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La Resolución de los Contratos Administrativos por Incumplimiento del Contratista . 2ª Edición

La Resolución de los Contratos Administrativos por Incumplimiento del Contratista . 2ª Edición

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  • ISBN: 9788498984002
  • EAN: 9788498984002
  • Editorial: Lex Nova
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 396

Materias:

El examen de la doctrina del Consejo de Estado, y hoy también de los Consejos consultivos autonómicos, así como el de la jurisprudencia contencioso-administrativa, revela el elevado número de supuestos en los que la Administración acuerda la resolución de un contrato por incumplimiento de contratista de sus obligaciones esenciales. Ahora bien, ni la importancia teórica del tema ni los muchos problemas que suscita en el desenvolvimiento diario de la contratación administrativa han servido de acicate para su estudio pormenorizado. En junio de 2007, en vísperas de la promulgación de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público, se publicó la primera edición de esta obra con el que se puso a disposición del especialista un análisis exhaustivo del régimen jurídico de la extinción anticipada de un contrato administrativo por incumplimiento de quien contrato.

La segunda edición de la obra, que ve ahora la luz, constituye una versión actualizada del tema e incorpora las importantes novedades introducidas en el régimen de esta causa de resolución por el Derecho que naciera con la Ley de 2007y que hoy recoge el real Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre. Esta disposición, al igual que ocurría con las precedentes, plantea algunas lagunas y dudas interpretativas que la obra analiza desde la base proporcionada por la jurisprudencia y la doctrina de los órganos consultivos que aplican ya el nuevo régimen jurídico.

CAPÍTULO I
LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONSIDERACIONES GENERALES
I. RESOLUCIÓN/RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS. UNA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA PREVIA.
II. LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO: SUS NOTAS BÁSICAS.
1. La resolución de los contratos administrativos constituye una potestad administrativa
2. La resolución garantiza el interés público inherente a la contratación administrativa
3. La diferente posición de las partes contratantes ante el ejercicio posible de la facultad resolutoria
4. La resolución exige la existencia de un contrato válido y no ejecutado en su totalidad

III. LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO: LA RESOLUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES ESENCIALES. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.

