Tratado de régimen jurídico básico del sector público y procedimiento administrativo común
3 Tomos

TOMO I
ENCUADRE. PRINCIPIOS. ORGANIZACIÓN. LA CIUDADANÍA. MEDIOS AUXILIARES
Prólogo        85
Francisco López Menudo
Relación de autores        93
Nota preliminar
Alcance y estructura de esta obra        99
Eduardo Gamero Casado
Abreviaturas y acrónimos        105
PRIMERA PARTE:
ENCUADRE, ESTRUCTURA NORMATIVA Y MARCO COMPETENCIAL
Introducción
Encuadre de las Leyes 40/2015 y 39/2015 en el acervo del derecho administrativo
Eduardo Gamero Casado
1.    ANTECEDENTES: LA TRADICIÓN ESPAÑOLA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN        114
2.    La aprobación de las leyes 40/2015 y 39/2015        120
2.1.    Microhistoria del procedimiento de aprobación de las Leyes 40/2015 y 39/2015        120
2.2.    El cumplimiento de un programa de reformas como objetivo principal de estas leyes y las consecuencias derivadas de su atropellada aprobación        122
3.    LOS TRES EJES DE LA REFORMA Y OTRAS NOVEDADES: REALIDAD Y MITO        128
3.1.    El afán reordenador de las fuentes del Derecho administrativo y sus limitaciones        128
3.2.    El impulso de la administración electrónica        131
3.2.1.    Alcance real de los cambios. El principio de preferencia del medio electrónico        131
3.2.2.    La omisión de medidas de “enforcement” (cumplimiento); los servicios básicos de administración electrónica        135
3.2.3.    La situación actual: de la administración electrónica a la digital        137
3.3.    El impulso de la simplificación administrativa        140
3.3.1.    Panorámica de la simplificación administrativa en las Leyes 40/2015 y 39/2015: luces y sombras        140
3.2.2.    Balance de la situación actual: el principio de simplificación administrativa, el procedimiento administrativo adecuado y la Administración facilitadora        143
3.4.    Otras novedades y aportaciones destacables de las Leyes 40/2015 y 39/2015        150
4.    LOS VACÍOS Y OMISIONES DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA DE PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO        152
Bibliografía citada        156
Capítulo I
La estructura de la legislación sobre régimen jurídico básico del sector público y procedimiento administrativo común y sus criterios de aplicación (ejercicio de potestades administrativas y encuadre en el sector público)
Eduardo Gamero Casado
1.    LOS TÍTULOS COMPETENCIALES DEL ESTADO Y SU ARTICULACIÓN EN LAS LEYES 40/2015 Y 39/2015        165
1.1.    Delimitación material de los títulos competenciales derivados del art. 149.1.18ª CE        165
1.2.    Esquema de reparto según la materia: la diferente naturaleza jurídica de lo “básico” y lo “común” y su equivalencia funcional        173
1.3.    La difícil disección de los títulos competenciales y las consecuencias de su fragmentación en normas diferentes: dos leyes siamesas que generan inseguridad jurídica        183
1.4.    Reservas de ley en el régimen jurídico del sector público y el procedimiento administrativo común        187
1.5.    Estructura sistemática de la legislación del procedimiento común        189
1.5.1.    El contenido de la LPAC: un procedimiento común (general) y sus especialidades en materia de responsabilidad patrimonial y ejercicio de la potestad sancionadora        189
1.5.2.    Los procedimientos comunes especiales o singulares establecidos en otras normas: procedimientos tributarios y subvencionales        191
1.5.3.    El carácter supletorio de la LPAC en ciertas materias (DA 1ª): la desmembración del procedimiento administrativo común y la frustración del título competencial        200
1.5.4.    Cuadro-resumen de la estructura normativa de los procedimiento comunes generales y especiales o singulares        201
1.5.5.    Alternativa: familias de procedimientos administrativos según su naturaleza y sistematización de su normativa reguladora        202
2.    EL EJERCICIO DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS COMO CRITERIO DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA O COMÚN        207
2.1.    Las previsiones normativas respecto de la aplicación de la legislación administrativa básica y común al ejercicio de potestades administrativas por el sector público; cuadro-resumen del ejercicio de potestades por entidades del sector público        207
2.2.    Delimitación de la potestad administrativa        214
2.2.1.    Las tres manifestaciones del poder jurídico: potestad, poder jurídico acondicional y derecho adquirido        215
2.2.2.    Las potestades públicas: concepto y delimitación con las potestades privadas        222
2.2.3.    Entrecruzamiento orgánico de las potestades públicas y análisis específico de algunas de ellas. Las potestades públicas originarias        226
2.2.4.    Otras potestades públicas distintas de la administrativa        228
2.3.    Definición y notas conceptuales de la potestad administrativa        229
2.3.1.    Definición de la potestad administrativa        229
2.3.2.    Las potestades administrativas son un poder jurídico funcional, reconocido para la satisfacción del interés general        231
2.3.3.    Subordinación a la ley. La potestad reglamentaria como potestad administrativa        236
2.3.4.    Plena sujeción a control judicial. La tutela judicial efectiva        237
2.3.5.    Inconcreción constitucional. Multiformidad        241
2.3.6.    La potestad administrativa es un poder unilateral, lo que no implica necesariamente exorbitancia o ejercicio de autoridad        242
A)    Unilateralidad (ejecutividad). La autotutela ejecutiva (ejecutoriedad) como potestad administrativa específica        242
B)    Qué son prerrogativas, actos de autoridad, imperium o gravamen según la doctrina académica        249
C)    Breve referencia a la potestad certifical, de constancia fehaciente y dación de fe pública        252
D)    Elenco de funciones que suponen actos de gravamen o ejercicio de prerrogativas exorbitantes. Consecuencias        253
2.3.7.    Generalmente, su ejercicio constituye un deber para su titular        255
2.3.8.    Su atribución se articula mediante el principio de legalidad        258
2.3.9.    Su ejercicio está sujeto a garantías de procedimiento, de distinta intensidad según la potestad que se ejerza. La participación sustantiva en un procedimiento administrativo supone el ejercicio de potestades administrativas        262
2.3.10.    Su ejercicio puede corresponder tanto a sujetos públicos como privados. Necesaria distinción entre titularidad y ejercicio de potestades administrativas        265
2.4.    El ejercicio de potestades administrativas en la interpretación y aplicación del art. 9.2 TREBEP        274
2.4.1.    Interpretación restrictiva (auténtica y doctrinal), de los puestos reservados a funcionarios        274
2.4.2.    La jurisprudencia del TJUE        278
2.4.3.    La acogida expresa de dicha interpretación en la legislación autonómica y en el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado        281
2.4.4.    Funciones que pueden desempeñar los empleados laborales        282
2.4.5.    La vacilante jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el art. 9.2 TREBEP        285
A)    De AMAYA, EGMASA, VAERSA e IDEA a TRAGSATEC e INECO; y vuelta a empezar        285
B)    Síntesis de los criterios del Tribunal Supremo y el verdadero alcance de la hipertrofia del concepto de potestad administrativa: ¿qué son actividades técnicas, de apoyo o auxiliares, especialmente en la instrucción de procedimientos administrativos?        301
2.5.    El retorno al Derecho administrativo. El Derecho administrativo como sistema de potestades administrativas        307
2.5.1.    El ejercicio de potestades administrativas como criterio de aplicación del Derecho administrativo: el retorno al Derecho administrativo        307
2.5.2.    El Derecho administrativo como sistema de potestades administrativas        311
2.5.3.    La asimetría Derecho administrativo-Administración pública: la extensión del Derecho administrativo        316
2.5.4.    El control judicial de las potestades administrativas        318
3.    EL ENCUADRE EN EL SECTOR PÚBLICO COMO CRITERIO DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA: CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO SUBYACENTE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA        320
3.1.    El concepto de Administración pública subyacente en las Leyes 39 y 40/2015        320
3.2.    La Administración como sujeto creado por el poder público para actuar en el giro o tráfico jurídico y económico. El sector público administrativo y la Administración pública en sentido estricto        325
3.2.1.    Alcance del concepto        325
3.2.2.    Deslinde entre la Administración y los restantes poderes y sujetos públicos        327
3.2.3.    La personalidad jurídica como atributo necesario de la Administración pública        329
3.2.4.    Administración pública en sentido amplio o lato (sector público institucional o administrativo) y Administración pública en sentido estricto        331
3.3.    El régimen jurídico resultante        332
3.3.1.    La Administración pública en sentido estricto se rige por un Derecho estatutario propio. Ha sido creada esencialmente para ejercer potestades administrativas. Personalidad de Derecho Público y de Derecho Privado        332
3.3.2.    La Administración en sentido lato (todo el sector público institucional) se rige por el Derecho Administrativo cuando ejerce potestades administrativas, y se somete además —y en su conjunto— a los principios constitucionales que presiden el quehacer de la Administración        334
3.3.3.    Acomodación del continente al contenido: libre elección de la forma de personificación, con pleno respeto a la naturaleza de la forma elegida        336
4.    SÍNTESIS: EL DERECHO ADMINISTRATIVO COMO SISTEMA DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS; LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EN SENTIDO LATO) COMO ENTIDAD CREADA PARA CANALIZAR LAS RELACIONES DEL SECTOR PÚBLICO CON LA CIUDADANÍA        338
Bibliografía citada        340
SEGUNDA PARTE:
PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DEL SECTOR PÚBLICO
Capítulo II
Los principios constitucionales de funcionamiento de las Administraciones públicas
Marcos Vaquer Caballería
1.    EL PRINCIPIALISMO EN EL DERECHO PÚBLICO ACTUAL: USO Y ABUSO        354
2.    LA SÍNTESIS ENTRE ESTADO SOCIAL Y ESTADO DE DERECHO EN EL art. 103 DE LA CONSTITUCIÓN        361
3.    LA LEGALIDAD, O EL SOMETIMIENTO PLENO A LA LEY Y EL DERECHO        366
4.    EL SERVICIO A LOS INTERESES GENERALES        372
5.    LA OBJETIVIDAD        383
6.    LA EFICACIA EFICIENTE        387
Bibliografía citada        393
Capítulo III
Seguridad jurídica y manifestaciones conexas
Federico A. Castillo Blanco
1.    EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA        397
1.1.    El concepto de seguridad jurídica en la Constitución Española        400
1.1.1.    La seguridad jurídica: valor o principio constitucional        402
1.1.2.    La seguridad jurídica según la Constitución Española y el Tribunal Constitucional        405
1.2.    Las manifestaciones del principio de seguridad jurídica: ¿un megaprincipio?        410
2.    La buena fe        412
3.    LA PROTECCIÓN DE CONFIANZA LEGÍTIMA        418
3.1.    Su articulación y recepción por el derecho europeo        421
3.2.    Los requisitos para la apreciación de una situación de confianza protegible en el ordenamiento jurídico español: ámbito no normativo        425
3.2.1.    Situación protegible y actuación de la Administración pública        427
3.2.2.    Actuación del sujeto y situación de éste        430
3.3.    Los requisitos para la apreciación de una situación de confianza protegible en el ordenamiento jurídico español: ámbito normativo        432
4.    RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS        438
4.1.    La retroactividad de las normas jurídicas: Ley y Reglamento        440
4.2.    La retroactividad de los actos administrativos        450
5.    LA NECESARIA DISTINCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PRINCIPIOS QUE CONFORMAN LA SEGURIDAD JURÍDICA        451
5.1.    La problemática planteada por la confianza legítima con relación a otros principios afines        452
5.2.    La articulación de los distintos principios integrados en la seguridad jurídica: especial referencia a su delimitación en el ámbito del poder ejecutivo        457
Bibliografía citada        460
Capítulo IV
El principio y el derecho a la buena administración
Juli Ponce Solé
1.    INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ ES TAN RELEVANTE LA BUENA ADMINISTRACIÓN HOY EN DÍA?        466
2.    EL CONCEPTO DE BUENA ADMINISTRACIÓN: ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE BUENA ADMINISTRACIÓN (Y DE MALA ADMINISTRACIÓN)?        470
2.1.    Sentido amplio e impreciso        471
2.2.    Sentido estricto o técnico. La diligencia debida o debido cuidado        472
3.    LA REGULACIÓN DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN: ¿DÓNDE ESTÁ REGULADA LA BUENA ADMINISTRACIÓN? LA FÓRMULA DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN: EL NIVEL DE DILIGENCIA EXIGIBLE        480
4.    LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN: PRINCIPIO, DERECHO…Y VALOR        485
5.    ¿A QUIÉN SE APLICAN LAS EXIGENCIAS DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN?        488
6.    ¿QUIÉN ES EL GUARDIÁN DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN?        489
6.1.    El papel de los órganos judiciales y de los órganos de control: la declaración de los defensores del pueblo españoles de 2024        489
6.2.    Los límites del control: evitación del sesgo retrospectivo y no imposición de exigencias no previstas por el ordenamiento jurídico        493
7.    LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN COMO EJE DE LOS SISTEMAS DE INTEGRIDAD        495
7.1.    La necesidad de infraestructuras de integridad y buena administración        495
7.2.    El impulso del compliance público        496
7.3.    La diferencia entre la buena administración y la transparencia y su relación en la prevención de la mala administración dolosa o culposa        497
7.4.    La buena administración y los instrumentos y estrategias para la prevención de la corrupción y la mala administración negligente        499
7.4.1.    Una buena función pública es imprescindible para una buena administración        499
7.4.2.    Los conflictos de interés y la buena administración        502
7.4.3.    Códigos éticos o de conducta y buena administración        503
7.4.4.    Los informantes y la buena administración: Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción        503
7.4.5.    Los grupos de interés y la buena administración. La huella normativa. El análisis de impacto de la corrupción        505
7.4.6.    Revitalización (y aplicación efectiva) de los sistemas de control de calidad y de inspección de los servicios públicos que presta la administración        507
8.    FINAL Y REMISIÓN: DIVERSAS EXPRESIONES DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN LAS RELACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES CON LAS PERSONAS Y EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO        508
8.1.    Buena administración, centralidad de las personas y principio pro homine        508
8.1.1.    Derechos sociales, servicios públicos y servicios de interés general        509
8.1.2.    Administración digital e inteligencia artificial: la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2025 en relación con el denominado caso BOSCO        511
8.1.3.    Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos y buena administración        513
8.2.    Procedimiento administrativo, derechos y buena administración        514
8.2.1.    Derechos de las personas y de los interesados y buena administración        515
8.2.2.    Simplicidad procedimental y chapapote (sludge) administrativo        515
8.2.3.    El “derecho al error”        516
8.2.4.    Instrucción y buena administración        517
8.2.5.    Terminación del procedimiento        519
8.2.6.    Motivación        519
8.2.7.    Notificaciones administrativas        519
8.2.8.    Recursos administrativos y revisión de oficio        519
8.2.9.    Buena administración y procedimientos sectoriales        520
8.2.10.    Margen de mejora bajo la perspectiva de la buena administración        522
Bibliografía citada        524
Capítulo V
Principios de actuación de las Administraciones Públicas: un análisis desde el nuevo paradigma de la gobernanza robusta
Carles Ramió Matas
Miquel Salvador Serna
1.    INTRODUCCIÓN        529
2.    SERVICIO EFECTIVO A LOS CIUDADANOS        534
3.    SIMPLICIDAD, CLARIDAD Y PROXIMIDAD A LOS CIUDADANOS        536
4.    PARTICIPACIÓN, OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA        539
5.    RACIONALIZACIÓN Y AGILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN        544
6.    RESPONSABILIDAD POR LA GESTIÓN PÚBLICA        548
7.    PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN POR OBJETIVOS, CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS        551
7.1.    Planificación, dirección por objetivos y control de gestión        552
7.2.    Evaluación de los resultados de las políticas públicas        557
8.    EL ESLABÓN PERDIDO I: GOBERNANZA DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SU EVALUACIÓN        560
9.    EL ESLABÓN PERDIDO II: LA DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL COMO INSTRUMENTO CLAVE PARA IMPULSAR ESTOS PRINCIPIOS        567
10.    REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN        573
Bibliografía citada        574
Capítulo VI
Principios de intervención de las Administraciones Públicas
Manuela Mora Ruiz
1.    CONSIDERACIONES PREVIAS        577
2.    INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: LA ARTICULACIÓN DE UN MODELO DE CONTENCIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN        584
2.1.    Intervención administrativa y ordenación de derechos y actividades (económicas) al amparo de la libertad como valor estructural        584
2.2.    Libertad y proporcionalidad: buena regulación y revisión de los títulos habilitantes en clave de simplificación administrativa        599
2.2.1.    El proceso de simplificación administrativa como fundamento diverso de la intervención mínima, proporcionada y necesaria de la Administración        599
2.1.2.    Notas esenciales del principio de proporcionalidad aplicado a la actividad administrativa: evolución, tecnificación del principio y proyección sobre la intervención de actividades        606
3.    PRINCIPIO DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DEL MERCADO E INTERVENCIÓN DE CARÁCTER MÍNIMO        618
4.    PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS COMO CONTRAPESO EN LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA        624
4.1.    Aspectos generales del principio de precaución respecto del modelo de intervención        625
4.2.    Operatividad del principio        629
Bibliografía citada        631
TERCERA PARTE
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
LAS ENTIDADES
Capítulo VII
El sector público administrativo
Ricardo Rivero Ortega
1.    PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: EFICACIA, JERARQUÍA, COORDINACIÓN, DESCONCENTRACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN        641
1.1.    El principio de eficacia        643
1.2.    El principio de jerarquía        644
1.3.    El principio de coordinación        646
1.4.    El principio de descentralización        649
1.5.    El principio de desconcentración        650
2.    NOCIONES GENERALES DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL O TERRITORIAL Y ENTIDADES INSTRUMENTALES O ADMINISTRACIONES ESPECIALIZADAS        651
3.    TIPOLOGÍA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO (ARTÍCULO 2.1 LRJSP) Y LA CONSIDERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (art. 2.3 LRJSP)        652
4.    LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS        656
Bibliografía citada        657
Capítulo VIII
El sector público institucional
Encarnación Montoya Martín
1.    INTRODUCCIÓN        659
2.    LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: UNA LEY TRAMPANTOJO        664
2.1.    El objeto. La D. Final Decimocuarta o de la inexactitud de los títulos competenciales que invoca el Estado        665
2.1.1.    Doctrina del TC sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, art. 149.1.18 CE        666
2.1.2.    Bases y coordinación general de la planificación general de la actividad económica y hacienda pública general, art. 149.1.13 CE        668
2.1.3.    Hacienda general y Deuda del Estado, art. 149.1.14 CE        670
2.2.    La doctrina del TC sobre las personificaciones instrumentales        671
2.3.    Antecedentes: el ámbito subjetivo de aplicación de la LRJPAC de 1992. El concepto de Administración pública como eje vertebrador        676
2.4.    El sector público como ámbito subjetivo de aplicación de la LRJSP: una novedad relativa        679
2.4.1.    El concepto básico de “sector público institucional”: amplitud e imprecisión        682
