LPAC de 2015 2347
3. EL PRINCIPIO DE CELERIDAD, ECONOMÍA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 2349
3.1. La celeridad en el procedimiento entendida como simplificación de trámites y fijación de plazos 2349
3.2. El principio de celeridad y la “no suspensión” del procedimiento por cuestiones incidentales 2352
4. LA INTERVENCIÓN DE LOS PARTICULARES EN LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2355
4.1. El principio de contradicción e igualdad 2355
4.2. Cumplimiento de trámites 2357
5. LA TRANSPARENCIA Y LA PUBLICIDAD 2359
6. LAS MEDIDAS PROVISIONALES 2360
6.1. Medidas provisionales “ex ante” y “ex post” al inicio del procedimiento y sus límites 2360
6.2. Tipos de medidas provisionales 2362
6.3. La duración de las medidas provisionales 2363
7. TRAMITACIÓN ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO: LA TRAMITACIÓN DE URGENCIA Y LA SIMPLIFICADA 2364
7.1. La tramitación de urgencia 2364
7.2. La tramitación simplificada 2365
7.2.1. Marco normativo y fundamento 2365
7.2.2. Plazo de resolución y trámites 2367
7.2.3. Especialidades del procedimiento de responsabilidad patrimonial y del procedimiento sancionador 2371
Bibliografía citada 2372
Capítulo XXXV
Alegaciones, audiencia y participación de los interesados
José Antonio Tardío Pato
1. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE AUDIENCIA, CONTRADICCIÓN, DEFENSA Y PARTICIPACIÓN 2376
1.1. Los principios generales de audiencia y contradicción y su consideración como una parte de los derechos de la defensa 2376
1.1.1. Los principios generales de audiencia y contradicción 2376
1.1.2. Su consideración como una parte de los derechos de la defensa 2387
1.2. El principio general de participación 2390
2. El trámite de alegaciones y su prueba 2398
2.1. La previsión legal no sólo incluye alegar, sino también probar lo alegado 2399
2.2. Permite su uso un número indeterminado de veces, sin necesidad de apertura de trámite específico por la Administración y sin exigencia de una forma precisa 2399
2.3. La obligación de la Administración de tener en cuenta las alegaciones y los documentos u otros elementos de juicio aportados, en la propuesta de resolución y en la resolución consiguiente 2401
2.4. La previsión específica de alegar sobre defectos de tramitación y sobre la infracción de plazos 2403
2.5. La previsión de exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria al personal administrativo, como resultado de lo alegado 2405
3. El trámite de audiencia 2405
3.1. Su regulación dentro de las normas de procedimiento administrativo común general 2405
3.2. Características y diferencias de este trámite frente a otros también inspirados en los principios de audiencia y contradicción 2406
3.3. Supuestos en los que puede prescindirse del trámite de audiencia 2408
3.4. Fases del trámite de audiencia y aspectos destacables en cada uno de ellos 2409
3.4.1. Acuerdo de emplazamiento y ámbito subjetivo del mismo 2409
3.4.2. Puesta de manifiesto del expediente y examen del mismo por los interesados 2410
3.4.3. Formulación de las alegaciones y justificaciones y la obligación de tenerla en cuenta en la resolución final del procedimiento 2415
3.5. Existen trámites especiales de audiencia en forma de vista oral, en algunos procedimientos especiales 2416
3.6. Consecuencias de la omisión del trámite de audiencia por las Administraciones Públicas 2417
3.6.1. Nulidad de pleno derecho, anulabilidad e irregularidad no invalidante en la jurisprudencia sobre el particular. Los criterios de la esencialidad del trámite y de producción de indefensión material al afectado 2417
3.6.2. Nuestras conclusiones y propuestas, con asunción de otras doctrinales y jurisprudenciales previas 2430
4. El trámite de información pública 2438
4.1. Concepto, supuestos en los que procede y principios que lo inspiran 2438
4.2. Fases del trámite de información pública y aspectos destacables en cada uno de ellos 2440
4.2.1. Acuerdo de emplazamiento (anuncio) y ámbito subjetivo del mismo 2440
4.2.2. Puesta de manifiesto del expediente y examen del mismo por los interesados 2442
4.2.3. Formulación de alegaciones y derecho a obtener de la administración una respuesta razonada 2443
4.3. Consecuencias de la omisión del trámite 2445
4.4. La previsión por la legislación procedimental administrativa de otras fórmulas de participación administrativa diferentes de la información pública 2453
Bibliografía citada 2466
Capítulo XXXVI
Los informes
César Cierco Seira
1. INTRODUCCIÓN 2471
2. EL CONCEPTO Y LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS QUE DEFINEN AL INFORME 2472
3. LAS DIFICULTADES EN LA DELIMITACIÓN DE LOS PERFILES DEL INFORME Y EL PAULATINO ENRIQUECIMIENTO DE SUS FUNCIONES. EL INFORME AL SERVICIO DE LA PARTICIPACIÓN, DE LA CONJUGACIÓN COMPETENCIAL Y DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2474
4. LA CLASIFICACIÓN DE LOS INFORMES Y LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN LA TRADICIONAL TRÍADA: FACULTATIVO, PRECEPTIVO Y VINCULANTE 2483
5. EL RÉGIMEN JURÍDICO COMÚN DE LOS INFORMES 2492
5.1. La destacada impronta del informe en la Ley procedimental de cabecera y los sesgos que acusa 2492
5.2. El carácter preparatorio e instrumental del informe en la serie procedimental y la consiguiente imposibilidad de ser objeto de impugnación autónoma 2494
5.3. La estrecha relación entre el informe y la motivación de la resolución final 2496
5.4. La preocupación por fijar el plazo de informe como antesala al problema de la tardanza en su emisión 2498
6. EL GRAVE PROBLEMA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR EN PLAZO Y LAS DIFICULTADES PARA AISLAR UNA SOLUCIÓN AL RESPECTO 2500
7. LOS VICIOS PROCEDIMENTALES EN TORNO AL INFORME: SU OMISIÓN Y SU EMISIÓN IRREGULAR 2511
Bibliografía citada 2513
Capítulo XXXVII
La prueba en el procedimiento administrativo
Concepción Barrero Rodríguez
1. CONSIDERACIONES INICIALES 2517
2. EL objeto de la prueba 2519
2.1. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento 2519
2.2. Los hechos exonerados de prueba. En particular, los hechos declarados probados en vía judicial 2520
3. LA CARGA DE LA PRUEBA 2523
4. Cuando HA DE PROBARSE. EN ESPECIAL, EL TRÁMITE DE PRUEBA 2529
4.1. Los cauces posibles para el desarrollo de la actividad probatoria 2529
4.2. El trámite de prueba 2531
4.3. El periodo extraordinario de prueba 2535
5. LOS MEDIOS DE PRUEBA 2535
5.1. Los distintos medios posibles. El predominio de la prueba documental 2535
5.2. La procedencia y necesariedad de las pruebas 2538
6. LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 2542
7. LA VALORACIÓN de la prueba. LA EXPRESA REMISIÓN DE LA LPAC A LA LEC 2547
7.1. La libre apreciación de la prueba por el órgano decisor como regla general 2547
7.2. La prueba tasada en el procedimiento administrativo. El interrogatorio del interesado y la prueba documental, en particular 2551
7.3. Un supuesto singular: Las denuncias y actas de inspección 2554
Bibliografía citada 2558
Capítulo XXXVIII
La terminación del procedimiento administrativo
Francisco L. Hernández González
1. LAS DISTINTAS FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2561
2. LA RESOLUCIÓN EXPRESA DEL PROCEDIMIENTO 2567
2.1. Distinción entre resolución material y resolución formal 2567
2.2. Actuaciones previas necesarias para resolver: propuesta de resolución y actuaciones complementarias 2571
2.2.1. La propuesta de resolución 2572
2.2.2. Las actuaciones complementarias 2573
2.3. El contenido preceptivo de las resoluciones 2575
2.3.1. Requisitos materiales: el alcance del principio de congruencia 2575
2.3.2. Requisitos formales: la problemática de las resoluciones mediante impresos normalizados 2576
3. DESISTIMIENTO Y RENUNCIA 2581
3.1. Fundamento y alcance 2581
3.2. Régimen jurídico 2582
3.2.1. Acto expreso y personalísimo del interesado 2583
3.2.2. Necesidad de aceptación por la Administración 2585
3.3. El fin de un vacío legal: el desistimiento unilateral de la Administración 2587
4. LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL 2591
4.1. Delimitación conceptual 2591
4.2. Régimen jurídico 2595
4.2.1. Sujetos intervinientes 2596
4.2.2. Requisitos 2596
4.2.3. Contenido 2600
4.2.4. Suspensión del plazo para resolver 2601
4.3. La “negociación” en los procedimientos de elaboración de reglamentos 2602
5. VALORACIÓN FINAL 2603
Bibliografía citada 2605
TERCERA PARTE
EL ACTO ADMINISTRATIVO
Capítulo XXXIX
El acto administrativo: concepto, clases y contenido
Francisco Velasco Caballero
1. INTRODUCCIÓN 2611
2. ACTO ADMINISTRATIVO Y OTRAS FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 2617
2.1. Acto administrativo versus contrato 2618
2.2. Acto administrativo versus disposición administrativa de carácter general 2619
2.3. Acto y actuación administrativa 2623
2.4. Acto administrativo y acto político 2625
3. EL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO 2627
3.1. El acto administrativo en la Unión Europea 2627
3.2. El acto administrativo transnacional 2631
3.3. El acto administrativo de particulares 2633
3.4. El acto administrativo en la “nueva ciencia del Derecho administrativo” 2634
3.5. Actos administrativos automatizados y por sistemas de inteligencia artificial 2636
4. CLASES 2639
4.1. Acto no decisorio versus “resoluciones” 2639
4.2. Acto definitivo versus acto de trámite 2642
4.3. Acto favorable versus acto de gravamen 2646
4.4. Acto expreso versus acto presunto 2648
4.5. Acto reglado versus acto discrecional 2651