CAPÍTULO II
EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES POR EL CONTRATISTA COMO CAUSA RESOLUTORIA DEL CONTRATO
1. LA POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PARA OPTAR ENTRE LA RESOLUCIÓN O EL MANTENIMIENTO DEL CONTRATO ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES
II. NOTAS DETERMINANTES DEL INCUMPLIMIENTO CON POSIBLE EFECTO RESOLUTORIO DEL CONTRATO
1. El incumplimiento de las obligaciones con posible efecto resolutorio
1.1. La cláusula general: El incumplimiento de las "obligaciones esenciales"
1.2. La hipótesis particular: La infracción de los plazos contractuales
1.3. Recapitulación
2. La culpa en el incumplimiento del contratista. Su irrelevancia para la resolución del contrato a excepción de los supuestos de infracción del plazo de ejecución. Su trascendencia en la determinación de los efectos de la resolución.
2.1. Planteamiento de la cuestión
2.2. La interpretación del artículo 1124 del Código civil. La evolución de la jurisprudencia
2.3. El valor de la conducta del contratista en la resolución del contrato administrativo
2.3.1. Introducción
2.3.2. La culpabilidad del contratista en las normas históricas sobre la contratación administrativa
A) Los Pliegos Generales de la contratación anteriores a la Ley de bases de Contratos del Estado de 1963
B) El Texto articulado de Contratos de 1965 y su Reglamento desarrollo a) La regla general
b) La excepción a la regla general: La infracción de los plazos contractuales
c) Conclusión
2.3.3. La culpa del contratista en el ordenamiento jurídico vigente
A) Consideración previa
B) Los principios básicos en la materia
a) La resolución se funda con carácter general en el dato objetivo del incumplimiento de sus obligaciones esenciales por el contratista. La relevancia de la culpa en la determinación de los efectos de la resolución.
b) El mantenimiento del régimen singular de la resolución por incumplimiento de los plazos contractuales.
C) La culpa puede apreciarse tanto en las personas físicas como jurídicas D) La determinación del incumplimiento culpable
a) Su importancia capital en el régimen de la resolución del contrato
b) Algunas consideraciones sobre la culpa contractual en Derecho civil
c) El incumplimiento culpable del contrato administrativo
E) Las causas de exoneración de la responsabilidad
a) Su falta de previsión expresa por las normas sobre contratación administrativa
b) El tratamiento de la cuestión en el Derecho civil
c) La exoneración de la responsabilidad del contratista en el contrato administrativo
2.4. Conclusión
3. La carga de la prueba
3.1. La importancia de la prueba en la resolución de los contratos y en la determinación de la responsabilidad que de ella deriva
3.2. La carga de la prueba en los procedimientos administrativos. Consideraciones generales.
3.3. La carga de la prueba en los procedimientos de resolución de contratos
CAPÍTULO III
LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
I. SU CONVENIENTE ESTUDIO PREVIO AL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN
II. DETERMINACIÓN
III. LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO RESUELTO
IV. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS E INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA
1. Presupuesto previo. El necesario estudio conjunto de la indemnización de daños y perjuicios y la incautación de la garantía
2. La incautación de la garantía en los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista. Planteamiento del tema.
3. La cambiante función de la garantía incautada en las normas sobre la contratación administrativa que se suceden hasta mediados del siglo pasado. Su diversa relación, por consiguiente, con el deber del contratista de indemnizar daños y perjuicios
3.1. Introducción
3.2. El Pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas de 18 de marzo de 1846 y otras normas dictadas bajo su influencia:
La garantía como institución al servicio de la indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados a la Administración por la resolución del contrato.
3.3. La sustancial transformación de la función de la garantía en las normas posteriores. Su consolidación como cláusula sustitutiva de los daños y perjuicios ocasionados por la ruptura del contrato.
3.4. La importancia de la doctrina del Consejo d Estado en su interpretación de este régmen jurídico. La adscripción de la garantía a la compensación de determinados perjuicios y la consiguiente apertura a una acción de indemnización por daños al margen de la garantía incautada.
4. Deber del contratista d indemnizar por el importe de los daños no cubiertos por la fianza incautada o independencia entre un y otro efecto. Tres normas fundamentales con las que, de nuevo, se varía la finalidad de la garantía. El Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, la Ley 96/1960, de 22 de diciembre, de fianzas en contratos de obras con el Estado y el Texto Articulado de Contratos de 8 de abril de 1965
4.1. La Ley 96/1960, de 22 de diciembre, de fianzas en contratos de obras con el Estado. Indemnización por los daños no cubiertos por la garantía
4.2. El Texto Articulado de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1965. Pérdida de la garantía e indemnización por daños y perjuicios, consecuencias jurídicas independientes y acumulables.
4.2.1. La plena compatibilidad entre la incautación de la garantía y la indemnización de daños y perjuicios 4.2.2. Convivencia de esta regla con la de distinto contenido establecida en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953
4.2.3. La aplicación de este régimen jurídico
A) La interpretación del artículo 53 de la Ley de Contratos del Estado por el Consejo de Estado. La coexistencia de doctrinas distintas en clara contravención, a veces, con el sentido literal del precepto
B) La disparidad de soluciones jurisprudenciales
4.2.4. Recapitulación. La falta de definición sobre la finalidad de la garantía y, por consecuencia, de su relación con la indemnización por daños
5. La incautación de la garantía y la indemnización por daños y perjuicios en el ordenamiento jurídico vigente
5.1. El deber del contratista de indemnizar los daños causados en lo que excedan del importe de la garantía prestada
5.2. El valor de la garantía en el artículo 113.4 del TRCAP
5.2.1. Su vinculación a la reparación del conjunto de los daños ocasionados por el incumplimiento del contratista
5.2.2. Su función variable dependiendo de la cuantía de los daños producidos
A) La garantía como instrumento al servicio de la realización de la responsabilidad del contratista en los supuestos en los que los daños derivados de la resolución superen su importe
B) La finalidad punitiva de la garantía en los casos en los que no existan perjuicios o éstos sean inferiores a su cuantía
5.3. Conclusión. ¿Consagración de una regla materialmente injusta?
6. ¿Altera el Proyecto de Ley de Contratos del sector público la regla vigente?