2.4.2.    Las entidades de derecho privado como parte del sector público institucional: la atribución del ejercicio de potestades administrativas        686
A)    Concepto de potestad administrativa        695
B)    La jurisprudencia sobre el ejercicio de potestades administrativas por sociedades mercantiles públicas        701
2.5.    Régimen de supervisión continua e inscripción en el inventario de entidades del Sector Público estatal autonómico y local como núcleo del régimen básico del sector público institucional        709
3.    EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL        713
3.1.    Algunas cuestiones a destacar        714
4.    EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN CIFRAS        727
5.    CONCLUSIONES        731
Bibliografía citada        733
Capítulo IX
Los consorcios administrativos
Francisco Toscano Gil
1.    PLANTEAMIENTO        737
2.    DOS CUESTIONES PREVIAS ACERCA DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE LOS CONSORCIOS REALIZADA POR LA LRJSP        741
2.1.    La aplicación de la LRJSP a los consorcios administrativos        741
2.1.1.    Preceptos de carácter básico        742
2.1.2.    Excepciones        743
2.2.    Valoración del alcance de la reforma del régimen de los consorcios administrativos introducida por la LRJSP        746
3.    La naturaleza jurídica del consorcio        749
4.    La Composición del consorcio        754
4.1.    La integración en el consorcio de entidades del sector público institucional        754
4.2.    La integración en el consorcio de entidades privadas no vinculadas al sector público        756
5.    Objeto y funcionalidad DEL CONSORCIO        758
6.    LAS FUENTES DEL Derecho DEL consorcio        761
6.1.    Acerca de la vieja polémica sobre la consideración del consorcio local como entidad local: implicaciones sobre el Derecho por el que se rige el consorcio        761
6.2.    Las fuentes del Derecho del consorcio según la LRJSP        764
7.    La adscripción DEL CONSORCIO        768
7.1.    La adscripción del consorcio a una Administración Pública        768
7.2.    Los criterios que determinan a qué Administración se adscribe el consorcio        769
7.3.    Las consecuencias jurídicas de la adscripción        772
7.4.    Las excepciones al régimen de la adscripción        774
8.    EL personal DEL CONSORCIO        775
8.1.    Regulación aplicable a todos los consorcios administrativos        775
8.2.    Regulación específica de los consorcios locales        777
9.    Régimen PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD, CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO Y PATRIMONIAL DEL CONSORCIO        779
10.    La Creación del consorcio        781
10.1.    Normas aplicables a todos los consorcios administrativos        781
10.2.    Normas aplicables solo a los consorcios locales        782
10.3.    Normas aplicables solo a los consorcios participados por entidades estatales        784
11.    EL Contenido mínimo de LOS estatutos DEL CONSORCIO        785
12.    LA ORGANIZACIÓN DEL CONSORCIO: EN PARTICULAR, LA LIMITACIÓN AL NÚMERO DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO LOCAL        786
13.    La Separación de LOS miembros DEL CONSORCIO y su extinción        789
13.1.    La separación de los miembros del consorcio        790
13.2.    La disolución, liquidación y extinción del consorcio        795
13.3.    La supervisión de la pervivencia del consorcio        797
14.    LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO A LA LRJSP        798
Bibliografía citada        800
SECCIÓN SEGUNDA
RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
Capítulo X
Marco general de las relaciones interadministrativas
Íñigo Sanz Rubiales
1.    PRINCIPIOS GENERALES        805
1.1.    Introducción: la necesidad de esta regulación        805
1.2.    Deslinde: relaciones excluidas de este estudio        807
1.2.1.    Las relaciones Administración-administrados        808
1.2.2.    Las relaciones de “control” y conflictuales        809
1.2.3.    Relaciones convencionales y contractuales        810
1.2.4.    Relaciones electrónicas entre Administraciones        810
1.3.    Los principios generales de las relaciones entre Administraciones públicas        811
1.4.    Un análisis sistemático de los principios aplicables        812
1.4.1.    Lealtad institucional        813
1.4.2.    Colaboración-cooperación        814
1.4.3.    Adecuación al orden de distribución de competencias        815
1.4.4.    Coordinación        815
1.4.5.    Eficiencia        817
1.4.6.    Responsabilidad        819
1.4.7.    Solidaridad interterritorial        820
2.    DEBER DE COLABORACIÓN Y TÉCNICAS DE ARTICULACIÓN        820
2.1.    El deber de colaboración: contenido y alcance        820
2.2.    Las denominadas “técnicas de colaboración”: el objeto de la colaboración        824
2.2.1.    El suministro de información        825
2.2.2.    La colaboración dirigida a facilitar la información a los ciudadanos        826
2.2.3.    La creación de una Plataforma Digital de Colaboración interadministrativa        826
2.2.4.    El deber de asistencia y auxilio        827
3.    TÉCNICAS DE COOPERACIÓN        828
3.1.    Cooperación: criterios generales. Las diferencias entre el deber de colaboración y el deber de cooperación        828
3.2.    Las técnicas de cooperación        829
3.2.1.    Técnicas orgánicas        829
3.2.2.    Técnicas funcionales        831
3.2.3.    Técnicas residuales: en especial, prestación de servicios y cesión de uso o titularidad de bienes        834
3.3.    La formalización de las relaciones de cooperación: acuerdos de órganos de cooperación (remisión en cuanto a los convenios interadministrativos)        835
3.3.1.    La conferencia de presidentes        836
3.3.2.    Las conferencias sectoriales        837
A)    Origen y antecedentes        837
B)    Composición. Órganos auxiliares        838
C)    Funcionamiento        841
D)    Naturaleza jurídica compleja        846
3.3.3.    Comisiones bilaterales de cooperación (art. 153)        847
3.3.4.    Comisiones territoriales de coordinación (art. 154)        848
3.3.5.    Los convenios interadministrativos (remisión)        850
Bibliografía citada        851
Capítulo XI
Relaciones interadministrativas por medios electrónicos. Interoperabilidad
Rubén Martínez Gutiérrez
1.    PLANTEAMIENTO GENERAL        855
2.    LA INTEROPERABILIDAD COMO NUEVO PRINCIPIO        857
2.1.    El concepto de interoperabilidad        857
2.2.    La interoperabilidad como nuevo principio jurídico del procedimiento administrativo y del modelo de e-Administración        863
2.3.    El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Análisis del reglamento        866
2.4.    El Reglamento sobre la Europa Interoperable        872
2.4.1.    Estructura y contenidos        872
2.4.2.    En especial, los espacios controlados de pruebas        874
3.    EL INTERCAMBIO DE DATOS Y DOCUMENTOS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS        878
3.1.    La regulación del intercambio electrónico de datos entre AAPP        878
3.2.    Las redes de intercambio de datos entre AAPP. En especial la Red SARA y la Red TESTA        883
3.3.    Las utilidades del intercambio electrónico de datos entre AAPP desde la perspectiva de la gestión documental y la presentación de solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones        887
3.4.    La incidencia de la protección de datos de carácter personal en la gestión documental interoperable. Especial referencia al acceso automatizado al dato mínimo necesario. Breve referencia al Reglamento General UE de Protección de Datos        889
4.    LA REUTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ENTRE AAPP        892
4.1.    El significado de la reutilización y transferencia de tecnología        892
4.2.    La obligación de transferencia y reutilización de tecnología interoperable y segura        894
4.3.    Los Directorios de aplicaciones interoperables y seguras susceptibles de transferencia y reutilización        896
5.    PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª DE LA LPAC        897
5.1.    La regulación de la DA 2ª de la LPAC        897
5.2.    La STC 55/2018, en su interpretación de la DA 2ª de la LPAC        899
Bibliografía citada        900
SECCIÓN TERCERA
LOS ÓRGANOS
Capítulo XII
Los órganos administrativos
Julián Valero Torrijos
1.    Perspectiva jurídica de la organización administrativa: algunas premisas conceptuales        905
1.1.    La potestad organizatoria y su incidencia sobre el régimen jurídico de los órganos administrativos        905
1.2.    Consecuencias jurídicas de la distinción entre órganos, unidades administrativas y puestos de trabajo        906
1.3.    El concepto legal de órgano administrativo        909
1.4.    ¿Qué ha de entenderse por órgano colegiado? De la discutible regulación legal a la diversidad de criterios doctrinales        911
2.    La tipología de órganos colegiados y su proyección sobre el régimen jurídico aplicable        916
2.1.    La integración del órgano en una Administración Pública        916
2.2.    Los intereses presentes en el seno del órgano y su representación        918
2.3.    La singularidad de los órganos colegiados de naturaleza política        919
3.    La estructura y composición de los órganos colegiados        920
3.1.    La Presidencia        920
3.2.    La Secretaría        929
4.    El funcionamiento de los órganos colegiados. Especial referencia al uso de medios electrónicos        933
4.1.    Las reglas esenciales para la formación de la voluntad colegiada y su limitada proyección sobre la validez de las decisiones del órgano        933
4.2.    La convocatoria como premisa inexcusable para la válida constitución del órgano        939
4.3.    Las condiciones jurídicas y técnicas para la celebración de las sesiones        945
4.4.    La adopción de los acuerdos a través de la formulación del voto por parte de los miembros        949
4.5.    La documentación de la sesión colegiada        954
Bibliografía citada        958
Capítulo XIII
Las competencias de los órganos administrativos y sus alteraciones
Manuel Izquierdo Carrasco
1.    OBJETO, VISIÓN GENERAL Y TÍTULO COMPETENCIAL        962
1.1.    Objeto y visión general        962
1.2.    Título competencial estatal que fundamenta esta regulación. Crítica        963
2.    LA COMPETENCIA: NOCIÓN Y CUESTIONES GENERALES        965
2.1.    Concepto        965
2.2.    Elementos material, finalista, funcional y temporal de la competencia. El territorio        968
2.3.    Con efectos jurídicos ad intra y ad extra        970
2.4.    La escasa utilidad de la distinción entre funciones jurídicas y materiales        970
2.5.    El instrumento jurídico válido para la atribución de competencias        972
2.5.1.    La atribución de competencias concretas al órgano por Ley o reglamento        972
2.5.2.    Cláusula legal de atribución de competencia al órgano para los supuestos de atribución genérica de competencias a la Administración        974
2.6.    Modelos de reparto en el seno de la estructura administrativa        976
3.    LOS PRINCIPIOS DE IRRENUNCIABILIDAD DE LA COMPETENCIA Y DE SU EJERCICIO DIRECTO POR EL TITULAR        977
3.1.    El principio de irrenunciabilidad de la titularidad de la competencia        979
3.2.    La desconcentración: de principio jurídico organizativo a técnica de alteración de la titularidad de la competencia        981
3.3.    El principio de ejercicio directo de la competencia por el órgano que la tiene atribuida        985
4.    LA DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE        985
4.1.    Los denominados conflictos de atribuciones y la funcionalidad del art. 14 LRJSP        985
4.2.    Criterio para distinguir los conflictos de atribuciones de los conflictos de competencia        986
4.3.    Actuaciones o facultades que pretenden facilitar la determinación del órgano competente sin que surja una efectiva situación de conflicto        987
4.3.1.    Ámbito de aplicación de los apartados 1 y 2 del art. 14 LRJSP        987
4.3.2.    La facultad del órgano de remitir las actuaciones al órgano que considere competente        988
A)    Análisis del art. 14.1 LRJSP        988
B)    Efectos jurídicos de la remisión de actuaciones        991
4.3.3.    La silenciada facultad del órgano de requerir a otro su inhibición        992
4.3.4.    Las facultades de los interesados        992
4.4.    Exclusión que conecta con los presupuestos jurídicos para la existencia de un conflicto        993
5.    LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS INTRADMINISTRATIVA: ALTERACIÓN EN EL ÓRGANO QUE EJERCE LA COMPETENCIA, PERO NO EN LA TITULARIDAD        994
5.1.    Concepto y clases        994
5.2.    Naturaleza jurídica del acuerdo de delegación: acto administrativo versus reglamento        997
5.3.    Elementos subjetivos        1000
5.3.1.    El órgano delegante        1000
A)    La titularidad de la potestad para delegar        1000
B)    Naturaleza jurídica de la potestad para delegar        1002
C)    ¿Quién puede ser delegante?        1003
5.3.2.    El órgano o ente delegado        1004
5.3.3.    El órgano que, en su caso, debe aprobar previamente la delegación        1007
5.4.    Elementos objetivos        1007
5.4.1.    Se delegan competencias, aunque no necesariamente resolutorias        1007
5.4.2.    Competencias que no pueden delegarse        1008
5.4.3.    En especial, la delegación de la competencia sancionadora        1010
5.4.4.    La difícilmente comprensible previsión del art. 9.5, párr. 2º LRJSP        1011
5.5.    Elementos formales        1012
5.6.    Efectos jurídicos        1014
5.6.1.    Efectos jurídicos vinculados con la permanencia de la titularidad en el órgano delegante        1015
5.6.2.    Naturaleza temporal de la delegación        1017
5.6.3.    Delegación y procedimientos iniciados        1018
5.6.4.    Extinción        1019
6.    LA AVOCACIÓN: INSTRUMENTO DE ACTIVACIÓN DE UNA COMPETENCIA COMPARTIDA        1020
6.1.    Concepto y naturaleza. A vueltas sobre la titularidad de la competencia        1020
6.2.    Clases: avocación propia e impropia        1023
6.3.    Elementos subjetivos        1024
6.3.1.    El órgano avocante: los “órganos superiores”        1025
6.3.2.    La potestad para avocar: alcance e iniciativa para su ejercicio        1026
6.3.3.    El órgano avocado        1028
6.4.    Elementos objetivos        1028
6.5.    Elementos formales        1030
6.6.    Efectos jurídicos        1031
7.    INSTRUMENTOS QUE SUPONEN UNA MODIFICACIÓN EN LAS CIRCUNSTANCIAS MATERIALES DEL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA, PERO SIN CAMBIO EN EL ÓRGANO QUE LA EJERCE        1032
7.1.    La delegación de firma        1032
7.1.1.    Concepto: su vinculación con el ejercicio verbal de las competencias        1032
7.1.2.    Elementos subjetivos        1035
7.1.3.    Elementos objetivos        1036
7.1.4.    Elementos formales        1038
7.1.5.    Efectos jurídicos        1039
7.2.    Suplencia        1040
7.2.1.    Concepto        1040
7.2.2.    Supuestos en los que procede. En especial, la abstención y la recusación        1040
7.2.3.    La designación del suplente        1041
7.2.4.    Elementos formales        1042
7.2.5.    Efectos jurídicos        1043
7.3.    La encomienda de gestión        1044
7.3.1.    Concepto        1044
7.3.2.    Naturaleza jurídica diversa en función del supuesto        1045
7.3.3.    Elementos subjetivos        1050
7.3.4.    Elementos objetivos        1053
A)    Delimitación positiva: actividades de carácter material o técnico y las decisiones interlocutorias. En particular, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el encargo de la tramitación de procedimientos administrativos        1053
B)    Delimitación negativa: una interpretación correctora del art. 11.1, párr. 2        1059
C)    Necesidad de motivación        1060
7.3.5.    Elementos formales        1060
A)    Las encomiendas intradministrativas        1060
B)    Las encomiendas interadministrativas        1063
7.3.6.    Efectos jurídicos        1063
Bibliografía citada        1065
CUARTA PARTE
LA CIUDADANÍA
Capítulo XIV
Actuación de los ciudadanos
Juan Antonio Carrillo Donaire
1.    EL INTERESADO, SU CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN        1071
1.1.    Alcance general de los conceptos de capacidad, condición de interesado y legitimación en el ámbito del procedimiento administrativo        1071
1.1.1.    Capacidad jurídica y capacidad de obrar        1071
1.1.2.    El concepto de interesado y su legitimación para el ejercicio de derechos subjetivos e intereses legítimos        1073
1.1.3.    En especial, la legitimación para entablar acciones y recursos        1077
1.2.    Alcance y régimen jurídico de la representación        1080
1.2.1.    La representación en el procedimiento administrativo        1080
1.2.2.    Representación y apoderamiento electrónico        1082
1.2.3.    Los registros de apoderamientos        1085
2.    LOS DEBERES DE COLABORACIÓN Y DE COMPARECENCIA        1090
Bibliografía citada        1093
Capítulo XV
Derecho de acceso a la información pública
Emilio Guichot
1.    Panorámica internacional y contexto fundacional de la transparencia en España. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO        1097
1.1.    El sentido de la transparencia y el acceso a la información        1097
1.2.    El panorama internacional        1098
1.3.    El contexto fundacional de la transparencia en España        1099
1.4.    La competencia para regular la transparencia y el acceso a la información        1101
1.5.    Delimitación del objeto de estudio        1103
2.    LA NATURALEZA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL DESBORDAMIENTO DE LA BASE COMPETENCIAL EMPLEADA POR EL LEGISLADOR ORDINARIO POR LA DEMANDA SOCIAL DE TRANSPARENCIA: SU PLASMACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A SU CUMPLIMIENTO        1104
2.1.    Las posiciones doctrinales        1104
2.2.    La opción gubernamental por una ley ordinaria de desarrollo del artículo 105.b) de la Constitución        1105
2.3.    Su consideración en la jurisprudencia española        1107
2.4.    Toma de posición        1110
2.5.    La inconsistencia entre la base competencial elegida por el legislador y el elenco de sujetos obligados        1114
3.    TITULARIDAD        1120
4.    OBJETO        1120
4.1.    Definición positiva        1120
4.2.    Definición negativa: las causas de inadmisión        1121
5.    Límites        1129
5.1.    Aspectos generales        1129
5.1.1.    La necesaria existencia de límites        1129
5.1.2.    El listado de límites y su abstracción        1130
5.1.3.    Posibles excesos o defectos en el listado de límites        1130
5.1.4.    El carácter cerrado del listado de límites y el valor de las cláusulas de reserva o confidencialidad previstas en leyes sectoriales        1131
5.1.5.    Carácter básico del listado de límites        1138
5.1.6.    Los criterios de aplicación de los límites: el test del perjuicio y el test de la ponderación        1139
5.2.    Los límites al derecho de acceso y su clasificación        1142
5.2.1.    Límites encaminados a la salvaguarda de intereses públicos        1143
5.2.2.    Límites dirigidos a garantizar la efectividad o integridad de las actuaciones administrativas y judiciales        1145
5.2.3.    Límites relacionados con la protección de derechos e intereses privados        1150
6.    El PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO DEL derecho        1157
6.1.    Solicitud        1158
6.2.    Tramitación        1160
6.3.    Resolución. Especial referencia al sentido del silencio        1161
6.4.    Formalización del acceso        1165
6.5.    Organización        1167
7.    GARANTÍA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL        1167
8.    LA RELACIÓN DE LA LTAIPBG CON OTRAS NORMAS QUE REGULAN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN        1172
8.1.    Acceso por los interesados a los documentos contenidos en procedimientos en curso        1172
8.2.    Regulaciones sectoriales del acceso a determinadas categorías de información        1173
Bibliografía citada        1177
Capítulo XVI
Derecho de los ciudadanos al uso de las lenguas oficiales en el procedimiento, en especial ante la Administración General del Estado
Alba Nogueira López
1.    INTRODUCCIÓN        1181
2.    ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONDICIONANTES DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LA LEY 39/2015        1182
2.1.    Ámbito de aplicación de los preceptos lingüísticos de la Ley 39/2015        1182
2.2.    Ordenamiento interno y compromisos internacionales adquiridos con la ratificación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias        1187
3.    LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN LOS PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS ANTE LA AGE EN CCAA BILINGÜES        1194
3.1.    Las reglas de preferencia en los usos lingüísticos en los procedimientos ante la AGE        1194
3.2.    Los principios aplicables al uso de las lenguas en el ámbito jurídico-público        1203
3.2.1.    Principio de no-discriminación        1203