5. CONTENIDO 2653
Bibliografía citada 2658
Capítulo XL
La motivación de los actos administrativos
Rocío Navarro González
1. EL CONCEPTO Y LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA MOTIVACIÓN 2664
1.1. Observaciones preliminares 2664
1.2. Propuestas conceptuales a partir de diferentes teorías administrativas 2666
1.2.1. El concepto de la motivación desde la teoría general del acto administrativo 2666
1.2.2. El concepto de la motivación desde la perspectiva de la teoría general del derecho administrativo como sistema 2671
1.3. La motivación como requisito formal cualificado 2674
2. LAS FINALIDADES DE LA MOTIVACIÓN 2676
2.1. La multifuncionalidad: aspectos generales de las funciones encomendadas 2676
2.1.1. La motivación desde la óptica del órgano jurisdiccional: elemento indispensable para el control de legalidad del acto administrativo 2678
2.1.2. Las diferentes finalidades de la motivación desde la óptica del ciudadano: cognoscitiva, defensiva y democrática 2679
2.2. Riesgos que evita la motivación: la arbitrariedad y la desviación de poder 2682
3. LOS REQUISITOS DE LA MOTIVACIÓN 2683
3.1. Requisitos de forma 2684
3.1.1. La motivación ha de ser sucinta, suficiente y congruente 2684
3.1.2. La motivación ha de ser especialmente intensa cuando afecta a derechos fundamentales 2687
3.1.3. La motivación ha de ser convincente 2688
3.1.4. El empleo de frases genéricas y signos numéricos como motivación adecuada 2688
3.2. El contenido de la motivación: en especial los motivos 2690
3.3. Aspectos subjetivos: la participación de órganos auxiliares en la tarea de cumplimentar la motivación 2693
4. ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBEN SER MOTIVADOS EN VIRTUD DE LA LEY 39/2015 2694
4.1. Supuestos enumerados en el artículo 35 2695
4.1.1. Actos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos 2695
4.1.2. Actos que resuelven procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje 2696
A) Algunas novedades de la motivación en los procedimientos de control interno de los actos administrativos 2697
B) La escasa incidencia de la motivación en los medios alternativos de resolución de conflictos 2697
4.1.3. Actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos 2699
4.1.4. Acuerdos de suspensión de actos y la adopción de medidas provisionales 2700
4.1.5. Acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias 2702
4.1.6. Actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados 2704
4.1.7. Actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio 2705
4.1.8. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial 2706
4.1.9. Actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa 2708
4.1.10. Actos que pongan fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva 2710
4.2. Otros supuestos contemplados en el articulado de la LPAC 2711
5. MODALIDADES DE LA MOTIVACIÓN 2712
6. EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE MOTIVAR 2716
Bibliografía citada 2718
Capítulo XLI
Validez e invalidez de los actos administrativos: teoría general
Tomás Cano Campos
1. Introducción 2723
2. LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS CONCEPTOS AFINES 2725
2.1. Existencia 2726
2.2. Eficacia y ejecutividad 2729
2.3. Validez 2734
2.4. Los elementos del acto como requisitos de validez: validez formal y validez material 2736
2.5. Validez e irregularidades no invalidantes 2744
3. LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ 2747
3.1. Una figura cuestionada 2747
3.2. ¿Verdadera presunción? 2748
3.3. Las normas de presunción 2752
3.4. Fundamento y función 2756
3.5. Efectos de la presunción 2759
3.6. Ámbito: su aplicación a todos los actos 2768
3.7. Presunción de validez y ¿presunción de legalidad? 2770
3.8. Recapitulación 2773
4. LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 2775
4.1. El concepto de invalidez: las diversas caras del fenómeno 2775
4.2. Tipos de invalidez: nulidad y anulabilidad 2778
4.3. Los medios de reacción contra la invalidez 2785
4.4. Las consecuencias de la declaración de invalidez 2788
4.5. Los pronunciamientos de invalidez: ¿carácter constitutivo o declarativo? 2793
4.6. La situación creada por los actos inválidos y su eventual protección 2796
4.7. Tiempo y validez: la invalidez sobrevenida 2799
Bibliografía citada 2808
Capítulo XLII
Supuestos de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos
Lorenzo Mellado Ruiz
1. INTRODUCCIÓN: ENTRE LA NOSTALGIA Y LA COINCIDENCIA 2817
2. ANÁLISIS DE LOS SUPUESTOS DE NULIDAD ABSOLUTA 2825
2.1. Actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional 2825
2.2. Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio 2834
2.3. Actos de contenido imposible 2841
2.4. Actos constitutivos de delito o dictados como consecuencia de éste 2843
2.5. Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados 2848
2.6. Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición 2858
3. LAS “CAUSAS ESPECIALES DE NULIDAD” 2862
4. EL PRINCIPIO DE INDEROGABILIDAD SINGULAR DE LOS REGLAMENTOS Y LA (DISCUTIBLE) DISTINCIÓN LEGAL ENTRE ACTOS CONTRA LEGEM Y ACTOS CONTRA REGLAMENTUM 2865
5. BREVES REFLEXIONES CONCLUSIVAS 2872
Bibliografía citada 2873
Capítulo XLIII
La indefensión como vicio de invalidez de los actos administrativos
Estanislao Arana García
1. CONCEPTO DE INDEFENSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2879
1.1. Planteamiento: la indefensión en la legislación de procedimiento administrativo, una primera y genérica aproximación 2879
2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA ACTUALIDAD: BASTANTE MÁS QUE UN MERO CAUCE FORMAL PARA LA APROBACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO 2886
3. LA INDEFENSIÓN COMO CONCRETO VICIO PROCEDIMENTAL DETERMINANTE DE ANULABILIDAD: ANÁLISIS DE SU RELATIVIZACIÓN Y SU NECESARIA RECONDUCCIÓN 2892
3.1. Planteamiento 2892
3.2. El Derecho de Defensa como pilar del Estado de Derecho: naturaleza y contenido. Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa y su aplicación a las relaciones jurídico-administrativas 2894
3.2.1. La interpretación restrictiva en la jurisprudencia contencioso-administrativa española: la prueba de que la resolución final no habría variado de no haberse cometido la infracción formal y la posibilidad de haber hecho valer el derecho de defensa en vía de recurso tanto administrativo como contencioso-administrativo 2897
3.2.2. La comisión por parte de la Administración de determinados vicios procedimentales sí tiene trascendencia anulatoria y no cabe entenderlos compensados con hipotéticas resoluciones confirmatorias del fondo del asunto o con la mera posibilidad de recurrir en vía contencioso-administrativa: la línea jurisprudencial que es necesario seguir y reforzar 2902
3.3. La indefensión en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 2905
3.4. El Derecho de defensa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el principio de causalidad y su reciente reconducción 2907
4. CONCLUSIONES 2914
Bibliografía citada 2919
Capítulo XLIV
Anulabilidad e irregularidades no invalidantes
Roberto Galán Vioque
1. EL RÉGIMEN DE LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE NUEVO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2923
1.1. Evolución de la regulación legal de la anulabilidad en el Derecho administrativo español 2923
1.2. Anulabilidad versus nulidad: la ocasión perdida con la nueva LPAC 2926
2. LOS VICIOS SUSTANTIVOS QUE DETERMINAN LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 2934
2.1. Supuestos de anulabilidad por vicios no formales 2934
2.2. Convalidación de actos anulables y efectos de la anulación 2937
3. LA DESVIACIÓN DE PODER COMO SUPUESTA CAUSA DE ANULABILIDAD 2938
3.1. La positivación del vicio de la desviación de poder 2938
3.2. Alcance de la desviación de poder 2941
3.3. La consideración legal del vicio de la desviación de poder como un supuesto de anulabilidad 2944
3.4. La “imposible” prueba de la desviación de poder 2946
3.5. El resurgimiento de la desviación de poder en el ámbito del urbanismo y de la función pública 2949
4. LA INCIDENCIA DEL ANTIFORMALISMO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. LOS EFECTOS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EXTEMPORÁNEAS 2953
4.1. La graduación de los efectos de las infracciones que incurren en defectos formales y de las actuaciones administrativas extemporáneas 2953
4.2. La anulabilidad de los actos que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y de las actuaciones extemporáneas cuando venga impuesta por la naturaleza del término o plazo 2955
4.3. Las irregularidades formales y las actuaciones extemporáneas no invalidantes 2959
Bibliografía citada 2960
Capítulo XLV
Alcance invalidante de los vicios de los actos administrativos en soporte electrónico
Antonio David Berning Prieto
1. LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE 2963
1.1. Los documentos administrativos 2963
1.2. Exigencias normativas de los documentos administrativos en soporte electrónico 2966
1.3. Consecuencias derivadas del incumplimiento de requisitos de naturaleza documental: el documento defectuoso 2967
2. VICIOS DE NATURALEZA DOCUMENTAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 2971
2.1. Necesidad de regulación de las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de naturaleza documental cuando se trata de actos administrativos: la insuficiencia de los artículos 47 y 48 LPAC 2971
2.2. Alcance de los posibles vicios 2975