V. EXCLUSIÓN O MODULACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. EN PARTICULAR, EL INCUMPLIMIENTO CONCURRENTE DE LA ADMINISTRACIÓN.
1. Una trascendental cuestión por resolver en el Derecho de la contratación administrativa
2. Presupuesto del análisis: La garantía definitiva de los contratos administrativos.
¿Una cláusula penal de similar naturaleza a la prevista en el artículo 1152 del Código civil?
2.1. La garantía de las obligaciones en el Código civil. En especial, las cláusulas penales
2.1.1. Concepto y características generales de las cláusulas penales
2.1.2. Finalidad
2.1.3. Requisitos para su aplicación
2.1.4. La moderación judicial de la pena
2.1.5. Recapitulación
2.2. ¿Puede considerarse la garantía definitiva una cláusula penal?
3. La alteración de los efectos propios de la resolución contrato en los casos de concurrencia de incumplimientos de la Administración y el contratista
3.1. Determinación de los supuestos objeto de análisis
3.2. Estado de la cuestión en el momento de la promulgación de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas
3.2.1. La falta de previsión normativa expresa
3.2.2. Las soluciones aportadas por las instancias encargadas de la interpretación y aplicación de las disposiciones sobre contratación administrativa
A) La doctrina del Consejo de Estado. La defensa de soluciones de contenido diverso
B) La jurisprudencia del Tribunal Supremo. Su falta de definición
3.2.3. Conclusión. La diversa fundamentación de la potestad administrativa para modificar los efectos propios de la resolución
3.3. La situación en el Derecho vigente
3.3.1. La ausencia, de nuevo, de regulación expresa en las normas sobre contratación administrativa
3.3.2. La disparidad de las soluciones adoptadas para estos supuestos.
En particular, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de los Consejos consultivos autonómicos.
3.4. Una propuesta de tratamiento del tema
3.4.1. Las claves para el análisis
3.4.2. La heterogeneidad de los incumplimientos posibles de la Administración. La necesaria distinción entre aquéllos que causan daño económico al contratista y los que no producen este efecto.
3.4.3. El derecho del contratista a que la Administración responda de sus incumplimientos. El diferente fundamento de esta responsabilidad según que del incumplimiento deriven o no perjuicios económicos
A) Premisa. La obligación de la Administración de responder frente al contratista.
B) La responsabilidad administrativa por daños
a) La responsabilidad contractual en el Código civil
b) La responsabilidad por daños en el ámbito de la contratación administrativa. La aplicación supletoria de las reglas establecidas en el Código civil
C) El fundamento de la responsabilidad de la Administración en los
supuestos en los que su incumplimiento no provoque daños al contratista
3.4.4. Las consecuencias de la responsabilidad de la Administración en los efectos propios de la resolución del contrato
A) Planteamiento. Las diferentes hipótesis posibles en atención a la producción o no de daños al contratista y a la función que desempeña, en cada caso, la garantía que se le incauta.
B) Concurrencia de incumplimientos con concurrencia de daños. En particular, el destino de la garantía.
a) Primera hipótesis: el importe de los daños causados por el contratista es superior al de la garantía
b) Segunda hipótesis: los daños causados por el contratista no superan el importe de la garantía
C) Concurrencia de incumplimientos pero no de daños. La incidencia del incumplimiento sobre la garantía
a) Primera hipótesis: la resolución del contrato no ocasiona perjuicios a ninguna de las partes
b) Segunda hipótesis: el incumplimiento de la Administración causa daños al contratista pero no el del contratista a la Admón.
c) Tercera hipótesis: el supuesto más común. El incumplimiento de la Administración no ocasiona daños al contratista cuyo incumplimiento sí los causa a la Administración. La trascendencia de los principios de buena fe y equidad en el ámbito de la indemnización de daños y perjuicios
D) En especial, las consecuencias de la irregular conducta de la Administración en la pérdida de la garantía cuando ésta tiene valor punitivo.
La improcedencia de su incautación.
E) Conclusiones. La complejidad del sistema. Su necesaria definición por las normas sobre la contratación administrativa.
4. La modulación de los efectos de la resolución en atención a las características del incumplimiento; en particular, a la conducta del contratista
4.1. El desconocimiento por la norma de estos supuestos. La posición de los máximos órganos consultivos y del Tribunal Supremo en aplicación del régimen jurídico derogado por la Ley de Contratos de 1995
4.2. El tratamiento de la cuestión en el Derecho vigente
4.2.1. Presupuesto del análisis. El reconocimiento a la Administración de la potestad de modificación de los efectos de la resolución.
4.2.2. La alteración de los efectos de la resolución contrato en los casos en los que la garantía responde de los daños causados a la Administración. El artículo 1103 del Código civil.
4.2.3. La modificación del efecto de incautación de la garantía cuando tiene naturaleza punitiva. El principio de proporcionalidad.
VI. LA INHABILITACIÓN DEL CONTRATISTA
1. Significado
2. La aparición de esta causa en el Derecho de Contratos. Sus notas más destacadas.
3. El mantenimiento por el Derecho vigente de los aspectos fundamentales del régimen jurídico anterior
3.1. La regla establecida
3.2. Presupuesto de la inhabilitación. La culpabilidad del contratista
3.3. La inhabilitación del contratista exige la resolución firme del contrato
3.4. El procedimiento para declarar la inhabilitación
3.4.1. Consideración previa: Su naturaleza.
3.4.2. El procedimiento de inhabilitación
A) La incoación
B) La instrucción del procedimiento
C) La declaración
3.5. Alcance de la prohibición de contratar: plazo y administraciones a las que afecta
VII. VALORACIÓN FINAL. LA INSUFICIENCIA DE LA REGULACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA EN NUESTRO ORDENAMIENTO.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN, DETERMINACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
I. INTRODUCCIÓN. EL PROGRESIVO DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN LAS NORMAS SOBRE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
II. LA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS
III. EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN
1. Características generales. En particular, la declaración de urgencia de sus trámites
2. La incoación del procedimiento
3. La instrucción del procedimiento
3.1. Su importancia al servicio de la satisfacción de los intereses generales y los derechos de los interesados
3.2. La audiencia al contratista
3.2.1. Su carácter preceptivo
3.2.2. El plazo para el cumplimiento del trámite
3.2.3. Momento para el cumplimiento del trámite
3.2.4. Las consecuencias de la infracción del trámite de audiencia
3.3. Audiencia del avalista o fiador si se propone la incautación de la garantía
3.4. Informe del Servicio Jurídico y otros informes
3.5. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico correspondiente
3.5.1. Supuestos en los que procede
3.5.2. Momento para el cumplimiento del trámite
3.5.3. El valor del trámite y el alcance de su omisión
3.6. Otros trámites del procedimiento de resolución de los contratos. En particular, la prueba de los hechos que la fundamentan
3.6.1. El derecho de los i

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