3.2.2.    Principio de territorialidad        1207
A)    Relaciones entre Comunidades autónomas con una misma lengua oficial        1208
B)    Relaciones con la Unión Europea y cooficialidad en los procedimientos administrativos        1210
3.3.3.    Principio de Autoorganización        1214
A)    Regulación del empleo público para la garantía de los derechos lingüísticos        1215
B)    Disposiciones instrumentales para el completo despliegue de los derechos lingüísticos: formularios, impresos, sitios web        1224
4.    EFECTOS DE LOS INCUMPLIMIENTOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO        1226
Bibliografía citada        1232
Capítulo XVII
El derecho y el deber de relacionarse por medios electrónicos (art. 14 LPAC). Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados (art. 12 LPAC)
Lorenzo Cotino Hueso
1.    EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE BAJO NUEVAS PREMISAS EN LA NUEVA LEY. LO ELECTRÓNICO POR DEFECTO        1236
1.1.    Aproximación al reconocimiento del derecho y delimitación del alcance del derecho a “comunicarse” “electrónicamente”        1236
1.2.    Nuevas premisas en el derecho a comunicarse con la administración        1242
1.2.1.    El derecho en general no es a comunicarse presencialmente, sino electrónicamente y a través del “Punto de Acceso General”        1242
1.2.2.    El derecho a comunicarse electrónicamente ahora se impone a todas las administraciones, no sólo a la Administración General del Estado        1244
1.2.3.    La entrada en vigor de la ley condiciona la efectividad del derecho a la comunicación electrónica        1245
1.3.    Lo electrónico por defecto. Ya no es necesario el consentimiento expreso, basta la elección tácita o implícita de la relación electrónica por las personas físicas        1247
1.4.    El derecho a elegir y el derecho a cambiar de elección: la intermodalidad        1252
1.5.    Se echan en falta algunos derechos vinculados a la relación electrónica        1256
2.    LAS EXCEPCIONES AL DERECHO A COMUNICARSE ELECTRÓNICAMENTE. CUÁNDO SE PUEDE OBLIGAR A RELACIONARSE PRESENCIALMENTE        1259
3.    LA OBLIGACIÓN DE COMUNICARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN, AHORA CASI POR DEFECTO        1262
3.1.    Una vuelta al calcetín que se veía venir: el predominio de la obligación sobre el derecho de interacción electrónica        1262
3.2.    La posible imposición de la relación electrónica a personas físicas a través de reglamento y sus escasas garantías        1265
3.3.1.    La reserva de norma reglamentaria para establecer la obligación y las cuestionables habilitaciones en blanco        1269
3.3.2.    Los escasos límites que fija la ley para que la norma reglamentaria pueda imponer la relación electrónica y su vaciamiento jurisprudencial        1272
3.3.3.    Algunas garantías y requisitos que normativamente pueden establecerse para imponer la relación electrónica        1275
3.4.    La obligación directa de relacionarse electrónicamente a determinados colectivos        1277
3.5.    Las consecuencias del incumplimiento de la obligación de relación electrónica, la subsanación y posibilidades de mejora        1284
4.    LA GARANTÍA DE ACCESO A LA E-ADMINISTRACIÓN Y EL DERECHO A SER ASISTIDOS        1289
4.1.    La garantía del acceso y el derecho de todos a ser asistidos en el uso de medios electrónicos        1289
4.2.    Las posibilidades del desarrollo normativo del derecho de asistencia ante las insuficientes garantías de que la interacción se produzca correctamente y las caídas del servicio        1296
4.3.    El derecho de asistencia en los ámbitos concretos señalados por el artículo 12. 2º, las oficinas de asistencia y la identificación o firma por funcionario habilitado        1301
4.4.    La cita previa como condición de acceso: límites, garantías y buenas prácticas        1304
Bibliografía citada        1308
QUINTA PARTE
MEDIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS AUXILIARES PARA LA GESTIÓN Y LAS RELACIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS
Capítulo XVIII
Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico general. Identificación y autenticación de los ciudadanos
Ignacio Alamillo Domingo
1.    La identificación electrónica        1315
1.1.    El Documento Nacional de Identidad electrónico        1317
1.2.    La regulación de sistemas de identificación electrónica en el marco de la LPAC. Evolución desde la LAE        1323
1.2.1.    La instauración del derecho a los medios de identidad digital en las relaciones con las Administraciones Públicas        1324
1.2.2.    La identificación electrónica como condición suficiente para las relaciones con las Administraciones Públicas        1327
1.2.3.    Los sistemas de identificación de los interesados        1330
1.3.    La interoperabilidad transfronteriza de la identificación electrónica        1337
1.3.1.    El concepto de identificación electrónica en el ReIDAS        1343
1.3.2.    Los requisitos para la interoperabilidad transfronteriza de los sistemas nacionales de identificación electrónica        1346
1.4.    La ampliación del ecosistema de identidad digital de la Unión Europea        1347
1.4.1.    La cartera europea de identidad digital        1347
1.4.2.    Las declaraciones electrónicas de atributos        1358
1.4.3.    La admisión de la cartera europea de identidad digital y de las declaraciones electrónicas de atributos        1360
1.5.    El sistema Cl@ve como plataforma de interoperabilidad global para la identificación electrónica        1363
2.    La firma y sello electrónicos        1371
2.1.    Conceptos de firma y sello electrónicos        1375
2.1.1.    La firma y sello electrónicos, en general        1377
A)    Evolución del concepto de firma: de la autenticación a la intención de firmar        1377
B)    Ampliación del concepto: la aparición del sello electrónico        1381
2.1.2.    La firma y sello electrónicos avanzados        1383
2.1.3.    La firma y sello electrónicos cualificados        1386
2.2.    Los efectos jurídicos sustantivos de la firma y sello electrónicos        1388
2.2.1.    El principio de validez general de la firma y sello electrónicos        1388
2.2.2.    La eficacia de la firma y sello electrónicos        1391
2.3.    La prueba de la firma y sello electrónicos        1398
2.4.    Los certificados de firma y sello electrónico        1401
2.5.    El régimen de uso de los sistemas de firma y sello electrónico en las relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas        1405
2.5.1.    La admisión transfronteriza de firmas y sellos electrónicos        1405
2.5.2.    La firma electrónica de los interesados        1407
Bibliografía citada        1412
Capítulo XIX
Identificación y autenticación de las Administraciones Públicas y de su personal
Felio José Bauzá Martorell
1.    PLANTEAMIENTO        1415
2.    IDENTIFICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS        1418
2.1.    Identificación de la persona jurídica pública        1418
2.1.1.    La Administración Pública como tal no es directamente identificable en el tráfico jurídico        1418
2.1.2.    Identificación y autenticación        1424
2.1.3.    Otros sistemas de identificación y autenticación        1427
2.2.    Identificación expresa y presunción de identificación        1429
2.2.1.    Suplantación y fraude        1430
2.2.2.    Responsabilidad patrimonial por contenidos inexactos        1431
2.3.    Publicidad y accesibilidad        1432
3.    IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS        1432
3.1.    Personal al servicio de las Administraciones Públicas        1433
3.2.    Sistemas de identificación        1435
3.2.1.    Pluralidad de sistemas de identificación        1435
3.2.2.    Carácter indisponible de la identificación electrónica        1436
4.    SISTEMAS DE FIRMA PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA        1437
4.1.    Sello electrónico        1437
4.2.    Código seguro de verificación        1438
5.    VALORACIÓN GENERAL        1440
Bibliografía citada        1441
Capítulo XX
Acceso a los servicios y difusión de la información por medios electrónicos
Agustí Cerrillo i Martínez
1.    EL ACCESO ELECTRÓNICO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS        1445
2.    EL PORTAL DE INTERNET Y EL PUNTO DE ACCESO GENERAL ELECTRÓNICO DE LA ADMINISTRACIÓN        1448
3.    LA SEDE ELECTRÓNICA        1454
3.1.    La titularidad y la gestión de la sede electrónica        1459
3.2.    El contenido de la sede electrónica        1460
3.3.    Las características de la sede electrónica        1464
3.3.1.    La responsabilidad del titular por la integridad, veracidad y actualización        1465
3.3.2.    Los principios de la sede electrónica        1467
A)    Transparencia y publicidad        1467
B)    Responsabilidad        1468
C)    Calidad        1468
D)    Seguridad        1469
E)    Disponibilidad        1469
F)    Accesibilidad y usabilidad        1470
G)    Neutralidad        1472
H)    Interoperabilidad        1473
I)    Personalización y proactividad        1474
4.    LOS PORTALES ESPECÍFICOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LOS SERVICIOS PÚBLICOS        1474
4.1.    El portal de transparencia        1474
4.2.    El perfil de contratante        1478
4.3.    El portal de datos abiertos y el portal de gobierno abierto        1480
4.4.    La ventanilla única        1483
4.5.    La carpeta ciudadana        1485
5.    LAS PUBLICACIONES OFICIALES ELECTRÓNICAS        1487
6.    LOS TABLONES ELECTRÓNICOS        1489
7.    EL INTERCAMBIOS ELECTRÓNICOS DE DATOS EN ENTORNOS CERRADOS DE COMUNICACIÓN        1492
8.    REFLEXIONES FINALES        1495
Bibliografía citada        1496
Capítulo XXI
Actuación administrativa automatizada, algoritmos e inteligencia artificial en el contexto de la administración digital
Clara I. Velasco Rico
1.    INTRODUCCIÓN        1499
1.1.    Sobre el proceso de digitalización de la Administración Pública: de la Administración electrónica a la Administración digital y el impulso de la UE        1499
1.2.    Dimensiones y tecnologías de la Administración digital        1509
1.2.1.    Algoritmos        1510
1.2.2.    Datos y big data        1513
1.2.3.    Inteligencia Artificial        1516
2.    PANORÁMICA SOBRE LA REGULACIÓN ACTUAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOBRE SU USO POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS        1521
2.1.    Normativa internacional: el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y derechos humanos, democracia y Estado de derecho        1521
2.2.    Normativa europea: el Reglamento de Inteligencia Artificial        1525
2.3.    Normativa estatal de derecho blando y de derecho positivo        1532
2.3.1.    La Carta de Derechos Digitales        1533
2.3.2.    Ley 15/2023, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación        1535
3.    EL RÉGIMEN COMÚN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA        1540
3.1.    La actuación administrativa automatizada: definición de acuerdo con el artículo 41 de la LRJSP y usos actuales        1540
3.2.    Inteligencia artificial, discrecionalidad y actuación administrativa automatizada        1546
3.3.    Retos que plantean los sistemas de IA en el marco del procedimiento administrativo y su como herramientas de apoyo a la toma de decisiones        1548
3.4.    Garantías aplicables tanto a la AAA basada en algoritmos clásicos como en sistemas de IA        1553
3.5.    Los principios que rigen la automatización de la actuación administrativa        1556
4.    REFLEXIONES FINALES        1559
Bibliografía citada        1561
Capítulo XXII
Los registros electrónicos: el actual régimen jurídico de recepción administrativa de datos y documentos tras la plena entrada en vigor de la LPAC en 2021
María Dolores Rego Blanco
1.    INTRODUCCIÓN: LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS POR LA REGULACIÓN DE LA ENTREGA y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA        1570
2.    ALGUNAS NOTAS SOBRE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA RECEPCIÓN DOCUMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS        1573
3.    DOS DE ABRIL DE 2021, ENTRADA EN VIGOR DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RECEPCIÓN DOCUMENTAL DE LA LEY 39/2015        1576
4.    CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO ELECTRÓNICO PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: PRESTACIÓN OBLIGATORIA Y FUNDAMENTO DE LA GENERALIZACIÓN DE ESTA MODALIDAD DE RECEPCIÓN, CON DESAPARICIÓN DE LA RECEPCIÓN PRESENCIAL        1580
4.1.    El elemento objetivo de este servicio        1581
4.1.1.    Las notas técnico-jurídicas del servicio prestado a través de los registros electrónicos del art. 16 LPAC        1583
A)    Polivalencia u omnicomprensividad en cuanto al tipo documento que sea presentado o recibido en el mismo, y sus límites (art. 16.1 LPAC y art. 37 RAFSPME)        1584
B)    Interoperabilidad e interconexión con otros registros (art. 16.4 in fine LPAC)        1585
C)    Transparencia de régimen jurídico (art. 16.1. 4º párr. LPAC)        1587
D)    Garantía y seguridad en materia de protección de datos de carácter personal (art. 16.1. 3er párr.)        1587
E)    Funcionamiento continuado de los registros electrónicos y sujeto a horario estipulado en el resto de lugares habilitados        1588
4.1.2.    Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros para la articulación de la obligada recepción electrónica de documentos por las Administraciones Públicas y el derecho del administrado a elegir no relacionarse con la Administración de forma electrónica        1590
4.1.3.    Funciones del registro electrónico y funciones de las OARM        1593
A)    La recepción de documentos presentados y expedición de recibo omnicomprensivo, como función de carácter básico e ineludible de todo medio de presentación        1593
B)    Otras funciones relacionadas con el servicio de recepción documental        1596
4.2.    El elemento subjetivo: los Entes del sector público quedan obligados a prestar este servicio        1596
4.3.    El elemento formal del deber de prestación: discrecionalidad para prestar el servicio de recepción electrónica de documentos con registro propio o mediante convenio de adhesión con la AGE        1599
4.3.1.    El límite jurídico-financiero a la creación de registro electrónico propio para prestar el servicio        1600
4.3.2.    El convenio de adhesión al servicio estatal de registro electrónico de documentos como alternativa        1603
5.    UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO: EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LA LPAC        1609
5.1.    Los lugares habilitados para la presentación de los documentos a las Administraciones Públicas        1609
5.1.1.    El registro electrónico de la Administración destinataria, como lugar de “presentación directa”        1611
5.1.2.    La “vía indirecta de presentación” de documentos a las Administraciones Públicas        1612
A)    La red de lugares alternativos de la vía indirecta de presentación de documentos a las Administraciones Públicas        1612
B)    La recuperación del principio de polivalencia de los lugares de presentación de documentos        1628
5.2.    El enigmático apartado 8 del art. 16 LPAC sobre regímenes especiales de presentación        1633
5.3.    La interrupción del funcionamiento del registro electrónico        1636
Bibliografía citada        1641
Capítulo XXIII
Gestión Documental
Francisco Javier Sanz Larruga
1.    PRELIMINAR. EL SISTEMA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO Y LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL        1645
2.    LOS DOCUMENTOS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: CONCEPTO, CLASES, ELEMENTOS CONFIGURADORES Y VALOR JURÍDICO        1654
2.1.    Introducción        1654
2.2.    Régimen jurídico de los “documentos electrónicos” y, en particular, el “documento público administrativo”        1657
2.3.    Los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo y la reducción de sus cargas administrativas        1667
3.    LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS: CONCEPTO, MODALIDADES, VALIDEZ Y EFICACIA        1670
3.1.    Introducción        1670
3.2.    Las copias de documentos y los derechos de los interesados en un procedimiento administrativo        1671
3.3.    Régimen jurídico de las copias auténticas de los documentos        1673
3.3.1.    Concepto de copia auténtica        1673
3.3.2.    Competencia administrativa para la emisión de copias auténticas        1675
3.3.3.    Validez y eficacia de las copias auténticas. Garantías sobre su identidad y contenido        1677
3.3.4.    Modalidades de copias auténticas        1679
A)    Copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica (art. 27, 3, a) LPAC)        1679
B)    Copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico (art. 27, 3, b) LPAC)        1680
C)    Copias en soporte papel de documentos electrónicos (art. 27, 3, c) LPAC)        1681
D)    Copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte (art. 27, 3, d)        1682
E)    Copias auténticas de los documentos aportados por los interesados en un procedimiento (arts. 27, 4 párrafo 2 y 28, 4 LPAC)        1682
4.    EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO        1684
4.1.    Introducción        1684
4.2.    Concepto de expediente administrativo electrónico. Funciones y ventajas con respecto al expediente en papel        1685
4.3.    Contenido y estructura formal del expediente administrativo electrónico. Exclusiones        1687
4.4.    Remisión, puesta a disposición y publicidad del expediente electrónico        1691
4.5.    Poder de disposición sobre el expediente electrónico y el régimen de responsabilidades        1693
5.    LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS        1695
5.1.    Introducción        1695
5.2.    Delimitación del concepto de archivo, sus funciones y sus clases        1698
5.2.1.    El concepto de archivo y su relación con los de registro y documento        1698
5.2.2.    Las funciones de los archivos administrativos y el derecho de acceso a la información pública        1700
5.2.3.    Clases de archivos. El “archivo electrónico único”        1701
5.3.    El archivo administrativo electrónico y la gestión de los documentos administrativos electrónicos        1705
5.3.1.    Principio de almacenamiento y conservación de los documentos en formato electrónico        1705
5.3.2.    Garantías y medidas de seguridad para el archivo electrónico de los documentos administrativos        1706
5.3.3.    Régimen jurídico sobre la conservación y eliminación de los documentos        1710
Bibliografía citada        1715
Capítulo XXIV
Los convenios (arts. 47 ss. LRJSP)
Roberto O. Bustillo Bolado
1.    CONCEPTO Y SISTEMA DE FUENTES        1721
1.1.    Concepto        1721
1.2.    Sistema de fuentes        1725
1.3.    El lugar que ocupan en el sistema de fuentes los arts. 47 ss. de la LRJSP        1728
2.    CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN        1730
2.1.    Por su inclusión o no en el capítulo VI del título I de la LRJSP        1730
2.2.    Por la naturaleza de los sujetos intervinientes        1731
2.3.    Por la finalidad de colaboración o de composición de intereses en conflicto        1732
2.4.    Por la existencia o no de normativa reguladora específica        1735
2.5.    Por su ámbito sectorial        1735
3.    ELEMENTOS COMUNES DE RÉGIMEN JURÍDICO        1736
4.    ALGUNOS REGÍMENES JURÍDICOS ESPECIALES        1737
4.1.    Introducción        1737
4.2.    Convenios de colaboración incluidos en la LRJSP        1737
4.3.    Convenios urbanísticos        1739
4.4.    Convenios expropiatorios        1746
5.    CONVENIOS Y ACTIVIDAD INFORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN        1748
Bibliografía citada        1752
Capítulo XXV
Seguridad en la utilización de medios electrónicos. El esquema nacional de seguridad
Jorge Fondevila Antolín
1.    CONSIDERACIONES INICIALES: UN NUEVO MARCO LEGAL        1758
2.    RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN        1765
2.1.    Examen del Marco Normativo General de la Seguridad de la Información        1765
2.1.1.    Examen de la legislación de carácter básico        1765
A)    Legislación General        1766
B)    Normativa reglamentaria        1769
2.1.2.    Alcance de la legislación autonómica general sobre la e-Administración y su seguridad        1774
2.1.3.    Normativa propia en el ámbito local        1776
2.1.4.    La autorregulación: mejores prácticas de seguridad        1776
2.2.    El Esquema Nacional de Seguridad: la incidencia de las previsiones del marco normativo LPACA y LRJSP        1778
2.2.1.    El ámbito de aplicación: una importante reconfiguración con relación a la situación anterior        1779
2.2.2.    Examen específico del ámbito de aplicación del ENS        1779
A)    Ámbito subjetivo        1779
B)    Ámbito jurídico material        1781
2.3.    Desarrollo de las previsiones básicas del ENS en las diferentes Administraciones Públicas        1785
2.3.1.    Administración General del Estado        1785