2.2.1. Vicios relativos a la información contenida 2975
2.2.2. Vicios relativos al formato 2976
2.2.3. Vicios relativos a los datos identificativos 2979
2.2.4. Vicios relativos a la referencia temporal: ¿es necesario incorporar un sello electrónico de tiempo? 2980
2.2.5. Vicios relativos a la incorporación de metadatos 2985
2.2.6. Vicios relativos a la firma electrónica 2989
A) Omisión de firma electrónica 2989
B) Validez del certificado electrónico 2992
C) Vicios derivados de la cesión ilegítima de la firma electrónica: exceso de uso, suplantación y usurpación de identidad. La firma por orden y la delegación de firma como alternativas lícitas 2996
3. VICIOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA 3000
3.1. Concepto y requisitos de la actividad administrativa automatizada 3000
3.2. Alcance de los posibles vicios 3008
3.2.1. Vicios relativos a la competencia: una visión hacia la teoría del órgano 3008
3.2.2. Vicios relativos al incumplimiento de otros requisitos de la automatización 3011
3.2.3. Vicios relativos al sistema de firma electrónica empleada 3015
3.3. Situaciones anómalas: errores de programación o incapacidad del algoritmo 3018
4. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO POSIBLE FUENTE DE INVALIDEZ DE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS 3020
4.1. Concepto de inteligencia artificial 3020
4.2. El empleo de sistemas de inteligencia artificial en la adopción de decisiones administrativas: posibles vicios 3021
4.2.1. Cuestiones generales relativas al control de sistemas de IA 3021
4.2.2. Empleo de sistemas de IA con carácter previo al inicio del procedimiento 3023
4.2.3. Empleo de sistemas de IA para la adopción de la decisión administrativa 3025
Bibliografía citada 3031
Capítulo XLVI
Conservación de los actos administrativos y límites a su invalidez
José Francisco Alenza García
1. El principio general de conservación (o de restricción de la invalidez) 3038
1.1. La persistencia de los actos jurídicos y el principio de conservación (o de restricción de la invalidez) de los actos jurídicos 3038
1.2. El principio de conservación ¿uno o trino? 3040
1.2.1. Un “nuevo” principio en la galaxia principial 3040
1.2.2. La conservación de actos: tres principios y una regla 3043
1.3. Los supuestos típicos de conservación (o de restricción de la invalidez) de los actos administrativos 3045
1.3.1. Una regulación persistente desde la LPA: cuatro supuestos de restricción de la invalidez y una convalidación 3045
1.3.2. Pautas interpretativas 3046
2. Intransmisibilidad de la invalidez a los actos DE TRÁMITE posteriores independientes (art. 49.1) 3047
2.1. La tipificación legal del supuesto 3047
2.2. La (innecesaria) declaración formal de la conservación de los actos de trámite independientes del acto viciado 3049
2.3. Algunos casos jurisprudenciales 3050
3. Conservación de actos y trámites (art. 51) 3051
3.1. La tipificación legal del supuesto 3051
3.2. La declaración formal de la conservación de los actos no afectados por la nulidad 3057
3.3. Algunos casos jurisprudenciales 3060
3.3.1. Conservación de trámites anteriores no afectados por la nulidad 3060
A) En procedimientos complejos o integrados 3060
B) En procedimientos simples 3065
3.3.2. Conservación de actos 3070
3.3.3. Denegación de la conservación de actos y trámites 3071
4. Invalidez parcial (art. 49.2) 3075
4.1. Requisitos de la invalidez parcial 3075
4.2. Algunos casos jurisprudenciales 3077
4.2.1. Su aplicabilidad a las disposiciones generales y, en particular, a los planes urbanísticos 3077
4.2.2. Nulidad parcial de actos con pronunciamientos diversos 3079
4.2.3. Nulidad parcial de actos con pluralidad de destinatarios 3082
4.3. La proporcionalidad como necesario criterio en la aplicación de la regla de la invalidez parcial 3083
5. Conversión de actos viciados (art. 50) 3086
5.1. Concepto, naturaleza y fundamento 3086
5.2. Requisitos de la conversión 3087
5.2.1. Presupuesto: acto nulo o anulable 3087
5.2.2. Concurrencia de los elementos constitutivos de un acto administrativo distinto al inválido 3088
5.2.3. Declaración de la conversión 3090
5.3. Su escasa aplicación jurisprudencial 3090
6. Convalidación (art. 52) 3093
6.1. La subsanación como una forma de convalidación de los actos anulables 3093
6.2. Requisitos de la subsanación 3094
6.1.1. Requisitos subjetivos: la competencia para subsanar 3094
6.1.2. Requisitos objetivos del acto subsanador o convalidante 3095
6.1.3. Requisitos objetivos del acto subsanable 3096
A) Carácter anulable 3096
B) Vicio de incompetencia 3097
C) Falta de autorización 3098
D) Falta de informes preceptivos 3099
E) Vicios objetivos 3100
6.1.4. Requisitos temporales: plazo 3101
6.3. Procedimiento o actuaciones de subsanación 3104
6.4. Efectos de la subsanación: la convalidación y su eficacia retroactiva 3106
Bibliografía citada 3108
Capítulo XLVII
Eficacia y ejecutividad de los actos administrativos
Teresa M. Navarro Caballero
1. INTRODUCCIÓN 3111
2. EFICACIA, EJECUTIVIDAD Y EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 3113
2.1. La eficacia como primera manifestación del acto administrativo 3113
2.2. La ejecutividad de los actos administrativos. Su fuerza de obligar o de imponerse 3116
2.3. Eficacia, ejecutividad (y validez) de los actos administrativos 3120
2.4. Ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos 3122
2.5. A vueltas con el problema terminológico 3125
3. LA EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL TIEMPO 3128
3.1. Eficacia del acto administrativo ¿desde que se dicta? Excepciones 3128
3.2. Situaciones de pendencia de la eficacia del acto administrativo. La eficacia demorada 3129
3.2.1. Eficacia demorada por exigirlo el contenido del acto 3129
3.2.2. Eficacia demorada por estar el acto supeditado a su notificación o publicación 3132
3.2.3. Eficacia demorada del acto por estar supeditado a aprobación superior 3134
3.3. Eficacia retroactiva 3134
4. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO GENERAL DE EJECUTIVIDAD. LA INEJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 3138
5. FINAL 3139
Bibliografía citada 3141
Capítulo XLVIII
Las notificaciones administrativas
Isaac Martín Delgado
1. INTRODUCCIÓN: ejecutividad y eficacia de los actos administrativos 3143
2. NOTIFICACIÓN CONVENCIONAL VS. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA NOTIFICACIÓN 3146
2.1. Las notificaciones administrativas: presunciones y ficciones 3146
2.2. La notificación electrónica: consideraciones generales 3150
2.3. Panorámica general de la regulación de las notificaciones electrónicas 3153
3. EL MARCO GENERAL: PRINCIPIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 3163
3.1. La necesidad de elección del medio de notificación: ¿derecho del interesado y obligación de la Administración? 3163
3.1.1. Planteamiento del problema 3163
3.1.2. Obligación de disponer de medios electrónicos 3165
3.1.3. Derecho a la elección del medio de notificación 3168
3.2. La obligatoriedad de recibir notificaciones por medios electrónicos 3171
4. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 3178
4.1. Condiciones generales para la práctica de la notificación 3178
4.1.1. El deber de notificar 3178
4.1.2. La preferencia por las notificaciones electrónicas 3180
4.1.3. Los requisitos de validez de las notificaciones 3184
4.1.4. El aviso complementario de notificación 3193
4.2. La práctica de las notificaciones administrativas 3204
4.2.1. El medio de notificación 3205
4.2.2. El lugar de notificación 3211
A) Consideraciones generales: la restricción de los sistemas de notificación 3211
B) La notificación por comparecencia en sede electrónica 3216
C) La Dirección Electrónica Habilitada Única 3220
D) Otros sistemas de notificación 3223
4.2.3. Tiempo de la notificación 3226
4.2.4. Notificación infructuosa 3232
4.2.5. El rechazo de la notificación 3235
5. CONCLUSIONES 3243
Bibliografía citada 3243
Capítulo XLIX
La ejecución forzosa de los actos administrativos: régimen general. La prohibición de acciones posesorias
Javier Barcelona Llop
1. INTRODUCCIÓN 3249
2. EL OBJETO DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN FORZOSA 3253
2.1. Actos administrativos susceptibles de ejecución forzosa: actos ejecutivos y ejecutorios 3253
2.2. Exposición de las circunstancias que, conforme al artículo 98.1 LPAC, impiden que un acto administrativo sea eficaz y, por lo tanto, que pueda ser ejecutado forzosamente 3258
2.2.1. Que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición [artículo 98.1, b)] 3258
2.2.2. La suspensión de la ejecución del acto [artículo 98.1, a)] 3260
2.2.3. Que una disposición establezca lo contrario [artículo 98.1, c)] 3263
2.2.4. Que sea necesaria aprobación o autorización superior [artículo 98.1, d)] 3264
3. LA TITULARIDAD DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN FORZOSA 3266
4. EJECUCIÓN FORZOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CUYO DESTINATARIO ES OTRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3269
5. ¿ESTÁ LA ADMINISTRACIÓN OBLIGADA A EJECUTAR FORZOSAMENTE SUS ACTOS ADMINISTRATIVOS? 3272
6. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN FORZOSA: LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EJECUCIÓN EN LÍNEA DIRECTA DE CONTINUACIÓN DEL ACTO 3278
7. LA RESOLUCIÓN QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EJECUCIÓN FORZOSA Y LA NOTIFICACIÓN DE LA QUE AUTORICE LA ACTUACIÓN MATERIAL 3285
8. EL PREVIO APERCIBIMIENTO 3288
9. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LEY 3290
10. LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE PROCEDER A LA EJECUCIÓN FORZOSA SI LA CONSTITUCIÓN O LA LEY EXIGEN LA INTERVENCIÓN DE UN ÓRGANO JUDICIAL 3291
11. LA PROHIBICIÓN DE ACCIONES POSESORIAS Y EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO FRENTE A LAS VÍAS DE HECHO 3297
Bibliografía citada 3304
Capítulo L
Los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos
Javier Guillén Caramés
1. La ejecución forzosa de los actos administrativos 3309
1.1. Titulares de la potestad de ejecución forzosa 3311
1.2. Principios informadores 3314
2. Los medios de ejecución forzosa: aspectos generales 3316
2.1. Elección del medio de ejecución más adecuado 3316
2.2. Presupuesto habilitante de la ejecución forzosa 3317
3. El control de la ejecución forzosa por vía judicial: la autorización de entrada en domicilios 3319
3.1. El derecho a la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas 3320
3.1.1. La compleja configuración del derecho a la inviolabilidad del domicilio como principio general del derecho en el ámbito del Derecho de la UE 3321
3.1.2. Delimitación del concepto de domicilio de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico nacional 3325
3.1.3. El alcance del derecho a la inviolabilidad del domicilio en las personas jurídicas 3328
3.2. El control jurisdiccional del acto administrativo que se pretende ejecutar 3331
4. TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN FORZOSA 3334
4.1. El apremio sobre el patrimonio 3334
4.1.1. Delimitación conceptual 3334
4.1.2. Procedimiento 3335
4.1.3. Una cuestión problemática: ¿puede aplicarse el apremio administrativo a una Administración Pública? 3337
4.2. La ejecución subsidiaria 3340
4.2.1. Concepto y naturaleza jurídica 3341
4.2.2. Régimen jurídico 3341
4.3. La multa coercitiva 3343
4.3.1. Concepto y necesidad de previsión legal 3343
4.3.2. Naturaleza jurídica 3345
4.3.3. Resistencia al cumplimiento por parte del sujeto obligado 3347
4.3.4. La determinación de la cuantía de la multa coercitiva 3348
4.4. La compulsión sobre las personas 3349
4.4.1. Delimitación del contenido 3349
4.4.2. El desahucio administrativo como supuesto de medio de compulsión sobre las personas 3351
Bibliografía citada 3352
CUARTA PARTE
REVISIÓN DE ACTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Capítulo LI
Revisión de actos en vía administrativa (arts. 106 a 111 LPAC)
Eloísa Carbonell Porras
1. CONSIDERACIONES GENERALES 3357
1.1. Planteamiento 3357
1.2. Crítica inicial: las mismas incongruencias e incorrecciones que las anteriores leyes 3359
1.3. Algunas observaciones generales y comunes 3362
2. LA APLICACIÓN DIRECTA O SUPLETORIA DE LA LPAC 3367
3. LA REVISIÓN CUANDO EXISTE UN VICIO DE NULIDAD DE PLENO DERECHO 3372
3.1. Las causas que determinan la nulidad de pleno derecho de actos y reglamentos 3372
3.2. El plazo para revisar 3375
3.3. El procedimiento 3376
3.3.1. La iniciación siempre de oficio respecto de los reglamentos 3376
3.3.2. Iniciación de oficio o a solicitud del interesado respecto de los actos 3377
A) Los interesados a los efectos del artículo 106.1 LPAC 3377
B) La inadmisión y sus consecuencias 3381
3.3.3. Instrucción 3383
3.3.4. La resolución 3385
A) Contenido y consecuencias 3385
B) La competencia 3386
C) El plazo y su incumplimiento 3388
3.3.5. ¿Se revisan los actos dictados en aplicación del reglamento anulado? 3391
4. LA REVISIÓN DE LOS ACTOS ANULABLES: LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD 3392
4.1. Objeto y finalidad 3392
4.2. El procedimiento administrativo de lesividad 3395
4.2.1. Iniciación 3395
4.2.2. Instrucción 3398
4.2.3. Resolución: la declaración de lesividad 3399
A) La competencia 3399
B) El plazo para declarar la lesividad: cuatro años desde que se dictó el acto impugnado y seis meses desde que se inició el procedimiento 3401
C) Contenido 3404
D) Efectos 3406
4.3. El recurso contencioso de lesividad 3407
5. LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESFAVORABLES O DE GRAVAMEN 3408
6. OTROS SUPUESTOS NO PREVISTOS EN LA LPAC EN LOS QUE LA ADMINISTRACIÓN RECONSIDERA SUS PROPIOS ACTOS 3414
7. LA RECTIFICACIÓN DE ERRORES 3417
8. LOS LÍMITES GENERALES A LA REVISIÓN 3420
Bibliografía citada 3426
Capítulo LII
Régimen general de los recursos administrativos (arts. 112 a 126 LPAC)
Vicente Escuin Palop
1. LOS RECURSOS GENERALES 3435
1.1. Concepto 3435
1.2. Actos susceptibles de recurso administrativo 3437
1.3. Materias excluidas del recurso administrativo 3441
1.3.1. Los actos de mero trámite 3441
1.3.2. Los reglamentos 3443
1.3.3. Los actos firmes 3444
1.3.4. Consultas administrativas y requerimientos de información 3445
1.3.5. Los actos de ejecución 3445
1.4. La legitimación para recurrir 3447
1.4.1. La legitimación activa de las Administraciones Públicas cuando no ejercen potestades públicas 3447
1.4.2. La legitimación de las Administraciones instrumentales frente al ente matriz 3448
1.4.3. Supuestos de legitimación ex lege 3448
A) Legitimación de los concejales 3449
B) La acción vecinal 3449
C) La acción popular 3450
1.4.4. La legitimación para intervenir en un recurso ya iniciado 3450
1.5. El procedimiento en vía de recurso 3451
1.5.1. La interposición del recurso 3452
1.5.2. La instrucción del recurso 3454
A) Alegaciones 3455
B) Los informes 3455
C) La prueba 3455
D) La audiencia del recurrente y de los interesados 3456
1.6. La terminación 3458
1.6.1. La resolución 3458
A) La inadmisión 3459
B) La resolución expresa 3460
C) La resolución implícita 3462
D) Resolución por silencio negativo 3463
1.6.2. Los modos anormales de terminación de los recursos 3464
1.7. Una novedad de la LPAC: la suspensión del plazo para resolver 3466
2. RECURSOS ESPECIALES: CONTRATACIÓN Y OTROS ÁMBITOS 3467
2.1. Recurso administrativo especial en materia de contratación 3468
2.2. Las reclamaciones potestativas contra las decisiones expresas o presuntas de las solicitudes de acceso a la información pública (arts. 23 y 24 LTBG) 3469
2.3. Mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de circulación 3472
3. PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 3475
3.1. La mediación 3476
3.2. El arbitraje 3478
4. LA SUSPENSIÓN 3479
Bibliografía citada 3485
Capítulo LIII
Recursos administrativos generales
Manuel J. Sarmiento Acosta
1. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS GENERALES EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3489
2. EL RECURSO DE ALZADA 3493
2.1. Evolución histórica: recurso jerárquico - recurso de alzada - recurso ordinario - recurso de alzada 3493
2.1.1. La situación previa a la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 3493
2.1.2. El recurso de alzada en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 3499
2.1.3. Sobre el llamado “recurso de alzada impropio” 3501
2.1.4. La aprobación de la Constitución, críticas doctrinales, y cambio de Ley: el recurso ordinario de la redacción inicial de la Ley 30/ 1992 3503
2.1.5. Las novedades incorporadas por la Ley 30/ 1992 en materia de recursos; en particular, el ahora llamado “recurso ordinario” 3505
2.1.6. Los cambios introducidos por la Ley 4/ 1999: el nuevo recurso de alzada 3508
2.2. Concepto, naturaleza y características 3511
2.3. Requisitos del acto impugnable 3513
2.4. Tramitación y resolución del recurso 3518
3. EL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 3523
3.1. Evolución histórica: desaparición y recuperación de un recurso 3523
3.2. Concepto, naturaleza y características 3528
3.3. Requisitos del acto impugnable 3530
3.4. Plazos y resolución 3530
4. EL RECURSO ADMINISTRATIVO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 3532
4.1. Evolución histórica 3532
4.2. Concepto y naturaleza 3534
4.3. Los motivos del recurso 3536
4.4. Tramitación y resolución 3540
5. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 3542
Bibliografía citada 3545
TOMO III
ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO Y SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES ESPECIALES O SINGULARES
PRIMERA PARTE
INICIATIVA LEGISLATIVA Y POTESTAD REGLAMENTARIA
Capítulo LIV
La potestad reglamentaria. El procedimiento de elaboración de los reglamentos
Manuel Fernández Salmerón
Alfonso Sánchez García
1. LA POTESTAD REGLAMENTARIA: EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO 3581
1.1. Concepto de reglamento y titularidad de la potestad reglamentaria 3581
1.1.1. A vueltas con la naturaleza de los reglamentos y sus rasgos distintivos frente a las resoluciones administrativas que disponen por vía singular 3581
A) Dificultades de la empresa 3582
B) Los criterios manejados, sus deficiencias y la caracterización predominante. Generalidad, abstracción y el correctivo institucional 3586
1.1.2. Titularidad de la potestad reglamentaria 3595
1.1.3. Sobre la naturaleza normativa de determinadas disposiciones administrativas atípicas 3603
A) Los planes urbanísticos 3603
B) La oferta de empleo público y la relación de puestos de trabajo 3610
1.2. Límites de la potestad reglamentaria 3612
2. EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 3617
2.1. Evolución de la disciplina reguladora del procedimiento de elaboración de los reglamentos en España 3617
2.1.1. La inicial delimitación por la jurisprudencia de un corpus de exigencias básicas en los procedimientos de elaboración de normas reglamentarias estatales y autonómicas y la acotación del alcance de la regulación básica en 2018 3617