2.3.2.    Comunidades Autónomas        1787
2.3.3.    Administración Local        1788
3.    LAS NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL ENS: EXAMEN DE SU NATURALEZA NORMATIVA Y FUNCIÓN        1788
3.1.    Distinción entre Reglamentos y Actos Administrativos        1790
3.1.1.    Examen de las posiciones doctrinales        1790
3.1.2.    Doctrina Jurisprudencial        1791
3.2.    La conflictiva cuestión de la Naturaleza Jurídica de las “Circulares, Instrucciones y Órdenes de Servicios”        1792
3.2.1.    Análisis Doctrinal        1793
3.2.2.    Doctrina Judicial        1796
A)    Jurisprudencia del Tribunal Constitucional        1797
B)    Jurisprudencia del Tribunal Supremo: Doctrina histórica        1798
C)    Jurisprudencia del Tribunal Supremo: Doctrina más reciente        1801
3.2.3.    Consideraciones Finales        1802
3.3.    Examen de la naturaleza jurídica y función de los instrumentos (normativos/técnicos) de desarrollo del ENS        1804
3.3.1.    Las guías e instrucciones técnicas de seguridad        1804
A)    Las guías de seguridad: examen de su contenido        1808
B)    Instrucciones Técnicas de Seguridad: análisis jurídico material        1810
3.3.2.    La Política de Seguridad        1816
A)    Concepto y contenido material        1816
B)    Examen de los instrumentos jurídicos adecuados para su aprobación y desarrollo        1823
C)    La exigencia de cumplimiento del ENS y la aprobación de la correspondiente Política de Seguridad por las entidades privadas        1824
D)    Consideraciones finales        1826
3.3.3.    Las posibilidades de impugnación de los instrumentos de desarrollo del ENS        1828
A)    Guías de Seguridad        1828
B)    Instrucción Técnica de Seguridad        1830
C)    Política de Seguridad        1830
4.    BREVES APUNTES SOBRE ALGUNAS POSIBLES INCIDENCIAS DE LA SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA        1831
4.1.    La Seguridad de la información y la Interoperabilidad: algunas cuestiones conflictivas en la LPACP y LRJSP        1831
4.1.1.    La interoperabilidad y Seguridad: Régimen general en la LRJSP        1833
4.1.2.    La interoperabilidad y Seguridad: La conflictiva aplicación de la Disposición Adicional segunda de la LPAC        1835
4.2.    Los Expedientes administrativos electrónicos y su conformidad a las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad        1838
4.2.1.    Las Disfunciones normativas y de implementación de las condiciones técnico-legales esenciales en el expediente administrativo electrónico        1839
4.2.2.    Los expedientes administrativos y su conformidad a las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad        1842
4.2.3.    El artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y las posibles consecuencias procesales por deficiencias en los expedientes administrativos electrónicos remitidos        1844
4.2.4.    La Integración del expediente administrativo en el expediente judicial: Ciberseguridad e Interoperabilidad        1845
A)    Marco legal de la Ciberseguridad e Interoperabilidad en el ámbito Judicial        1845
B)    La incorporación del expediente administrativo en el judicial: condiciones de seguridad e interoperabilidad        1847
4.3.    La Seguridad de la información y sus efectos sobre las aplicaciones o sistemas de información utilizados por las Administraciones Públicas        1850
4.4.    La Seguridad de la información en la e-contratación pública        1854
4.4.1.    Consideraciones generales        1854
4.4.2.    Examen de las novedades sobre la contratación pública incorporadas por el Esquema Nacional de Seguridad. Propuesta de incorporación de la seguridad de la información en los Pliegos de cláusulas reguladoras de los procesos de licitación        1856
A)    Las Medidas Generales de tipo organizativo, operacional y de protección: vigentes desde el año 2010        1856
B)    Dicho lo anterior es preciso realizar una especial referencia a las especialidades de la contratación de servicios de seguridad        1859
C)    La exigencia de cumplimiento del ENS y la aprobación de la correspondiente Política de Seguridad por las entidades privadas        1860
D)    La problemática de la certificación de conformidad con el ENS y su acreditación en los Pliegos de prescripciones administrativas o técnicas        1861
4.4.3.    Los Efectos derivados del incumplimiento de las previsiones del ENS en la contratación pública        1873
4.5.    Seguridad y Responsabilidad Patrimonial de la Administración        1876
Bibliografía citada        1878

TOMO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN GENERAL
PRIMERA PARTE
LA ACTIVIDAD E INACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Capítulo XXVI
Controles administrativos previos y títulos habilitantes
José Carlos Laguna de Paz
1.    Introducción        1921
2.    Certificación y acreditación        1922
2.1.    Su delimitación        1922
2.2.    Clases        1923
2.2.1.    Certificaciones personales        1923
2.2.2.    Certificaciones reales        1923
3.    Admisión        1925
3.1.    Delimitación        1925
3.2.    Efectos        1926
4.    Control del ejercicio de actividades        1926
4.1.    Comunicación y declaración responsable        1926
4.1.1.    El ejercicio de la actividad no se supedita a la previa obtención de un acto administrativo        1926
4.1.2.    Consecuencias del inicio inmediato de la actividad y de la ausencia de un acto administrativo declarativo        1928
4.1.3.    Eficacia temporal y territorial        1930
4.2.    Inscripción registral        1931
4.2.1.    Su delimitación        1931
4.2.2.    Efectos        1931
4.2.3.    Su distinción de las autorizaciones        1932
4.3.    Aprobación        1933
4.3.1.    Delimitación        1933
4.3.2.    Su distinción de la autorización        1934
5.    Títulos habilitantes: autorización administrativa        1934
5.1.    Delimitación        1934
5.2.    Acto de voluntad        1935
5.3.    Actividades sujetas a autorización        1935
5.3.1.    Riesgos cualificados        1935
A)    Necesidad, adecuación y proporcionalidad        1936
B)    Libertad de establecimiento y de prestación de servicios        1936
C)    Unidad de mercado        1937
D)    Actividades en el ámbito local        1938
5.3.2.    Limitación del número de operadores        1939
5.3.3.    Usos del dominio público        1939
5.4.    Naturaleza jurídica        1940
5.4.1.    Acto declarativo        1941
5.4.2.    La declaración del derecho es constitutiva de efectos jurídicos        1942
5.4.3.    No da lugar a una relación especial de sujeción        1944
5.5.    Procedimiento        1944
5.5.1.    Adjudicación directa        1944
5.5.2.    Procedimientos de selección competitiva        1944
5.5.3.    Coordinación e integración de autorizaciones        1946
5.5.4.    Cambio normativo durante la tramitación del procedimiento        1946
5.6.    Eficacia        1947
5.6.1.    Condiciones generales de eficacia        1947
5.6.2.    Eficacia territorial        1948
5.6.3.    Eficacia temporal        1948
5.7.    Ejercicio de la actividad        1949
5.7.1.    Derecho y, en algunos casos, deber de realizar la actividad        1949
5.7.2.    Autorizaciones de funcionamiento: su sujeción a la normativa en cada momento vigente        1950
5.7.3.    La Administración no puede dirigir la actividad autorizada        1951
5.8.    Transmisibilidad        1952
5.8.1.    Condiciones tomadas en cuenta en la adjudicación        1952
5.8.2.    Procedimiento de adjudicación        1953
5.9.    Revocación        1954
6.    Concesiones        1954
Bibliografía citada        1955
Capítulo XXVII
El deber de resolver. Términos y plazos
Humberto Gosálbez Pequeño
1.    EL DEBER LEGAL DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EXPRESA EN PLAZO        1959
1.1.    El fundamento institucional y la concepción del deber legal de resolver el procedimiento administrativo        1959
1.1.1.    ¿Reconocimiento constitucional implícito?        1959
1.1.2.    Contenido esencial y ámbito de aplicación        1962
A)    El elemento objetivo constitutivo del deber legal de resolver: ¿la resolución administrativa del procedimiento administrativo?        1963
B)    Notificación de la resolución expresa        1971
C)    Resolución expresa y notificación “en plazo”        1974
1.2.    Los plazos máximos de resolución y notificación        1974
1.2.1.    Determinación normativa        1974
1.2.2.    Cómputo        1975
1.2.3.    Publicación y notificación        1978
A)    Publicación        1978
B)    Notificación        1979
1.2.4.    Ampliación del plazo        1981
A)    El presupuesto previo: la ampliación de medios —personales y materiales— procedimentales y su fracaso        1982
B)    El acuerdo de ampliación del plazo máximo de resolver: requisitos intrínsecos, límites y naturaleza jurídica        1984
1.3.    Suspensión del cómputo del plazo        1985
1.3.1.    ¿Dos clases de suspensiones?        1985
1.3.2.    Suspensión discrecional        1988
A)    Los trámites pendientes como causas suspensivas        1988
1.3.3.    Suspensión reglada        1998
A)    La causa suspensiva exclusiva de los procedimientos impugnatorios interadministrativos        1998
B)    La suspensión determinada por la “instrucción complementaria”        1999
C)    La cuestión incidental de la recusación        2000
2.    TÉRMINOS Y PLAZOS        2001
2.1.    La determinación y el cómputo de los plazos administrativos        2001
2.1.1.    Los plazos por horas: la innovación        2002
A)    La delimitación de las horas como unidades temporales del plazo administrativo        2002
B)    La determinación normativa de las horas hábiles        2003
C)    El cómputo de las horas hábiles        2004
2.1.2.    Los plazos por días        2005
A)    ¿Días hábiles o días naturales?        2005
B)    La determinación de los días hábiles y los días inhábiles        2006
C)    El cómputo administrativo de los días        2008
2.1.3.    Los plazos por meses o por años        2010
A)    La fecha inicial del plazo        2011
B)    La fecha final del plazo        2011
2.1.4.    Los plazos de presentación “electrónica” de documentos        2012
2.2.    La modificación administrativa de los plazos. En especial, la ampliación de los plazos de los trámites administrativos        2014
2.2.1.    La prohibición de ampliación establecida por otra norma administrativa        2015
2.2.2.    La tipificación del ius variandi ampliatorio como potestad administrativa discrecional. Requisitos de la potestad ampliadora        2015
A)    Requisitos temporales        2016
B)    Requisitos sustantivos        2016
C)    Requisitos procedimentales y competenciales        2017
Bibliografía citada        2018
Capítulo XXVIII
La inactividad de la Administración en el procedimiento administrativo (arts. 24 y 25, y art. 95 LPAC)
Vicenç Aguado i Cudolà
1.    La inactividad de la administración en el procedimiento administrativo: visión general        2023
2.    EL SILENCIO ADMINISTRATIVO        2027
2.1.    El silencio administrativo como una vulneración del derecho a una resolución expresa e incumplimiento de la obligación de resolver        2027
2.2.    El silencio administrativo en los procedimientos iniciados a instancia de persona interesada        2032
2.2.1.    Cláusula general a favor del silencio positivo y excepciones        2032
2.2.2.    La diversa naturaleza del silencio positivo y negativo        2049
2.2.3.    El plazo de impugnación del silencio negativo        2051
2.2.4.    La inactividad en la ejecución de actos presuntos firmes        2057
2.3.    El silencio administrativo en los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables        2059
2.4.    Nulidad y revisión de oficio del silencio administrativo positivo. ¿La confirmación del silencio positivo por sentencia firme impide a la Administración acudir a la vía de la revisión de oficio de actos presuntos?-        2061
3.    LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO        2063
3.1.    La caducidad de los procedimientos iniciados a instancia de persona interesada cuando se produzca su paralización por causa imputable a la misma        2063
3.2.    La caducidad de los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen        2066
3.2.1.    Producción y efectos        2066
3.2.2.    ¿Puede iniciarse un nuevo procedimiento cuando previamente se haya producido la caducidad?        2067
3.2.3.    ¿Debe cerrarse el procedimiento caducado antes de iniciar uno de nuevo?        2081
3.2.4.    La no aplicación de la caducidad cuando la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, en los procedimientos iniciados de oficio        2083
4.    VALORACIÓN GENERAL        2084
Bibliografía citada        2085
SEGUNDA PARTE
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
SECCIÓN PRIMERA
CUESTIONES GENERALES Y SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO
Capítulo XXIX
Cuestiones generales del procedimiento administrativo
Diego J. Vera Jurado
1.    CONCEPTO Y FUNCIONES BÁSICAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO        2095
2.    CLASES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS        2100
2.1.    Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado        2101
2.2.    Procedimiento común y procedimientos propios de las comunidades autónomas        2102
2.3.    Procedimientos formalizados y procedimientos no formalizados        2105
3.    PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO        2106
3.1.    Principio de igualdad        2107
3.2.    Principio de imparcialidad y objetividad        2108
3.3.    Principio de oficialidad        2110
3.4.    Principio de eficacia        2110
3.5.    Principio de prohibición de indefensión de los ciudadanos y de presunción de inocencia        2113
4.    ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO        2115
4.1.    Cuestiones previas        2115
4.2.    Iniciación del procedimiento        2117
4.3.    Ordenación e instrucción del procedimiento administrativo        2123
4.3.1.    Ordenación del procedimiento administrativo        2123
4.3.2.    Instrucción del procedimiento        2124
4.4.    Finalización del procedimiento        2128
Bibliografía citada        2134
Capítulo XXX
Responsables del procedimiento. Abstención y recusación
José María Pérez Monguió
1.    OBJETO DE ESTUDIO        2139
2.    RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO        2140
2.1.    Sujetos responsables        2141
2.2.    Identificación        2142
2.3.    Deberes de los responsables de los procedimientos        2144
2.4.    Responsabilidad        2145
3.    ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN        2146
3.1.    La ordenación legal, reserva de ley y reparto competencial        2146
3.2.    El deber legal de abstenerse        2150
3.2.1.    Prohibición general de abstención de autoridades y funcionarios        2150
3.2.2.    Ámbito subjetivo del deber de abstención        2151
3.3.    Naturaleza e interpretación de las causas de abstención y recusación        2153
3.4.    Causas de abstención y recusación        2159
3.4.1.    Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél        2159
3.4.2.    Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado        2161
3.4.3.    Relaciones familiares        2169
A)    Tener vínculo matrimonial o situación asimilable        2171
B)    Parentesco por consanguinidad        2173
C)    Parentesco por afinidad        2174
3.4.4.    Compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato        2176
3.4.5.    Amistad íntima o enemistad manifiesta        2180
A) Amistad íntima        2182
B) Enemistad manifiesta        2185
3.4.6.    Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate        2188
3.4.7.    Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado servicios profesionales        2191
3.5.    Ejercicio de la abstención        2192
3.6.    Ejercicio de la recusación        2198
3.6.1.    Planteamiento de la recusación        2199
3.6.2.    Tramitación y terminación del incidente        2202
3.7.    Efectos del incumplimiento del deber de abstenerse        2204
3.7.1.    La relevancia invalidatoria        2204
A)    Intervención determinante en el procedimiento genérico de elaboración del acto        2206
B)    Intervención determinante en el procedimiento de formación de la voluntad de los órganos colegiados        2207
3.7.2.    Consecuencias de la falta de abstención en el acto: Anulación o conservación        2208
3.7.3.    Responsabilidad personal        2212
Bibliografía citada        2215
Capítulo XXXI
Los interesados en el procedimiento administrativo
Antonio Alfonso Pérez Andrés
1.    CONCEPTO LEGAL DE INTERESADO        2217
2.    Los titulares de derechos subjetivos como interesados en el procedimiento        2221
2.1.    El alcance de los derechos subjetivos en el Derecho Administrativo y su distinción de los intereses legítimos        2221
2.2.    Condición ex lege de interesados para los que ostentan un derecho subjetivo típico        2222
3.    Los intereses legítimos        2223
3.1.    El interés legítimo frente al mero interés o interés simple        2223
3.2.    El interés legítimo también puede acceder a pretensiones de plena jurisdicción        2224
3.2.1.    De condena a dictar un acto o a realizar una actuación jurídicamente obligatoria        2225
3.2.2.    De cesación o modificación de la actuación material de que se trate        2226
3.2.3.    De reconocimiento de daños e indemnización de perjuicios        2226
3.3.    El interés legítimo colectivo y la legitimación difusa        2227
3.4.    La legitimación difusa en el Derecho Ambiental        2228
3.5.    Otros ejemplos de legitimación difusa        2231
3.5.1.    La legitimación de asociaciones profesionales        2231
3.5.2.    La legitimación difusa de los colegios profesionales        2232
4.    La acción popular como forma de legitimación en el procedimiento administrativo        2235
5.    PLURALIDAD DE INTERESADOS        2237
6.    LA SUCESIÓN EN LA CONDICIÓN DE INTERESADO        2237
Bibliografía citada        2238
Capítulo XXXII
Derechos de los interesados en el procedimiento (art. 53)
Gerardo García Álvarez
1.    LOS DERECHOS DEL INTERESADO EN EL CONTEXTO DE UNA REFORMA ORIENTADA A LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA        2241
2.    EJEMPLOS DE PRIMACÍA DE LA EFICIENCIA SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DEL INTERESADO        2244
3.    REFUNDICIÓN, RECLASIFICACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO        2251
4.    INCIDENCIA DE LOS “DERECHOS” GENERALES EN LOS RECONOCIDOS A LOS INTERESADOS        2254
5.    ¿Existe un derecho de las personas físicas a la relación por medios no electrónicos con las Administraciones públicas?        2260
6.    RELEVANCIA DE LOS DERECHOS DEL INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL DERECHO DE DEFENSA        2263
7.    DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PROCEDIMIENTO        2266
7.1.    Exclusión del acceso en función de la ponderación de bienes jurídicos protegidos        2267
7.2.    Regulación del contenido del expediente administrativo y su relevancia para el derecho de acceso: notas, borradores y documentos en elaboración o inconclusos        2269
8.    LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS: DIRECTIVA SERVICIOS Y POSIBLE INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS        2273
Bibliografía citada        2278
SECCIÓN SEGUNDA
ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Capítulo XXXIII
Iniciación del procedimiento administrativo
María Zambonino Pulito
1.    LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REGULACIÓN, MODALIDADES Y EFECTOS        2283
1.1.    La regulación de la iniciación del procedimiento administrativo en la LPAC        2284
1.2. Clases de iniciación        2286
1.3. Efectos de la iniciación del procedimiento        2288
2.    INFORMACIÓN Y ACTUACIONES PREVIAS        2291
3.    LA INICIACIÓN DE OFICIO        2295
3.1.    El acuerdo de iniciación        2296
3.2. Los presupuestos del acuerdo        2302
3.2.1.    El conocimiento de los elementos que justifican la iniciación del procedimiento por parte del órgano competente: el acuerdo adoptado a iniciativa propia        2303
3.2.2.    Orden del órgano superior jerárquico        2304
3.2.3.    Petición razonada de otro órgano administrativo        2306
3.2.4.    Denuncia        2308
4.    LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A SOLICITUD DEL INTERESADO        2314
4.1. La solicitud. Requisitos y forma        2314
4.1.1. Nombre y apellidos del interesado y su representante        2316
4.1.2. Identificación del medio y lugar a efectos de notificaciones        2316
4.1.3. Hechos, razones y petición        2317
4.1.4. Lugar y fecha        2318
4.1.5. Acreditación de la autenticidad de la voluntad del solicitante        2318
4.1.6. Órgano destinatario        2319
4.1.7. Documentación adicional        2320
4.1.8. Solicitudes conjuntas        2320
4.1.9. Modelos y sistemas de presentación masiva        2320
4.2.    La presentación de la solicitud        2322
4.2.1.    Formalidades y alcance: interrupción de plazos y momento de iniciación del procedimiento        2322
4.2.2. La acreditación de la presentación: el recibo        2326
4.3. Subsanación y mejora de la solicitud        2327
4.3.1. Objeto: los defectos subsanables        2328
4.3.2. Sustanciación del trámite y efectos de su falta de cumplimentación        2335
4.4.    Mejora voluntaria de los términos de la solicitud        2337
Bibliografía citada        2338
Capítulo XXXIV
Reglas generales de ordenación e instrucción de los procedimientos
Isabel González Ríos
1.    La ordenación e instrucción del procedimiento        2341
2.    EL PRINCIPIO DE OFICIALIDAD        2345
2.1.    Impulso de oficio y responsabilidad derivada de su incumplimiento en la LRJPAC        2345
2.2.    El impulso de oficio a través de medios electrónicos y la confusa regulación de la responsabilidad en la LPAC de 2015        2347
3.    EL PRINCIPIO DE CELERIDAD, ECONOMÍA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES        2349
3.1.    La celeridad en el procedimiento entendida como simplificación de trámites y fijación de plazos        2349
3.2.    El principio de celeridad y la “no suspensión” del procedimiento por cuestiones incidentales        2352
4.    LA INTERVENCIÓN DE LOS PARTICULARES EN LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO        2355
4.1.    El principio de contradicción e igualdad        2355
4.2. Cumplimiento de trámites        2357
5.    LA TRANSPARENCIA Y LA PUBLICIDAD        2359
6.    LAS MEDIDAS PROVISIONALES        2360
6.1.    Medidas provisionales “ex ante” y “ex post” al inicio del procedimiento y sus límites        2360
6.2.    Tipos de medidas provisionales        2362
6.3.    La duración de las medidas provisionales        2363
7.    TRAMITACIÓN ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO: LA TRAMITACIÓN DE URGENCIA Y LA SIMPLIFICADA        2364
7.1.    La tramitación de urgencia        2364
7.2.    La tramitación simplificada        2365
7.2.1.    Marco normativo y fundamento        2365
7.2.2.    Plazo de resolución y trámites        2367
7.2.3.    Especialidades del procedimiento de responsabilidad patrimonial y del procedimiento sancionador        2371
Bibliografía citada        2372
Capítulo XXXV
Alegaciones, audiencia y participación de los interesados
José Antonio Tardío Pato
1.    LOS PRINCIPIOS GENERALES DE AUDIENCIA, CONTRADICCIÓN, DEFENSA Y PARTICIPACIÓN        2376
1.1.    Los principios generales de audiencia y contradicción y su consideración como una parte de los derechos de la defensa        2376
1.1.1.    Los principios generales de audiencia y contradicción        2376
1.1.2.    Su consideración como una parte de los derechos de la defensa        2387
1.2.    El principio general de participación        2390
2.    El trámite de alegaciones y su prueba        2398
2.1.    La previsión legal no sólo incluye alegar, sino también probar lo alegado        2399
2.2.    Permite su uso un número indeterminado de veces, sin necesidad de apertura de trámite específico por la Administración y sin exigencia de una forma precisa        2399
2.3.    La obligación de la Administración de tener en cuenta las alegaciones y los documentos u otros elementos de juicio aportados, en la propuesta de resolución y en la resolución consiguiente        2401
2.4.    La previsión específica de alegar sobre defectos de tramitación y sobre la infracción de plazos        2403
2.5.    La previsión de exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria al personal administrativo, como resultado de lo alegado        2405
3.    El trámite de audiencia        2405
3.1.    Su regulación dentro de las normas de procedimiento administrativo común general        2405
3.2.    Características y diferencias de este trámite frente a otros también inspirados en los principios de audiencia y contradicción        2406
3.3.    Supuestos en los que puede prescindirse del trámite de audiencia        2408
3.4.    Fases del trámite de audiencia y aspectos destacables en cada uno de ellos        2409
3.4.1.    Acuerdo de emplazamiento y ámbito subjetivo del mismo        2409
3.4.2.    Puesta de manifiesto del expediente y examen del mismo por los interesados        2410
3.4.3.    Formulación de las alegaciones y justificaciones y la obligación de tenerla en cuenta en la resolución final del procedimiento        2415
3.5.    Existen trámites especiales de audiencia en forma de vista oral, en algunos procedimientos especiales        2416
3.6.    Consecuencias de la omisión del trámite de audiencia por las Administraciones Públicas        2417
3.6.1.    Nulidad de pleno derecho, anulabilidad e irregularidad no invalidante en la jurisprudencia sobre el particular. Los criterios de la esencialidad del trámite y de producción de indefensión material al afectado        2417
3.6.2.    Nuestras conclusiones y propuestas, con asunción de otras doctrinales y jurisprudenciales previas        2430
4.    El trámite de información pública        2438
4.1.    Concepto, supuestos en los que procede y principios que lo inspiran        2438
4.2.    Fases del trámite de información pública y aspectos destacables en cada uno de ellos        2440
4.2.1.    Acuerdo de emplazamiento (anuncio) y ámbito subjetivo del mismo        2440
4.2.2.    Puesta de manifiesto del expediente y examen del mismo por los interesados        2442
4.2.3.    Formulación de alegaciones y derecho a obtener de la administración una respuesta razonada        2443
4.3.    Consecuencias de la omisión del trámite        2445
4.4.    La previsión por la legislación procedimental administrativa de otras fórmulas de participación administrativa diferentes de la información pública        2453
Bibliografía citada        2466
Capítulo XXXVI
Los informes
César Cierco Seira
1.    INTRODUCCIÓN        2471
2.    EL CONCEPTO Y LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS QUE DEFINEN AL INFORME        2472
3.    LAS DIFICULTADES EN LA DELIMITACIÓN DE LOS PERFILES DEL INFORME Y EL PAULATINO ENRIQUECIMIENTO DE SUS FUNCIONES. EL INFORME AL SERVICIO DE LA PARTICIPACIÓN, DE LA CONJUGACIÓN COMPETENCIAL Y DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA        2474
4.    LA CLASIFICACIÓN DE LOS INFORMES Y LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN LA TRADICIONAL TRÍADA: FACULTATIVO, PRECEPTIVO Y VINCULANTE        2483
5.    EL RÉGIMEN JURÍDICO COMÚN DE LOS INFORMES        2492
5.1.    La destacada impronta del informe en la Ley procedimental de cabecera y los sesgos que acusa        2492
5.2.    El carácter preparatorio e instrumental del informe en la serie procedimental y la consiguiente imposibilidad de ser objeto de impugnación autónoma        2494
5.3.    La estrecha relación entre el informe y la motivación de la resolución final        2496
5.4.    La preocupación por fijar el plazo de informe como antesala al problema de la tardanza en su emisión        2498
6.    EL GRAVE PROBLEMA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR EN PLAZO Y LAS DIFICULTADES PARA AISLAR UNA SOLUCIÓN AL RESPECTO        2500
7.    LOS VICIOS PROCEDIMENTALES EN TORNO AL INFORME: SU OMISIÓN Y SU EMISIÓN IRREGULAR        2511
Bibliografía citada        2513
Capítulo XXXVII
La prueba en el procedimiento administrativo
Concepción Barrero Rodríguez
1.    CONSIDERACIONES INICIALES        2517
2.    EL objeto de la prueba        2519
2.1.    Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento        2519
2.2.    Los hechos exonerados de prueba. En particular, los hechos declarados probados en vía judicial        2520
3.    LA CARGA DE LA PRUEBA        2523
4.    Cuando HA DE PROBARSE. EN ESPECIAL, EL TRÁMITE DE PRUEBA        2529
4.1.    Los cauces posibles para el desarrollo de la actividad probatoria        2529
4.2.    El trámite de prueba        2531
4.3.    El periodo extraordinario de prueba        2535
5.    LOS MEDIOS DE PRUEBA        2535
5.1.    Los distintos medios posibles. El predominio de la prueba documental        2535
5.2.    La procedencia y necesariedad de las pruebas        2538
6.    LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS        2542
7.    LA VALORACIÓN de la prueba. LA EXPRESA REMISIÓN DE LA LPAC A LA LEC        2547
7.1.    La libre apreciación de la prueba por el órgano decisor como regla general        2547
7.2.    La prueba tasada en el procedimiento administrativo. El interrogatorio del interesado y la prueba documental, en particular        2551
7.3.    Un supuesto singular: Las denuncias y actas de inspección        2554
Bibliografía citada        2558
Capítulo XXXVIII
La terminación del procedimiento administrativo
Francisco L. Hernández González
1.    LAS DISTINTAS FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO        2561
2.    LA RESOLUCIÓN EXPRESA DEL PROCEDIMIENTO        2567
2.1.    Distinción entre resolución material y resolución formal        2567
2.2.    Actuaciones previas necesarias para resolver: propuesta de resolución y actuaciones complementarias        2571
2.2.1.    La propuesta de resolución        2572
2.2.2.    Las actuaciones complementarias        2573
2.3.    El contenido preceptivo de las resoluciones        2575
2.3.1.    Requisitos materiales: el alcance del principio de congruencia        2575
2.3.2.    Requisitos formales: la problemática de las resoluciones mediante impresos normalizados        2576
3.    DESISTIMIENTO Y RENUNCIA        2581
3.1.    Fundamento y alcance        2581
3.2.    Régimen jurídico        2582
3.2.1.    Acto expreso y personalísimo del interesado        2583
3.2.2.    Necesidad de aceptación por la Administración        2585
3.3.    El fin de un vacío legal: el desistimiento unilateral de la Administración        2587
4.    LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL        2591
4.1.    Delimitación conceptual        2591
4.2. Régimen jurídico        2595
4.2.1.    Sujetos intervinientes        2596
4.2.2.    Requisitos        2596
4.2.3.    Contenido        2600
4.2.4.    Suspensión del plazo para resolver        2601
4.3.    La “negociación” en los procedimientos de elaboración de reglamentos        2602
5.    VALORACIÓN FINAL        2603
Bibliografía citada        2605
TERCERA PARTE
EL ACTO ADMINISTRATIVO
Capítulo XXXIX
El acto administrativo: concepto, clases y contenido
Francisco Velasco Caballero
1.    INTRODUCCIÓN        2611
2.    ACTO ADMINISTRATIVO Y OTRAS FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA        2617
2.1.    Acto administrativo versus contrato        2618
2.2.    Acto administrativo versus disposición administrativa de carácter general        2619
2.3.    Acto y actuación administrativa        2623
2.4.    Acto administrativo y acto político        2625
3.    EL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO        2627
3.1.    El acto administrativo en la Unión Europea        2627
3.2.    El acto administrativo transnacional        2631
3.3.    El acto administrativo de particulares        2633
3.4.    El acto administrativo en la “nueva ciencia del Derecho administrativo”        2634
3.5.    Actos administrativos automatizados y por sistemas de inteligencia artificial        2636
4.    CLASES        2639
4.1.    Acto no decisorio versus “resoluciones”        2639
4.2.    Acto definitivo versus acto de trámite        2642
4.3.    Acto favorable versus acto de gravamen        2646
4.4.    Acto expreso versus acto presunto        2648
4.5.    Acto reglado versus acto discrecional        2651
5.    CONTENIDO        2653
Bibliografía citada        2658
Capítulo XL
La motivación de los actos administrativos
Rocío Navarro González
1.    EL CONCEPTO Y LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA MOTIVACIÓN        2664
1.1.    Observaciones preliminares        2664
1.2.    Propuestas conceptuales a partir de diferentes teorías administrativas        2666
1.2.1.    El concepto de la motivación desde la teoría general del acto administrativo        2666
1.2.2.    El concepto de la motivación desde la perspectiva de la teoría general del derecho administrativo como sistema        2671
1.3.    La motivación como requisito formal cualificado        2674
2.    LAS FINALIDADES DE LA MOTIVACIÓN        2676
2.1.    La multifuncionalidad: aspectos generales de las funciones encomendadas        2676
2.1.1.    La motivación desde la óptica del órgano jurisdiccional: elemento indispensable para el control de legalidad del acto administrativo        2678
2.1.2.    Las diferentes finalidades de la motivación desde la óptica del ciudadano: cognoscitiva, defensiva y democrática        2679
2.2.    Riesgos que evita la motivación: la arbitrariedad y la desviación de poder        2682
3.    LOS REQUISITOS DE LA MOTIVACIÓN        2683
3.1.    Requisitos de forma        2684
3.1.1.    La motivación ha de ser sucinta, suficiente y congruente        2684
3.1.2.    La motivación ha de ser especialmente intensa cuando afecta a derechos fundamentales        2687
3.1.3.    La motivación ha de ser convincente        2688
3.1.4.    El empleo de frases genéricas y signos numéricos como motivación adecuada        2688
3.2.    El contenido de la motivación: en especial los motivos        2690
3.3.    Aspectos subjetivos: la participación de órganos auxiliares en la tarea de cumplimentar la motivación        2693
4.    ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBEN SER MOTIVADOS EN VIRTUD DE LA LEY 39/2015        2694
4.1.    Supuestos enumerados en el artículo 35        2695
4.1.1.    Actos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos        2695
4.1.2.    Actos que resuelven procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje        2696
A)    Algunas novedades de la motivación en los procedimientos de control interno de los actos administrativos        2697
B)    La escasa incidencia de la motivación en los medios alternativos de resolución de conflictos        2697
4.1.3.    Actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos        2699
4.1.4.    Acuerdos de suspensión de actos y la adopción de medidas provisionales        2700
4.1.5.    Acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias        2702
4.1.6.    Actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados        2704
4.1.7.    Actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio        2705
4.1.8.    Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial        2706
4.1.9.    Actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa        2708
4.1.10.    Actos que pongan fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva        2710
4.2.    Otros supuestos contemplados en el articulado de la LPAC        2711
5.    MODALIDADES DE LA MOTIVACIÓN        2712
6.    EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE MOTIVAR        2716
Bibliografía citada        2718
Capítulo XLI
Validez e invalidez de los actos administrativos: teoría general
Tomás Cano Campos
1.    Introducción        2723
2.    LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS CONCEPTOS AFINES        2725
2.1.    Existencia        2726
2.2. Eficacia y ejecutividad        2729
2.3.    Validez        2734
2.4.    Los elementos del acto como requisitos de validez: validez formal y validez material        2736
2.5.    Validez e irregularidades no invalidantes        2744
3.    LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ        2747
3.1.    Una figura cuestionada        2747
3.2.    ¿Verdadera presunción?        2748
3.3.    Las normas de presunción        2752
3.4.    Fundamento y función        2756
3.5.    Efectos de la presunción        2759
3.6.    Ámbito: su aplicación a todos los actos        2768
3.7.    Presunción de validez y ¿presunción de legalidad?        2770
3.8.    Recapitulación        2773
4.    LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS        2775
4.1.    El concepto de invalidez: las diversas caras del fenómeno        2775
4.2.    Tipos de invalidez: nulidad y anulabilidad        2778
4.3.    Los medios de reacción contra la invalidez        2785
4.4.    Las consecuencias de la declaración de invalidez        2788
4.5.    Los pronunciamientos de invalidez: ¿carácter constitutivo o declarativo?        2793
4.6.    La situación creada por los actos inválidos y su eventual protección        2796
4.7.    Tiempo y validez: la invalidez sobrevenida        2799
Bibliografía citada        2808
Capítulo XLII
Supuestos de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos
Lorenzo Mellado Ruiz
1.    INTRODUCCIÓN: ENTRE LA NOSTALGIA Y LA COINCIDENCIA        2817
2.    ANÁLISIS DE LOS SUPUESTOS DE NULIDAD ABSOLUTA        2825
2.1.    Actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional        2825
2.2.    Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio        2834
2.3.    Actos de contenido imposible        2841
2.4.    Actos constitutivos de delito o dictados como consecuencia de éste        2843
2.5.    Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados        2848
2.6.    Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición        2858
3.    LAS “CAUSAS ESPECIALES DE NULIDAD”        2862
4.    EL PRINCIPIO DE INDEROGABILIDAD SINGULAR DE LOS REGLAMENTOS Y LA (DISCUTIBLE) DISTINCIÓN LEGAL ENTRE ACTOS CONTRA LEGEM Y ACTOS CONTRA REGLAMENTUM        2865
5.    BREVES REFLEXIONES CONCLUSIVAS        2872
Bibliografía citada        2873
Capítulo XLIII
La indefensión como vicio de invalidez de los actos administrativos
Estanislao Arana García
1.    CONCEPTO DE INDEFENSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO        2879
1.1.    Planteamiento: la indefensión en la legislación de procedimiento administrativo, una primera y genérica aproximación        2879
2.    EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA ACTUALIDAD: BASTANTE MÁS QUE UN MERO CAUCE FORMAL PARA LA APROBACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO        2886
3.    LA INDEFENSIÓN COMO CONCRETO VICIO PROCEDIMENTAL DETERMINANTE DE ANULABILIDAD: ANÁLISIS DE SU RELATIVIZACIÓN Y SU NECESARIA RECONDUCCIÓN        2892
3.1.    Planteamiento        2892
3.2.    El Derecho de Defensa como pilar del Estado de Derecho: naturaleza y contenido. Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa y su aplicación a las relaciones jurídico-administrativas        2894
3.2.1.    La interpretación restrictiva en la jurisprudencia contencioso-administrativa española: la prueba de que la resolución final no habría variado de no haberse cometido la infracción formal y la posibilidad de haber hecho valer el derecho de defensa en vía de recurso tanto administrativo como contencioso-administrativo        2897
3.2.2.    La comisión por parte de la Administración de determinados vicios procedimentales sí tiene trascendencia anulatoria y no cabe entenderlos compensados con hipotéticas resoluciones confirmatorias del fondo del asunto o con la mera posibilidad de recurrir en vía contencioso-administrativa: la línea jurisprudencial que es necesario seguir y reforzar        2902
3.3.    La indefensión en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración        2905
3.4.    El Derecho de defensa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el principio de causalidad y su reciente reconducción        2907
4.    CONCLUSIONES        2914
Bibliografía citada        2919
Capítulo XLIV
Anulabilidad e irregularidades no invalidantes
Roberto Galán Vioque
1.    EL RÉGIMEN DE LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE NUEVO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS        2923
1.1.    Evolución de la regulación legal de la anulabilidad en el Derecho administrativo español        2923
1.2.    Anulabilidad versus nulidad: la ocasión perdida con la nueva LPAC        2926
2.    LOS VICIOS SUSTANTIVOS QUE DETERMINAN LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS        2934
2.1.    Supuestos de anulabilidad por vicios no formales        2934
2.2.    Convalidación de actos anulables y efectos de la anulación        2937
3.    LA DESVIACIÓN DE PODER COMO SUPUESTA CAUSA DE ANULABILIDAD        2938
3.1.    La positivación del vicio de la desviación de poder        2938
3.2.    Alcance de la desviación de poder        2941
3.3.    La consideración legal del vicio de la desviación de poder como un supuesto de anulabilidad        2944
3.4.    La “imposible” prueba de la desviación de poder        2946
3.5.    El resurgimiento de la desviación de poder en el ámbito del urbanismo y de la función pública        2949
4.    LA INCIDENCIA DEL ANTIFORMALISMO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. LOS EFECTOS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EXTEMPORÁNEAS        2953
4.1.    La graduación de los efectos de las infracciones que incurren en defectos formales y de las actuaciones administrativas extemporáneas        2953
4.2.    La anulabilidad de los actos que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y de las actuaciones extemporáneas cuando venga impuesta por la naturaleza del término o plazo        2955
4.3.    Las irregularidades formales y las actuaciones extemporáneas no invalidantes        2959
Bibliografía citada        2960
Capítulo XLV
Alcance invalidante de los vicios de los actos administrativos en soporte electrónico