2.1.2. Peculiaridades del procedimiento de elaboración de reglamentos. Dualidad funcional del entramado Gubernamental-administrativo y contraste con el procedimiento legislativo 3623
2.2. La planificación normativa. Algunas consideraciones sobre la Evaluación de Impacto Normativo 3629
2.3. El procedimiento tipo de elaboración de reglamentos 3635
2.3.1. Introducción 3635
2.3.2. Las actuaciones del procedimiento 3637
A) Iniciativa y consultas previas 3638
B) Informes y dictámenes 3642
C) Trámites participativos 3651
D) Trámites conclusivos. Publicidad y entrada en vigor 3657
2.4. Valoración jurisprudencial sobre las consecuencias derivadas de la concurrencia de vicios en el procedimiento de elaboración de reglamentos y otras normas administrativas 3660
Bibliografía citada 3668
Capítulo LV
Principios de buena regulación y evaluación de su cumplimiento
Mª Ángeles González Bustos
1. BUENA ADMINISTRACIÓN VERSUS BUENA REGULACIÓN 3673
2. LA CALIDAD DE LAS NORMAS COMO REQUISITO DE UNA BUENA REGULACIÓN 3676
2.1. La preocupación por la mejora regulatoria 3677
2.2. Criterios de calidad de las normas 3682
3. MARCO COMPETENCIAL DE LA MEJORA REGULATORIA 3686
4. PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN 3690
4.1. Principio de necesidad y eficacia 3692
4.2. Principio de proporcionalidad 3694
4.3. Principio de seguridad jurídica 3696
4.4. Principio de transparencia 3698
4.5. Principio de eficiencia 3699
4.6. Principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 3700
5. LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN 3702
Bibliografía citada 3710
SEGUNDA PARTE
TRANSPARENCIA
Capítulo LVI
Publicidad activa: aspectos generales
Severiano Fernández Ramos
1. ASPECTOS GENERALES 3717
1.1. La publicidad activa y transparencia pública 3717
1.1.1. La publicidad activa como el segundo pilar de la transparencia pública 3717
1.1.2. Complementariedad de la publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública 3719
1.1.3. Publicidad activa e información pública 3721
1.2. El concepto de la publicidad activa 3723
1.2.1. Obligación y facultad de publicar 3723
1.2.2. Derecho a la publicidad activa 3725
1.2.3. Sobre la noción de publicidad activa 3726
1.3. La ordenación de la publicidad activa 3730
1.3.4. La ordenación de la publicidad activa en la LTAIBG 3730
1.3.5. El desarrollo normativo de la LTAIBG en materia de publicidad activa 3732
1.3.6. La ampliación por normas específicas 3735
1.3.7. Aplicación en el tiempo 3736
1.3.8. La publicación voluntaria por los sujetos obligados 3737
2. ÁMBITO SUBJETIVO 3739
2.1. Los órganos y entidades del sector público 3739
2.2. Colaboración y cooperación con las Entidades Locales 3741
2.3. Corporaciones de Derecho Público y entidades privadas que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos 3743
2.4. Partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales 3745
2.5. Entidades privadas perceptoras de ayudas públicas 3747
2.5.1. Delimitación formal: entidades privadas 3747
2.5.2. Delimitación de la noción de ayudas y subvenciones públicas 3749
2.5.3. Umbrales cuantitativos de las ayudas públicas 3751
2.5.4. Vigencia temporal de la sujeción 3753
3. CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 3755
3.1. Medio de publicación 3755
3.1.1. Sedes electrónicas, páginas web y portales de internet 3755
3.1.2. Portales de Transparencia 3757
3.1.3. Publicación en páginas webs de titularidad de otra entidad 3760
3.2. Accesibilidad de la información 3762
3.3. Calidad de la información 3765
3.4. Condiciones temporales 3770
3.5. Responsable del portal e intercomunicación 3773
3.6. Límites de la publicidad activa 3775
4. CONTROL Y RESPONSABILIDAD 3777
4.1. Controles externos 3777
4.1.1. Ámbito estatal 3777
4.1.2. Ámbito autonómico y local 3779
4.2. Régimen sancionador 3781
4.2.1. El régimen sancionador en la LTAIBG 3781
4.2.2. El régimen sancionador en la legislación autonómica 3783
4.3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones legales 3788
Bibliografía citada 3791
TERCERA PARTE
LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA
Capítulo LVII
La potestad sancionadora de la Administración Pública. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables. El principio de non bis in idem
María M. Pardo López
1. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3797
1.1. Régimen jurídico de la potestad sancionadora de la Administración: el Derecho administrativo sancionador 3798
1.1.1. El discutido concepto de sanción, prius lógico de la potestad sancionadora de la Administración y el Derecho administrativo sancionador 3799
1.1.2. El Derecho administrativo sancionador, un sector del ordenamiento descuidado por el legislador 3806
1.1.3. El Derecho administrativo sancionador en perspectiva doctrinal 3809
1.2. La potestad sancionadora de la Administración en perspectiva histórica 3813
1.2.1. La expansión material de la potestad sancionadora: el largo camino desde las medidas de policía 3815
1.2.2. La progresiva incorporación de garantías inspiradas en el Derecho penal 3817
1.3. Fundamento de la potestad sancionadora de la Administración Pública 3820
1.3.1. Fundamento normativo de la potestad sancionadora 3820
1.3.2. Fundamento material de la potestad sancionadora 3822
1.4. Naturaleza y caracteres de la potestad sancionadora de la Administración Pública 3827
1.4.1. Potestad administrativa en sentido material v. potestad administrativa en sentido formal 3831
1.4.2. Potestad administrativa reglada v. potestad administrativa discrecional 3833
1.4.3. Potestad administrativa instrumental e implícita 3835
1.5. El principio de oportunidad y la potestad sancionadora de la Administración 3837
1.5.1. Medidas admonitorias 3839
1.5.2. Medidas transaccionales o restaurativas 3841
2. EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS DESFAVORABLES 3843
3. LA PROHIBICIÓN DE BIS IN ÍDEM EN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 3848
3.1. Naturaleza jurídica de la prohibición de bis in idem 3850
3.2. Las vertientes del principio de non bis in idem en Derecho administrativo sancionador 3853
3.3. (Algunas) cuestiones pendientes relacionadas con la prohibición de bis in idem en Derecho administrativo sancionador 3856
3.3.1. Tramitación sucesiva de un procedimiento administrativo sancionador tras un proceso penal absolutorio 3856
3.3.2. Tramitación simultánea y tramitación sucesiva de procedimientos administrativos sancionadores. Especial consideración de la caducidad del procedimiento sancionador 3861
Bibliografía citada 3864
Capítulo LVIII
Principios de legalidad y tipicidad. Tipificación de infracciones y sanciones
Anabelén Casares Marcos
1. INTRODUCCIÓN 3873
2. RECONOCIMIENTO Y LEGITIMACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA 3878
2.1. Traslación de los principios y garantías penales al ámbito sancionador administrativo 3878
2.2. Modulación de los principios penales aplicables al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 3883
3. Sujeción al principio de legalidad DE LA potestad sancionadora de la administración 3889
3.1. Garantía formal: la reserva de ley 3894
3.1.1. Reserva de ley y normas con rango legal 3900
3.1.2. Reserva relativa de ley y colaboración reglamentaria 3909
A) Reenvío normativo y normas sancionadoras en blanco 3917
B) Conceptos jurídicos indeterminados 3921
C) A modo de síntesis 3924
3.1.3. Modulaciones más significativas de la reserva de ley en el ámbito sancionador administrativo 3926
A) Normas preconstitucionales 3927
B) La relación de sujeción especial 3930
C) Ordenanzas locales 3937
3.2. Garantía material: tipicidad 3945
3.2.1. Mandato de tipificación al legislador 3950
A) Determinación de la infracción 3951
B) Concreción de la sanción 3959
3.2.2. Mandato de la tipificación para el operador jurídico 3967
4. REFLEXIÓN FINAL 3977
Bibliografía citada 3982
Capítulo LIX
Concepto de sanción. Responsables de las infracciones
Manuel Rebollo Puig
1. CONCEPTO DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA 3993
1.1. Necesidad del concepto de sanción 3993
1.2. Definición de sanción administrativa 3995
1.3. El contenido aflictivo de las sanciones 3996
1.4. La sanción ha de ser la consecuencia de una conducta ilícita 3997
1.5. El necesario carácter retributivo 3999
1.6. Criterio adicional para identificar las normas y los actos sancionadores: su calificación formal o nomen iuris 4002
1.6.1. La calificación normativa de las medidas previstas 4002
1.6.2. La calificación formal de la medida acordada en un acto administrativo 4004
1.7. La noción material de pena según el TEDH. Los criterios Engel 4006
1.8. La noción de pena según el TJUE 4017
1.9. La penetración de los criterios Engel en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 4020
1.10. Casuística 4022
2. RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES 4023
2.1. Cuestiones que se abordarán y principios que han de presidir las soluciones 4023
2.2. Responsabilidad sancionadora de personas jurídicas y entes sin personalidad 4026
2.3. Responsables por autoría 4031
2.4. Responsables por participación 4035
2.5. Preceptos legales específicos sobre responsables de las infracciones y su interpretación conforme a la Constitución 4036
2.6. Responsabilidad sancionadora de empleadores y empleados 4038
2.7. Responsabilidad sancionadora de los administradores de personas jurídicas 4041
2.8. Sanción en caso de varios responsables de una misma infracción: responsabilidad individual o solidaria 4043