Antonio David Berning Prieto
1.    LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE        2963
1.1.    Los documentos administrativos        2963
1.2.    Exigencias normativas de los documentos administrativos en soporte electrónico        2966
1.3.    Consecuencias derivadas del incumplimiento de requisitos de naturaleza documental: el documento defectuoso        2967
2.    VICIOS DE NATURALEZA DOCUMENTAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS        2971
2.1.    Necesidad de regulación de las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de naturaleza documental cuando se trata de actos administrativos: la insuficiencia de los artículos 47 y 48 LPAC        2971
2.2.    Alcance de los posibles vicios        2975
2.2.1.    Vicios relativos a la información contenida        2975
2.2.2.    Vicios relativos al formato        2976
2.2.3.    Vicios relativos a los datos identificativos        2979
2.2.4.    Vicios relativos a la referencia temporal: ¿es necesario incorporar un sello electrónico de tiempo?        2980
2.2.5.    Vicios relativos a la incorporación de metadatos        2985
2.2.6.    Vicios relativos a la firma electrónica        2989
A)    Omisión de firma electrónica        2989
B)    Validez del certificado electrónico        2992
C)    Vicios derivados de la cesión ilegítima de la firma electrónica: exceso de uso, suplantación y usurpación de identidad. La firma por orden y la delegación de firma como alternativas lícitas        2996
3.    VICIOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA        3000
3.1.    Concepto y requisitos de la actividad administrativa automatizada        3000
3.2.    Alcance de los posibles vicios        3008
3.2.1.    Vicios relativos a la competencia: una visión hacia la teoría del órgano        3008
3.2.2.    Vicios relativos al incumplimiento de otros requisitos de la automatización        3011
3.2.3.    Vicios relativos al sistema de firma electrónica empleada        3015
3.3.    Situaciones anómalas: errores de programación o incapacidad del algoritmo        3018
4.    LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO POSIBLE FUENTE DE INVALIDEZ DE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS        3020
4.1.    Concepto de inteligencia artificial        3020
4.2.    El empleo de sistemas de inteligencia artificial en la adopción de decisiones administrativas: posibles vicios        3021
4.2.1.    Cuestiones generales relativas al control de sistemas de IA        3021
4.2.2.    Empleo de sistemas de IA con carácter previo al inicio del procedimiento        3023
4.2.3.    Empleo de sistemas de IA para la adopción de la decisión administrativa        3025
Bibliografía citada        3031
Capítulo XLVI
Conservación de los actos administrativos y límites a su invalidez
José Francisco Alenza García
1.    El principio general de conservación (o de restricción de la invalidez)        3038
1.1.    La persistencia de los actos jurídicos y el principio de conservación (o de restricción de la invalidez) de los actos jurídicos        3038
1.2.    El principio de conservación ¿uno o trino?        3040
1.2.1. Un “nuevo” principio en la galaxia principial        3040
1.2.2. La conservación de actos: tres principios y una regla        3043
1.3.    Los supuestos típicos de conservación (o de restricción de la invalidez) de los actos administrativos        3045
1.3.1.    Una regulación persistente desde la LPA: cuatro supuestos de restricción de la invalidez y una convalidación        3045
1.3.2.    Pautas interpretativas        3046
2.    Intransmisibilidad de la invalidez a los actos DE TRÁMITE posteriores independientes (art. 49.1)        3047
2.1.    La tipificación legal del supuesto        3047
2.2.    La (innecesaria) declaración formal de la conservación de los actos de trámite independientes del acto viciado        3049
2.3.    Algunos casos jurisprudenciales        3050
3.    Conservación de actos y trámites (art. 51)        3051
3.1.    La tipificación legal del supuesto        3051
3.2.    La declaración formal de la conservación de los actos no afectados por la nulidad        3057
3.3.    Algunos casos jurisprudenciales        3060
3.3.1.    Conservación de trámites anteriores no afectados por la nulidad        3060
A)    En procedimientos complejos o integrados        3060
B)    En procedimientos simples        3065
3.3.2. Conservación de actos        3070
3.3.3.    Denegación de la conservación de actos y trámites        3071
4.    Invalidez parcial (art. 49.2)        3075
4.1.    Requisitos de la invalidez parcial        3075
4.2.    Algunos casos jurisprudenciales        3077
4.2.1.    Su aplicabilidad a las disposiciones generales y, en particular, a los planes urbanísticos        3077
4.2.2.    Nulidad parcial de actos con pronunciamientos diversos        3079
4.2.3.    Nulidad parcial de actos con pluralidad de destinatarios        3082
4.3.    La proporcionalidad como necesario criterio en la aplicación de la regla de la invalidez parcial        3083
5.    Conversión de actos viciados (art. 50)        3086
5.1.    Concepto, naturaleza y fundamento        3086
5.2.    Requisitos de la conversión        3087
5.2.1.    Presupuesto: acto nulo o anulable        3087
5.2.2.    Concurrencia de los elementos constitutivos de un acto administrativo distinto al inválido        3088
5.2.3. Declaración de la conversión        3090
5.3.    Su escasa aplicación jurisprudencial        3090
6.    Convalidación (art. 52)        3093
6.1.    La subsanación como una forma de convalidación de los actos anulables        3093
6.2.    Requisitos de la subsanación        3094
6.1.1.    Requisitos subjetivos: la competencia para subsanar        3094
6.1.2.    Requisitos objetivos del acto subsanador o convalidante        3095
6.1.3.    Requisitos objetivos del acto subsanable        3096
A)    Carácter anulable        3096
B)    Vicio de incompetencia        3097
C)    Falta de autorización        3098
D)    Falta de informes preceptivos        3099
E)    Vicios objetivos        3100
6.1.4.    Requisitos temporales: plazo        3101
6.3.    Procedimiento o actuaciones de subsanación        3104
6.4.    Efectos de la subsanación: la convalidación y su eficacia retroactiva        3106
Bibliografía citada        3108
Capítulo XLVII
Eficacia y ejecutividad de los actos administrativos
Teresa M. Navarro Caballero
1.    INTRODUCCIÓN        3111
2.    EFICACIA, EJECUTIVIDAD Y EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL        3113
2.1.    La eficacia como primera manifestación del acto administrativo        3113
2.2.    La ejecutividad de los actos administrativos. Su fuerza de obligar o de imponerse        3116
2.3.    Eficacia, ejecutividad (y validez) de los actos administrativos        3120
2.4.    Ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos        3122
2.5.    A vueltas con el problema terminológico        3125
3.    LA EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL TIEMPO        3128
3.1.    Eficacia del acto administrativo ¿desde que se dicta? Excepciones        3128
3.2.    Situaciones de pendencia de la eficacia del acto administrativo. La eficacia demorada        3129
3.2.1.    Eficacia demorada por exigirlo el contenido del acto        3129
3.2.2.    Eficacia demorada por estar el acto supeditado a su notificación o publicación        3132
3.2.3.    Eficacia demorada del acto por estar supeditado a aprobación superior        3134
3.3.    Eficacia retroactiva        3134
4.    EXCEPCIONES AL PRINCIPIO GENERAL DE EJECUTIVIDAD. LA INEJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS        3138
5.    FINAL        3139
Bibliografía citada        3141
Capítulo XLVIII
Las notificaciones administrativas
Isaac Martín Delgado
1.    INTRODUCCIÓN: ejecutividad y eficacia de los actos administrativos        3143
2.    NOTIFICACIÓN CONVENCIONAL VS. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA NOTIFICACIÓN        3146
2.1.    Las notificaciones administrativas: presunciones y ficciones        3146
2.2.    La notificación electrónica: consideraciones generales        3150
2.3.    Panorámica general de la regulación de las notificaciones electrónicas        3153
3.    EL MARCO GENERAL: PRINCIPIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES        3163
3.1.    La necesidad de elección del medio de notificación: ¿derecho del interesado y obligación de la Administración?        3163
3.1.1.    Planteamiento del problema        3163
3.1.2.    Obligación de disponer de medios electrónicos        3165
3.1.3.    Derecho a la elección del medio de notificación        3168
3.2.    La obligatoriedad de recibir notificaciones por medios electrónicos        3171
4.    EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS        3178
4.1.    Condiciones generales para la práctica de la notificación        3178
4.1.1.    El deber de notificar        3178
4.1.2.    La preferencia por las notificaciones electrónicas        3180
4.1.3.    Los requisitos de validez de las notificaciones        3184
4.1.4.    El aviso complementario de notificación        3193
4.2.    La práctica de las notificaciones administrativas        3204
4.2.1.    El medio de notificación        3205
4.2.2.    El lugar de notificación        3211
A)    Consideraciones generales: la restricción de los sistemas de notificación        3211
B)    La notificación por comparecencia en sede electrónica        3216
C)    La Dirección Electrónica Habilitada Única        3220
D)    Otros sistemas de notificación        3223
4.2.3.    Tiempo de la notificación        3226
4.2.4.    Notificación infructuosa        3232
4.2.5.    El rechazo de la notificación        3235
5.    CONCLUSIONES        3243
Bibliografía citada        3243
Capítulo XLIX
La ejecución forzosa de los actos administrativos: régimen general. La prohibición de acciones posesorias
Javier Barcelona Llop
1.    INTRODUCCIÓN        3249
2.    EL OBJETO DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN FORZOSA        3253
2.1.    Actos administrativos susceptibles de ejecución forzosa: actos ejecutivos y ejecutorios        3253
2.2.    Exposición de las circunstancias que, conforme al artículo 98.1 LPAC, impiden que un acto administrativo sea eficaz y, por lo tanto, que pueda ser ejecutado forzosamente        3258
2.2.1.    Que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición [artículo 98.1, b)]        3258
2.2.2.    La suspensión de la ejecución del acto [artículo 98.1, a)]        3260
2.2.3.    Que una disposición establezca lo contrario [artículo 98.1, c)]        3263
2.2.4.    Que sea necesaria aprobación o autorización superior [artículo 98.1, d)]        3264
3.    LA TITULARIDAD DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN FORZOSA        3266
4.    EJECUCIÓN FORZOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CUYO DESTINATARIO ES OTRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA        3269
5.    ¿ESTÁ LA ADMINISTRACIÓN OBLIGADA A EJECUTAR FORZOSAMENTE SUS ACTOS ADMINISTRATIVOS?        3272
6.    LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN FORZOSA: LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EJECUCIÓN EN LÍNEA DIRECTA DE CONTINUACIÓN DEL ACTO        3278
7.    LA RESOLUCIÓN QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EJECUCIÓN FORZOSA Y LA NOTIFICACIÓN DE LA QUE AUTORICE LA ACTUACIÓN MATERIAL        3285
8.    EL PREVIO APERCIBIMIENTO        3288
9.    LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LEY        3290
10.    LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE PROCEDER A LA EJECUCIÓN FORZOSA SI LA CONSTITUCIÓN O LA LEY EXIGEN LA INTERVENCIÓN DE UN ÓRGANO JUDICIAL        3291
11.    LA PROHIBICIÓN DE ACCIONES POSESORIAS Y EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO FRENTE A LAS VÍAS DE HECHO        3297
Bibliografía citada        3304
Capítulo L
Los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos
Javier Guillén Caramés
1.    La ejecución forzosa de los actos administrativos        3309
1.1.    Titulares de la potestad de ejecución forzosa        3311
1.2.    Principios informadores        3314
2.    Los medios de ejecución forzosa: aspectos generales        3316
2.1.    Elección del medio de ejecución más adecuado        3316
2.2.    Presupuesto habilitante de la ejecución forzosa        3317
3.    El control de la ejecución forzosa por vía judicial: la autorización de entrada en domicilios        3319
3.1.    El derecho a la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas        3320
3.1.1.    La compleja configuración del derecho a la inviolabilidad del domicilio como principio general del derecho en el ámbito del Derecho de la UE        3321
3.1.2.    Delimitación del concepto de domicilio de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico nacional        3325
3.1.3.    El alcance del derecho a la inviolabilidad del domicilio en las personas jurídicas        3328
3.2.    El control jurisdiccional del acto administrativo que se pretende ejecutar        3331
4.    TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN FORZOSA        3334
4.1.    El apremio sobre el patrimonio        3334
4.1.1.    Delimitación conceptual        3334
4.1.2. Procedimiento        3335
4.1.3.    Una cuestión problemática: ¿puede aplicarse el apremio administrativo a una Administración Pública?        3337
4.2.    La ejecución subsidiaria        3340
4.2.1. Concepto y naturaleza jurídica        3341
4.2.2. Régimen jurídico        3341
4.3.    La multa coercitiva        3343
4.3.1. Concepto y necesidad de previsión legal        3343
4.3.2. Naturaleza jurídica        3345
4.3.3. Resistencia al cumplimiento por parte del sujeto obligado        3347
4.3.4. La determinación de la cuantía de la multa coercitiva        3348
4.4.    La compulsión sobre las personas        3349
4.4.1. Delimitación del contenido        3349
4.4.2.    El desahucio administrativo como supuesto de medio de compulsión sobre las personas        3351
Bibliografía citada        3352
CUARTA PARTE
REVISIÓN DE ACTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Capítulo LI
Revisión de actos en vía administrativa (arts. 106 a 111 LPAC)
Eloísa Carbonell Porras
1.    CONSIDERACIONES GENERALES        3357
1.1.    Planteamiento        3357
1.2.    Crítica inicial: las mismas incongruencias e incorrecciones que las anteriores leyes        3359
1.3.    Algunas observaciones generales y comunes        3362
2.    LA APLICACIÓN DIRECTA O SUPLETORIA DE LA LPAC        3367
3.    LA REVISIÓN CUANDO EXISTE UN VICIO DE NULIDAD DE PLENO DERECHO        3372
3.1.    Las causas que determinan la nulidad de pleno derecho de actos y reglamentos        3372
3.2.    El plazo para revisar        3375
3.3.    El procedimiento        3376
3.3.1.    La iniciación siempre de oficio respecto de los reglamentos        3376
3.3.2.    Iniciación de oficio o a solicitud del interesado respecto de los actos        3377
A)    Los interesados a los efectos del artículo 106.1 LPAC        3377
B)    La inadmisión y sus consecuencias        3381
3.3.3.    Instrucción        3383
3.3.4.    La resolución        3385
A)    Contenido y consecuencias        3385
B)    La competencia        3386
C)    El plazo y su incumplimiento        3388
3.3.5.    ¿Se revisan los actos dictados en aplicación del reglamento anulado?        3391
4.    LA REVISIÓN DE LOS ACTOS ANULABLES: LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD        3392
4.1.    Objeto y finalidad        3392
4.2. El procedimiento administrativo de lesividad        3395
4.2.1.    Iniciación        3395
4.2.2.    Instrucción        3398
4.2.3.    Resolución: la declaración de lesividad        3399
A)    La competencia        3399
B)    El plazo para declarar la lesividad: cuatro años desde que se dictó el acto impugnado y seis meses desde que se inició el procedimiento        3401
C)    Contenido        3404
D)    Efectos        3406
4.3. El recurso contencioso de lesividad        3407
5.    LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESFAVORABLES O DE GRAVAMEN        3408
6.    OTROS SUPUESTOS NO PREVISTOS EN LA LPAC EN LOS QUE LA ADMINISTRACIÓN RECONSIDERA SUS PROPIOS ACTOS        3414
7.    LA RECTIFICACIÓN DE ERRORES        3417
8.    LOS LÍMITES GENERALES A LA REVISIÓN        3420
Bibliografía citada        3426
Capítulo LII
Régimen general de los recursos administrativos (arts. 112 a 126 LPAC)
Vicente Escuin Palop
1.    LOS RECURSOS GENERALES        3435
1.1.    Concepto        3435
1.2.    Actos susceptibles de recurso administrativo        3437
1.3.    Materias excluidas del recurso administrativo        3441
1.3.1.    Los actos de mero trámite        3441
1.3.2.    Los reglamentos        3443
1.3.3.    Los actos firmes        3444
1.3.4.    Consultas administrativas y requerimientos de información        3445
1.3.5.    Los actos de ejecución        3445
1.4.    La legitimación para recurrir        3447
1.4.1.    La legitimación activa de las Administraciones Públicas cuando no ejercen potestades públicas        3447
1.4.2.    La legitimación de las Administraciones instrumentales frente al ente matriz        3448
1.4.3.    Supuestos de legitimación ex lege        3448
A)    Legitimación de los concejales        3449
B)    La acción vecinal        3449
C)    La acción popular        3450
1.4.4.    La legitimación para intervenir en un recurso ya iniciado        3450
1.5.    El procedimiento en vía de recurso        3451
1.5.1.    La interposición del recurso        3452
1.5.2.    La instrucción del recurso        3454
A)    Alegaciones        3455
B)    Los informes        3455
C)    La prueba        3455
D)    La audiencia del recurrente y de los interesados        3456
1.6.    La terminación        3458
1.6.1.    La resolución        3458
A)    La inadmisión        3459
B)    La resolución expresa        3460
C)    La resolución implícita        3462
D)    Resolución por silencio negativo        3463
1.6.2.    Los modos anormales de terminación de los recursos        3464
1.7. Una novedad de la LPAC: la suspensión del plazo para resolver        3466
2.    RECURSOS ESPECIALES: CONTRATACIÓN Y OTROS ÁMBITOS        3467
2.1.    Recurso administrativo especial en materia de contratación        3468
2.2.    Las reclamaciones potestativas contra las decisiones expresas o presuntas de las solicitudes de acceso a la información pública (arts. 23 y 24 LTBG)        3469
2.3.    Mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de circulación        3472
3.    PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO        3475
3.1.    La mediación        3476
3.2.    El arbitraje        3478
4.    LA SUSPENSIÓN        3479
Bibliografía citada        3485
Capítulo LIII
Recursos administrativos generales
Manuel J. Sarmiento Acosta
1.    LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS GENERALES EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS        3489
2.    EL RECURSO DE ALZADA        3493
2.1.    Evolución histórica: recurso jerárquico - recurso de alzada - recurso ordinario - recurso de alzada        3493
2.1.1.    La situación previa a la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958        3493
2.1.2.    El recurso de alzada en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958        3499
2.1.3.    Sobre el llamado “recurso de alzada impropio”        3501
2.1.4.    La aprobación de la Constitución, críticas doctrinales, y cambio de Ley: el recurso ordinario de la redacción inicial de la Ley 30/ 1992        3503
2.1.5.    Las novedades incorporadas por la Ley 30/ 1992 en materia de recursos; en particular, el ahora llamado “recurso ordinario”        3505
2.1.6.    Los cambios introducidos por la Ley 4/ 1999: el nuevo recurso de alzada        3508
2.2.    Concepto, naturaleza y características        3511
2.3.    Requisitos del acto impugnable        3513
2.4.    Tramitación y resolución del recurso        3518
3.    EL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN        3523
3.1.    Evolución histórica: desaparición y recuperación de un recurso        3523
3.2.    Concepto, naturaleza y características        3528
3.3.    Requisitos del acto impugnable        3530
3.4.    Plazos y resolución        3530
4.    EL RECURSO ADMINISTRATIVO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN        3532
4.1.    Evolución histórica        3532
4.2.    Concepto y naturaleza        3534
4.3.    Los motivos del recurso        3536
4.4.    Tramitación y resolución        3540
5.    CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS        3542
Bibliografía citada        3545

TOMO III
ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO Y SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES ESPECIALES O SINGULARES
PRIMERA PARTE
INICIATIVA LEGISLATIVA Y POTESTAD REGLAMENTARIA
Capítulo LIV
La potestad reglamentaria. El procedimiento de elaboración de los reglamentos
Manuel Fernández Salmerón
Alfonso Sánchez García
1.    LA POTESTAD REGLAMENTARIA: EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO        3581
1.1.    Concepto de reglamento y titularidad de la potestad reglamentaria        3581
1.1.1.    A vueltas con la naturaleza de los reglamentos y sus rasgos distintivos frente a las resoluciones administrativas que disponen por vía singular        3581