2.9. ¿Transmisión de la responsabilidad en caso de muerte o extinción? 4045
2.10. Responsables solidarios y subsidiarios del pago de sanciones 4048
Bibliografía citada 4051
Capítulo LX
Actuaciones previas y conexiones del procedimiento administrativo sancionador con otras actuaciones
Pedro Brufao Curiel
1. INTRODUCCIÓN 4057
2. LAS PREVISIONES GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN Y LAS ACTUACIONES PREVIAS EN LA LEy 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 4058
3. LAS ELEMENTOS PROPIOS DE LA INFORMACIÓN Y LAS ACTUACIONES PREVIAS 4063
3.1. Las previsiones de la Ley del Procedimiento Administrativo Común 4063
3.2. Los hechos objeto de las actuaciones previas y su valor jurídico 4066
3.3. La identificación de las personas responsables 4072
3.4. El transcurso del tiempo en las actuaciones previas y sus efectos en la caducidad del procedimiento 4074
4. LA DENUNCIA COMO FORMA DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO Y SU FUNCIÓN EN LAS ACTUACIONES PREVIAS 4079
3.1. Consideraciones básicas sobre el concepto de denuncia 4079
4.2. Los elementos que caracterizan la denuncia administrativa 4082
5. CONCLUSIONES 4090
Bibliografía citada 4091
Capítulo LXI
El procedimiento administrativo sancionador
Lucía Casado Casado
1. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR COMO GARANTÍA ESENCIAL 4094
1.1. La relevancia del procedimiento administrativo 4095
1.2. La relevancia del procedimiento administrativo sancionador en particular 4096
1.2.1. Las razones que justifican su existencia 4097
1.2.2. El principio de garantía del procedimiento: la prohibición de imposición de sanciones administrativas sin un procedimiento previo 4099
2. EL MARCO JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 4101
2.1. Las previsiones constitucionales 4101
2.2. La regulación infraconstitucional 4102
2.2.1. La normativa predecesora: la LRJPAC y el RPEPS 4103
2.2.2. La actual fragmentación de la regulación de la potestad sancionadora en dos normas: la LRJSP y la LPAC 4106
2.2.3. La regulación del procedimiento administrativo sancionador en la LPAC: su consideración como un procedimiento administrativo común especializado 4109
A) La regulación de las especialidades del procedimiento administrativo sancionador (remisión) 4110
B) La reserva de ley para nuevos trámites del procedimiento administrativo sancionador 4111
C) El alcance de la posibilidad de establecimiento de especialidades reglamentarias 4112
D) Los procedimientos administrativos sancionadores excluidos de la LPAC 4113
3. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A RESPETAR EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 4117
3.1. La aplicación matizada de las garantías del proceso penal al procedimiento administrativo sancionador: la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa 4118
3.2. Los derechos fundamentales del artículo 24.2 de la CE aplicables en el procedimiento administrativo sancionador 4120
3.2.1. El derecho a la defensa 4121
3.2.2. Los derechos instrumentales para la garantía efectiva del derecho de defensa 4124
A) El derecho a ser informado de la acusación 4124
B) El derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho a no confesarse culpable 4128
C) El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa 4133
D) El derecho a la asistencia letrada 4135
E) El derecho a la presunción de inocencia 4139
3.3. Los derechos fundamentales del artículo 24.2 de la CE no aplicables en el procedimiento administrativo sancionador 4142
3.3.1. El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley 4142
3.3.2. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas 4145
3.4. El alcance y la relevancia de las garantías constitucionales: las consecuencias de su vulneración 4147
4. OTROS DERECHOS DE LA PERSONA PRESUNTA RESPONSABLE y otras garantías recogidos en la lpac 4148
4.1. La obligada separación orgánica entre la fase instructora y la fase sancionadora 4148
4.2. Los derechos de la persona presunta responsable incluidos en la LPAC 4151
4.2.1. Los derechos que corresponden a cualquier persona interesada en los procedimientos administrativos (remisión) 4152
4.2.2. Los derechos específicos en los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora 4153
A) El derecho a conocer determinados datos del procedimiento sancionador 4153
B) El derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario 4154
4.3. El sometimiento del procedimiento a un plazo 4154
5. Las especialidades del procedimiento administrativo sancionador 4156
6. LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA En los procedimientos ADMINISTRATIVOS de naturaleza sancionadora 4161
7. LA TRAMITACIÓN DE URGENCIA En los procedimientos ADMINISTRATIVOS de naturaleza sancionadora 4167
Bibliografía citada 4169
CUARTA PARTE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXTRACONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO
Capítulo LXII
El sistema de responsabilidad patrimonial: bases conceptuales, históricas y constitucionales. Tipos de imputación
Luis Medina Alcoz
1. BASES CONCEPTUALES 4175
1.1. Concepto y delimitación con figuras afines 4175
1.2. Funciones y efectos 4179
2. Bases históricas 4183
2.1. El paradigma de la responsabilidad personal de los oficiales 4183
2.1.1. Antiguo Régimen y Cortes de Cádiz 4183
2.1.2. Comienzos del Estado liberal 4187
2.2. La responsabilidad directa del Estado como nuevo paradigma 4193
2.3. La inmunidad patrimonial de la Administración como producto genuino del Derecho administrativo: mecanismos 4198
2.3.1. Reclamación administrativa previa y otras trabas procedimentales 4201
2.3.2. Exigencia de previsión legal de las indemnizaciones por daño lícito sacrificial 4202
2.3.3. Negación de la responsabilidad directa de la Administración por ilícito del funcionario 4206
2.4. Propuestas académicas ante la inmunidad patrimonial de la Administración 4209
2.5. Un nuevo sistema de responsabilidad directa de la Administración 4211
2.6. La drástica simplificación del sistema 4216
3. Bases constitucionales 4222
4. TIPOS DE imputación 4227
4.1. La imputación de conductas 4227
4.2. La imputación causal de daño 4229
4.2.1. La causalidad y su prueba. La llamada doctrina de la pérdida de oportunidad 4229
4.2.2. Adecuación y criterios funcionalmente equivalentes 4232
4.3. La imputación subjetiva del daño a título de sacrificio, culpa o ilegalidad 4234
4.3.1. El sacrificio especial 4235
4.3.2. La culpa 4241
4.3.3. Ilegalidad, culpa y “margen de tolerancia” en la responsabilidad por acto administrativo 4244
Bibliografía citada 4251
Capítulo LXIII
Imputabilidad de la responsabilidad patrimonial
Mª Consuelo Alonso García
1. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD 4259
1.1. Definición 4259
1.2. La concurrencia de sujetos en la aparición de la lesión: intervención de la víctima y el hecho de un tercero 4262
1.2.1. Comportamiento de la víctima 4262
1.2.2. Intervención de un tercero 4267
1.3. La fuerza mayor y el desconocimiento científico como causas de exención de la responsabilidad administrativa 4269
2. LOS SUJETOS RESPONSABLES 4276
2.1. La Administración responsable 4276
2.1.1. Responsabilidad subsidiaria de la Administración por delitos cometidos por sus funcionarios 4276
2.1.2. Responsabilidad subsidiaria de la Administración expropiante frente al incumplimiento del deber del pago del justiprecio por el beneficiario privado 4279
2.2. El régimen jurídico de la responsabilidad de los organismos públicos y entidades de Derecho público y entidades de Derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones públicas 4280
2.2.1. La responsabilidad patrimonial de los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas (art. 2.2 a) LRJSP) 4280
2.2.2. La responsabilidad patrimonial de las entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas (art. 2.2 b) LRJSP) 4282
2.3. Responsabilidad concurrente 4286
2.3.1. Responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas 4286
2.3.2. Breve apunte sobre la repercusión por el Estado español de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea a las Administraciones públicas autoras materiales del mismo 4289
2.3.3. Concurrencia con sujetos privados: Responsabilidad de contratistas y concesionarios 4294
A) Determinación del sujeto responsable y títulos de imputación a la Administración por los daños ocasionados a terceros en la ejecución del contrato 4294
B) Régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del contratista 4298
C) El requerimiento previo potestativo a la Administración contratante 4299
D) Procedimiento administrativo y proceso judicial 4301
E) Acción de regreso contra el concesionario 4306
2.4. Responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos (acción de regreso) 4306
2.4.1. Definición y finalidad de la acción de regreso 4306
2.4.2. Obligación para la Administración de exigirla y elementos que han de concurrir para su exigencia 4309
2.4.3. Procedimiento administrativo para el ejercicio de la acción 4310
2.4.4. Diferencia de acciones 4313
2.5. El aseguramiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas mediante seguros privados 4315
2.5.1. Justificación del contrato del seguro de la Administración 4315
2.5.2. Régimen jurídico sustantivo aplicable y jurisdicción competente 4316
2.5.3. Situación procesal de demandados y codemandados y las responsabilidades que para ambos dimanan del juicio contencioso-administrativo 4320