A)    Dificultades de la empresa        3582
B)    Los criterios manejados, sus deficiencias y la caracterización predominante. Generalidad, abstracción y el correctivo institucional        3586
1.1.2.    Titularidad de la potestad reglamentaria        3595
1.1.3.    Sobre la naturaleza normativa de determinadas disposiciones administrativas atípicas        3603
A)    Los planes urbanísticos        3603
B)    La oferta de empleo público y la relación de puestos de trabajo        3610
1.2.    Límites de la potestad reglamentaria        3612
2.    EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS        3617
2.1.    Evolución de la disciplina reguladora del procedimiento de elaboración de los reglamentos en España        3617
2.1.1.    La inicial delimitación por la jurisprudencia de un corpus de exigencias básicas en los procedimientos de elaboración de normas reglamentarias estatales y autonómicas y la acotación del alcance de la regulación básica en 2018        3617
2.1.2.    Peculiaridades del procedimiento de elaboración de reglamentos. Dualidad funcional del entramado Gubernamental-administrativo y contraste con el procedimiento legislativo        3623
2.2.    La planificación normativa. Algunas consideraciones sobre la Evaluación de Impacto Normativo        3629
2.3.    El procedimiento tipo de elaboración de reglamentos        3635
2.3.1.    Introducción        3635
2.3.2.    Las actuaciones del procedimiento        3637
A)    Iniciativa y consultas previas        3638
B)    Informes y dictámenes        3642
C)    Trámites participativos        3651
D)    Trámites conclusivos. Publicidad y entrada en vigor        3657
2.4.    Valoración jurisprudencial sobre las consecuencias derivadas de la concurrencia de vicios en el procedimiento de elaboración de reglamentos y otras normas administrativas        3660
Bibliografía citada        3668
Capítulo LV
Principios de buena regulación y evaluación de su cumplimiento
Mª Ángeles González Bustos
1.    BUENA ADMINISTRACIÓN VERSUS BUENA REGULACIÓN        3673
2.    LA CALIDAD DE LAS NORMAS COMO REQUISITO DE UNA BUENA REGULACIÓN        3676
2.1.    La preocupación por la mejora regulatoria        3677
2.2.    Criterios de calidad de las normas        3682
3.    MARCO COMPETENCIAL DE LA MEJORA REGULATORIA        3686
4.    PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN        3690
4.1.    Principio de necesidad y eficacia        3692
4.2.    Principio de proporcionalidad        3694
4.3.    Principio de seguridad jurídica        3696
4.4.    Principio de transparencia        3698
4.5.    Principio de eficiencia        3699
4.6.    Principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera        3700
5.    LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN        3702
Bibliografía citada        3710
SEGUNDA PARTE
TRANSPARENCIA
Capítulo LVI
Publicidad activa: aspectos generales
Severiano Fernández Ramos
1.    ASPECTOS GENERALES        3717
1.1.    La publicidad activa y transparencia pública        3717
1.1.1.    La publicidad activa como el segundo pilar de la transparencia pública        3717
1.1.2.    Complementariedad de la publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública        3719
1.1.3.    Publicidad activa e información pública        3721
1.2.    El concepto de la publicidad activa        3723
1.2.1.    Obligación y facultad de publicar        3723
1.2.2.    Derecho a la publicidad activa        3725
1.2.3.    Sobre la noción de publicidad activa        3726
1.3.    La ordenación de la publicidad activa        3730
1.3.4.    La ordenación de la publicidad activa en la LTAIBG        3730
1.3.5.    El desarrollo normativo de la LTAIBG en materia de publicidad activa        3732
1.3.6.    La ampliación por normas específicas        3735
1.3.7.    Aplicación en el tiempo        3736
1.3.8.    La publicación voluntaria por los sujetos obligados        3737
2.    ÁMBITO SUBJETIVO        3739
2.1.    Los órganos y entidades del sector público        3739
2.2.    Colaboración y cooperación con las Entidades Locales        3741
2.3.    Corporaciones de Derecho Público y entidades privadas que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos        3743
2.4.    Partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales        3745
2.5.    Entidades privadas perceptoras de ayudas públicas        3747
2.5.1.    Delimitación formal: entidades privadas        3747
2.5.2.    Delimitación de la noción de ayudas y subvenciones públicas        3749
2.5.3.    Umbrales cuantitativos de las ayudas públicas        3751
2.5.4.    Vigencia temporal de la sujeción        3753
3.    CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN        3755
3.1.    Medio de publicación        3755
3.1.1.    Sedes electrónicas, páginas web y portales de internet        3755
3.1.2.    Portales de Transparencia        3757
3.1.3.    Publicación en páginas webs de titularidad de otra entidad        3760
3.2.    Accesibilidad de la información        3762
3.3.    Calidad de la información        3765
3.4.    Condiciones temporales        3770
3.5.    Responsable del portal e intercomunicación        3773
3.6.    Límites de la publicidad activa        3775
4.    CONTROL Y RESPONSABILIDAD        3777
4.1.    Controles externos        3777
4.1.1.    Ámbito estatal        3777
4.1.2.    Ámbito autonómico y local        3779
4.2.    Régimen sancionador        3781
4.2.1.    El régimen sancionador en la LTAIBG        3781
4.2.2.    El régimen sancionador en la legislación autonómica        3783
4.3.    Evaluación del cumplimiento de las obligaciones legales        3788
Bibliografía citada        3791

TERCERA PARTE
LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA
Capítulo LVII
La potestad sancionadora de la Administración Pública. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables. El principio de non bis in idem
María M. Pardo López
1.    LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA        3797
1.1.    Régimen jurídico de la potestad sancionadora de la Administración: el Derecho administrativo sancionador        3798
1.1.1.    El discutido concepto de sanción, prius lógico de la potestad sancionadora de la Administración y el Derecho administrativo sancionador        3799
1.1.2.    El Derecho administrativo sancionador, un sector del ordenamiento descuidado por el legislador        3806
1.1.3.    El Derecho administrativo sancionador en perspectiva doctrinal        3809
1.2.    La potestad sancionadora de la Administración en perspectiva histórica        3813
1.2.1.    La expansión material de la potestad sancionadora: el largo camino desde las medidas de policía        3815
1.2.2.    La progresiva incorporación de garantías inspiradas en el Derecho penal        3817
1.3.    Fundamento de la potestad sancionadora de la Administración Pública        3820
1.3.1.    Fundamento normativo de la potestad sancionadora        3820
1.3.2.    Fundamento material de la potestad sancionadora        3822
1.4.    Naturaleza y caracteres de la potestad sancionadora de la Administración Pública        3827
1.4.1.    Potestad administrativa en sentido material v. potestad administrativa en sentido formal        3831
1.4.2.    Potestad administrativa reglada v. potestad administrativa discrecional        3833
1.4.3.    Potestad administrativa instrumental e implícita        3835
1.5.    El principio de oportunidad y la potestad sancionadora de la Administración        3837
1.5.1.    Medidas admonitorias        3839
1.5.2.    Medidas transaccionales o restaurativas        3841
2.    EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS DESFAVORABLES        3843
3.    LA PROHIBICIÓN DE BIS IN ÍDEM EN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR        3848
3.1.    Naturaleza jurídica de la prohibición de bis in idem        3850
3.2.    Las vertientes del principio de non bis in idem en Derecho administrativo sancionador        3853
3.3.    (Algunas) cuestiones pendientes relacionadas con la prohibición de bis in idem en Derecho administrativo sancionador        3856
3.3.1.    Tramitación sucesiva de un procedimiento administrativo sancionador tras un proceso penal absolutorio        3856
3.3.2.    Tramitación simultánea y tramitación sucesiva de procedimientos administrativos sancionadores. Especial consideración de la caducidad del procedimiento sancionador        3861
Bibliografía citada        3864
Capítulo LVIII
Principios de legalidad y tipicidad. Tipificación de infracciones y sanciones
Anabelén Casares Marcos
1.    INTRODUCCIÓN        3873
2.    RECONOCIMIENTO Y LEGITIMACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA        3878
2.1.    Traslación de los principios y garantías penales al ámbito sancionador administrativo        3878
2.2.    Modulación de los principios penales aplicables al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración        3883
3.    Sujeción al principio de legalidad DE LA potestad sancionadora de la administración        3889
3.1.    Garantía formal: la reserva de ley        3894
3.1.1.    Reserva de ley y normas con rango legal        3900
3.1.2.    Reserva relativa de ley y colaboración reglamentaria        3909
A)    Reenvío normativo y normas sancionadoras en blanco        3917
B)    Conceptos jurídicos indeterminados        3921
C)    A modo de síntesis        3924
3.1.3.    Modulaciones más significativas de la reserva de ley en el ámbito sancionador administrativo        3926
A)    Normas preconstitucionales        3927
B)    La relación de sujeción especial        3930
C)    Ordenanzas locales        3937
3.2.    Garantía material: tipicidad        3945
3.2.1.    Mandato de tipificación al legislador        3950
A)    Determinación de la infracción        3951
B)    Concreción de la sanción        3959
3.2.2.    Mandato de la tipificación para el operador jurídico        3967
4.    REFLEXIÓN FINAL        3977
Bibliografía citada        3982
Capítulo LIX
Concepto de sanción. Responsables de las infracciones
Manuel Rebollo Puig
1.    CONCEPTO DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA        3993
1.1.    Necesidad del concepto de sanción        3993
1.2.    Definición de sanción administrativa        3995
1.3.    El contenido aflictivo de las sanciones        3996
1.4.    La sanción ha de ser la consecuencia de una conducta ilícita        3997
1.5.    El necesario carácter retributivo        3999
1.6.    Criterio adicional para identificar las normas y los actos sancionadores: su calificación formal o nomen iuris        4002
1.6.1.    La calificación normativa de las medidas previstas        4002
1.6.2.    La calificación formal de la medida acordada en un acto administrativo        4004
1.7.    La noción material de pena según el TEDH. Los criterios Engel        4006
1.8.    La noción de pena según el TJUE        4017
1.9.    La penetración de los criterios Engel en la jurisprudencia del Tribunal Supremo        4020
1.10. Casuística        4022
2.    RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES        4023
2.1.    Cuestiones que se abordarán y principios que han de presidir las soluciones        4023
2.2.    Responsabilidad sancionadora de personas jurídicas y entes sin personalidad        4026
2.3.    Responsables por autoría        4031
2.4.    Responsables por participación        4035
2.5.    Preceptos legales específicos sobre responsables de las infracciones y su interpretación conforme a la Constitución        4036
2.6.    Responsabilidad sancionadora de empleadores y empleados        4038
2.7.    Responsabilidad sancionadora de los administradores de personas jurídicas        4041
2.8.    Sanción en caso de varios responsables de una misma infracción: responsabilidad individual o solidaria        4043
2.9.    ¿Transmisión de la responsabilidad en caso de muerte o extinción?        4045
2.10. Responsables solidarios y subsidiarios del pago de sanciones        4048
Bibliografía citada        4051
Capítulo LX
Actuaciones previas y conexiones del procedimiento administrativo sancionador con otras actuaciones
Pedro Brufao Curiel
1.    INTRODUCCIÓN        4057
2.    LAS PREVISIONES GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN Y LAS ACTUACIONES PREVIAS EN LA LEy 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas        4058
3.    LAS ELEMENTOS PROPIOS DE LA INFORMACIÓN Y LAS ACTUACIONES PREVIAS        4063
3.1.    Las previsiones de la Ley del Procedimiento Administrativo Común        4063
3.2.    Los hechos objeto de las actuaciones previas y su valor jurídico        4066
3.3.    La identificación de las personas responsables        4072
3.4.    El transcurso del tiempo en las actuaciones previas y sus efectos en la caducidad del procedimiento        4074
4.    LA DENUNCIA COMO FORMA DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO Y SU FUNCIÓN EN LAS ACTUACIONES PREVIAS        4079
3.1.    Consideraciones básicas sobre el concepto de denuncia        4079
4.2.    Los elementos que caracterizan la denuncia administrativa        4082
5.    CONCLUSIONES        4090
Bibliografía citada        4091
Capítulo LXI
El procedimiento administrativo sancionador
Lucía Casado Casado
1.    EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR COMO GARANTÍA ESENCIAL        4094
1.1.    La relevancia del procedimiento administrativo        4095
1.2.    La relevancia del procedimiento administrativo sancionador en particular        4096
1.2.1.    Las razones que justifican su existencia        4097
1.2.2.    El principio de garantía del procedimiento: la prohibición de imposición de sanciones administrativas sin un procedimiento previo        4099
2.    EL MARCO JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR        4101
2.1.    Las previsiones constitucionales        4101
2.2.    La regulación infraconstitucional        4102
2.2.1.    La normativa predecesora: la LRJPAC y el RPEPS        4103
2.2.2.    La actual fragmentación de la regulación de la potestad sancionadora en dos normas: la LRJSP y la LPAC        4106
2.2.3.    La regulación del procedimiento administrativo sancionador en la LPAC: su consideración como un procedimiento administrativo común especializado        4109
A)    La regulación de las especialidades del procedimiento administrativo sancionador (remisión)        4110
B)    La reserva de ley para nuevos trámites del procedimiento administrativo sancionador        4111
C)    El alcance de la posibilidad de establecimiento de especialidades reglamentarias        4112
D)    Los procedimientos administrativos sancionadores excluidos de la LPAC        4113
3.    LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A RESPETAR EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR        4117
3.1.    La aplicación matizada de las garantías del proceso penal al procedimiento administrativo sancionador: la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa        4118
3.2.    Los derechos fundamentales del artículo 24.2 de la CE aplicables en el procedimiento administrativo sancionador        4120
3.2.1.    El derecho a la defensa        4121
3.2.2.    Los derechos instrumentales para la garantía efectiva del derecho de defensa        4124
A)    El derecho a ser informado de la acusación        4124
B)    El derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho a no confesarse culpable        4128
C)    El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa        4133
D)    El derecho a la asistencia letrada        4135
E)    El derecho a la presunción de inocencia        4139
3.3.    Los derechos fundamentales del artículo 24.2 de la CE no aplicables en el procedimiento administrativo sancionador        4142
3.3.1.    El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley        4142
3.3.2.    El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas        4145
3.4.    El alcance y la relevancia de las garantías constitucionales: las consecuencias de su vulneración        4147
4.    OTROS DERECHOS DE LA PERSONA PRESUNTA RESPONSABLE y otras garantías recogidos en la lpac        4148
4.1.    La obligada separación orgánica entre la fase instructora y la fase sancionadora        4148
4.2.    Los derechos de la persona presunta responsable incluidos en la LPAC        4151
4.2.1.    Los derechos que corresponden a cualquier persona interesada en los procedimientos administrativos (remisión)        4152
4.2.2.    Los derechos específicos en los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora        4153
A)    El derecho a conocer determinados datos del procedimiento sancionador        4153
B)    El derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario        4154
4.3.    El sometimiento del procedimiento a un plazo        4154
5.    Las especialidades del procedimiento administrativo sancionador        4156
6.    LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA En los procedimientos ADMINISTRATIVOS de naturaleza sancionadora        4161
7.    LA TRAMITACIÓN DE URGENCIA En los procedimientos ADMINISTRATIVOS de naturaleza sancionadora        4167
Bibliografía citada        4169
CUARTA PARTE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXTRACONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO
Capítulo LXII
El sistema de responsabilidad patrimonial: bases conceptuales, históricas y constitucionales. Tipos de imputación
Luis Medina Alcoz
1.    BASES CONCEPTUALES        4175
1.1.    Concepto y delimitación con figuras afines        4175
1.2.    Funciones y efectos        4179
2.    Bases históricas        4183
2.1.    El paradigma de la responsabilidad personal de los oficiales        4183
2.1.1.    Antiguo Régimen y Cortes de Cádiz        4183
2.1.2.    Comienzos del Estado liberal        4187
2.2.    La responsabilidad directa del Estado como nuevo paradigma        4193
2.3.    La inmunidad patrimonial de la Administración como producto genuino del Derecho administrativo: mecanismos        4198
2.3.1.    Reclamación administrativa previa y otras trabas procedimentales        4201
2.3.2.    Exigencia de previsión legal de las indemnizaciones por daño lícito sacrificial        4202
2.3.3.    Negación de la responsabilidad directa de la Administración por ilícito del funcionario        4206
2.4.    Propuestas académicas ante la inmunidad patrimonial de la Administración        4209
2.5.    Un nuevo sistema de responsabilidad directa de la Administración        4211
2.6.    La drástica simplificación del sistema        4216
3.    Bases constitucionales        4222
4.    TIPOS DE imputación        4227
4.1.    La imputación de conductas        4227
4.2.    La imputación causal de daño        4229
4.2.1.    La causalidad y su prueba. La llamada doctrina de la pérdida de oportunidad        4229
4.2.2.    Adecuación y criterios funcionalmente equivalentes        4232
4.3.    La imputación subjetiva del daño a título de sacrificio, culpa o ilegalidad        4234
4.3.1.    El sacrificio especial        4235
4.3.2.    La culpa        4241

4.3.3.    Ilegalidad, culpa y “margen de tolerancia” en la responsabilidad por acto administrativo        4244
Bibliografía citada        4251
Capítulo LXIII
Imputabilidad de la responsabilidad patrimonial
Mª Consuelo Alonso García
1.    LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD        4259
1.1.    Definición        4259
1.2. La concurrencia de sujetos en la aparición de la lesión: intervención de la víctima y el hecho de un tercero        4262
1.2.1. Comportamiento de la víctima        4262
1.2.2.    Intervención de un tercero        4267
1.3.    La fuerza mayor y el desconocimiento científico como causas de exención de la responsabilidad administrativa        4269
2.    LOS SUJETOS RESPONSABLES        4276
2.1.    La Administración responsable        4276
2.1.1.    Responsabilidad subsidiaria de la Administración por delitos cometidos por sus funcionarios        4276
2.1.2.    Responsabilidad subsidiaria de la Administración expropiante frente al incumplimiento del deber del pago del justiprecio por el beneficiario privado        4279
2.2.    El régimen jurídico de la responsabilidad de los organismos públicos y entidades de Derecho público y entidades de Derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones públicas        4280
2.2.1.    La responsabilidad patrimonial de los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas (art. 2.2 a) LRJSP)        4280
2.2.2.    La responsabilidad patrimonial de las entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas (art. 2.2 b) LRJSP)        4282
2.3.    Responsabilidad concurrente        4286
2.3.1.    Responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas        4286
2.3.2.    Breve apunte sobre la repercusión por el Estado español de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea a las Administraciones públicas autoras materiales del mismo        4289
2.3.3.    Concurrencia con sujetos privados: Responsabilidad de contratistas y concesionarios        4294
A)    Determinación del sujeto responsable y títulos de imputación a la Administración por los daños ocasionados a terceros en la ejecución del contrato        4294
B)    Régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del contratista        4298
C)    El requerimiento previo potestativo a la Administración contratante        4299
D)    Procedimiento administrativo y proceso judicial        4301
E)    Acción de regreso contra el concesionario        4306
2.4.    Responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos (acción de regreso)        4306
2.4.1.    Definición y finalidad de la acción de regreso        4306
2.4.2.    Obligación para la Administración de exigirla y elementos que han de concurrir para su exigencia        4309
2.4.3.    Procedimiento administrativo para el ejercicio de la acción        4310
2.4.4.    Diferencia de acciones        4313
2.5.    El aseguramiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas mediante seguros privados        4315
2.5.1.    Justificación del contrato del seguro de la Administración        4315
2.5.2.    Régimen jurídico sustantivo aplicable y jurisdicción competente        4316
2.5.3.    Situación procesal de demandados y codemandados y las responsabilidades que para ambos dimanan del juicio contencioso-administrativo        4320
Bibliografía citada        4323
Capítulo LXIV
El daño y su reparación
Elisa Moreu Carbonell
1.    LESIÓN O DAÑO INDEMNIZABLE        4330
1.1.    Daño efectivo        4331
1.1.1.    Daños futuros y expectativas        4331
1.1.2.    En especial, la valoración de la pérdida de oportunidad        4332
1.2.    Daño evaluable económicamente        4334
1.3.    Daño individualizado        4335
2.    DAÑO ANTIJURÍDICO        4336
2.1.    Causas de justificación que excluyen la antijuridicidad del daño        4336
2.2.    Los riesgos del progreso        4338
3.    EL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL: CRITERIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO        4340
3.1.    La cuantificación del daño material        4343
3.1.1.    Valoración de bienes muebles        4345
3.1.2.    Valoración de animales        4345
3.2. La cuantificación de la muerte y de los daños personales        4346
3.3.    En especial, el daño moral        4348
3.4.    Modulación de la indemnización en caso de concurrencia de culpas        4351
4.    CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN Y PAGO        4352
4.1.    Momento temporal para el cálculo de la indemnización        4353
4.2.    ¿A quién corresponde determinar el quantum indemnizatorio? Aspectos procesales        4353

4.3.    Compatibilidad con otras prestaciones        4355
4.4.    Tratamiento tributario de la indemnización        4356
4.5.    Actualización de la indemnización e intereses de demora        4356
Bibliografía citada        4357
Capítulo LXV
Responsabilidad patrimonial del Estado legislador y por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
Gabriel Doménech Pascual
1.    Introducción        4362
2.    Responsabilidad por leyes ajustadas a derecho        4363
2.1.    La jurisprudencia inicial        4363
2.2.    El vano intento legislativo de contención        4364
2.3.    ¿Responsabilidad o expropiación?        4366
2.4.    La distinción entre regulaciones expropiatorias y limitaciones no indemnizables de derechos        4367
2.4.1.    Criterios utilizados por la jurisprudencia y la doctrina españolas        4367
2.4.2.    El criterio del justo equilibrio empleado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos        4374
2.4.3.    Costes y beneficios de compensar una privación de derechos        4375
3.    Responsabilidad por leyes contrarias a derecho        4377
3.1.    La jurisprudencia inicial del Tribunal Supremo        4377
3.2.    Modulaciones jurisprudenciales        4380
3.2.1.    El Estado no responde cuando la sentencia anulatoria declara consolidadas ciertas situaciones nacidas al amparo de la ley inconstitucional        4380
3.2.2.    Daños causados por leyes contrarias al Derecho de la Unión Europea        4382
3.3.    La regulación establecida en las Leyes 39 y 40/2015        4385
3.4.    Modulaciones jurisprudenciales        4386
3.4.1.    Leyes autoaplicativas favorables        4387
3.4.2.    Concepto amplio de “recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño”        4387
3.4.3.    Interpretación laxa del requisito de la invocación previa de la ilicitud de la ley        4388
3.4.4.    No necesidad de una previa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea        4388
3.4.5.    Suspensión del plazo de un año para exigir la responsabilidad        4388
3.4.6.    Momento de la producción del daño        4389
3.5.    La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de junio de 2022        4389
3.5.1.    Vulneración del principio de efectividad        4390
3.5.2.    No vulneración del principio de equivalencia        4392
3.6.    Más modulaciones jurisprudenciales        4394
3.6.1.    El Estado responde aun cuando la sentencia anulatoria haya declarado consolidados las situaciones y los actos surgidos en aplicación de la ley inconstitucional        4394
3.6.2.    La necesidad de solicitar la rectificación de autoliquidaciones tributarias        4395
3.7.    Crítica de la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes contrarias a Derecho        4395
3.7.1.    Articulación de las acciones de tutela de los derechos afectados por una ley inconstitucional        4395
A)    La solución vigente: la acción de responsabilidad es independiente de la acción de revisión        4395
B)    La regla aplicable en el Derecho de la Unión europea y el Derecho comparado: el carácter subsidiario y dependiente de la acción de responsabilidad        4397
C)    La tutela plena e inmediata frente a las situaciones y los actos nacidos de la aplicación de la norma contraria a Derecho es siempre preferible a una ulterior tutela resarcitoria        4400
D)    Incongruencia con los preceptos que disponen la conservación de ciertas situaciones nacidas de la aplicación de normas contrarias a Derecho        4402
E)    ¿Antijuridicidad del daño impuesto mediante una resolución firme que sigue produciendo efectos jurídicos?        4403
F)    El carácter subsidiario y dependiente de la ulterior acción resarcitoria induce al perjudicado a escoger el tipo de tutela socialmente más eficiente        4404
G)    La revisión de situaciones firmes es siempre preferible a la responsabilidad patrimonial por los daños derivados de éstas        4404
H)    Agregación, tramitación y resolución eficiente de los litigios masivos resultantes        4405
I)    Impugnar las situaciones y los actos originados en la aplicación de una ley contraria a Derecho no constituye una carga desproporcionada        4407
3.7.2.    Requisitos sustantivos de la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes contrarias a Derecho        4409
A)    Los requisitos deberían ser sustancialmente los mismos para todas las leyes contrarias a Derecho        4409
B)    Responsabilidad objetiva o por negligencia        4409
C)    Violación de una norma que confiere derechos a los particulares afectados        4412
D)    Relación de causalidad        4414
Bibliografía citada        4415
Capítulo LXVI
La acción y el procedimiento de exigencia de la responsabilidad patrimonial
Lucía Alarcón Sotomayor
1.    BASES CONSTITUCIONALES Y REGULACIÓN        4424
1.1.    Bases constitucionales        4424
1.2.    Regulación        4425
2.    LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA        4427
3.    LA EXIGENCIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO: REGLA GENERAL Y EXCEPCIONES        4431
3.1.    Regla general: la necesidad de procedimiento previo sea cual sea la actividad que cause el daño y aun cuando lo cause un ente instrumental de Derecho Público. Problemas con relación a los daños causados por sociedades mercantiles y fundaciones públicas        4431
3.2.    Excepciones a la regla general: casos en que la indemnización se pide como pretensión complementaria a la de anulación del acto en vía judicial        4433
4.    LA LEGITIMACIÓN        4434
4.1.    La legitimación activa: el perjudicado y otros interesados        4434
4.1.1.    El perjudicado        4434
4.1.2.    Otros interesados        4435
4.2.    La legitimación pasiva: la Administración y otros codemandados        4436
4.2.1.    La Administración        4436
4.2.2.    Otros codemandados        4436
5.    EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: FASES Y TRÁMITES        4436
5.1.    Consideración previa: la aplicación de las normas generales sobre el procedimiento administrativo común        4436
5.2.    Las fases y los trámites        4437
6.    EL PLAZO PARA RECLAMAR Y SU PRESCRIPCIÓN        4438
6.1.    Cuestiones generales: un año de prescripción susceptible de interrupción        4438
6.2.    El primer día y el último del plazo para reclamar        4440
6.2.1.    El día inicial        4440
A)    Regla general        4440
B)    Reglas especiales        4442
6.2.2.    El día final        4444
6.3.    La interrupción del transcurso del plazo        4444
6.3.1.    Significado        4444
6.3.2.    La interrupción por la reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa o contencioso-administrativa        4445
6.3.3.    La interrupción por la incoación de oficio del procedimiento administrativo        4448
7.    LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECLAMACIÓN DEL PERJUDICADO O DE OFICIO        4449

7.1.    Por reclamación del perjudicado        4449
7.2.    De oficio        4450
8.    INSTRUCCIÓN: TRÁMITES ESPECÍFICOS, IMPULSIÓN DE OFICIO E INADMISIÓN DE LA RECLAMACIÓN        4452
9.    EL INFORME DEL SERVICIO QUE HAYA CAUSADO LA POSIBLE LESIÓN        4453
10.    EL TRÁMITE DE PRUEBA        4455
11.    EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO U ÓRGANO CONSULTIVO EQUIVALENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA        4459
12.    LA FASE DE TERMINACIÓN. EN ESPECIAL, LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL        4465
12.1.    Formas de terminación del procedimiento        4465
12.2.    La terminación por convenio        4466
13.    LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO        4470
14.    PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO, CONSECUENCIAS DE SU SUPERACIÓN Y RECURSOS        4474
Bibliografía citada        4476
QUINTA PARTE
AYUDAS Y SUBVENCIONES
Capítulo LXVII
Concepto y elementos de la subvención
Germán Fernández Farreres
1.    UNA PRECISIÓN PREVIA        4483
2.    CONCEPTO DE SUBVENCIÓN        4489
2.1.    Objeto        4491
2.2. Sujetos: otorgante y beneficiario. Remisión        4495
2.3.    El requisito de la afectación        4495
2.4.    La inexistencia de contraprestación directa del beneficiario: la entrega dineraria se realiza “a fondo perdido        4497
3.    SUPUESTOS QUE NO TIENEN LA CONDICIÓN JURÍDICA DE SUBVENCIÓN        4498
4.    SUPUESTOS NO COMPRENDIDOS Y EXCLUIDOS DEL ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN        4501
4.1.    Supuestos no comprendidos. En especial, las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones Públicas y sus entes, destinadas a financiar globalmente su actividad en el ámbito propio de las competencias que tienen atribuidas        4501
4.2.    Supuestos excluidos. En especial, determinados premios, subvenciones a partidos políticos y grupos parlamentarios, las vinculadas a declaraciones de impacto ambiental, a la cooperación internacional, y los incentivos regionales        4514
5.    CONSIDERACIONES FINALES        4517
Bibliografía citada        4519
Capítulo LXVIII
Los sujetos en materia de subvenciones
Elsa Marina Álvarez González
1.    Introducción        4523
2.    Entidades concedentes        4527
2.1.    El sector público como sujeto concedente en materia de subvenciones        4534
2.2. Hacia una tipología básica de entidades instrumentales        4545
2.3.    Las potestades administrativas como elemento definitorio del ámbito subjetivo de la LGS        4547
2.4.    Las fundaciones y otras entidades privadas del sector público como entidades que otorgan subvenciones públicas        4554
2.4.1.    Atribución y alcance de la potestad subvencional ejercida por las entidades privadas del sector público        4557
3.    ENTIDADES COLABORADORAS        4564
4.    Sujetos beneficiarios        4566
Bibliografía citada        4569
Capítulo LXIX
Procedimientos de otorgamiento de subvenciones: establecimiento y concesión
Antonio Bueno Armijo
1.    LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES SINGULARES        4576
1.1.    El dinero público como recurso escaso y la respuesta de la Ley General de Subvenciones        4576
1.2.    Los principios comunes al establecimiento de subvenciones        4578
1.3.    Los principios comunes a todas las formas de concesión de subvenciones        4580
1.4.    La regulación de los procedimientos de concesión de subvenciones como “procedimientos administrativos comunes singulares”        4581
2.    REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIONES        4584
2.1.    La competencia para el establecimiento de subvenciones        4584
2.2.    El plan estratégico de subvenciones        4585
2.2.1.    El establecimiento y el contenido de los planes estratégicos de subvenciones        4585
2.2.2.    El control del cumplimiento de los planes estratégicos de subvenciones        4588
2.3.    Las bases reguladoras        4594
2.3.1.    Objeto y naturaleza de las bases reguladoras de subvenciones        4594
2.3.2.    El contenido de las bases reguladoras de subvenciones. En especial, la delimitación de los posibles beneficiarios        4599
2.4.    El control de la Comisión Europea sobre la compatibilidad de la subvención con las normas de competencia del mercado interior        4602
2.4.1.    La prohibición general de ayudas de Estado y su control por la Comisión Europea        4603
2.4.2.    La incorporación de las reglas sobre el control de ayudas de Estado al régimen jurídico de las subvenciones en España        4606
3.    EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN EN CONCURRENCIA COMPETITIVA        4609
3.1.    El carácter ordinario del procedimiento de concesión en concurrencia competitiva        4609
3.2.    Características del procedimiento: la concurrencia y la competición        4610
3.3.    La iniciación del procedimiento        4613
3.3.1.    La convocatoria y su publicación        4613
3.3.2.    La presentación de solicitudes y la documentación complementaria        4618
3.3.3.    El trámite de admisión y subsanación        4620
3.4.    La instrucción del procedimiento        4622
3.4.1.    La evaluación de las solicitudes        4623
A)    La compleja determinación del órgano competente para evaluar las solicitudes: ¿órgano instructor u órgano colegiado?        4623
B)    Composición del órgano colegiado        4626
3.4.2.    La propuesta de resolución provisional: presentación de alegaciones y reformulación de la solicitud        4627
A)    El (imprescindible) trámite de alegaciones        4627
B)    La reformulación de las solicitudes        4628
3.4.3.    La propuesta de resolución definitiva y la posible aceptación previa del beneficiario        4630
A)    Contenido de la propuesta de resolución definitiva        4630
B)    La posible aceptación previa del beneficiario y la necesaria presentación de documentación        4631
3.5.    La resolución del procedimiento        4631
3.5.1.    El acto administrativo de resolución del procedimiento        4631
A)    Contenido de la resolución de concesión        4633
B)    Plazo máximo para resolver y consecuencias de la superación de dicho plazo        4637
3.5.2.    La aceptación o renuncia del beneficiario y la posibilidad de nuevas adjudicaciones        4638
3.5.3.    La posible impugnación de la resolución        4640
4.    EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA        4642
4.1.    El carácter extraordinario de la concesión directa        4642
4.2.    Las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales        4643
4.2.1.    Fundamento y requisitos de la concesión de subvenciones nominativas en las normas de presupuestos        4643

4.2.2.    Entes que pueden conceder subvenciones nominativas en sus presupuestos        4645
4.2.3.    Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos        4647
4.2.4.    Las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos de forma recurrente y el problema de las prórrogas presupuestarias        4648
4.3.    Las subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía vengan impuestos por una norma con rango legal        4651
4.4.    Las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública        4654
4.5.    Otros supuestos de concesión directa de subvenciones        4658
4.5.1.    La concesión directa de subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea        4658
4.5.2.    La concesión directa de subvenciones a inversiones de las Entidades locales en el marco de programas de cooperación económica        4659
4.5.3.    La concesión directa de subvenciones en materia de cooperación internacional        4660
4.5.4.    La concesión directa de subvenciones de facto        4661
4.5.5.    ¿El prorrateo de la subvención como forma de concesión directa?        4664
4.6.    Otros pretendidos supuestos de concesión directa de subvenciones. En especial, el procedimiento de concesión en concurrencia no competitiva        4666
Bibliografía citada        4669
Capítulo LXX
El reintegro de subvenciones
Javier García Luengo
1.    Introducción. La regulación del reintegro de subvenciones como síntoma de la ineficacia de otras figuras        4673
2.    CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS CAUSAS DE REINTEGRO        4676
3.    EL REINTEGRO COMO ANULACIÓN DE OFICIO        4681
3.1.    La revisión de subvenciones obtenidas falseando los requisitos        4681
3.2.    La revisión de ayudas de Estado contrarias al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea        4683
3.3.    En especial, los límites de la tutela judicial ante los tribunales nacionales        4688
4.    EL REINTEGRO DE SUBVENCIONES VÁLIDAS        4692
4.1.    El incumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentaron la concesión de la subvención        4693
4.2.    Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente        4697
4.3.    El incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de difusión        4699
4.4.    Reintegro por imposibilidad de verificar el cumplimiento de las condiciones de la subvención        4700
4.5.    Reintegro por incumplimiento de obligaciones asociadas a la concreta subvención concedida        4702
4.6.    Causas de reintegro establecidas en la normativa reguladora de la subvención        4704
4.7.    Otros supuestos de reintegro recogidos en la Ley General de Subvenciones        4704
5.    LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRO        4706
5.1.    La naturaleza de los créditos a reintegrar        4706
5.2.    Los obligados al reintegro        4707
5.3.    La prescripción de la obligación de reintegrar        4711
6.    EL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO        4714
6.1.    Órganos competentes        4714
6.2.    Interesados        4715
6.3.    Iniciación del procedimiento        4716
6.4.    La tramitación del procedimiento        4720
6.5.    Plazo para resolver y notificar        4721
6.6.    La resolución del procedimiento de reintegro        4723
Bibliografía citada        4724
Capítulo LXXI
El control económico-financiero de subvenciones
Jorge Agudo González
1.    INTRODUCCIÓN        4727
2.    BASES DEL SISTEMA DE CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO        4732
2.1.    Base constitucional del sistema de control        4732
2.2.    Bases dogmáticas del sistema de control: sobre la subvención, la relación jurídica subvencional y la legitimidad administrativa        4736
3.    REFLEXIONES A LA VISTA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA DE CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO        4739
3.1.    La “paradoja del control”        4739
3.1.1.    Controles continuos en los que los sujetos controlados son los mismos, cuyo objeto es similar y en los que los parámetros de control son semejantes        4740
A)    Sobre el objeto de control y los sujetos controlados        4740
B)    Sobre la articulación del juicio de contraste propio de toda forma de control        4746
3.1.2.    Sobre los órganos de control y los procedimientos de control económico-financiero de subvenciones. Controles que dan lugar a más controles        4757
A)    Sobre los órganos que tienen atribuida la función de control        4757
B)    Sobre los procedimientos de control        4759
C)    Facultades y garantías de quienes intervienen o se ven afectados por los procedimientos        4766
3.2.    Consecuencias jurídicas de los controles        4776
3.2.1.    Consecuencias jurídicas de los controles internos ex ante y ex post        4777
A)    Efectos inmediatos a lo largo de la tramitación del procedimiento        4777
C)    La materialización de las consecuencias jurídicas previstas por el órgano de control: invalidez o eliminación del acto y reintegro        4780
3.2.2.    Consecuencias jurídicas de los mecanismos de control externos        4790
Bibliografía citada        4794