Bibliografía citada 4323
Capítulo LXIV
El daño y su reparación
Elisa Moreu Carbonell
1. LESIÓN O DAÑO INDEMNIZABLE 4330
1.1. Daño efectivo 4331
1.1.1. Daños futuros y expectativas 4331
1.1.2. En especial, la valoración de la pérdida de oportunidad 4332
1.2. Daño evaluable económicamente 4334
1.3. Daño individualizado 4335
2. DAÑO ANTIJURÍDICO 4336
2.1. Causas de justificación que excluyen la antijuridicidad del daño 4336
2.2. Los riesgos del progreso 4338
3. EL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL: CRITERIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO 4340
3.1. La cuantificación del daño material 4343
3.1.1. Valoración de bienes muebles 4345
3.1.2. Valoración de animales 4345
3.2. La cuantificación de la muerte y de los daños personales 4346
3.3. En especial, el daño moral 4348
3.4. Modulación de la indemnización en caso de concurrencia de culpas 4351
4. CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN Y PAGO 4352
4.1. Momento temporal para el cálculo de la indemnización 4353
4.2. ¿A quién corresponde determinar el quantum indemnizatorio? Aspectos procesales 4353
4.3. Compatibilidad con otras prestaciones 4355
4.4. Tratamiento tributario de la indemnización 4356
4.5. Actualización de la indemnización e intereses de demora 4356
Bibliografía citada 4357
Capítulo LXV
Responsabilidad patrimonial del Estado legislador y por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
Gabriel Doménech Pascual
1. Introducción 4362
2. Responsabilidad por leyes ajustadas a derecho 4363
2.1. La jurisprudencia inicial 4363
2.2. El vano intento legislativo de contención 4364
2.3. ¿Responsabilidad o expropiación? 4366
2.4. La distinción entre regulaciones expropiatorias y limitaciones no indemnizables de derechos 4367
2.4.1. Criterios utilizados por la jurisprudencia y la doctrina españolas 4367
2.4.2. El criterio del justo equilibrio empleado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos 4374
2.4.3. Costes y beneficios de compensar una privación de derechos 4375
3. Responsabilidad por leyes contrarias a derecho 4377
3.1. La jurisprudencia inicial del Tribunal Supremo 4377
3.2. Modulaciones jurisprudenciales 4380
3.2.1. El Estado no responde cuando la sentencia anulatoria declara consolidadas ciertas situaciones nacidas al amparo de la ley inconstitucional 4380
3.2.2. Daños causados por leyes contrarias al Derecho de la Unión Europea 4382
3.3. La regulación establecida en las Leyes 39 y 40/2015 4385
3.4. Modulaciones jurisprudenciales 4386
3.4.1. Leyes autoaplicativas favorables 4387
3.4.2. Concepto amplio de “recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño” 4387
3.4.3. Interpretación laxa del requisito de la invocación previa de la ilicitud de la ley 4388
3.4.4. No necesidad de una previa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 4388
3.4.5. Suspensión del plazo de un año para exigir la responsabilidad 4388
3.4.6. Momento de la producción del daño 4389
3.5. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de junio de 2022 4389
3.5.1. Vulneración del principio de efectividad 4390
3.5.2. No vulneración del principio de equivalencia 4392
3.6. Más modulaciones jurisprudenciales 4394
3.6.1. El Estado responde aun cuando la sentencia anulatoria haya declarado consolidados las situaciones y los actos surgidos en aplicación de la ley inconstitucional 4394
3.6.2. La necesidad de solicitar la rectificación de autoliquidaciones tributarias 4395
3.7. Crítica de la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes contrarias a Derecho 4395
3.7.1. Articulación de las acciones de tutela de los derechos afectados por una ley inconstitucional 4395
A) La solución vigente: la acción de responsabilidad es independiente de la acción de revisión 4395
B) La regla aplicable en el Derecho de la Unión europea y el Derecho comparado: el carácter subsidiario y dependiente de la acción de responsabilidad 4397
C) La tutela plena e inmediata frente a las situaciones y los actos nacidos de la aplicación de la norma contraria a Derecho es siempre preferible a una ulterior tutela resarcitoria 4400
D) Incongruencia con los preceptos que disponen la conservación de ciertas situaciones nacidas de la aplicación de normas contrarias a Derecho 4402
E) ¿Antijuridicidad del daño impuesto mediante una resolución firme que sigue produciendo efectos jurídicos? 4403
F) El carácter subsidiario y dependiente de la ulterior acción resarcitoria induce al perjudicado a escoger el tipo de tutela socialmente más eficiente 4404
G) La revisión de situaciones firmes es siempre preferible a la responsabilidad patrimonial por los daños derivados de éstas 4404
H) Agregación, tramitación y resolución eficiente de los litigios masivos resultantes 4405
I) Impugnar las situaciones y los actos originados en la aplicación de una ley contraria a Derecho no constituye una carga desproporcionada 4407
3.7.2. Requisitos sustantivos de la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes contrarias a Derecho 4409
A) Los requisitos deberían ser sustancialmente los mismos para todas las leyes contrarias a Derecho 4409
B) Responsabilidad objetiva o por negligencia 4409
C) Violación de una norma que confiere derechos a los particulares afectados 4412
D) Relación de causalidad 4414
Bibliografía citada 4415
Capítulo LXVI
La acción y el procedimiento de exigencia de la responsabilidad patrimonial
Lucía Alarcón Sotomayor
1. BASES CONSTITUCIONALES Y REGULACIÓN 4424
1.1. Bases constitucionales 4424
1.2. Regulación 4425
2. LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 4427
3. LA EXIGENCIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO: REGLA GENERAL Y EXCEPCIONES 4431
3.1. Regla general: la necesidad de procedimiento previo sea cual sea la actividad que cause el daño y aun cuando lo cause un ente instrumental de Derecho Público. Problemas con relación a los daños causados por sociedades mercantiles y fundaciones públicas 4431
3.2. Excepciones a la regla general: casos en que la indemnización se pide como pretensión complementaria a la de anulación del acto en vía judicial 4433
4. LA LEGITIMACIÓN 4434
4.1. La legitimación activa: el perjudicado y otros interesados 4434
4.1.1. El perjudicado 4434
4.1.2. Otros interesados 4435
4.2. La legitimación pasiva: la Administración y otros codemandados 4436
4.2.1. La Administración 4436
4.2.2. Otros codemandados 4436
5. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: FASES Y TRÁMITES 4436
5.1. Consideración previa: la aplicación de las normas generales sobre el procedimiento administrativo común 4436
5.2. Las fases y los trámites 4437
6. EL PLAZO PARA RECLAMAR Y SU PRESCRIPCIÓN 4438
6.1. Cuestiones generales: un año de prescripción susceptible de interrupción 4438
6.2. El primer día y el último del plazo para reclamar 4440
6.2.1. El día inicial 4440
A) Regla general 4440
B) Reglas especiales 4442
6.2.2. El día final 4444
6.3. La interrupción del transcurso del plazo 4444
6.3.1. Significado 4444
6.3.2. La interrupción por la reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa o contencioso-administrativa 4445
6.3.3. La interrupción por la incoación de oficio del procedimiento administrativo 4448
7. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECLAMACIÓN DEL PERJUDICADO O DE OFICIO 4449
7.1. Por reclamación del perjudicado 4449
7.2. De oficio 4450
8. INSTRUCCIÓN: TRÁMITES ESPECÍFICOS, IMPULSIÓN DE OFICIO E INADMISIÓN DE LA RECLAMACIÓN 4452
9. EL INFORME DEL SERVICIO QUE HAYA CAUSADO LA POSIBLE LESIÓN 4453
10. EL TRÁMITE DE PRUEBA 4455
11. EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO U ÓRGANO CONSULTIVO EQUIVALENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 4459
12. LA FASE DE TERMINACIÓN. EN ESPECIAL, LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL 4465
12.1. Formas de terminación del procedimiento 4465
12.2. La terminación por convenio 4466
13. LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO 4470
14. PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO, CONSECUENCIAS DE SU SUPERACIÓN Y RECURSOS 4474
Bibliografía citada 4476
QUINTA PARTE
AYUDAS Y SUBVENCIONES
Capítulo LXVII
Concepto y elementos de la subvención
Germán Fernández Farreres
1. UNA PRECISIÓN PREVIA 4483
2. CONCEPTO DE SUBVENCIÓN 4489
2.1. Objeto 4491
2.2. Sujetos: otorgante y beneficiario. Remisión 4495
2.3. El requisito de la afectación 4495
2.4. La inexistencia de contraprestación directa del beneficiario: la entrega dineraria se realiza “a fondo perdido 4497
3. SUPUESTOS QUE NO TIENEN LA CONDICIÓN JURÍDICA DE SUBVENCIÓN 4498
4. SUPUESTOS NO COMPRENDIDOS Y EXCLUIDOS DEL ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN 4501
4.1. Supuestos no comprendidos. En especial, las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones Públicas y sus entes, destinadas a financiar globalmente su actividad en el ámbito propio de las competencias que tienen atribuidas 4501
4.2. Supuestos excluidos. En especial, determinados premios, subvenciones a partidos políticos y grupos parlamentarios, las vinculadas a declaraciones de impacto ambiental, a la cooperación internacional, y los incentivos regionales 4514
5. CONSIDERACIONES FINALES 4517
Bibliografía citada 4519
Capítulo LXVIII
Los sujetos en materia de subvenciones
Elsa Marina Álvarez González
1. Introducción 4523
2. Entidades concedentes 4527
2.1. El sector público como sujeto concedente en materia de subvenciones 4534
2.2. Hacia una tipología básica de entidades instrumentales 4545
2.3. Las potestades administrativas como elemento definitorio del ámbito subjetivo de la LGS 4547
2.4. Las fundaciones y otras entidades privadas del sector público como entidades que otorgan subvenciones públicas 4554
2.4.1. Atribución y alcance de la potestad subvencional ejercida por las entidades privadas del sector público 4557
3. ENTIDADES COLABORADORAS 4564
4. Sujetos beneficiarios 4566
Bibliografía citada 4569
Capítulo LXIX
Procedimientos de otorgamiento de subvenciones: establecimiento y concesión
Antonio Bueno Armijo
1. LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES SINGULARES 4576
1.1. El dinero público como recurso escaso y la respuesta de la Ley General de Subvenciones 4576
1.2. Los principios comunes al establecimiento de subvenciones 4578
1.3. Los principios comunes a todas las formas de concesión de subvenciones 4580
1.4. La regulación de los procedimientos de concesión de subvenciones como “procedimientos administrativos comunes singulares” 4581
2. REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIONES 4584
2.1. La competencia para el establecimiento de subvenciones 4584
2.2. El plan estratégico de subvenciones 4585
2.2.1. El establecimiento y el contenido de los planes estratégicos de subvenciones 4585
2.2.2. El control del cumplimiento de los planes estratégicos de subvenciones 4588
2.3. Las bases reguladoras 4594
2.3.1. Objeto y naturaleza de las bases reguladoras de subvenciones 4594
2.3.2. El contenido de las bases reguladoras de subvenciones. En especial, la delimitación de los posibles beneficiarios 4599
2.4. El control de la Comisión Europea sobre la compatibilidad de la subvención con las normas de competencia del mercado interior 4602
2.4.1. La prohibición general de ayudas de Estado y su control por la Comisión Europea 4603
2.4.2. La incorporación de las reglas sobre el control de ayudas de Estado al régimen jurídico de las subvenciones en España 4606
3. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN EN CONCURRENCIA COMPETITIVA 4609
3.1. El carácter ordinario del procedimiento de concesión en concurrencia competitiva 4609
3.2. Características del procedimiento: la concurrencia y la competición 4610
3.3. La iniciación del procedimiento 4613
3.3.1. La convocatoria y su publicación 4613
3.3.2. La presentación de solicitudes y la documentación complementaria 4618
3.3.3. El trámite de admisión y subsanación 4620
3.4. La instrucción del procedimiento 4622
3.4.1. La evaluación de las solicitudes 4623
A) La compleja determinación del órgano competente para evaluar las solicitudes: ¿órgano instructor u órgano colegiado? 4623
B) Composición del órgano colegiado 4626
3.4.2. La propuesta de resolución provisional: presentación de alegaciones y reformulación de la solicitud 4627
A) El (imprescindible) trámite de alegaciones 4627
B) La reformulación de las solicitudes 4628
3.4.3. La propuesta de resolución definitiva y la posible aceptación previa del beneficiario 4630
A) Contenido de la propuesta de resolución definitiva 4630
B) La posible aceptación previa del beneficiario y la necesaria presentación de documentación 4631
3.5. La resolución del procedimiento 4631
3.5.1. El acto administrativo de resolución del procedimiento 4631
A) Contenido de la resolución de concesión 4633
B) Plazo máximo para resolver y consecuencias de la superación de dicho plazo 4637
3.5.2. La aceptación o renuncia del beneficiario y la posibilidad de nuevas adjudicaciones 4638
3.5.3. La posible impugnación de la resolución 4640
4. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA 4642
4.1. El carácter extraordinario de la concesión directa 4642
4.2. Las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales 4643
4.2.1. Fundamento y requisitos de la concesión de subvenciones nominativas en las normas de presupuestos 4643
4.2.2. Entes que pueden conceder subvenciones nominativas en sus presupuestos 4645
4.2.3. Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos 4647
4.2.4. Las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos de forma recurrente y el problema de las prórrogas presupuestarias 4648
4.3. Las subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía vengan impuestos por una norma con rango legal 4651
4.4. Las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública 4654
4.5. Otros supuestos de concesión directa de subvenciones 4658
4.5.1. La concesión directa de subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea 4658
4.5.2. La concesión directa de subvenciones a inversiones de las Entidades locales en el marco de programas de cooperación económica 4659
4.5.3. La concesión directa de subvenciones en materia de cooperación internacional 4660
4.5.4. La concesión directa de subvenciones de facto 4661
4.5.5. ¿El prorrateo de la subvención como forma de concesión directa? 4664
4.6. Otros pretendidos supuestos de concesión directa de subvenciones. En especial, el procedimiento de concesión en concurrencia no competitiva 4666
Bibliografía citada 4669
Capítulo LXX
El reintegro de subvenciones
Javier García Luengo
1. Introducción. La regulación del reintegro de subvenciones como síntoma de la ineficacia de otras figuras 4673
2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS CAUSAS DE REINTEGRO 4676
3. EL REINTEGRO COMO ANULACIÓN DE OFICIO 4681
3.1. La revisión de subvenciones obtenidas falseando los requisitos 4681
3.2. La revisión de ayudas de Estado contrarias al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 4683
3.3. En especial, los límites de la tutela judicial ante los tribunales nacionales 4688
4. EL REINTEGRO DE SUBVENCIONES VÁLIDAS 4692
4.1. El incumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentaron la concesión de la subvención 4693
4.2. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente 4697
4.3. El incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de difusión 4699
4.4. Reintegro por imposibilidad de verificar el cumplimiento de las condiciones de la subvención 4700
4.5. Reintegro por incumplimiento de obligaciones asociadas a la concreta subvención concedida 4702
4.6. Causas de reintegro establecidas en la normativa reguladora de la subvención 4704
4.7. Otros supuestos de reintegro recogidos en la Ley General de Subvenciones 4704
5. LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRO 4706
5.1. La naturaleza de los créditos a reintegrar 4706
5.2. Los obligados al reintegro 4707
5.3. La prescripción de la obligación de reintegrar 4711
6. EL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 4714
6.1. Órganos competentes 4714
6.2. Interesados 4715
6.3. Iniciación del procedimiento 4716
6.4. La tramitación del procedimiento 4720
6.5. Plazo para resolver y notificar 4721
6.6. La resolución del procedimiento de reintegro 4723
Bibliografía citada 4724
Capítulo LXXI
El control económico-financiero de subvenciones
Jorge Agudo González
1. INTRODUCCIÓN 4727
2. BASES DEL SISTEMA DE CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO 4732
2.1. Base constitucional del sistema de control 4732
2.2. Bases dogmáticas del sistema de control: sobre la subvención, la relación jurídica subvencional y la legitimidad administrativa 4736
3. REFLEXIONES A LA VISTA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA DE CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO 4739
3.1. La “paradoja del control” 4739
3.1.1. Controles continuos en los que los sujetos controlados son los mismos, cuyo objeto es similar y en los que los parámetros de control son semejantes 4740
A) Sobre el objeto de control y los sujetos controlados 4740
B) Sobre la articulación del juicio de contraste propio de toda forma de control 4746
3.1.2. Sobre los órganos de control y los procedimientos de control económico-financiero de subvenciones. Controles que dan lugar a más controles 4757
A) Sobre los órganos que tienen atribuida la función de control 4757
B) Sobre los procedimientos de control 4759
C) Facultades y garantías de quienes intervienen o se ven afectados por los procedimientos 4766
3.2. Consecuencias jurídicas de los controles 4776
3.2.1. Consecuencias jurídicas de los controles internos ex ante y ex post 4777
A) Efectos inmediatos a lo largo de la tramitación del procedimiento 4777
C) La materialización de las consecuencias jurídicas previstas por el órgano de control: invalidez o eliminación del acto y reintegro 4780
3.2.2. Consecuencias jurídicas de los mecanismos de control externos 4790
Bibliografía citada 4794
Torres López, María Asunción; Arana García, Estanislao
Comares. 2004
41,35 €
39,28 €
Fernández Ramos, Severiano; Gamero Casado, Eduardo
Tecnos. 2025
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47,45 €
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Mellado Ruiz, Lorenzo
Comares. 2010
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Bueno Armijo, Antonio; Cuesta Revilla, José; De La Torre Martínez, Lourdes; Izquierdo Carrasco, Manuel; López Benítez, Mariano; Montañés Castillo, Lourdes Yolanda; Rebollo Puig, Manuel; Vera Jurado, Diego José; Zamora Roselló, Mª Remedios
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Escartín Escudé, Victor ; Romero Rey, Carlos
Dykinson. 2026
33,00 €
31,35 €
Otros; Palomar Olmeda, Alberto
Aranzadi. 2007
54,08 €
51,38 €
Cobo Olvera, Tomás
El Consultor de Los Ayuntamientos. 2013
239,50 €
227,53 €
Tomás Cobo Olvera Y Tomás A. Cobo Peralta
Sepin. 2023
62,30 €
59,18 €
24,00 €
20,40 €